Escribe José Castillo

El día anterior al del anuncio del Indec el presidente Macri aseguró que “la inflación ya estaba bajando”. El cachetazo de la realidad llegó a las pocas horas: 2,9% en enero, superior a la de diciembre (2,6%). Y esto sucede en un mes (enero) donde normalmente la inflación debería resultar menor que la del mes previo, ya que diciembre contiene los aumentos de las fiestas.

El número resulta peor aún si vemos que los alimentos subieron 3%. Todo esto da una suba interanual récord: 49,3%, la más alta desde 1991. Y, lo más grave, es que esta tendencia no se detendrá en febrero, que trae los nuevos tarifazos en el transporte, aumentos en peajes, prepagas y educación y un nuevo incremento en los alimentos (en los primeros quince días ya subieron otro 2,8%) dando un nuevo mazazo al bolsillo popular y empeorando, sin duda, las canastas de pobreza e indigencia. Salarios, jubilaciones y planes sociales van quedando cada día más atrás frente a esta astronómica suba de precios.

Escribe José Castillo

El viernes 15, la organización Unión de Trabajadores de la Tierra, que agrupa a productores rurales de agricultura familiar que venden frutas y verduras, se disponía a realizar un nuevo “verdurazo”. Consiste, en una forma de protesta frente a la crisis, en la instalación de una feria donde venden sus productos precios populares, a la vez que visibilizan su situación.

Esta vez el gobierno de Larreta lanzó una feroz represión que impidió montar los puestos en Plaza Constitución con gases, balas de goma y gas pimienta, para luego incautar la mercadería. La expresión más dramática, que muestra la foto, se dio cuando numerosas personas que se habían acercado a comprar en la feria se lanzaron casi desesperadas a agarrar las verduras que los policías desparramaban por el suelo. Toda una postal del hambre y la miseria a que nos somete este plan de ajuste.
El próximo 27 anuncian un nuevo “verdurazo” en Plaza de Mayo.

El jueves 14 de febrero nuestro compañero Jorge Ávila se presentó en los tribunales federales de La Plata para testimoniar en la causa que investiga la responsabilidad de la empresa Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar) en la desaparición y asesinato de trabajadores antes y después del golpe de Estado de 1976. Jorge trabajó en la fábrica ensenadense desde el año 1969 hasta el día del golpe.

Era militante del PST y delegado. Durante tres horas relató la situación que se vivía en la planta desde el “Rodrigazo”, a mediados de 1975, hasta la noche del golpe de Estado. Su testimonio, con mucha precisión, puntualizó sobre las amenazas que recibían los activistas y apuntó contra el conocimiento que tenía la empresa de la familia Rocca del golpe venidero. La causa está aún en etapa de investigación. La lucha por justicia para los 30.000 detenidosdesaparecidos y asesinados continúa.   

Escribe Rodolfo Sánchez

El sábado 6 comenzó la Cuarta Marcha de la Soberanía en el Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA). El objetivo de la marcha fue concientizar a la población sobre la apropiación por parte del magnate Joe Lewis de 50 kilómetros de costas que deberían ser públicas y hoy tienen su acceso vedado para la población local y los turistas.

En 2017 Macri defendió en una conferencia de prensa a su amigo Lewis: “El acceso al lago está permitido por un camino de montaña”. Este camino de montaña, de Wharton a Cajón Azul, son 33 kilómetros de un sendero complejo y se tarda cuatro días a caballo. Se deben cruzar dos ríos y los puentes que permitían hacerlo fueron destruidos. En esta oportunidad, unos veinte compañeros tomaron este camino de  montaña y la mayoría intentó por el camino de Tacuifí, de 23 kilómetros y más accesible, que permite llegar al lago en solo 40 minutos y con vehículo. El grupo mayoritario se encontró con las tranqueras cerradas y la policía custodiando e impidiendo que pasaran. Dos kayakistas que alcanzaron el lago por el camino de montaña, David Nahuel Ramallo, integrante de Radio Gráfica y militante de FIPCA, y Andrea Gatabria, de ATE Capital, fueron volcados por una lancha de la seguridad privada de Lewis y amenazados de que morirían de hipotermia en el agua. Luego los llevaron a la orilla y los entregaron a efectivos de la policía rionegrina convocada por el magnate financiero. No es la primera vez que manifestantes son reprimidos por la policía de la provincia de Río Negro y por los guardias privados del millonario. Desde Izquierda Socialista/FIT hemos participado y denunciado numerosas veces esta apropiación del lago por parte de Lewis y de la complicidad política de avalar esta entrega desde el presidente Macri, pasando por el gobernador Weretilneck y el intendente Pogliano, de El Bolsón. Repudiamos esta violenta intervención de los guardias del terrateniente y nos solidarizamos con los compañeros que fueron agredidos por llevar adelante una justa lucha ya que el lago es para todos.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador Izquierda Socialista/FIT

En plena campaña electoral, el gobierno de Schiaretti vuelve a recibir fuertes cuestionamientos por el accionar delictivo de la policía provincial y pone en jaque su política de seguridad, que vuelve a fracasar.
El 16 de enero, en Río Cuarto, fue asesinado de ocho balazos Claudio Torres, un narcotraficante de la ciudad. Iba acompañado por Gabriel Bossi, mano derecha de Torres y esposo de Lucía “Cory” Vargas, condenada en 2014 por la desaparición del joven Nicolás Sabena en el año 2008. Las investigaciones realizadas por la madre de Nicolás demostraron que el Clan Vargas, también narcotraficantes, contaba con la protección de la policía a través del jefe de Investigaciones, Gustavo Oyarzábal, quien adelantaba a los narcos las investigaciones por la desaparición de Nicolás.

Otra vez Oyarzábal quedó a cargo de la investigación del asesinato de Torres pero fue detenido el 7 de febrero por su relación con los narcos y, llamativamente, el 31 de enero fue pasado a retiro por un decreto del gobernador Schiaretti. En una maniobra encubridora el gobernador dispuso la remoción de la cúpula policial. La nueva conducción busca “recuperar la confianza de los vecinos”, y para eso endurecieron la política represiva y realizaron operativos de saturación en los barrios de la ciudad junto con la Gendarmería.

Este escándalo muestra el fracaso de la política “antidrogas” del gobierno. Destinan millones de pesos del presupuesto al aparato policial (en la provincia hay más policías que maestras de primaria) mientras la podrida policía, la Justicia y los gobiernos son parte del delito organizado y cuidan el negocio de narcotraficantes que garantiza utilidades superiores al 3.000% y ganancias de más de 600.000 millones de dólares que se reparten entre los narcotraficantes y quienes los cuidan para vivir lujosamente. Para terminar con el narcotráfico y la impunidad hay que desmantelar el aparato represivo y legalizar las sustancias psicoactivas con monopolio estatal.