Escribe Humberto Balderrama, dirigente del PT y miembro de la UIT-CI

10/7/2026. La burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana (COB) traicionó la heroica lucha de la base trabajadora y campesina. Necesitamos una alternativa de dirección al servicio del pueblo trabajador. Por una Agenda Nacional de lucha contra el ajuste y la represión

La heroica movilización

Durante más de 50 días, el pueblo trabajador boliviano llevó adelante una movilización con un bloqueo de caminos contundente que llegó a paralizar gran parte del aparato productivo del país, además de multitudinarias marchas con decenas cuando no cientos de miles de participantes en la sede gobierno. Fue una verdadera rebelión obrera, campesina y popular que puso en cuestión el ajuste y al propio el gobierno de Rodrigo Paz.

Esta movilización enfrentó desde el inicio una fuerte campaña de desprestigio por parte del gobierno y la casi totalidad de los grandes medios de comunicación. Pero, sobre todo, afrontó y derrotó la violenta represión estatal de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, a lo que se sumó el llamado del propio presidente Rodrigo Paz a que la “sociedad boliviana” se movilice junto con las fuerzas armadas y la policía — llamado cuyo resultado fue el accionar conjunto de grupos paramilitares y delincuenciales, armados y escoltados por soldados y policías, contra la ciudadanía movilizada.».

Fueron asesinados más de una decena de compañeros; compañeras abusadas sexualmente; casas saqueadas; cientos de heridos, arrestados y procesados. Pero ni con todo esto lograron derrotar la movilización ni romper el bloqueo, por el contrario, este se fue fortaleciendo y arrinconó al gobierno.

Esta valerosa e imponente movilización ganó, con justicia, la solidaridad internacional e incluso es tomada como ejemplo, sobre todo a nivel regional, de cómo debe enfrentarse a los gobiernos de extrema derecha y sus políticas de ajuste neoliberal al servicio del imperialismo estadounidense.

La traición de la dirigencia de la COB y el repliegue de la movilización

El régimen de Rodrigo Paz se empeñó en comprar dirigentes para poder frenar la movilización, logrando algunos acuerdos y haciendo pomposas reuniones con estos. Sin embargo, en muchas de sus organizaciones, en especial las campesinas, estos dirigentes fueron desconocidos y la movilización siguió. Fue solo con la traición de la dirigencia de la COB, que llegó a un acuerdo con Paz sin siquiera consultar con las bases movilizadas, que la lucha se vio afectada.

Argollo, el principal dirigente de la COB afirmó que se aceptaba el acuerdo para evitar el estado de excepción y la pérdida de vidas. A horas de firmado el acuerdo con la dirigencia de la COB, Rodrigo Paz se burla del mismo y de la dirigencia, declarando el estado de excepción, frente a lo que Argollo y compañía no dicen nada.

De esta forma, traicionados por la principal dirigencia nacional y con la amenaza de una mayor represión, comenzó el repliegue del pueblo trabajador, campesino y popular movilizado, levantándose el bloqueo a los pocos días. El cuestionamiento general a las dirigencias traidoras, aumentó más la desconfianza de las bases en los dirigentes y se planteó como necesaria la reorganización para retomar la lucha más adelante, dando paso al repliegue y abandonando las medidas de lucha como los bloqueos.

El Estado de Excepción, la represión, el ajuste y la crisis

Una vez levantados los bloqueos, era de esperarse por lógica que el estado de excepción se levante, sin embargo, Rodrigo Paz mantiene esta medida sin aplicarla en los hechos. Es decir, no hay restricciones a la circulación, reuniones, eventos públicos, etc. Es más, al día siguiente de levantados los bloqueos, muchos choferes comenzaron a reclamar cortando el tránsito porque no se había reestablecido el abastecimiento de combustible que supuestamente era por culpa de los bloqueos (un problema que persiste ya dos semanas después de levantadas las medidas de presión) y el gobierno no se atrevió a reprimir. También, representantes del poder judicial amenazaron al gobierno con paro total del órgano judicial exigiendo mayor presupuesto para el cumplimiento de sus funciones, poniendo en evidencia la debilidad y crisis del régimen.

La razón por la que el gobierno mantiene esta medida es para amedrentar y tener vía libre para reprimir y arrestar a quien se oponga a su política de ajuste, que continúa implementando, aunque más lentamente. Así, anunció la devaluación continua de la moneda boliviana estableciendo un tipo de cambio flexible sometido al mercado (el primer día el boliviano perdió aprox. el 30% de su valor frente al dólar), y el aumento de precios en servicios básicos como el agua y la electricidad a nombre de “mantenimiento de valor”.

Por otra parte, desata la persecución política focalizada en algunas personas para escarmentar a la ciudadanía por haber protestado. Se destaca el arresto de Vicente Salazar, dirigente de la Federación Campesina Tupac Katari, principal organización de la movilización, a quien le dieron 6 meses de “prisión preventiva” mientras continúan las investigaciones. Así como también fueron detenidos alrededor de diez compañeros y compañeras (algunos solo por ser familiares de dirigentes), y hay órdenes de aprehensión contra otros dirigentes de esta y otras organizaciones.

En general, Paz impone una política represiva y autoritaria de intimidación contra los sectores populares bolivianos que se movilizaron, escarmentando ejemplarmente a algunas personas con el objetivo de amedrentar a todo el movimiento. Hace esto tratando de evitar nuevas movilizaciones pues es evidente que en cualquier momento pueden retomarse las medidas de protesta frente a la política de ajuste antipopular y la misma represión.

El actuar burocrático de las dirigencias

La traición de varias dirigencias, y sobre todo la de la COB, ponen en evidencia los métodos prebendales de funcionamiento establecidos en varias organizaciones desde muchos años atrás, pero en particular en los gobiernos del MAS, métodos a los que Paz recurrió para debilitar a la movilización. Así, en la mayoría de los acuerdos del gobierno con distintas dirigencias, los puntos son declaraciones formales e instalaciones de mesas de trabajo, sin conseguir nada concreto de las reivindicaciones planteadas, quedando un gran cuestionamiento sobre qué beneficios obtuvieron estos dirigentes para aceptar estos tratos. Y, es más, estos convenios son firmados sin consulta previa a las bases.

En el caso de la dirigencia de la COB, el actuar burocrático se puede evidenciar hasta en la convocatoria y desarrollo de la movilización nacional, donde salvo el sector minero, no pudo movilizar masivamente a ningún otro, y en general no se cumplió el llamado a la huelga general indefinida. Los sectores afiliados a la COB que participaron de lleno en la lucha, lo hicieron bajo sus propias reivindicaciones y firmaron acuerdos sectoriales con el gobierno (también sin consultar a las bases, que en muchos casos desconocieron estos acuerdos, exigiendo continuar en las calles), este fue el caso del magisterio, por ejemplo.

Y luego, cuando la dirigencia focalizó la lucha solo en el pedido de renuncia de Rodrigo Paz, dejando de lado todas las demás reivindicaciones, algunos dirigentes vendidos previamente al gobierno, aprovecharon esto para desmarcarse de la movilización expresando su desacuerdo con esta consigna y planteando que se debía mantener una lucha reivindicativa concreta.

En general las dirigencias actuaron de manera burocrática, siendo rebasadas en varios momentos por las asambleas, ampliados y cabildos donde la base pudo expresarse. Y por miedo a esto, la negociación y los acuerdos se hicieron a espaldas de la base.

Este actuar burocrático no fue un problema menor ni circunstancial: fue precisamente lo que impidió que la movilización contara con un pliego de reivindicaciones claro y unificado. Al negociar a espaldas de las bases y firmar acuerdos sectoriales fragmentados, las dirigencias bloquearon la posibilidad de construir una agenda común que sumara a todos los sectores en lucha. Superar esta debilidad es, por tanto, una tarea política urgente de cara a las próximas movilizaciones.

Coordinación y unidad de las organizaciones con una Agenda Nacional de lucha

Una debilidad muy marcada de la movilización fue la ausencia de un pliego de reivindicaciones claramente establecido, difundido como tal y que organice y de claridad a la lucha. Establecer un pliego de reivindicaciones, un programa, una agenda nacional, o el nombre que se considere adecuado, fue necesario para poder sumar a otros sectores que no se plegaron plenamente en la lucha, a partir de integrar sus necesidades y propias reivindicaciones, en una agenda nacional de lucha unificada. Esta carencia facilitó la propaganda gubernamental buscando aislar a los sectores movilizados.

Esta sigue siendo una tarea central para las futuras luchas que con seguridad se desatarán. Una Agenda Nacional de lucha, además de las justas reivindicaciones sectoriales, debe tener como horizonte el poner fin al saqueo de riquezas del país, expulsando a las transnacionales e impulsando una revolución agraria que expropie a la oligarquía terrateniente. También debe instaurarse el control de divisas para impedir la abismal fuga de capital; garantizar el abastecimiento de combustible de calidad; detener la destrucción del medio ambiente que se da a través de incendios, minería contaminante y proyectos extractivistas; generar un plan masivo de empleos y elevar los salarios; aumentar el presupuesto a salud y educación, entre otros puntos.

Es alrededor de una Agenda de este tipo que debe coordinarse y unificarse la lucha de los distintos sectores frente a las políticas de ajuste del régimen.

La situación actual, posterior a la traición de los actuales dirigentes, hace urgente la necesidad de una nueva dirección para la lucha.

La movilización de mayo y junio demostró que la base tiene voluntad y capacidad de lucha. Organizaciones como la Federación Tupac Katari, la Confederación Bartolina Sisa, los Ponchos Rojos y el Distrito 8 de El Alto resistieron las presiones del gobierno y desconocieron los acuerdos traidores de la COB, sosteniendo los bloqueos por unos días más. Son estas organizaciones el punto de partida concreto para construir una alternativa de dirección de lucha constituyendo una Coordinación y unidad de las organizaciones para llevar adelante la lucha por la agenda de reivindicaciones obreras, campesinas y populares.

Por una alternativa de dirección para la lucha y política

Una de las principales conclusiones de las jornadas de lucha de mayo y junio es que el pueblo trabajador necesita construir una nueva dirección para la lucha y también política.

Para preparar nuevas peleas y que triunfen es necesario reorganizarse al interior de los sindicatos y movimientos sociales, recuperar la democracia de base — donde nada importante se resuelva sin consulta previa en ampliados, asambleas y cabildos — y disputar la dirección de la COB y demás organizaciones a la actual burocracia prebendal.

La segunda es estratégica: construir una nueva alternativa política obrera y campesina. Ya se hizo evidente el fracaso del MAS, Necesitamos una nueva alternativa política independiente de las viejas dirigencias burguesas y reformistas y que se prepare para dar la pelea en todos los escenarios, incluidos los electorales, con el horizonte de un gobierno de las y los trabajadores.

El Partido de los Trabajadores asume estas tareas como propias y convoca a construir esta alternativa de dirección junto a las bases y las y los luchadores que protagonizaron las jornadas de mayo y junio.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Donald Trump declaró “rota la tregua”. El acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, firmado en 17 junio de 2026, ha terminado. El 8 de julio reanudó ataques y realizó intensos bombardeos contra las instalaciones petroleras, la infraestructura militar y poblaciones de la república islámica.

El acuerdo de 14 puntos, firmado por ambos países, establecía un “cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”. También contemplaba la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en un plazo de sesenta días, y dejaba abierta una siguiente fase de negociación. A partir de este acuerdo se abrió el estrecho de Ormuz, por donde sale el 22% del petróleo que se produce en el mundo. 

Pero Israel, supuestamente sin permiso de Estados Unidos, seguía bombardeando y asesinando gente en el sur de Líbano, que era parte del “cese del fuego”. Ya había ignorado el “cese del fuego” en Gaza, donde ha asesinado a más de 70 mil palestinos en los últimos tres años. 

Esas acciones llevaron a Irán a reanudar los bloqueos en el estrecho y ahora es la excusa norteamericana para romper la tregua y reanudar los ataques. Ante eso, Irán se defiende bombardeando bases militares norteamericanas en varios países árabes aliados y cómplices de los Estados Unidos en la región.

Desde la UIT-CI llamamos a movilizaciones unitarias en Medio Oriente y en el mundo exigiendo: ¡Basta de bombardeos de Trump a Irán!
 
 

La catástrofe humanitaria que vive Venezuela por causa del doble sismo exige la más amplia solidaridad desde todos los sectores. Miles de muertos y heridos, decenas de miles de desaparecidos bajo los escombros y pérdidas económicas incalculables, son apenas un primer saldo de esta tragedia.
Desde Izquierda Socialista, como parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos a la clase trabajadora, sectores populares y a la juventud a sumarse a una campaña de solidaridad haciendo un aporte para el sufrido pueblo trabajador venezolano.

Impulsamos esta campaña de forma independiente del gobierno venezolano y de cualquier otra institución oficial. Será enviado a las y los compañeros del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en aquel país, y de la corriente sindical Ccura, para que ellos, que están trabajando junto a las y los damnificados lo destinen a la compra de alimentos, medicamentos, agua potable, abrigos o los elementos que consideren necesarios para aliviar la situación.

Quienes deseen realizar donaciones pueden hacerlo al:

Alias: ayudaPSLvenezuela 
CBU: 0290068110000525850707
Banco Ciudad CABA

Escribe Prensa UIT-CI

13 de Julio de 2026. Hussam Abu Safiya es un médico pediatra que trabajaba en la protección de la salud del pueblo palestino. Era director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Fue detenido ilegalmente por las fuerzas de ocupación de Israel en diciembre de 2024 al momento en que intervinieron el hospital para desalojarlo bajo el argumento de que el lugar era un bastión militar de terroristas. Hussam resistió el desalojo y es acusado de ser colaborador de Hamas. Su encarcelamiento se ejecuta mediante la repudiable Ley de Combatientes Ilegales, con la que Israel detiene a personas -entre ellos otros 13 médicos gazatíes- bajo resolución administrativa sin siquiera la aplicación de un juicio justo.

Durante los primeros días de julio, Hussam fue visitado por su abogado, Nasser Odeh; quien manifestó que el médico encarcelado mostraba visibles signos de violencia extrema y torturas visibles y que teme por su vida. Abu Safiya se encontraba detenido en la cárcel de Ketziot y fue trasladado al centro de detención Rakevet, una sección subterránea del complejo penitenciario de Ayalon donde se intensificaron las agresiones y las torturas. “Tal vez esta sea la última vez que me vean con vida. Me trajeron aquí para matarme” manifestó Hussam a su abogado.

Ante el agravamiento de su crítica situación de salud y los crecientes riesgo de vida, las peticiones de liberación de Hussam Abu Safiya han sido recurrentes y existen sendas apelaciones al Tribunal Superior de Israel para que libere de manera inmediata a Hussam y a los 13 médicos detenidos. Diversas organizaciones, como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado han exigido de manera inmediata su liberación y a nivel mundial, diversas organizaciones han convocado a acciones y movilizaciones en apoyo a los médicos encarcelados.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) somos parte del movimiento global en apoyo a Palestina y exigimos la libertad de Hussam Abu Safiya, los 13 médicos encarcelados y los mas de 9500 presos políticos palestinos que aún se encuentran secuestrados en las mazmorras de Israel.

Repudiamos presencia imperialista y sionista en nuestro país

Escribe Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Caracas, 7 de Julio de 2026.- El Partido Socialismo y Libertad (PSL) reitera su solidaridad con todo el pueblo venezolano, golpeado por los terremotos del pasado miércoles 24 de junio de 2026, que hasta ahora han dejado un saldo de 3.535 fallecidos, 16.740 heridos, más de 5.000 familias damnificadas y un número indeterminado de desaparecidos que, según la ONU, podrían llegar a 50.000 personas.

Sabemos y lo hemos denunciado durante años que el sufrimiento no golpea a todos por igual: son las barriadas populares, las mujeres y los trabajadores, que ya soportaban el brutal ajuste capitalista aplicado por el gobierno, los que hoy enfrentan con mayor rigor las consecuencias del terremoto y las continuas réplicas.

Los movimientos telúricos del 24 de junio revelaron con toda su crudeza el rostro de un gobierno que, tras años de ajuste capitalista, liquidación del salario, desregulación laboral, desinversión sistemática y corrupción generalizada, había demolido la capacidad del país para responder a cualquier emergencia.

Antes del sismo ya existía la catástrofe: la destrucción de los sistemas de agua potable, el colapso del sistema eléctrico, la escasez de gas doméstico, la precariedad del transporte público y el limitado acceso a la gasolina, todo producto de un modelo que favorece al capital privado nacional y a las transnacionales, facilitando el enriquecimiento de una minoría por encima de la vida del pueblo venezolano.

Ahora que estamos ante esta catástrofe socio natural, denunciamos la respuesta improvisada en el establecimiento de llamados campamentos transitorios y la incertidumbre ante una política habitacional que garantice la construcción de viviendas para las familias damnificadas.

Hasta ahora el gobierno no ha presentado un plan claro de reconstrucción ni de reubicación de las familias afectadas; por el contrario, ha optado por el desarraigo, enviando a muchos damnificados al interior del país con pasajes gratuitos y bonos de miseria, como solución propagandística que evade el verdadero problema de fondo. No se resuelve una crisis habitacional “exportando” a los pobres fuera de la vista de las cámaras.

Repudiamos la presencia militar estadounidense e israelí

Repudiamos la masiva presencia de militares y agentes del gobierno ultraderechista de Donald Trump en nuestro país. En este momento hay más de 2.000 militares y funcionarios estadounidenses en Venezuela, entre ellos unos 900 marines, que controlan operaciones en sitios estratégicos como el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue de drones, helicópteros de combate, el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale (LPD 28), el buque de combate litoral USS Billings (LCS 15), además de aeronaves de transporte estratégico C-17 Globemaster y C-130 Hercules, aeronaves de ala rotatoria MV-22 Osprey y helicópteros UH-1Y Venom, todos del Cuerpo de Marines, y helicópteros CH-47 Chinook del ejército de EE. UU.

Consideramos que una presencia militar de tal magnitud en un país que acaba de sufrir un doble terremoto impone riesgos políticos y operativos. La situación amerita una respuesta civil coordinada ante la grave situación social y económica de miles de damnificados, numerosos heridos y personas fallecidas.

Esta supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos puede ser un intento de avanzar en un mayor control político y económico de nuestro país, tal como ocurrió con Haití después del terremoto de 2010.

Rechazamos igualmente la llegada a suelo venezolano de delegaciones de Israel, como el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Magen, Ready for Rescue, SmartAID y Zaka. No se trata de ayuda humanitaria desinteresada; más bien, es una operación propagandística diseñada para lavar la imagen de genocidas que imponen en Palestina un régimen racista de apartheid.

Una entidad que bombardea hospitales, escuelas y campos de refugiados en Gaza no tiene autoridad moral ni legitimidad para presentarse como salvadora en Venezuela. Aceptar a sus delegaciones militares bajo fachada humanitaria es permitir que el aparato de guerra sionista use el dolor de nuestro pueblo como vitrina de relaciones públicas.

Nada de esto es casual. La presencia militar desproporcionada de Israel y Estados Unidos es consecuencia del pacto entreguista del gobierno de Delcy Rodríguez con el imperialismo estadounidense, mediante el cual no solo se cede el petróleo y demás riquezas del país, sino también la soberanía territorial y el control de activos estratégicos altamente sensibles.

Repudiamos a los sectores patronales que convalidan la injerencia imperialista

Desde el Partido Socialismo y Libertad denunciamos a los sectores de la oposición patronal que han naturalizado la agresión y la presencia imperialista, y convalidan este entreguismo. María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Elsa Solórzano, Carlos Ortega, entre otros dirigentes, son responsables de haber pedido intervención extranjera durante años y hoy guardan un silencio funcional ante la entrega de la soberanía nacional, porque coincide con su propia agenda de sometimiento al capital transnacional.

De la misma forma, denunciamos a sectores que, desde el movimiento sindical, actúan como operadores políticos de estas agendas, como es el caso de la Coalición Sindical, quienes pretenden cabalgar sobre la tragedia para pedir que EE. UU. les organice unas elecciones y producir lo que denominan un cambio político, en un momento en el que el pueblo venezolano está abocado a rescatar a sus familiares y a atender la grave crisis humanitaria que estamos atravesando.

Emplazamos con la misma firmeza a las direcciones sindicales tradicionales y, en especial, al Acuerdo Nacional Unitario. Su silencio cómplice ante la instalación de delegaciones militares extranjeras y la negociación secreta con Washington los convierte en garantes pasivos de la entrega de la soberanía. La clase trabajadora requiere de una dirección sindical independiente de los patronos privados y del gobierno, de los partidos burgueses y del imperialismo, que ponga en el centro los intereses de la clase trabajadora y del pueblo pobre, y que rompa con los sectores patronales que quieren poner a las y los trabajadores a la cola de sus intereses.

Hay que poner todos los recursos al servicio de los afectados por la tragedia

En ese marco, exigimos:

• Retiro inmediato de las tropas y del personal diplomático y de inteligencia de EE. UU. y de Israel del territorio nacional.
• Detener la inyección de dólares del BCV a la banca privada y redirigir esos recursos íntegramente al fondo de emergencia y a un plan de vivienda digna para los damnificados.
• Condonación total de la deuda externa de 240.000 millones de dólares.
• Confiscación temporal de la maquinaria pesada de las constructoras privadas para garantizar la remoción urgente de escombros en las zonas afectadas.
• Levantamiento permanente de las sanciones, rechazando el carácter transitorio de la Licencia N.º 60 de la OFAC, vigente solo hasta octubre, que mantiene al país rehén de la voluntad imperial.
• Devolución inmediata de más de 11.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, represados en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El PSL llama a los sindicatos clasistas y a las organizaciones populares, de mujeres y disidencias, así como a la juventud en general, a organizar de manera independiente centros de acopio y distribución que escapen a la corrupción de la burocracia estatal y garanticen que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan. La solidaridad de clase se construye desde abajo; no se decreta desde los despachos.

Julio de 2026