Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Esto representa un avance en la política de criminalización contra las pibas y pibes.

Milei y Bullrich contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal de Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas -que dio 17 votos incluido el diputado Lousteau- y los bloques provinciales ligados a los gobernadores peronistas, como el de Tucumán, logrando 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos los votos del cien por ciento de las bancas del Frente de Izquierda Unidad. La nota de color en la complicidad la dio el diputado que responde a Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez, aportando su presencia para que se llegue al quórum que habilitó la sesión. Es decir, esta media sanción la logró Milei con sus cómplices, entre ellos sectores del peronismo.

Bajar la edad o la mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento “delito de adulto, pena de adulto”, se presenta a las infancias y adolescencias como responsables de la inseguridad que crece de la mano de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos que, en casos de delitos graves, llegan a 15 años de prisión,

Las experiencias internacionales son claras. Estudios de UNICEF, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100.000 habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso, dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas. En los países que tienen 12 años de edad de punibilidad las tasas de criminalidad van de 23 a 45 puntos, mostrando que la incidencia es inversa: a mayor criminalidad más delito.

Hay otro dato revelador: de los diez Estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros. (Clarín, 12/2). Además, desde 2004, cuando el Congreso votó 26 reformas al Código Penal impulsadas por el peronismo kirchnerista endureciendo las penas, el delio no bajó. Ahora se sigue por el mismo camino, agravando aún más el problema.

Los organismos de las niñeces recomiendan otra cosa

Está claro. Bajar la edad de punibilidad no reducirá el delito, sino que criminaliza aún más a la juventud pobre. Además, se hace esta campaña contra las y los adolescentes, cuando la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Y según UNICEF, sólo el 0,45 de las chicas y chicos de 12 a 17 años ha cometido un delito. Está claro que esconden esta realidad, para poner el foco en las y los adolescentes, donde no hay que ponerlo.

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y expertos en justicia penal han señalado que no hay evidencia de que bajar la edad de punibilidad reduzca la criminalidad y que, por el contrario, lo que se necesita son políticas profundas de inclusión, educación, salud mental y trabajo.

Estas medidas punitivistas como la que se acaba de aprobar con esta media sanción desconocen el principio básico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consideran correctamente a esos sectores como sujetos vulnerables que necesitan una protección especial. En un marco donde en Argentina, los 3,6 millones de pibas y pibes entre 13 a 17 años a los que se quiere criminalizar, son ya víctimas de este sistema: el 47% vive en la pobreza y el 15% directamente bajo la línea de indigencia. Y donde en 2022, por ejemplo, fallecieron 15.144 por muertes evitables, de ellos el 31% fue por suicidio.

La salida para por otro lado

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, hoy en día un juez puede establecer la internación de menores de 16 años que sean alojados en institutos, a pesar de no haber sido condenados. Los institutos para infancias y adolescencias son en muchos casos como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y demás sectores populares, no vas las respuestas represivas. Esto es solo más criminalización. Se necesita desmantelar las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar más presupuesto para políticas integrales para fortalecer el sistema de protección integral de niñez y adolescencia.

Por 42 a 30, el resultado fue posible por la complicidad de otros bloques patronales, incluyendo varios peronistas y de la burocracia de la CGT, que se negó a llamar al paro general. El gobierno desató una feroz represión para tratar de evitar la foto de la movilización masiva en contra.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista

El proyecto de reforma laboral del gobierno ultraderechista de Milei, que retrocede 120 años los derechos del pueblo trabajador, fue aprobado en el Senado con los votos cómplices del PRO, radicales y un número importante de peronistas que responden a sus gobernadores. También de la CGT, que se encargó de negociar que no se tocara su caja, pero dejó desamparados a las y los trabajadores, sin llamar a ninguna medida de fuerza para oponerse. “¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa CGT, que no llamás al paro contra el facho de Milei?” y “Paro, paro, paro, paro general”, fue lo que más se escuchó en la importante movilización a la Plaza de los Dos Congresos, en donde se destacaba una importante columna del sindicalismo combativo y la izquierda. Como si todo esto fuera poco, el gobierno montó una grotesca provocación con 5 infiltrados que sirvieron de excusa para una feroz represión y virtual “cacería” de manifestantes, que se extendió a más de 20 cuadras a la redonda. Más aún, siguió posteriormente durante horas, contra los ya pequeños grupos de personas que espontáneamente se acercaron al Congreso a protestar.

¿Qué se votó?

“42 a 30”, marcaba el tablero electrónico, sentenciando el resultado de la votación, en la madrugada. Número que se mantuvo casi sin modificaciones, aprobando uno a uno todos los títulos de la reforma laboral del gobierno. En los palcos, festejaban y se abrazaban Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, que apenas terminada la sesión corrieron a felicitar a la dueña del triunfo en el Senado, la represora y hasta hace poco ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde sus bancas festejaban los fachos libertarios y desvergonzadamente aplaudían los socios que les dieron los votos, entre ellos varios peronistas. Una imagen vale más que mil palabras, la de Flavia Royón, senadora peronista por Salta, hasta hace apenas dos años secretaria de Energía del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, una de las que sonreía discretamente, como buscando que no se notara. “Histórico”, tituló Milei en su mensaje de X tras conocer el resultado.

Anoche también descorcharon champagne las cámaras patronales. Y dio un guiño de aprobación el FMI, el verdadero autor de estas leyes que siempre llamó “de reforma estructural”. A no confundirse, según la hoja de ruta del Fondo, todavía falta, y una vez aprobada la ley en Diputados, comenzarán a exigir la reforma jubilatoria.

Hoy, y si esto se ratifica en Diputados, las y los trabajadores tendrán menos derechos que ayer, menos derechos que en 1945, e incluso menos derechos que en 1929 (cuando se sancionó la ley de 8 horas) o aún que en 1905 (cuando se dictaminó el descanso semanal obligatorio). Volveremos, en términos de relaciones entre patrones y obreras u obreros, al siglo XIX. Esta es la tan mentada, “modernización laboral” de la que se jactan el gobierno y las patronales.

Repasemos:

* Despedir será más fácil y barato. En la indemnización no se tendrá en cuenta vacaciones, aguinaldo, horas extras ni ningún adicional. Y se podrá pagar en cómodas cuotas (entre 12 y 18). 

* Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). A las patronales les saldrá gratis despedir, ya que lo financiará un fondo compuesto por dinero que hasta hoy va al Anses. En síntesis, las y los jubilados cobrarán más miseria aún, ya que serán ellos quien deberán pagar las indemnizaciones. Por si todo eso fuera poco, la gestión de los fondos recaudados estará en manos de empresas a crearse provenientes de los bancos o los agentes bursátiles, que podrán usar ese dinero para especular en el sistema financiero, en forma muy similar a las AFJP de los ´90.

* Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor. Busca así quitarle beneficios y derechos por gremio a las y los trabajadores, haciendo valer el peso de las empresas contra colectivos de trabajadores más débiles.

* Prácticamente se prohíbe el derecho a huelga y se limita al extremo la actividad sindical. Casi todas las actividades deberán garantizar porcentajes “mínimos” que por la vía de los hechos harán que ninguna medida de fuerza tenga efecto alguno. Se prohíben las asambleas sin autorización de la patronal y no se pagarán las horas mientras se realicen. Casi todas las acciones de fuerza, como piquetes, bloqueos, o tomas, pasan a estar prohibidas y ser causales de despido, además de delitos penales.

*Se desarma la justicia laboral. Se traspasará el fuero nacional a CABA, con el objetivo de neutralizar los fallos que hoy favorecen a las y los trabajadores.

*Se elimina la jornada de 8 horas. Se crea el sistema del “banco de horas”, que hace desaparecer las horas extras y donde el o la trabajadora pasará a estar a disposición de la patronal, que dispondrá a su gusto de cuándo y por cuánto tiempo se deberán presentar a trabajar.

*Se podrán fraccionar las vacaciones a gusto de la patronal. Además, podrán otorgarlas en cualquier momento del año, terminando con el derecho a percibirlas en verano, con la familia y acorde a los cronogramas de receso escolar.

*Se liquida el derecho a enfermarse. El o la trabajadora que deba faltar por enfermedad, además de tener que presentar certificados mucho más difíciles de obtener que los actuales, dejará de cobrar el total de su sueldo. Y cuando retorne al trabajo podrá ser reasignado en una tarea distinta, con menor salario.

* Se deja ratificado que las y los trabajadores de plataformas no tienen derechos. Se deja explicitado que no se reconoce relación laboral alguna.

*Se eliminan estatutos laborales históricos. Como el del periodista, poniendo en serio riesgo la libertad de prensa.

Esto fue apenas un repaso rápido. La realidad es que son más de 200 artículos que todos, sin excepción, van contra el pueblo trabajador y a favor de las patronales.

¿Cómo la seguimos?

Queda el round de Diputados. Veremos. Por supuesto que no tenemos ninguna confianza en esos políticos patronales dispuestos a venderse al mejor postor, como ya lo hicieron tantas veces. Ni en la burocracia de la CGT, que, ya un secreto a voces, negoció su “caja” y dejó desamparados a sus representados. Desde el sindicalismo combativo y la izquierda volveremos a movilizarnos, seguiremos denunciando el pacto de la CGT con el gobierno y exigiéndole que rompa y llame a un paro nacional y un plan de lucha por que así se puede derrotar esta nefasta reforma, paro y plan de lucha que también hace falta para lograr un inmediato aumento de salario y jubilaciones y para frenar los despidos. 

Continuaremos organizando a las compañeras y compañeros en sus lugares de trabajo, estudio, en los barrios populares, convocando a asambleas, sacando pronunciamientos de cuerpos de delegados. Confluiremos una vez más con el movimiento de mujeres y disidencias, como hicimos el sábado pasado en la segunda marcha antifascista, con la juventud y con todos y cada uno de los sectores populares afectados por esta política ultraderechista, que hoy, más que nunca, es de Milei, el FMI y los gobernadores. El pueblo trabajador argentino, que supo derrotar a la dictadura genocida, que hizo el argentinazo de diciembre de 2001, pero que más atrás en la historia es heredero del Cordobazo, el 17 de octubre, la Patagonia Rebelde y mil luchas más, también, estamos convencidos, hundirá en el basurero de la historia este proyecto esclavista y a sus autores ultraderechistas.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se firmó el acuerdo “de libre comercio” con el gobierno de Trump. Favorece íntegramente al imperialismo norteamericano, al cual le abrimos nuestros mercados a cambio de nada. Un paso más en el sometimiento total de Milei a los dictados del amo yanqui.

Hacia el final de la semana pasada nos enteramos de que, luego de una larga demora, se había firmado el acuerdo de libre comercio entre el gobierno argentino y el estadounidense. Hasta en los detalles nuestro país terminó ninguneado: el gobierno de La Libertad Avanza aspiraba a ser “el primero” en firmar acuerdos de este tipo. No pasó: la Argentina debió esperar su turno, luego de El Salvador y Guatemala. Milei se imaginaba toda una ceremonia con él firmando junto a Trump. Todo se limitó a una reunión privada entre el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Pablo Quirno y el “representante comercial” de Estados Unidos, Jamieson Greer. Nótese que ni siquiera concurrió a firmar el equivalente en rango a Pablo Quirno, el secretario de Estado Marco Rubio, o aunque sea el secretario de Comercio Howard Lutnick. ¡La firma estadounidense de este acuerdo en que entregamos todo le correspondió a un funcionario de segunda! (eso somos para ellos).

Otro detalle no menor es que en Argentina nos enteramos del contenido de lo firmado no por una información oficial del gobierno de Milei, sino por lo publicado por los propios Estados Unidos. No es la primera vez que pasa, ya se torna costumbre, como en el swap anunciado en octubre, en el “préstamo” de 2.500 millones de dólares para ayudar a La Libertad Avanza en las elecciones y su posterior devolución con intereses.

Los términos del acuerdo

Podría sintetizarse en “Argentina se compromete” a ceder todo lo que exigen los yanquis. Y Estados Unidos no se compromete a nada, más allá de vagas afirmaciones. Es que el gobierno argentino no negoció nada. Se limitó a aceptar el texto del llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral”, escrito por la United States Trade Representative (USTR), oficina justamente de Jamieson Greer, un texto idéntico para la firma de tratados con varios países, que así fue presentado conjuntamente a El Salvador, Guatemala, Ecuador y la Argentina, hace varios meses. Los “agregados” particulares de lo firmado con Argentina remite estrictamente a temas particulares que le interesaban a Estados Unidos, sobre todo referido a patentes.

El acuerdo incluye reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. En el 100% de los casos, el que se compromete, detrás de la expresión “la Argentina deberá” es nuestro país, y el beneficiado es el imperialismo yanqui.

Así, Argentina dará acceso preferencial al mercado para exportaciones yanquis de medicamentos, productos químicos, máquinas, productos de tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”, incluyendo increíblemente hasta ganado en pie, aves de corral y cerdos.

Se plantean cambios en las leyes y disposiciones de propiedad intelectual y patentes, todo de acuerdo a la exigencia de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis, lo que implica un golpe mortal a los laboratorios locales. Los productos norteamericanos pasarán a ingresar a nuestro país sin ningún control de seguridad, higiene ni bromatológico local, con la sola presentación del certificado emitido por las oficinas yanquis como la Food and Drugs Administration (FDA).

Nuestro país también se somete a la “política de seguridad continental yanqui”, la nueva Doctrina Monroe de Trump, planteando que impedirá el acceso chino a recursos estratégicos, donde tendrán prioridad absoluta las empresas norteamericanas.

Había expectativas que el gobierno norteamericano, al menos, redujera los aranceles del 50% que le ha colocado al aluminio y el acero exportado desde nuestro país. Ni una palabra de eso figura en el acuerdo firmado.  

El único punto que algunos economistas han destacado como “favorable” a nuestro país es el incremento en la cuota de exportación de carne a Estados Unidos. Detallemos: no hay “apertura de mercado” ni aún en este rubro. Sólo se incrementa la pequeña cuota que ya tiene habilitada la Argentina. Peor aún: se lo hace “transitoriamente”, o sea por este año. Aún así, cabe la pregunta de si esto efectivamente beneficia a alguien, más allá de los frigoríficos (varios de ellos transnacionales) directamente involucrados. La producción de carne en nuestro país es fija y no puede aumentar rápidamente (depende de la cantidad de cabezas de ganado vacuno existente), por lo que, si aumenta lo que se exporta, naturalmente se hace a costa de la oferta para el mercado interno. Conclusión: preparémonos para ver aumentos del precio de la carne en el mostrador en los próximos meses.

En síntesis, este acuerdo, como todo lo que hace el gobierno de Milei es rabiosamente entreguista y antiobrero. Sus consecuencias serán el cierre de ramas industriales enteras que, ya jaqueadas por la importación china, ahora verán sumarse los privilegios para la entrada de productos yanquis. A eso se sumará la vía libre y la prioridad para las transnacionales yanquis en el saqueo de minerales, particularmente el litio. Hay que repudiar este acuerdo, rechazarlo de plano y denunciarlo como parte del plan del programa de profundización de la semicolonización del país que está llevando adelante el gobierno ultraderechista de Milei.

Escribe Guido Poletti

El gobierno ultraderechista de Milei acaba de crear la “oficina de respuesta oficial”. A cargo del ente (que no correrá la suerte de la motosierra, porque para esto sí habrá presupuesto) estará Juan Pablo Carreira, conocido por su apodo de “Joe Doe”, uno de los tuiteros que suele lanzar las expresiones más repudiables y provocadoras del gobierno (sólo comparable a su colega, el Gordo Dan). En la práctica se trata de una cuenta en la red social X, que operará como una suerte de “Ministerio de la Verdad” al mejor estilo de George Orwell en 1984. Los objetivos del comunicado que anuncia su creación no dejan lugar a dobles interpretaciones: “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”.

Milei no es original ni siquiera para esto. Copia tal cual la estructura de una oficina semejante montada por Donald Trump, con su cuenta en X “Rapid Response”. El grado de sumisión al amo yanqui es tal que Milei intenta copiarlo en cada gesto.

Es falso que este gobierno “no censura”: ¿acaso no quitó credenciales de acreditación a periodistas “que no le gustaban en Casa de Gobierno”? ¿Acaso no prohibió imágenes salvo las oficiales en varios eventos para que se invisibilice el repudio al gobierno? ¿Acaso no viene atacando físicamente en forma sistemática a los periodistas que cubren movilizaciones, como los miércoles de los jubilados? ¿Acaso no le disparó a Pablo Grillo? ¿Acaso no prohibió el sobrevuelo de drones sobre la Plaza del Congreso para que no se pudiera registrar el accionar represivo?

Es obvio que desde esta cuenta, ahora “oficial” se busca silenciar, amedrentando, a las y los periodistas que se animan a informar casos como el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad, la estafa de la criptomoneda $LIBRA u otras. Y también a todo activista que se anime a encender la cámara de un celular para registrar la realidad.

Para este gobierno ultraderechista, la “información” consiste en inundar la redes sociales con un ejército de trolls, que difunden fake news (sí, ellos) o insultos mezclados con mentiras, como la reciente de Lilia Lemoine contra el niño Ian Moche y su familia.

“No odiamos demasiado a los periodistas” dijo repetidas veces el presidente Milei. Habría que agregar: “salvo a los amigos”, que genuflexamente le garantizan entrevistas donde le aceptan todo, a él y a su claque, sin pestañear.

La mentira, el insulto al periodismo, la amenaza a los opositores, el uso de expresiones discriminatorias, es el menú que utiliza la ultraderecha mundial. Lo hace, desde las cuentas oficiales, el propio Donald Trump. Mentir, insultar, poner barbaridades discriminatorias como la reciente de trucar disfrazados de primates a Obama y su esposa. Milei lo copia, buscando imitarlo hasta en los gestos.

“Excelente iniciativa”, escribió el ministro de Economía Luis Caputo, el mismo que dice que nunca en su vida se compró ropa en la Argentina y el que, hace unos meses, amenazó a un periodista por divulgar que su fortuna estaba en un paraíso fiscal, tal como decía la propia declaración jurada del ministro. Entiéndase bien, no lo desmintió con pruebas (por otra parte no podría porque esa es la verdad) sino que directamente lo amenazó por “difundir la información”. Sandra Pettovello, también aplaudió: recordemos que amenazó querellar periodistas por dar a conocer la corrupción dentro de su ministerio de Capital Humano. Y por supuesto, también aplaudió el inefable ministro Adorni, el responsable directo de expulsar periodistas acreditados de Casa de Gobierno por el simple hecho de que no le gustaban las preguntas que le hacían en sus insoportables “conferencias de prensa”.

Es el mismo gobierno que en su proyecto de reforma laboral deroga el estatuto del periodista, quitándoles todo los derechos y las garantías mínimas para el ejercicio de su profesión.

La “oficina de respuesta oficial” debutó cuestionando una nota de Clarín, sin siquiera haberla leído bien. Pero en el mismo día de su debut ya arrancó contra la clase trabajadora y los luchadores, con un tuit festejando el procesamiento y eventual despido de los delegados y activistas del Hospital Garrahan, mintiendo alevosamente sobre los motivos: “pusieron en riesgo el funcionamiento del Hospital y agredieron al personal que cumplía tareas críticas".

No nos confundimos. No importa que el primer tuit de esta cuenta de X haya sido contra una nota de Clarín. Sabemos que cualquier ataque a la libertad de expresión más temprano que tarde cae sobre los luchadores, la clase trabajadora y la izquierda. Milei y Joe Doe tardaron apenas un par de horas en demostrarlo, con su tuit sobre el Garrahan. Repudiamos esta utilización fascista de la publicidad oficial. Nos sumamos y solidarizamos con todas las organizaciones de periodistas que salieron a repudiar este engendro. Por eso defendemos irrestrictamente el derecho a la libertad de expresión y estamos en contra de cualquier ataque, mucho más de este gobierno ultraderechista que trata de copiar hasta en el estilo las prácticas fascistas de Trump.

Luego de la gran autoconvocatoria de casi 1000 dirigentes, delegados y activistas realizada en Parque Lezama el último 2 de febrero,  impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Organizaciones de Jubilados en Lucha, desde la Mesa Nacional en el AMBA convocamos a todas las organizaciones gremiales, políticas, sociales, piqueteras,  ambientales, estudiantiles, de jubilados, y todxs aquellxs que comparten el pliego resuelto que reproducimos a continuación, a una reunión organizativa de la jornada del 11/02 contra la Reforma Laboral esclavista de Milei. La reunión se realizará el lunes 9/02 en la sede de ADEMYS (Solís 823) a las 18 hs. El martes 10/2 a las 12hs en Congreso realizaremos Conferencia de Prensa anunciando nuestro accionar y las banderas con las que nos movilizamos en Congreso. Noa movilizamos el 11/2 a Congreso en Av de Mayo y Rodríquez Peña en horario previo a la convocatoria de CGT a precisar. Al mismo tiempo, delegaciones de las organizaciones se movilizarán junto al Garrahan acompañando su reclamo contra el intento de cesantías y suspensiones.

 Mientras el gobierno y las patronales avanzan sobre los puestos de trabajo con cesantías, suspensiones y persecución a quienes luchan por sus derechos laborales, la CGT acaba de resolver tan solo una movilización sin paro. Sólo las CTAs y algunos gremios realizarán paro en una jornada en las que estarán en juego todos los derechos de los trabajadores. Desde los sectores combativos y en lucha impulsamos el paro activo en todas las organizaciones del movimiento obrero. Y tenemos el desafío de movilizar con fuerza, bajo un programa propio y que contraste abiertamente con la pasividad de las centrales obreras. Así lo haremos en columna independiente a partir del documento y los puntos acordados en la Autoconvocatoria del lunes 2/2 en Parque Lezama.

Los puntos:

1) Por el triunfo de todas las luchas: Tres Arroyos, Lustramax, Dr Ahorro, línea 148, Fate, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso, IBF Córdoba, Verónica, Docentes de todo el país, Cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad, jubilados, emergencia pediátrica y reconocimiento del Sitrarepa y Trabajadoras de Casas Particulares.

2) Participar de la jornada Plurinacional en defensa de la Ley de Glaciares.

3) Paro Activo nacional y plan de lucha para derrotar la Reforma Laboral y todo el paquete represivo de Milei.

4) Exigimos e impulsamos asambleas y plenarios de delegados con mandato en todos los gremios. La burocracia sindical no tiene mandato para negociar nada sobre una reforma esclavista, que debe ser rechazada totalmente y de plano.

5) Resolvemos movilizar de manera independiente con estos objetivos, rodeando el Congreso el 11/2 o el día que se trate. Y en caso de movilización de las centrales, constituir una columna independiente con nuestras exigencias y programa.

6) El 11 o el día que se trate replicar las movilizaciones y acciones en todo el país, impulsando plenarios como este en todas las provincias.

7) Impulsar Paro y cese de actividades para movilizar el día que se trate. Reclamamos a la CGT y las CTAs Paro Nacional y Plan de Lucha hasta derrotar la reforma esclavista y todo el paquete antiobrero de Milei, los gobernadores, Trump y el FMi.

Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y las Organizaciones de Jubilados en lucha. (Amba)