La sola pregunta divide aguas. El gobierno anterior y los organismos de derechos humanos afines a él dicen que sí. Desde la izquierda, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), decimos que no.

Comprendemos que ante el gobierno represor de Macri o las barbaridades de los gobiernos anteriores sobre el tema (Obediencia Debida, indultos, asesinatos de luchadores como Carlos Fuentealba) el kirchnerismo aparezca como “algo distinto”. Pero durante los doce años de su gobierno se demostró que, más allá de su doble discurso, se violaron los derechos humanos.

Con el respeto que nos mereció Hebe de Bonafini durante décadas de lucha contra la dictadura, ante la asunción de Néstor Kirchner dijo “el enemigo ya no está en la Casa Rosada”. Con esto archivó las marchas de la resistencia y empezó a apoyar al gobierno kirchnerista. Lo mismo hizo Estela de Carlotto. En cambio, el EMVyJ mantuvo su independencia, ganándose el respeto y la autoridad por denunciar cada uno de los hechos aberrantes que se dieron durante el gobierno anterior.

El kirchnerismo se quiso apropiar de la bandera histórica de lucha por los derechos humanos. Hasta quiso simular que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue obra suya, no de la heroica lucha de varias generaciones que la impusieron en el Congreso a través de un proyecto que había presentado la izquierda.

El gobierno kirchnerista que simbólicamente descolgó el cuadro del genocida Videla fue el que luego terminó encumbrando al represor César Milani, el primer jefe del Ejército que venía del escalafón Inteligencia. Esto fue para empalmar con el famoso Proyecto X de la Gendarmería, comandada por Berni y la ex ministra Garré, un plan para espiar y reprimir las luchas obreras y populares.

En el medio de esto la desaparición de Julio López fue emblemática. El testigo más importante en la causa Etchecolatz fue desaparecido cuando iba a ir a declarar y nunca más se supo de él. Aníbal Fernández dijo en su momento que podría estar “extraviado” o “con su tía tomando mate”, todo para encubrir un aparato represivo intacto que nunca se desmanteló.

A poco de asumir, con el 54% de los votos, lo primero que mandó a hacer votar Cristina Kirchner fue la Ley Antiterrorista, impuesta por el imperialismo, para simular que se combatía “al terrorismo” cuando se terminó aplicando contra luchadores antimineros o periodistas opositores.
Tampoco podemos olvidar que el kirchnerismo siempre se negó a aprobar la ley de desprocesamiento de los más de 6.000 luchadores sociales, criminalizó la protesta social, persiguió a los petroleros de Las Heras en lucha contra el impuesto a las ganancias, tildó a los docentes de “vagos” por su lucha en defensa de la educación pública, calificó a los paros generales como “de derecha” y metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de “quemar trenes” para perseguir a los luchadores y como una manera de “compensar” el encarcelamiento del burócrata José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, sentenciado por ser el autor intelectual del cobarde asesinato de Mariano Ferreyra.

Y si hablamos de dictadura, debemos recordar la deuda externa que se implementó con 30.000 desaparecidos y el kirchnerismo pagó. Luego de que el Argentinazo impuso el no pago, el kirchnerismo lo reanudó, pagando 200.000 millones de dólares al contado con el verso de que nos estábamos “desendeudando”, cuando lo cierto es que quedó otra cifra similar como parte de una deuda ilegítima, fraudulenta y usurera que venía de la época de Videla y Martínez de Hoz.

Ahora Cristina montó la trampa de la “unidad con los pañuelos celestes” dándole la espalda a miles de mujeres y jóvenes que se movilizan por el derecho al aborto. Un pacto con la misma iglesia retrógrada que bendecía las torturas e impidió junto a los diputados y senadores patronales que el aborto seguro y gratuito sea ley.

Desde hace muchos años el peronismo kirchnerista ha dividido las marchas unitarias de cada 24 de marzo. Por eso hay dos marchas, una que llama a seguir luchando contra la impunidad de ayer y de hoy bajo todos los gobiernos convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que reúne a más de trescientas organizaciones políticas y sociales, y la otra, la que quiere seguir encubriendo lo que ocurrió con el gobierno anterior. Este 24 vení con las columnas del EMVyJ y la izquierda. J.C.G.

Escribe Martín Fú

La familia de los Macri son uno de los grupos empresarios más poderosos del país. Franco Macri, inmigrante italiano llegado en 1949 no tardó mucho tiempo en tejer y aceitar sus relaciones con los gobernantes de turno.

Casado con Alicia Blanco Villegas, hija de una familia de la aristocracia agrícola-ganadera de la provincia de Buenos Aires, rápidamente pasó de los negocios del campo y la exportación de carne, a ser en la década del ´70 uno de los principales contratistas del Estado. Con Onganía y Perón el grupo Macri obtuvo los primeros contratos con el Estado, la construcción de viviendas, plantas industriales, centrales eléctricas, etcétera.
Pero fue en el periodo 1976-1983 en donde el conglomerado de empresas, bajo el nombre Socma explotó en dimensión y en sus relaciones con el poder. El grupo sumó a sus negocios FIAT-Sevel, explotación petrolera (concesiones de YPF), bancos (Banco de Italia), recolección de residuos (Manliba, en acuerdo con el brigadier Cacciatore), Yaciretá y otras centrales hidroeléctricas, puentes (Posadas-Encarnación), entre otras grandes obras, sólo reservadas a un estrecho club de empresas con fuertes relaciones con la Junta Militar. La frutilla del postre fue la condonación de la deuda del grupo gracias a los oficios de Domingo Cavallo, en ese momento al mando del Banco Central, quien estatizó 700 millones de dólares de deuda de los Macri y, además, facilitó que los empresarios amigos de los militares pudieran “dibujar” y así licuar sus deudas: FATE (en asociación con Madanes) por 225.562.000, Socma por 148.578.000 y Fiat-Sevel por 170.578.000 de dólares. Los Macri pasaron de tener siete empresas en 1976 a cuarenta y siete en 1983. Los números hablan por sí solos.

Escribe Juliana García

En febrero de 2009, Juliana García encontró a su hermana que había sido apropiada por un suboficial de inteligencia en 1977. Actualmente son 128 los nietos restituidos pero se estima que fueron cerca de 500 los que nacieron en cautiverio. Al respecto, Juliana dice: “La búsqueda por encontrarlos es urgente y es ahora. Cada día que pasa, es un día más que la persona apropiada vive en una total mentira, sin conocer su identidad. Además, las abuelas, los tíos, las familias que los buscan, están muy grandes porque pasó mucho tiempo y eso es desesperante. La apropiación de bebes fue parte del terrorismo de estado que llevó adelante la última dictadura. El 24M marchamos para que se termine la impunidad. Por los 30.000 desaparecidos y por los nietos que faltan”.

Nuestros compañeros Pablo Almeida y Nicolás Núñez, legisladores electos de la Ciudad de Buenos Aires, participaron de la audiencia convocada por el gobierno de Larreta para tratar un nuevo aumento de las tarifas del subte, que llevaría el viaje a 21 pesos en abril.

La audiencia es un trámite exigido por ley para formalizar los aumentos ya preacordados con la empresa. De los aproximadamente 40 expositores que participaron, el único que defendió el aumento fue el representante de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase). Pero el rechazo casi unánime de trabajadores, usuarios, organizaciones vecinales y políticas, no tiene en la práctica ningún efecto contra el tarifazo del que va a beneficiarse Metrovías.

Los expositores demostraron que el aumento no guarda ningún tipo de relación con el aumento del costo operativo del transporte. El tarifazo es un compromiso de Larreta para con las ganancias de una empresa que viene repartiendo dividendos millonarios año a año mientras brinda un servicio pésimo; que tiene a su líder, Benito Roggio autoreconocido como corrupto después de aparecer en los cuadernos de las coimas; y cuya licencia de explotación se encuentra vencida.

Frente a la política de los aumentazos, como lo señala un proyecto recientemente presentado por Laura Marrone, es necesario declarar la emergencia tarifaria, retrotrayendo al 2015 los valores, en el camino de dejar de subsidiar la ganancia privada, y recuperar un servicio de transporte esencial reestatizándolo bajo control de sus trabajadores y usuarios.

Corresponsal

Editorial

Comenzó marzo. Los docentes salen al paro el 6, el 7 y el 8, peleando por sus salarios y contra el ajuste a la educación pública. Lo mismo lo hicieron, defendiendo la salud, los médicos de la Cicop. Y todas y todos confluiremos el 8M en lo que será una nueva multitudinaria jornada del movimiento de mujeres, en un inmenso paro internacional por los reclamos de las compañeras. Otra vez se hará sentir en la calle ese fabuloso movimiento que se propone “hacer temblar la Tierra”.

Pero hay más noticias en el inicio del mes. Tuvimos el discurso de Macri en el Congreso que, ya definido que va por su reelección, terminó siendo una especie de “lanzamiento de campaña electoral”. Fue de antología: pocas veces se escucharon tantas mentiras juntas. Algunos analistas dijeron que fue “para unificar la tropa”. Si esa era la intención muy bien no le salió: los radicales están “cascoteando el rancho” de Cambiemos, por supuesto que con el único objetivo de conseguir una mejor ubicación en las listas. Pero, más allá de esto, las afirmaciones y mentiras de Macri ese día solo sirvieron para que siguiera aumentando la bronca popular contra el gobierno.

Es que, como decíamos al principio, comenzó marzo. Y otra vez aumentó la luz. Y se vienen a mitad de mes los tarifazos en el transporte en Capital y Gran Buenos. Subió de nuevo la nafta y se anunció un nuevo salto en la factura del gas. Los productos de primera necesidad siguen para arriba. Esta semana la nota la dio la carne, ya transformada en un artículo de lujo. A esto sumémosle los “tradicionales” aumentos del comienzo de clases en la canasta escolar. La inflación de febrero cerró cerca de 4%; la de marzo será peor, culminando un primer trimestre del año de terror, con una pérdida para los salarios y las jubilaciones cercana al 10% (a lo que hay que sumarle el 17% promedio que todos perdimos el año pasado contra la inflación). Y, por si todo esto fuera poco, siguen los despidos y las suspensiones. Todo un plan de guerra contra los trabajadores.

La oposición peronista, en todas sus variantes, continúa mientras tanto “deshojando la margarita”. Si Cristina va a ser candidata o no. Qué pasa con los candidatos del Peronismo Federal (Massa, Urtubey, Pichetto). La aparición de Lavagna, que plantea que solo será candidato si no hay internas. Si van juntos, si van separados. Los analistas políticos gastan ríos de tinta debatiendo todo esto. Mientras tanto, lo único concreto es que los dirigentes sindicales de todas las líneas del peronismo se niegan a cualquier planteo de paro general para enfrentar el ajuste. Y en las provincias, donde ya hay campañas electorales o se empiezan a cerrar listas, el peronismo, para salvarse y conservar sus puestos, va unificado. Kirchneristas y no kirchneristas, no importa mucho, se mezclan todos. Es, en los hechos, la realidad del planteo escandaloso que hizo Cristina a fin del año pasado: “Hay lugar tanto para pañuelos verdes como para pañuelos celestes”.

Los trabajadores miran con fastidio e indiferencia todas estas idas y venidas. Lo que sí crece es el planteo de que “hay que sacarse de encima a Macri”. Es parte de la conversación cotidiana en fábricas, oficinas, talleres, colegios y universidades. Y muchos se preguntan si, para eso, Cristina y el peronismo son la salida. Les decimos rotundamente que no. Ellos son los que hoy están llevando adelante el ajuste en las provincias donde gobiernan (y aquí todos los premios a la “mejor alumna de Macri” se lo lleva Alicia Kirchner). Los que le votaron las leyes que Cambiemos necesitaba para hacer pasar el ajuste y cumplir las exigencias del Fondo. También, y principalmente, porque, más allá de los dobles discursos, todos los dirigentes peronistas (kirchneristas como Kicillof y Agustín Rossi incluidos) se reunieron con el FMI y le garantizaron que el acuerdo “no se rompe” y que “la deuda se paga”. O sea que, si ganan, van a continuar con el ajuste.

Por eso decimos que la salida viene por izquierda. Solo la izquierda sigue peleando y enfrentando el ajuste mientras le reclama a la CGT y las CTA que llamen al paro general y lancen un plan de lucha. Solo la izquierda tiene un programa alternativo de verdad, obrero y popular, que comienza planteando que hay que romper con el FMI y sus dictados, dejar de pagar la deuda externa, reestatizar las privatizadas para terminar con los tarifazos, nacionalizar la banca y el comercio exterior para que se acaben la bicicleta financiera y la fuga de capitales y así tener efectivamente dinero para dedicarlo a salarios, jubilaciones, planes de empleo, salud, educación y vivienda. Solo la izquierda dice que no es excusa que nos encontremos en un “año electoral”: más que nunca este año hay que volver a presentar y dar la pelea para que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. Solo el Frente de Izquierda, como viene haciéndolo sistemáticamente desde su nacimiento en 2011, pelea por presentar y construir una alternativa política para que gobiernen los trabajadores. Por eso estamos ya presentando listas en las provincias donde se adelantaron las elecciones. Por eso, este fin de semana daremos la primera pelea electoral del año en Neuquén, para mantener nuestros legisladores y concejales contra las mafias del MPN, del peronismo y de Cambiemos. Con la presencia de sus militantes, dirigentes, diputados y legisladores en todas las luchas de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres y de la juventud, el FIT sale una vez más a enfrentar a Macri y todas las falsas variantes de la oposición patronal. Te invitamos a que te sumes y vengas a Izquierda Socialista para así, entre todos, hacer más fuerte al Frente de Izquierda.