Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobierno quiere trasladar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, de un pabellón de la cárcel común de Ezeiza, a un penal ubicado en el interior del predio de Campo de Mayo. La medida otorgaría beneficios a los represores condenados como celdas individuales con televisor, acceso a plataformas de internet y la posibilidad de utilizar las comodidades de la Unidad 34 de Campo de Mayo que dispone de canchas de tenis, gimnasio y una heladera cada dos detenidos.

Además de Astiz, también son parte de la lista de beneficiados Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros, todos con condena de prisión perpetua. Es una medida inaceptable. Nos sumamos al pedido de organismos de derechos humanos que exigen “que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido sus penas […] Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino (privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros) deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”.

Desde que asumió, el gobierno encabezado por Javier Milei y la negacionista Victoria Villarruel, se trató de rehabilitar a las Fuerzas Armadas negando sus crímenes. Parte de esa escalada fue la visita oficial de parlamentarios de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para “confortar” a los genocidas. También el video mentiroso publicado por Agustín Laje desde la Casa Rosada el 24 de marzo. Después resolvieron incorporar a los militares a tareas de seguridad interna, algo que está impedido por ley (ver nota en esta página) y ahora pretenden aliviar a los represores enviándolos a una cárcel VIP. No lo podemos permitir. Unamos fuerzas para gritar de viva voz: juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas.