Escribe Malena Zetnik

Empezó el debate en la Cámara de Diputados con diferentes proyectos. El de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es el único que expresa el reclamo de la mayoría de las mujeres. Hay que seguir en las calles para que se apruebe.

En una histórica jornada, este 20 de marzo sesionó por primera vez un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar inicio al debate sobre la legalización del aborto. Durante dos meses se realizarán audiencias públicas en donde se expresarán las diferentes posiciones en torno del tema que se trataría en junio en la Cámara baja.

El principal proyecto presentado es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con 71 firmas de diputados de diferentes bloques, desde el Frente de Izquierda (el único que lo apoya unánimemente) pasando por PRO, el kirchnerismo y los distintos sectores del PJ. Propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que se garantice su realización de manera gratuita en todo el sistema de salud, desde los hospitales públicos hasta las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, a pesar de ser éste el proyecto con más firmas y con el contundente apoyo de centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país el pasado 8 de marzo, existen otros proyectos presentados para “embarrar la cancha” y tratar de cercenar nuestro reclamo.

Los diputados Wisky y Lipovetzky, junto con otros siete diputados de PRO y la UCR proponen una modificación del artículo 86 del Código Penal para incluir entre las causales de aborto no punible a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación y a las malformaciones fetales graves. De esta manera, solo se despenalizaría el aborto, pero no se legalizaría, es decir, el Estado no regularía la práctica y las mujeres deberían pagar, manteniéndose las mismas desigualdades para las mujeres pobres. A su vez, los mismos diputados presentaron otro proyecto complementario sobre el procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Allí proponen una serie de pasos por los que debería pasar una mujer que decide abortar, como la creación de un equipo interdisciplinario que debería intervenir de manera obligatoria y le ofrecería a la mujer propuestas como la adopción u otras modalidades de apoyo económico para que continúe el embarazo, lo que sin dudas constituye una forma de violencia cuando la mujer ya ha tomado la decisión. En este mismo sentido se redactó el proyecto de Marcelo Wechsler, de PRO, presentado junto con otros dos legisladores. Además, se plantea la existencia de la objeción de consciencia individual, dando lugar al reclamo de la Iglesia para que los médicos puedan exceptuarse de intervenir en un aborto.

A la vez se presentaron dos proyectos que abogan directamente por la prohibición del aborto: uno cuenta con veintiuna firmas de PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y Córdoba Federal y el segundo solo con dos firmas de diputadas de Unidad Justicialista de San Luis.

Ambos plantean la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la embarazada y de los niños por nacer, lo que incluiría una asignación universal por hijo por nacer (cuestión que ya se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández) y otras medidas de protección a las mujeres embarazadas como el transporte público gratuito y apoyo telefónico 24 horas. Ante los casos de violaciones, el planteo de ambos proyectos es la adopción o el acompañamiento de comités de bioética para convencer a las mujeres de que crien al posible bebé. Es decir, incluso se plantea un retroceso respecto de los derechos actuales de las mujeres que, desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal plantea como abortos no punibles al caso de violación o peligro de vida o la salud de la mujer.

Frente a todos estos proyectos, es importante tener claro que el único que garantiza terminar con la muerte de mujeres jóvenes y pobres y que les permite decidir sobre sus propias vidas es el proyecto de la campaña nacional. Proponer solo la despenalización del aborto no alcanza. Y utilizar la protección de los derechos de las personas que quieren ser madres o dar en adopción a sus hijos para contraponerlo al derecho al aborto es una burda maniobra de los mismos sectores religiosos que son financiados por el gobierno y que defienden a los curas abusadores.
No tenemos que depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias que buscarán “consensuar” los distintos proyectos. Ni en Macri, que junto con la mayoría de sus ministros sigue diciendo que está en contra; ni en Cristina, que durante todo su mandato no habilitó el debate y sigue sin pronunciarse. El único camino es la movilización. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir en las calles hasta lograr la legalización del aborto. Ni una muerta, ni una presa más por abortar. Vivas y libres nos queremos.

Escribe Mercedes Trimarchi • Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT (Buenos Aires)

Frente al debate por la legalización del aborto, el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado Luis Petcoff Naidenoff, presentó un proyecto de ley que plantea una consulta popular no vinculante, sobre la despenalización o no de la interrupción del embarazo. En el mismo sentido, habían presentado un proyecto similar los diputados y senadores del peronismo de San Luis encabezados por Adolfo Rodríguez Saá. Es decir, estos diputados están pensando en encuestas de opinión y consultas populares dilatorias, en vez de aprobar de una vez por todas lo que el movimiento de mujeres viene reclamando en las calles desde hace años: que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo se resuelva de esta manera es totalmente equivocado. En primer lugar, porque estamos hablando del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y ese derecho hoy está siendo vulnerado en nuestro país. Por lo tanto, la decisión sobre continuar o no con un embarazo no deseado es personal de la mujer y no tiene porque ser puesta a consideración del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, el aborto en nuestro país ya se practica de manera clandestina (500.000 al año). Las mujeres abortan sabiendo que ponen en peligro su salud, su vida y su libertad. Entonces, lo que se debe discutir en el Congreso no es aborto sí o aborto no, sino cómo se garantiza la salud y la vida de las mujeres que por ser pobres recurren a métodos inseguros que en muchos casos les cuesta la vida.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ya expresó su rechazó la idea de la consulta popular a través de un comunicado donde dice que los “derechos humanos no se plebiscitan ni se consultan” texto que fue redactado en función del artículo 39 de la Constitución Nacional, que establece que no pueden ser objeto de iniciativa popular los proyectos de ley que planteen reformas en materia penal. Otra de las voces que expresó también el rechazo fue la del sociólogo y profesor de derecho constitucional de la UBA Roberto Gargarella, quien sostuvo categóricamente que no puede plebiscitarse la legalización del aborto por ser un derecho y que, como tal, no puede ser motivo de encuesta de opinión o consulta popular (Clarín, 16/03/18).
¡Ni plebiscito ni ninguna otra maniobra dilatoria! Sigamos en las calles hasta que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito.

Macri presentó al Congreso un proyecto de ley con el pomposo nombre de “Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo”, tomando demagógicamente una de las demandas más sentidas en el movimiento de mujeres: la pelea contra la discriminación y violencia que sufren en el trabajo, que lleva a que cobren un 30% menos que los varones por las mismas tareas.

Sin embargo, todo es una vulgar maniobra: dice que las empresas deben garantizar la igualdad salarial, pero no establece ningún tipo de sanción para las empresas que no lo cumplan.

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió se pronunció repetidas veces contra la legalización del aborto, haciendo de vocera de lo más retrógado de la Iglesia Católica. A ese rol ahora le agregó el de realizar todo tipo de maniobras para retrasar el tratamiento de la ley.

En concreto, propuso que no se discuta ahora, ya que estamos en tiempos de “fiestas religiosas”, refiriéndose a las proximidades de Semana Santa. Mañana pondrá una excusa nueva. Una auténtica vergüenza.

El miércoles 14 fue asesinada la concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Marielle Franco, una luchadora por los derechos de las mujeres negras y contra los abusos policiales en las favelas y la militarización federal. Convocamos a la más amplia solidaridad y movilización para que este asesinato no quede en la impunidad y reafirmamos que seguiremos peleando para honrar su legado de lucha.

La semana pasada Brasil se conmovió por el brutal asesinato de Marielle Franco, socióloga de 38 años y concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL, del que forma parte nuestro partido hermano Corriente Socialista de los Trabajadores, CST). En la noche del miércoles 14 de marzo, su vehículo fue interceptado por otro en el centro carioca. Una ráfaga de disparos terminó con su vida y la del conductor, Anderson Pedro Gomes. Los asesinos huyeron sin llevarse nada.

Desde el gobierno salieron rápidamente a atribuir el crimen a la “ola de inseguridad” que desborda la ciudad. “Fue una tragedia diaria más de Río de Janeiro”, declaró el ministro de Justicia Jardim. Sin embargo, una multitud se manifestó al día siguiente frente a la sede de la municipalidad y en otras ciudades para repudiar la “ejecución” de Marielle, exigir castigo para los sicarios y mandantes y despedir a una luchadora inclaudicable. En Buenos Aires, el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y otros dirigentes del Frente de Izquierda, organizaciones políticas y sociales encabezaron un acto de repudio frente a la embajada de Brasil.

Marielle nació en la favela de Mare, una de las más extensas, pobres y violentas de Río de Janeiro. Fue madre soltera a los 19 años y por una beca terminó sus estudios de sociología. En las últimas elecciones municipales de 2016 fue la quinta concejal más votada por su lucha consecuente por los derechos de las mujeres negras, las minorías sexuales y la población pobre de las favelas acosada por la violencia policial, los escuadrones de la muerte y el narcotráfico. Desde que el pasado 16 de febrero el presidente Temer decretó la intervención federal de la ciudad para “luchar contra el delito”, Marielle venía denunciando el incremento del accionar represivo, ahora bajo el mando de un general del Ejército. “La policía recorre las calles y amenaza. Esto pasa desde siempre, pero tras la intervención militar todo está peor”, declaró al denunciar a la Policía Militar por el fusilamiento extrajudicial de dos jóvenes en la favela de Acari. Los datos oficiales registraron que la Policía Militar de Río mató a mil personas en 2017, casi tres por día.

Desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI) denunciamos al gobierno de empresarios corruptos de Temer como responsable político de este asesinato. Así como por aplicar un paquete de ajuste contra los trabajadores y sectores populares que va acompañado de una mayor represión. En solo un mes la intervención federal que debe supuestamente garantizar la seguridad pública sólo generó más violencia en las favelas y se gastaron millones que podrían ser invertidos en trabajo, salud, educación y vivienda. No dudamos de la responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal en el asesinato de esta luchadora negra, feminista y de izquierda que los denunciaba. Exigimos su inmediato esclarecimiento por medio de una comisión investigadora independiente y el castigo ejemplar para los mandantes y asesinos. Las mujeres no se van a dejar intimidar en este tiempo de ascenso histórico de sus luchas en todo el mundo contra la violencia del patriarcado y los gobiernos socios del capital imperialista.

¡Hasta el socialismo siempre compañera Marielle Franco! Tu crimen no va a quedar impune y vas a estar presente en nuestras luchas.