Escribe Atilio Salusso

Adornado
Adorni fue con Milei a un acto en Lugano. Dicen que el vocero-ñoqui-candidato preguntó ¿por qué me llevan al conurbano? (sic). El evento contó con 300 militantes de las “fuerzas del cielo”, de los que hay que descontar decenas de guardaespaldas. Como dato de color mencionemos que el tándem ultraderechista, incluida Karina, fue custodiado por francotiradores del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF-Polícia Federal Argentina) con binoculares y fusiles de precisión y agentes antidisturbios. Milei estuvo sólo diez minutos, donde al final hubo repudio con chillosos silbidos.

Cocaína
Otra de Bullrich. Hizo un gran despliegue mediático viajando a Santa Fe para atribuirse el hallazgo de 470 kilos de cocaína en un buque de Vicentin. La ministra gendarme dio la orden: “Es un año de elecciones, digan que la incautamos nosotros”. Simuló que el operativo, llamado Cereales Blancos, lo habría logrado, cuando se descubrió que fue el capitán de la embarcación quien encontró la droga en las cámaras frigoríficas de la nave. Hecho que nos da la razón: por los puertos privatizados y la Hidrovía del Paraná viaja la droga, con la complicidad de los gobiernos de turno.

$LIBRAnos
El cuestionado Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue a Diputados para dar la cara ante la interpelación por la estafa cripto. Venía golpeado, desautorizado por el propio Milei diciendo que por encima de él está el monotributista Santiago Caputo. Lo abandonaron Caputo y Cúneo Libarona, que tenían que acompañarlo. Francos la pasó mal. Quiso justificar semejante delito presidencial diciendo que fue “un negocio entre privados para beneficiar al país”. Pero ante las repreguntas a Martín Menem no le quedó otra que llamar a varios cuartos intermedios. ¿Y los cien palos verdes? ¿No eran para fomentar a las pymes?

Cónclave
Después de la bruma por el fallecimiento del denominado “papa de los pobres”, el Vaticano volvió a la normalidad. Las peleas intestinas por la continuidad llenan las páginas de los diarios. Tuvieron que frenar al cardenal Angelo Becciu. Quería votar a pesar de ser condenado por fraude fiscal, abuso de poder y malversación de fondos por un millón de euros a través de Cáritas. Al que mencionan como principal sucesor, el segundo de Francisco, Pietro Parolin, fue denunciado por encubrir la pedofilia eclesial. Y por si faltara algo se sumó Donald Trump, publicando una foto por inteligencia artificial vestido de papa. 

Escribe Adolfo Santos

Bajo la denominación “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, el gobierno ultraderechista de Javier Milei publicó la resolución 347/2025 que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones en zonas fronterizas. La medida, de flagrante ilegalidad, busca involucrar a los militares en actos represivos a trabajadoras y trabajadores, pueblos originarios e inmigrantes de países vecinos.

En una imitación burda de las medidas adoptadas en Estados Unidos por Donald Trump, desde el gobierno señalan que la “Operación Roca” servirá para planificar y prevenir la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las redes de trata en la frontera norte y noreste. Además de ilegal, la justificación de la medida es falsa. Recientemente, el gobierno implementó un blanqueo que permitió a los grandes capos narcos legalizar el dinero proveniente del crimen y la comercialización de drogas. Además, mantiene en manos privadas los puertos que controlan el tráfico de la Hidrovía Paraná-Paraguay por donde sale el mayor contrabando de granos, armas y hasta el tráfico de personas.

La medida tiene otros objetivos. Este gobierno negacionista intenta, por un lado, rehabilitar a las Fuerzas Armadas asignándole tareas de seguridad interna. Pretende profundizar la política represiva contra los movimientos sociales, para impedir la protesta y frenar el aumento del descontento popular frente a la crisis económica. Para eso, van corriendo los límites. Así como cada miércoles utilizan todas las Fuerzas de Seguridad que dispone el Estado, (Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Ciudad y PSA), contra las y los jubilados, ahora quieren habilitar a las Fuerzas Armadas para la represión.

En este operativo, el gobierno quiere enviar hasta 10 mil militares a las provincias de Salta, Jujuy y la Triple Frontera, que se sumarían a la Gendarmería. La Operación Roca, se integraría al Plan Güemes, apoyado por el gobernador “massista” Gustavo Sáenz, que no atrapó a ningún gran narcotraficante, ni tratante de personas. Su único resultado fue el asesinato del trabajador informal Fernando Gómez en la frontera, en Orán, Salta. En vez de asistir a las regiones alejadas reforzando gastos para salud o educación, mandan militares, municiones y alambre de púas para cercar la frontera. Mientras tanto las drogas y el contrabando, en gran escala, viajan de avión o pasan tranquilamente mediante jugosas coimas a los operativos de control.

Frenar el intento de militarización del gobierno

El nombre con que el gobierno ha designado el operativo es otra provocación. Julio Argentino Roca está relacionado a la usurpación, saqueo y muerte de pueblos originarios que habitaron nuestro país. Justamente, este operativo actuará en zonas que coinciden con los espacios que a diario transitan estas comunidades a ambos lados de la frontera y que, frecuentemente, son criminalizados, (una práctica habitual de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que ha realizado una persecución feroz contra el pueblo mapuche). En esos lugares, el gobierno ordena la intervención militar en tareas de vigilancia y control y lo hace bajo normas secretas, incompatibles con las tareas de control ciudadano. La seguridad interior no está alcanzada por estándares secretos como si  se tratara de un conflicto bélico contra una potencia extranjera.

No hay motivos que justifiquen la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. La militarización de las fronteras es un primer paso para continuar corriendo los límites y ampliar la represión interna contra los que luchan. Además, la resolución mantiene en secreto las Reglas de Empeñamiento del Ejército (RDE) que, entre otras cosas, dispone las restricciones de esa fuerza para el uso de armas contra ciudadanos o la detención de los mismos. Si pueden mantener el secreto de sus operaciones, tendrán carta blanca para actuar en la ilegalidad.

Repudiamos la política represiva y reaccionaria del gobierno de criminalizar la protesta y perseguir a los inmigrantes. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a la más amplia unidad de acción para impedir que las Fuerzas Armadas actúen en la represión interna y a exigir la revocación de la resolución Operación Roca.

Escribe María Meza, Izquierda Socialista/FIT Unidad Tierra del Fuego

Demostrando un servilismo ilimitado, el presidente Javier Milei, junto a su ministro de Defensa Luis Petri, extendieron la alfombra roja para recibir al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey. El funcionario yanqui no viene a traer buenas noticias. La visita responde a los intereses estratégicos estadounidenses en la región sur del continente. Viene a supervisar las medidas de seguridad que adopta el gobierno y extender la influencia del país del norte.

El almirante se reunió con personal militar en la Base Naval Multipropósito de Ushuaia, donde informó el papel de su país en la protección de las rutas marítimas como pretenden hacer en el Canal de Panamá, donde enfrentan una fuerte resistencia. El interés del gobierno Donald Trump es controlar este tipo de instalación naval terrestre, multifuncional, que incluye el apoyo logístico a buques navales, reparaciones, aprovisionamiento, y entrenamiento. Lo mismo se proponen con los ejercicios militares que realizarán las Fuerzas de Operaciones Especiales que incluyen Santa Cruz y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y específicamente en Isla de los Estados, lo que permite a los yanquis actuar directamente en el terreno de operaciones.

En ese sentido, Holsey se interesó por la puesta en funcionamiento del Radar instalado en la Estancia el Relincho, en Tolhuin, a unos 100 kilómetros de Ushuaia. Un dato curioso es que este radar, que puede ser utilizado para espionaje, recibir y enviar mensajes, fue instalado por una empresa irlandesa y otra británica, en pleno gobierno del Frente de Todos. En la época se desató una gran polémica por la autorización y el gobierno peronista tuvo que retroceder y cancelar el proyecto.

Repudiamos la visita de este representante militar estadounidense. No hay nada de inocente ni casual en ella. En nombre de Trump, viene a poner un pie en una región geopolítica de importancia estratégica. Para eso, se utiliza de las facilidades que le otorga un gobierno entreguista que está dispuesto a renunciar a la soberanía nacional para congraciarse con el gobierno norteamericano. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a resistir esta política pro imperialista del gobierno y a defender la soberanía económica, política y territorial de nuestro país.
 

Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobierno quiere trasladar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, de un pabellón de la cárcel común de Ezeiza, a un penal ubicado en el interior del predio de Campo de Mayo. La medida otorgaría beneficios a los represores condenados como celdas individuales con televisor, acceso a plataformas de internet y la posibilidad de utilizar las comodidades de la Unidad 34 de Campo de Mayo que dispone de canchas de tenis, gimnasio y una heladera cada dos detenidos.

Además de Astiz, también son parte de la lista de beneficiados Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros, todos con condena de prisión perpetua. Es una medida inaceptable. Nos sumamos al pedido de organismos de derechos humanos que exigen “que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido sus penas […] Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino (privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros) deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”.

Desde que asumió, el gobierno encabezado por Javier Milei y la negacionista Victoria Villarruel, se trató de rehabilitar a las Fuerzas Armadas negando sus crímenes. Parte de esa escalada fue la visita oficial de parlamentarios de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para “confortar” a los genocidas. También el video mentiroso publicado por Agustín Laje desde la Casa Rosada el 24 de marzo. Después resolvieron incorporar a los militares a tareas de seguridad interna, algo que está impedido por ley (ver nota en esta página) y ahora pretenden aliviar a los represores enviándolos a una cárcel VIP. No lo podemos permitir. Unamos fuerzas para gritar de viva voz: juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas.
                               

 
 

Escribe José Castillo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es el organismo encargado de regular y controlar a todas las empresas que prestan servicios con camiones, ómnibus de larga distancia, colectivos del AMBA, trenes de pasajeros y formaciones ferroviarias de carga.
Hoy, la CNRT está en la mira de la motosierra del ministro Federico Sturzenegger, quien la tendría como próximo organismo a cerrar o “liquidar”. Esto ya ha desatado una feroz interna “por la torta” entre las distintas alas libertarias.

De hecho, para la eliminación y reestructuración de la CNRT existen dos alternativas en pugna dentro de la gestión mileísta. La primera propone fusionar el ente regulador con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST).

La nueva estructura absorbía la mayoría de las tareas de control y supervisión de las empresas de transporte automotor de cargas y pasajeros, mientras que los permisos y licencias internacionales quedarían a cargo de la Secretaría de Transporte. En cuanto a los trenes de pasajeros, las funciones de control pasarían a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario; para los trenes cargueros, se crearía la nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (Afrtc), prevista en el esquema de privatización de Belgrano Cargas.

La segunda variante de reconfiguración de la CNRT consistiría en una fusión del ala terrestre de camiones y ómnibus en un nuevo organismo con Vialidad Nacional y la ANSV, mientras que los servicios ferroviarios quedarían reasignadas en la Secretaría de Transporte y en la nueva Afrtc.

Habrá un desguace de las actuales funciones, despidos masivos y, lo más importante, los controles pasarán a ser meramente formales, y a la medida de los negociados de los empresarios. El servicio bajará en calidad; la inseguridad y los riesgos de accidentes crecerán exponencialmente.

Nos oponemos al cierre y desguace de la CNRT, y sobre todo a los despidos de su personal. Junto con las y los trabajadores de los distintos medios de transporte involucrados, que son quienes deben administrar y controlar todo el sistema de transporte, el cual debe reestatizarse y no profundizar su privatización como propone el gobierno.