Se acaban de conocer los números definitivos del Indec sobre el crecimiento del desempleo en 2018. En resumen, se han perdido 400.000 puestos de trabajo, más de la mitad en blanco y en la industria. Si el impacto en los números oficiales de desocupación no fue peor aún fue porque los resultados están enmascarados por el crecimiento del trabajo en negro, precario y ultraflexibilizado. En algunas localidades grandes del país lo empezamos a ver con la proliferación de “servicios” al estilo Rappi o Glovo, donde los jóvenes son obligados a poner sus propias bicicletas y a comprar las cajas transportadores que llevan a sus espaldas, poniendo en riesgo su vida, sin ningún tipo de seguro, para arañar unos pocos pesos al mes.

Mientras el gobierno insiste con su plan de ajuste, mintiendo con que “después del sacrificio vendrán el derrame, el crecimiento económico y el empleo”, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda llamamos a apoyar todas las luchas de los que salen a pelear por no perder sus puestos de trabajo y planteamos propuestas concretas frente a la emergencia:

Prohibir por ley las suspensiones y los despidos. Que toda empresa que viole esta disposición o cierre, sea expropiada y entregada para su funcionamiento a sus propios trabajadores.

Ocupar a todos los desempleados actuales en un gran plan de obras públicas, basado en la construcción masiva de viviendas populares, hasta terminar con el déficit habitacional (calculado en cinco millones de viviendas). Financiar este plan con los fondos que surjan de dejar de pagar la deuda externa.

Terminar con el trabajo en negro blanqueando inmediatamente a todos los trabajadores, con severísimas sanciones a todas las patronales que no lo cumplan (multas, clausuras o expropiaciones).

Eliminar inmediatamente toda la legislación que permite la flexibilización laboral o el trabajo tercerizado, incorporando a los trabajadores que están en esa condición como efectivos con el mejor convenio correspondiente al sector.

Las revelaciones del caso D’Alessio mostraron la vigencia de un aparato de inteligencia que viene de la dictadura y todos los gobiernos sostuvieron y utilizaron sistemáticamente. El espionaje y la corrupción representan un entramado que atraviesa macrismo y kirchnerismo. La izquierda plantea desmantelar.

Escribe Nicolás Núñez Legislador electo, CABA

Las intrigas judiciales de 2019 se iniciaron con una denuncia impulsada desde medios ligados al kirchnerismo hacia Marcelo D’Alessio. Quién es este personaje es algo difícil de precisar. Cuando en febrero registraron su casa y encontraron credenciales del FBI, armas, autos y una fortuna millonaria, él intentó frenar el allanamiento pidiendo que lo comuniquen con Patricia Bullrich. Lo otro que hallaron en su propiedad fueron celulares y computadoras con archivos que contenían información sobre operaciones de inteligencia que involucraban desde la banda Los Monos de Rosario, hasta el periodista Alejandro Fantino, pasando por la gobernadora María Eugenia Vidal, entre otros.

A D’Alessio lo habían filmado pidiendo en nombre del fiscal Carlos Stornelli coimas a un supuesto empresario agropecuario a cambio de no ser procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Stornelli es quien lleva adelante las investigaciones contra la ex presidenta, y de allí la importancia que el peronismo kirchnerista le dio a esta causa.

Sin embargo, el volumen de información requisada en lo de D’Alessio abrió muchos otros “cuadernos” oscuros. El juez a cargo de la causa contra D’Alessio, Alejo Ramos Padilla, fue al Congreso a decir que había encontrado pruebas que daban cuenta de un entramado que unía al poder político, judicial y mediático con el espionaje. Operaciones que según él “exceden a nuestro país y pueden poner en peligro las relaciones con Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos”. Todo esto se sumó a la “calentura” de Macri de estos días, por lo que personalmente salió a pedir la cabeza del juez.

El lío es tal que la propia Elisa Carrió le solicitó públicamente al presidente la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia. Medida que ya fue rechazada por Macri. El motivo: “Sería contraproducente hacerlo ahora, quedaría mano de obra desocupada con mucha capacidad de daño” (La Nación, 26/3/19). Agentes sueltos contando en un año electoral a quién espiaron y quiénes los mandaron a espiar es algo que no quiere el gobierno. Todo esto generó una crisis política importante, mostrando la podredumbre de las instituciones patronales.

¿Qué tiene la izquierda para decir de todo esto? Lo primero, es señalar que ante las graves revelaciones de espionaje, el macrismo busca taparlo a como dé lugar, y el kirchnerismo solo está preocupado por derribar la causa de los cuadernos.

El caso D’Alessio ratifica que los gobiernos usan el espionaje para sus disputas políticas, a pesar de que está prohibido por ley. Durante el gobierno kirchnerista habíamos denunciado la infiltración de agentes de gendarmería en los cortes de rutas, y el llamado Proyecto X con el que se hacía inteligencia sobre la izquierda. Ahora vuelve a salir a la luz el espionaje vinculado a los carpetazos judiciales y la corrupción. Se trata de operaciones contra operaciones tratando de tapar la corrupción de unos y otros, sean macristas, radicales o peronistas.

En segundo lugar, no sorprendería Stornelli operando en manejos turbios a favor del gobierno de turno. Durante el gobierno de los Kirchner, Stornelli secundaba a Aníbal Fernández a la hora de denunciar falsamente a luchadores de izquierda. Ahora bien, no se puede tapar el tendal de funcionarios y empresarios involucrados con la corrupción bajo el gobierno anterior, una lista que va desde Franco Macri hasta Benito Roggio (Metrovías), pero que también incluye a los ya procesados por la causa de la masacre de Once (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi) y los que aún faltan, como Julio De Vido. Pensar que Néstor y Cristina no estaban al tanto de los manejos de quienes respondían a ellos, es ridículo.

Recordemos que la corrupción no solo es alguien llenando sus bolsillos, también es plata que falta para los frenos de un tren, o para medidas de seguridad elementales que luego producen muertes de trabajadores, como sucedió en la masacre de Once antes mencionada.

Por todo esto, seguimos diciendo que resulta urgente disolver esa estructura que viene desde la dictadura, que son los servicios de inteligencia. También promover la elección popular de jueces y fiscales con cargos revocables y los jurados populares para terminar con esta justicia adepta al poder y los negociados. Y, a su vez, invertir la carga de la prueba para los delitos de la corrupción, que los funcionarios demuestren su inocencia en vez de defenderse con más carpetazos y que devuelvan lo robado.

Escribe Guido Poletti

El propio gobierno de Cambiemos lo va posicionando como competidor electoral, tomándolo como opositor importante. Varios empresarios, asustados al ver cómo crece la bronca contra Macri, ya lo empiezan a tomar en cuenta. Miguel Angel Broda, uno de los consultores más cercanos al establishment económico local, lo confesó en una de sus últimas apariciones: “Muchos de mis clientes dicen que van a votar a Lavagna”

Lavagna apareció apoyado por el burócrata sindical Luis Barrionuevo, que le armó la reunión para que otros líderes gremiales de idéntica calaña se le sumaran. Se reivindica como parte del espacio del peronismo alternativo, pero que no acepta ir a las PASO contra nadie. Y, a la vez, propone un “frente más grande”, que incluya a la centroizquierda de los “socialistas” de Santa Fe, a Margarita Stolbizer y hasta a sectores radicales como el de Ricardo Alfonsín. Algunos llegaron a sumar en esto al propio Martín Lousteau, que hasta hace pocas semanas estaba de gira con el presidente.

Pero terminen como terminen estas idas y venidas, lo que nos interesa es refutar la campaña que se está armando alrededor de la figura de Lavagna, donde se lo muestra como un economista “exitoso”, a favor del “empleo y el mercado interno”, que habría hecho crecer la economía al 9% cuando fue ministro, y hasta “progresista”.

Son todas fábulas. Empecemos por su supuesto progresismo: él mismo se encargó de desmentirlo cuando se pronunció con claridad en contra del aborto días pasados. ¿Pero es que, acaso, se trata de un economista antiliberal y en contra de los negociados financieros?

Nada de eso. La semana pasada visitó Córdoba, y además de su foto con el gobernador Schiaretti (el ejecutor del ajuste en su provincia) dio una charla en la Fundación Mediterránea. Para los memoriosos, el reducto que creó y del cual salió nada menos que Domingo Cavallo.

Pero vamos al “punto fuerte” de Lavagna. ¿Qué pasó cuando fue ministro? Lavagna estuvo a cargo de la cartera de Economía desde fines de abril de 2002 hasta noviembre de 2005. En ese período, efectivamente, la economía argentina repuntó del piso de la crisis a que había llegado en diciembre de 2001. Pero no fue por las “buenas políticas” de Lavagna. Al contrario. La economía creció e incluso tuvimos superávit fiscal en esos años (los recursos fueron superiores a los gastos) porque se había dejado de pagar una parte sustancial de la deuda externa en medio del Argentinazo de fines de 2001. De ahí salió la plata que permitió que existieran, prácticamente de un día para otro, dos millones de planes para los desocupados. Ahí empezó la reactivación. Cuando en los años 2004 y 2005 bajó un poco el desempleo, los trabajadores consiguieron mejoras salariales, es cierto, pero no fue “gracias a Lavagna”, sino justamente “contra Lavagna” (y Néstor Kirchner, entonces presidente), en inmensas luchas que comenzaron con las de los docentes, universitarios, trabajadores del subte o de la salud.

Por otra parte, fue justamente Roberto Lavagna quien nos dejó la “herencia maldita”: él fue el que realizó el primer canje de deuda del año 2005, por el cual volvimos a pagarle a los acreedores externos, reanudando así la bola de nieve de la deuda externa. Lavagna se fue luego de ese canje, pero la deuda la seguimos pagando.

Por si todo esto fuera poco y quedara alguna duda, Lavagna asegura hoy a quien quiera oírlo (y se lo dijo a los propios funcionarios del FMI) que no va a romper con el programa de ajuste del Fondo y va a cumplir a rajatabla con los pagos de la deuda externa. En conclusión, si por esos avatares de la crisis de Cambiemos y del propio peronismo Lavagna llegara a ser presidente, no tendríamos más que a un nuevo ejecutor del ajuste. No es entonces ninguna salida a favor de los trabajadores.

Escribe José Castillo

Todos los partidos patronales, sean del oficialismo macrista o de la oposición peronista en todas sus variantes, insisten en garantizarle al FMI que seguirán con su programa de ajuste a partir de 2020 y, en especial con el cumplimiento de los pagos de la deuda externa. Desde la izquierda afirmamos lo contrario. No hay salida para el país, no es posible ninguna política de “redistribución de la riqueza”, “nacional y popular” ni nada parecido si no rompemos con el Fondo y dejamos de pagar la deuda. Como muestra básica: el acuerdo con el FMI exige más ajuste aún que 2019 en los dos años subsiguientes, y los vencimientos de deuda de 2020 a 2022 suman la impagable cifra de 150.000 millones de dólares.

Muchos compañeros, al escuchar todo esto, nos preguntan ¿se puede dejar de pagar la deuda? ¿Cuáles son las consecuencias?

Empecemos diciendo que no solo “se puede”, sino que es la única salida. No es algo novedoso. En muchas ocasiones, diferentes países dejaron de pagar sus deudas. Los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, se han dedicado a contabilizar los defaults de deudas soberanas (las declaradas por Estados) desde 1800 hasta la primera década de 2000.

Rogoff y Reinhart han contabilizado unas 250 cesaciones de pagos en 200 años, es decir, un promedio de más de una por año. Así, por citar algunos ejemplos que nos involucran, Gran Bretaña nunca pagó la deuda que acumuló con la Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al independizarse, dejó sin pagar su deuda con Inglaterra.

En casi todos los países donde hubo cambios revolucionarios se repudió la deuda de los regímenes anteriores. Así sucedió en Rusia en 1917, y en Cuba en 1959.

Pero no necesitamos irnos tan lejos. La gigantesca movilización del Argentinazo que echó a De la Rúa y Cavallo obligó en diciembre de 2001 a suspender los pagos de la deuda. No era un número menor: estaban presupuestados para 2002 10.000 millones de dólares para pagos de intereses de deuda. Era el 20% del presupuesto. Ese dinero se terminó usando para financiar, entre otras cosas, más de dos millones de planes para desempleados. La Argentina, por no pagar la deuda, tuvo superávit fiscal en esos años, perdiéndolo justamente cuando, de la mano del primer canje de Néstor Kirchner y Lavagna, volvió a pagarle a los acreedores en 2006.

Otros compañeros nos acercan sus dudas: ¿qué consecuencias económicas y políticas tendrá no pagar? ¿No nos bloquearán? ¿No quedaremos aislados?

La experiencia reciente de la Argentina pos-2001 nos enseña que no. Nuestro país, aun en “default” vendió soja al mundo en valores récord. Por supuesto que siempre puede haber represalias, y mucho más si se trata de un gobierno que plantea seriamente una ruptura con el imperialismo y los organismos financieros internacionales. Pero, como indica la propia experiencia internacional, también siempre será posible “triangular” exportaciones, cobrar por otros canales que los hegemonizados por las grandes finanzas o hacerlo en otras monedas.

Por otra parte, ante cualquier represalia imperialista, siempre nos quedará apelar a la solidaridad de las clases trabajadoras y los pueblos, en particular de Latinoamérica. Para eso propugnamos la creación de un club de deudores, porque el flagelo de la deuda externa es algo que nos perjudica a todos. Dejando todos de pagarla y uniendo nuestras riquezas, podríamos transformarnos en una auténtica potencia económica, que es justamente lo que el imperialismo quiere evitar.

Por eso, le reiteramos a todos: dejar de pagar la deuda externa y poner esos recursos para resolver las más urgentes necesidades populares, no solo es posible, es la única salida para el pueblo trabajador.

Como todos los años, otra vez una multitud desbordó la Plaza de Mayo y todas las plazas del país, mostrando que el repudio a los genocidas sigue más vivo que nunca. Como viene sucediendo desde 2007, hubo dos actos. El primero, con los organismos que se alinearon durante los gobiernos de Néstor y Cristina con el peronismo kirchnerista, estuvo lleno de alusiones (y presencias) vinculadas a llamar a votar a este sector contra Macri.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), organizador de la segunda marcha, mantuvo una vez más su posición de denunciar a todas las violaciones de los derechos humanos, las de ayer y las de hoy, sin dejar de mencionar las que sucedieron durante el kirchnerismo (como el caso de la desaparición de Jorge Julio López, el Proyecto X de Cristina, la Ley Antiterrorista o el nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército) ni, por supuesto, las actuales, entre las que se encuentran los asesinatos cometidos por el macrismo contra Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pero también las represiones y ajustes de los gobernadores peronistas

El Frente de Izquierda aportó, de lejos, las columnas más numerosas de esta segunda marcha. Y dentro de ellas, tenemos que destacar orgullosamente la multitudinaria columna que conformamos desde Izquierda Socialista, aportando a los miles y miles que gritamos una vez más ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! ¡No a la impunidad de ayer y de hoy! ¡Cárcel común y efectiva para todos los genocidas!