Adolfo Santos

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con problemas de movilidad, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en el Estado Español. Desalojada del inmueble que habitó durante setenta años por no poder afrontar aumentos exorbitantes del alquiler, provocó una reacción gigantesca. Maricarmen fue apenas la chispa, pero el verdadero combustible es el problema de vivienda que afecta a millones en aquel país.

En pánico, el gobierno de Pedro Sánchez, (PSOE), intentó responder de apuro con dos decretos que pretendían aliviar una situación que hasta ese momento había dejado correr. Entre otras cosas, proponía suspender los desalojos hasta 2030 y prorrogar por dos años los contratos de alquiler. Pero en menos de 48 horas, por presión de los poderosos grupos económicos dueños de inmuebles, como Urbagestión que desalojó a la anciana Maricarmen, el parlamento derrotó esa propuesta, y dejó todo como estaba. De ahí en más, los acampes y protestas saltaron de la Puerta del Sol de Madrid a las principales capitales del país.

Lucha Internacionalista (LI), nuestro partido hermano en el Estado Español, que participa de la movilización, denuncia: “El Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda [...]. Avala un poder judicial que ejecuta desalojos […]. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría […] La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de inmuebles por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras”.

Los políticos patronales son los responsables de esta crisis. Han actuado en favor de los fondos de inversión inmobiliarios que controlan el negocio de la vivienda, por eso se necesita una salida de fondo, como propone LI: “paralización inmediata de los desalojos, cierre de los inmuebles turísticos, que los precios del alquiler no superen el 20% de los salarios, expropiación sin indemnización de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100% pública”.

A la derrota de los decretos en el parlamento, los principales organizadores de la protesta como el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Estudiantes que han sido vanguardia en los acampes y organizaciones populares, exigen que los sindicatos pertenecientes a CGT, Comisiones Obreras y UGT, se sumen a las protestas y convoquen a una huelga general. La forma de avanzar a favor de las y los inquilinos está en las calles. Es a la lucha que le temen los políticos patronales, por eso, presionado por las consecuencias de la movilización social, Pedro Sánchez se vio obligado a convocar a elecciones anticipadas.                                                             

Ezequiel Peressini, Dirigente de Izquierda Socialista y coordinador de la Flotilla Global Sumud Argentina

2/10/2026. Desde la jornada de lucha realizada el 29 de septiembre, Francia se incendia en masivas movilizaciones. Trabajadores públicos y estudiantes han ganado las calles en protestas que no paran de crecer. El verano ha terminado, con el retorno a los puestos de trabajo y de estudio, la bronca contra el alza de los precios y el amenazante recorte del gasto público que el gobierno prepara ha catalizado la indignación transformándola en grandes acciones que sacuden varias ciudades y expresan la unidad de trabajadores y estudiantes en lucha.

El martes 29, las organizaciones de trabajadores públicos convocaron a una huelga nacional con movilizaciones. Más 300.000 personas se movilizaron en París y varias ciudades del país. Los reclamos convocantes eran claros, el rechazo a la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de personal en los establecimientos públicos, el congelamiento de la indexación por inflación de las jubilaciones y pensiones y el amenazante arancelamiento de algunos sectores educativos.

Los días siguientes las movilizaciones continuaron creciendo con acciones de los cuerpos de bomberos y la gran participación de las y los estudiantes secundarios y universitarios. El día jueves primero de octubre, los bloqueos y acciones de lucha en las puertas de los Lycées (centros de estudios para jóvenes de entre 15 y 18 años) convocaron a miles de estudiantes junto a la Unión de Estudiantes Secundarios. Con la radicalidad característica de la juventud francesa, expresaron sus reclamos y el hartazgo de extensas jornadas de 10 horas, la falta de profesores, la pésima infraestructura educativa que golpea con el calor del verano y el frío del invierno. En la jornada del día martes 29 algo más de 300 establecimientos realizaron acciones de bloqueos, para el jueves 1 de octubre, más de mil establecimientos de los 3.700 existentes se sumaron a las acciones. En los campus de 30 universidades también se realizaron importantes acciones contra el recorte y en defensa de la educación pública.

La respuesta del gobierno de Macron fue la misma de siempre: reprimir, encarcelar y enjuiciar a las y los que luchan. La represión contra la jornada del primero de octubre fue brutal y dejó 2.000 personas detenidas, 1.900 se encuentran bajo custodia, de los cuales el 90% son menores de edad. Demostrando los Lycées son un epicentro de la lucha y en 50 de esos establecimientos hubo duros enfrentamientos con la policía que buscaba desalojarlos.

La represión del gobierno busca endurecerse. El ministro de justicia Gerald Darmanin se reunió con jueces y fiscales para garantizar una “respuesta penal firme” contra quienes se manifiesten y el ministro de educación cerró los liceos hasta controlar la situación. El gobierno responsabilizó a Le France Insumiza (LFI) de Melenchón y al conjunto de las organizaciones de izquierda de las movilizaciones y, la ultraderecha busca imponer sanciones contra las organizaciones de izquierda responsabilizándolas de los disturbios. Toda una pantomima conspirativa para esconder el verdadero motivo de las movilizaciones.

El motivo de las movilizaciones es el mismo que desató las acciones de los Chalecos Amarillos y las oleadas de huelgas en los últimos años. El Gobierno de Macron y sus cómplices viene descargando la crisis capitalista del país y toda Europa sobre las espaldas de las y los trabajadores y la juventud que ya no soporta ser la variable de ajuste mientras las empresas armamentísticas y los grandes capitalistas se llenan de dinero y se inflan los presupuestos para la guerra.

Mientras decenas de miles se manifestaban el primero de octubre, el gobierno presentaba los presupuestos para el año 2027 que fue tomado como una burla y una provocación, echándole gasolina al fuego. Con el presupuesto el gobierno busca imponer un recorte de 43.000 millones de euros, una mayor carga impositiva que recaería sobre los más pobres mientras las empresas se librarían de pagar miles de millones de euros de impuestos.

La juventud que lucha en Francia no está sola. Mientras se movilizaban en las principales ciudades del país, la juventud estudiantil secundaria y universitaria de Chile realizó la movilización más grande contra el gobierno del pinochetista José Antonio Kast. En todo el Estado Español la juventud se planta en acampes masivos en la Plaza del Sol y de todo el estado para repudiar el negocio inmobiliario y defender del derecho a la vivienda digna. En Argentina se preparan grandes movilizaciones para el 15 de octubre con el objetivo pelear por el aumento del presupuesto universitario y el salario docente y rechazar la venta de las tierras a capitalistas extranjeros. En Turquía, la juventud lucha contra el gobierno en defensa de los derechos de las disidencias sexuales, los derechos democráticos y sociales. En todos los continentes, las juventudes trabajadoras y estudiantil son vanguardia en la lucha contra los gobiernos y sus planes de austeridad.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional, y de manera conjunta con las organizaciones juveniles y estudiantiles de cada país, nos solidarizamos con las y los estudiantes franceses que, junto a las y los trabajadores, enfrentan al gobierno de Macron con ejemplares movilizaciones. Repudiamos la represión policial, exigimos la inmediata liberación de todas y todos los detenidos y el fin de toda persecución judicial y rechazamos la persecución sobre dirigentes y las organizaciones de izquierda que acompañan las movilizaciones. ¡Viva la lucha de las juventudes y la clase trabajadora de Francia!

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español

5/10/2026. Han pasado casi tres años, casi 1.100 días, desde el inicio del genocidio israelí acelerado sobre Gaza. Casi 1.100 días de destrucción sistemática, desplazamiento forzado, hambre y muerte. Más de 73.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos más de 18.000 criaturas, según las cifras oficiales palestinas, unas cifras que no contabilizan a todas las personas desaparecidas bajo los escombros ni las muertes indirectas provocadas por la destrucción del sistema sanitario y de las infraestructuras de agua y de infraestructuras de agua.

Y no ha terminado. A pesar del lenguaje diplomático y la ficción de un alto el fuego, el estado sionista continúa su plan genocida en Gaza I también en la Cisjordania ocupada, donde se intensifican la violencia de los colonos, las demoliciones de casas y granjas, las expulsiones de comunidades palestinas y el robo de tierras.

Todo esto ocurre bajo un escudo de impunidad y con la complicidad abierta de los imperialismos de EEUU y europeos. Las declaraciones, las cumbres, la diplomacia y las palabras vacías conviven con relaciones militares, económicas y políticas que son totalmente funcionales al genocidio. No es sólo silencio y complicidad: son colaboradores necesarios en el genocidio. Mientras los estados abandonan sus obligaciones políticas y legales, la solidaridad internacional desde abajo debe seguir denunciando esa complicidad.

El gobierno de PSOE-Sumar quiere presentarse como uno de los gobiernos europeos más comprometidos con Palestina. Pero de las palabras a los hechos existe una distancia hipócrita. El gobierno aprobó en septiembre del 2025 un decreto que prohibía las transferencias de material de defensa y de doble uso con Israel, pero el texto está tan lleno de excepciones, agujeros y vías indirectas que las relaciones militares, económicas y diplomáticas entre España e Israel siguen prácticamente intactas.

Y mientras proclama su solidaridad con Palestina, el propio Estado reprime o colabora en la represión de quienes intentamos detener el genocidio desde la calle. Lo saben bien las 8 de Becerril, las ocho activistas encausadas a raíz de una protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a España, que prestarán declaración el próximo 21 de octubre, acusadas de toda la retahíla de delitos previstos en la ley Mordaza, que el PSOE y Sumar se habían comprometido a derogar y lo demuestra también el caso de de James “Fergie” Cox Chambers, activista y filántropo estadounidense, detenido en Eivissa el pasado 10 de julio a petición de Estados Unidos y encarcelado provisionalmente mientras se tramita su extradición. El gobierno español ha permitido que el procedimiento de extradición siga adelante.

No aceptamos que el gobierno se envuelva con la bandera palestina mientras sigue haciendo negocios con Israel y reprimiendo la solidaridad con Palestina. Ni que utilice Palestina para construir una imagen progresista mientras sus políticas dejan a millones de trabajadores y trabajadoras atrapados en alquileres inasumibles, servicios públicos deteriorados, precariedad laboral y desigualdad; mientras los derechos de las mujeres siguen siendo atacados y mientras migrantes y refugiados son tratados como un problema de orden público en lugar de personas con derechos.

La solidaridad con Palestina no puede ser bandera institucional. Debe significar acabar con toda complicidad política, económica y militar con el empleo y con la impunidad de Israel.

Por eso no podemos dejar de movilizarnos.

Porque si algo han demostrado estos tres años es que los cambios sólo llegan si los forzamos desde las calles, centros de trabajo, universidades y barrios.

Israel y Estados Unidos están empantanados en una guerra contra Irán que ha sido un fracaso estrepitoso

Lo que se presentó como una nueva demostración de superioridad militar no ha impuesto una salida política ni ha estabilizado la región.

Por el contrario: ha ampliado la guerra, ha profundizado la destrucción y ha multiplicado los frentes. En Líbano, el ejército israelí sigue ocupando territorio en el sur del país, donde mantiene posiciones militares y una zona bajo su control. Incluso después de los acuerdos previstos de la retirada israelí, esta retirada no se ha completado y las fuerzas israelíes siguen actuando dentro de territorio libanés.

En Siria, Israel continúa la ocupación de los Altos del Golán y ha profundizado su presencia militar en el sur del país, mientras mantiene una política de expansión de los asentamientos y control de territorio y recursos.

Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán: no son conflictos desconectados. Forman parte de una misma dinámica de guerra, ocupación, militarización y dominación regional, sostenida por el apoyo político y militar estadounidense y por la complicidad de los gobiernos occidentales que busca materializar el proyecto del Gran Israel y su normalización en toda la región.

Es necesario conectar las luchas.

La lucha del pueblo palestino contra la ocupación, el colonialismo y el apartheid está ligada a la lucha contra el militarismo y el imperialismo; a la lucha por el derecho a la vivienda y por los servicios públicos; en las luchas obreras; al feminismo; en la defensa de los derechos de las personas migrantes; a la lucha contra el racismo y contra todas las formas de represión. Palestina nos muestra que resistir siempre es posible, incluso en las condiciones más difíciles, en este rincón de mundo absolutamente estratégico para el imperialismo y el capitalismo fósil global, que necesitan tener bajo control los recursos energéticos de la región.

Porque los propios gobiernos que encuentran miles de millones para rearmarse nos dicen que no hay dinero para la vivienda, la sanidad o la educación. Los mismos que hablan de derechos humanos sostienen fronteras en las que mueren migrantes, mantienen leyes represivas contra la protesta y protegen un sistema económico que condena a millones de personas a la precariedad.

La lucha del pueblo palestino forma parte de la misma lucha contra un sistema que necesita la explotación, el racismo, la represión, el militarismo y la guerra para sobrevivir.

Palestina nos muestra con toda su brutalidad hasta dónde puede llegar este sistema. Pero también nos muestra la fuerza de un pueblo que, a pesar de décadas de ocupación, expulsión, encarcelamiento y masacres, sigue resistiendo.

Este 4 de octubre volvemos a las calles.

¡Embargo total de armas a Israel y ruptura de relaciones diplomáticas!
¡Derogación de la ley mordaza!
¡Archivo inmediato de todas las causas abiertas contra el movimiento de solidaridad con Palestina!
¡Palestina libre, del río al mar!
¡Viva la resistencia del pueblo palestino!
¡Viva la solidaridad internacionalista!

Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista FIT/Unidad

El resultado fue sorpresivo. En una elección polarizada, donde las encuestas daban ganador a Lula aunque por poco, se dio lo contrario. Lamentablemente ganó el hijo de Jair Bolsonaro, representante de la ultraderecha y de Donald Trump en la región. Se dio un voto completamente equivocado de cientos de miles que expresaron el repudio a Lula Da Silva de esta manera y también con una importante abstención.

Lula vino gobernando para los de arriba, a tal punto que el 80% de la población se ha tenido que endeudar para comer, además de sufrir ataques a la salud, a la educación y sufrir las políticas al servicio de los grandes empresarios, bancos y el agronegocio. Es decir, ante las no soluciones para la clase trabajadora y demás sectores populares por parte de Lula, se dio un voto castigo. A lo sumo tomó medidas parciales, completamente insuficientes, con un doble discurso de que es un gobierno popular, mientras dejaba correr la inflación y el aumento de los precios, los bajos salarios y recortes sociales. Es decir, sin tocar las bases del sistema capitalista durante los 17 años de gobiernos del PT desde 2003 a esta parte, generó el caldo de cultivo para que la derecha aproveche y se reacomode nuevamente después de la derrota sufrida en 2022, y termine ganando ahora en primera vuelta.

Ante estos gobiernos que con un discurso de centroizquierda gobiernan para los grandes capitalistas, es que fomentamos la unidad de la verdadera izquierda revolucionaria, como hacemos en Argentina con el Frente de Izquierda Unidad, postulando una salida de fondo que solo un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora puede imponer, no el peronismo o el lulismo en Brasil. En la segunda vuelta del 25 de octubre llamamos a repudiar a Bolsonaro, alertando sobre lo peligroso que sería tener en Brasil un gobierno ultraderechista amigo de Trump, Netanyahu y Milei. Lo haremos con la táctica que adoptará próximamente nuestro partido hermano de ese país, la CST.

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español

2/10/2026. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y se ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario. No aceptamos el discurso de la meritocracia ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.

Según el CGPJ, hace 10 años, el 50% de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 fueron el 75%. Estos datos están ligados a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora respecto al mercado inmobiliario. La realidad es que en 2000 una persona con contrato indefinido y sueldo medio podía acceder a una hipoteca con 31 años y pagarla en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo. Y cae con mayor fuerza cuando se conoce que en el 2025, el 35% de viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas, por muchas horas que trabajen, y por mucho que ahorren, pueden pagar al contado un piso? Estos pisos pagados al contado son adquisiciones de grandes propietarios y fondos de inversión, que ahogan a la clase trabajadora con la complicidad del “gobierno más progresista de la historia”.

El Estado trabaja al servicio del capital, ejerciendo una violencia institucional estructural sobre la clase trabajadora, y el Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice de ello. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda, como en el desahucio de Maricarmen en Madrid. Avala un poder judicial que ejecuta desahucios incluso con protocolos antisuicidio activados, que acaban teniendo consecuencias fatales como el suicidio de Olga o el de Javier, vecinas de L’Hospitalet. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría a costa nuestra.

El Gobierno de Pedro Sánchez, ni con Sumar ni con Podemos, no ha puesto freno a la precarización de la clase trabajadora. La ayuda del bono de alquiler joven o la bonificación del IRPF a los rentistas son una transferencia descarada de dinero público a manos privadas. La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de pisos por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras. Asimismo, haber dejado fuera de la Ley de Vivienda de 2019 (LAU 2019) los alquileres de temporada o por habitaciones permite que esas mismas manos rentabilicen salvajemente hasta el último metro cuadrado.

Otro ejemplo claro es el traspaso de las 40.000 viviendas de la SAREB a Casa 47, la nueva empresa pública estatal que ha sustituido a SEPES. Un modelo que pretende ofrecer vivienda asequible pero que excluye a personas con rentas inferiores a dos veces el IPREM, distribuye los pisos mediante sorteo y externaliza su gestión a servicers y fondos de inversión. Además, durante este traspaso continúan los desahucios y el acoso inmobiliario, en lugar de regularizar la situación de las familias que ya viven allí, tal como exige el movimiento por la vivienda.

Ahora el Ejecutivo comunica con orgullo la aprobación del decreto Maricarmen, pero la realidad es que es únicamente fruto de la presión popular. Un decreto que ha dividido en dos, separando del resto de medidas los contratos de alquiler indefinidos, para garantizar que el PNV y Junts lo tumben, una maniobra que ya utilizó el PSOE de Felipe González en 1985 con el Decreto Boyer. El decreto recoge la mayoría de las demandas con diversas medidas. En materia asistencial, frena los desahucios a personas vulnerables hasta 2030, aunque esta medida ya estaba incluida en la moratoria tumbada a principios de este 2026. Además, pasa a regular bajo la LAU de 2019 el alquiler por habitaciones y el temporal, tapando un agujero legislativo que nunca debería haber existido. Para atacar la especulación, prohíbe hasta 2028 que los fondos de inversión compren pisos por un precio inferior al 70 % de su precio de mercado; esta medida va en la dirección correcta, pero se queda muy corta: nosotras pedimos la prohibición total de la venta de pisos a cualquier precio por parte de fondos de inversión. Asimismo, impide a los grandes tenedores subir el precio si la renta ya está por encima del tope de referencia, aunque los topes se hayan estabilizado en valores vergonzosos a precio de mercado. En esta línea, ofrece bonificaciones de hasta el 100 % del IRPF a los rentistas para que no suban o reduzcan un 5 % los precios de los alquileres. ¿No es esto una indemnización? ¿No es esto legitimar la extracción de beneficios a costa del derecho a la vivienda?

Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos frontalmente contra estas medidas neoliberales y temporales. Es una vergüenza tener que sufragar con recursos públicos a un grupo de parásitos del sistema y continuar permitiendo que la vivienda sea una mercancía más sujeta a las dinámicas capitalistas. El PSOE legisla para gestionar las migajas que quedan del parque de vivienda acumulado en manos privadas. Intenta imponer una falsa paz social, dando paliativos a la clase trabajadora y contentando al gran capital inmobiliario. Pero la realidad es que es una situación insostenible: la vivienda nunca será un derecho garantizado mientras exista el rentismo y se permita que sea un bien de mercado.

El Gobierno sabe esto, pero no aborda el problema, y no les convenceremos con buenas palabras ni acuerdos parlamentarios. Debemos obligarles a través de la movilización popular y con una de las herramientas más potentes de la clase trabajadora: la huelga general. La plataforma «Ens costa la vida» ya realizó una encuesta en todo el territorio catalán y encontró una mayoría de la clase trabajadora dispuesta a ir a la huelga por la vivienda. Y si la huelga general no es una realidad hoy en día, es por la connivencia de sindicatos como CCOO o UGT, que llevan años diciendo «todavía no». Para avanzar en la preparación de la huelga general es urgente organizarse en los barrios y en los centros de trabajo y de estudio; necesitamos la confluencia de movimientos sociales, sindicalismo de base y sindicatos de inquilinas, que exijan a la burocracia sindical de CCOO y UGT romper la paz social con los especuladores y fondos de inversión, y que se sumen al clamor popular contra los desahucios y por un parque de vivienda pública.

Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos junto al movimiento por la vivienda, exigiendo la paralización inmediata de los desahucios, el cierre de los pisos turísticos, la intervención de los precios del alquiler para que no superen el 20 % de los salarios, la expropiación sin indemnización económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100 % pública.

La lucha por el derecho universal a la vivienda forma parte de la lucha contra el sistema capitalista, y comienza uniendo a todos los sectores laborales y avanzando hacia la huelga general.