Escribe Prensa UIT-CI

2/6/2026. La Flotilla Global Sumud vuelve a navegar el mediterráneo y a recorrer por tierra el norte de África para llegar a Gaza. Partirá el 29 de marzo con más de 100 barcos y movilizaciones en muchísimos países para poner en pie, una vez más, la mayor misión de la historia en solidaridad con Palestina.

La nueva iniciativa se da en el marco del falso acuerdo de paz de Trump y el anuncio de la Junta de Paz con la que el imperialismo busca profundizar la colonización en Gaza y toda la Palestina histórica, que lejos de traer la paz, ha permitido que Israel haya violado más de 1500 veces el alto el fuego y asesinado a más de 550 personas. En ese marco, las y los referentes de la Flotilla Global Sumud han denunciado: “el catastrófico fracaso de los gobiernos y las instituciones internacionales para detener el genocidio, el asedio y la hambruna masiva y la destrucción sistemática de la vida civil en Gaza por parte de Israel”

En esta oportunidad, la Flotilla será acompañada por un masivo convoy terrestre paralelo que buscará llegar a Gaza a través del paso de Rafah con “más de 1.000 médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en respuesta a la hambruna masiva, el trauma y el colapso del sistema médico de Gaza”. Mientras Trump planea la construcción de 180 rascacielos de lujo, la FGS busca llegar a Gaza junto a cientos de educadores, ingenieros y grupos de reconstrucción que serán parte de la misión con el objetivo de respaldar la supervivencia y recuperación de la comunidad.

Desde el 29 de marzo, las embarcaciones y el convoy, se dirigirán hacia Gaza y la Flotilla debe ser acompañada por grandes movilizaciones que acompañen la iniciativa ya que, como afirmó Mandla Mandela -dirigente de la FGS y nieto de Nelson Mandela- “Nos congregamos en la Flotilla Global Sumud porque entendemos que como colectivo a nivel mundial, podemos aislar a Israel del Apartheid, desmantelarlo y llevarlo a sus rodillas, tal como hicimos con el apartheid sudafricano”

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) volveremos a apoyar esta nueva iniciativa por mar y por tierra de la misma forma que lo hicimos el año pasado. Somos parte del movimiento mundial en solidaridad con Gaza y luchamos junto a cientos de organizaciones por la inmediata retirada de todas las tropas israelíes de Gaza y Palestina. Decimos basta de bombardeos y asesinatos y exigimos la liberación de todas y todos los presos políticos palestinos que aún permanecen encarcelados. ¡Palestina libre del Río al Mar!

Foto de portada: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Declaración del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país. Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido. Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”. 

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:
– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!
– ¡Basta de bonificación salarial!
– Discusión de contrataciones colectivas.
– Derecho a huelga y libertad sindical.
– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.
– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!
– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

 24 de enero de 2026

Foto de portada: Movilización en Minneapolis contra las políticas migratorias de Trump

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Donald Trump dijo explícitamente que su objetivo es expulsar a un millón de inmigrantes por año. 

Los crímenes del mandatario y de sus agentes del ICE, que incluyen torturas, asesinatos y violaciones sexuales, han generado una enorme indignación y una movilización sin precedentes, que obligó al propio presidente a dar un paso atrás, aunque parcial. Durante el segundo gobierno de Trump, 37 personas murieron bajo custodia. El jefe de la Casa Blanca no solo garantiza impunidad a los agentes de ese cuerpo y a la Guardia Nacional, sino que los ensalza como “patriotas” por sus acciones criminales y les aprobó presupuestos récord para la institución.

Recordemos que ICE es la sigla en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), un cuerpo que, mediante un accionar auténticamente fascista, persigue violentamente a las personas migrantes, las aterroriza, las detiene y las encierra para su inmediata deportación. Se multiplican situaciones terribles que se viralizan por redes sociales, como el caso de un niño de cinco años encarcelado junto con su padre.

Los ataques del ICE no se limitan exclusivamente a la población inmigrante, sino que se extienden también a todos los que se solidarizan con ella. El 24 de enero, en Minneapolis, la policía federal asesinó a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense de 37 años. La escena fue difundida en millones de teléfonos celulares con detalles horribles. Tres semanas antes habían asesinado a otra ciudadana estadounidense, Renee Macklin Good, también habitante de Minneapolis.

Crece la resistencia

Las huelgas del pasado viernes en diversas ciudades, con Minneapolis como centro, fueron una respuesta contra las acciones de agentes federales, del ICE y de la represión inmigratoria del gobierno. El resultado fue el cierre de negocios y decenas de miles saliendo a las calles en 200 ciudades del país. “No trabajar, no ir a la escuela y no hacer compras” fue la consigna. Los gritos y las pancartas con leyendas como “Abolir ICE” y “No ICE, no USA fascista” sobresalían entre la muchedumbre.

En Minneapolis y Saint Paul, las llamadas Ciudades Gemelas, se viene desarrollando una fuerte solidaridad con la población migrante amenazada por la violencia represiva del gobierno. Para garantizar la huelga del viernes se pusieron en marcha diversas iniciativas, como movilizaciones dentro de los centros comerciales llamando al cierre de locales y una enorme intervención en el aeropuerto local para garantizar la paralización de los vuelos programados. Durante esta última acción fueron detenidas unas cien personas. Por la tarde, y desafiando el frío extremo, la ola polar que cubre gran parte de Estados Unidos, diversas columnas de manifestantes llegaron al centro de la ciudad con carteles exigiendo justicia por Renee Good y por todas y todos los asesinados. También reclamaron la disolución del ICE, el fin de las redadas y un claro rechazo a la política del gobierno de sostener el genocidio en Gaza, sus agresiones a Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia.

Estas movilizaciones fueron potenciadas por el Movimiento 50501, que desde la asunción de Trump en su segundo mandato agrupó a diversas organizaciones para enfrentar el autoritarismo, la represión y el ajuste impulsados desde Washington. Para el próximo 17 de febrero se prepara una nueva movilización hacia el Congreso en un “Día Nacional de Acción Directa”. A su vez, los sindicatos de la Salud comienzan a discutir posibles paros contra la represión, mientras sostienen una histórica huelga en los grandes hospitales privados de Nueva York.

Retroceso parcial del gobierno

Ante la indignación popular creciente, el presidente se vio obligado a relevar recientemente de su cargo a Gregory Bovino, quien encabezaba las operaciones del ICE en Minneapolis y era responsable de lo más aberrante del operativo represivo. Fue reemplazado por Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien anunció un plan de desescalada para reducir la presencia federal y hacer las operaciones “más eficientes y seguras”. No es que las persecuciones vayan a terminar, pero evidentemente el gobierno tuvo que frenar la escalada represiva ante el ascenso en su contra.

Las movilizaciones de estas semanas son las mayores desde el estallido de los levantamientos populares en varias ciudades de California el año pasado contra las deportaciones masivas. Lo extraordinario es que gran parte de los participantes no eran migrantes, sino ciudadanos estadounidenses “en regla”.

Todo esto se suma a las derrotas electorales que viene sufriendo el trumpismo en elecciones parciales. La más resonante fue, sin duda, el triunfo de Zohan Mamdani, activista que se define socialista democrático y pro-palestino, en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Las encuestas indican que la mayoría rechaza las políticas del gobierno, tanto contra la inmigración como por sus amenazas internacionales, incluida una eventual agresión contra Groenlandia. El pronóstico, a hoy, apunta a una dura derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de noviembre, lo que podría significar que Trump pierda el control de ambas cámaras del Congreso.

La oposición también crece entre personalidades del mundo artístico y del deporte. Ya vimos expresiones de Lady Gaga. Bruce Springsteen lanzó la canción “Streets of Minneapolis” en protesta por la violencia de los agentes federales de inmigración en la ciudad. El propio mandatario anticipó que no irá al Super Bowl del próximo 8 de febrero, temiendo el recibimiento del público y las expresiones en su contra que podrían realizar los músicos invitados. De hecho, la actuación principal estará a cargo de Bad Bunny, músico puertorriqueño autor de Nueva Yol, canción donde reivindica la identidad boricua y se opone a la política de deportaciones.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) nos solidarizamos con las movilizaciones en curso y reclamamos justicia para las personas y activistas asesinados. Exigimos la liberación de las y los migrantes encarcelados y el fin de las deportaciones masivas. Nos sumamos a exigir la disolución del ICE y el inmediato retiro de las fuerzas federales de los barrios populares. La más amplia unidad contra Trump, sus bandas fascistas y sus políticas de agresión imperialista. 

El jueves 29 de enero más de 18 mil personas abarrotaron el Palau Sant Jordi, en Barcelona, para lo que se denominó el “Concierto por Palestina”. El evento tuvo tal importancia que fue transmitido en directo por el canal La 2 de Televisión Española y en diferido por otra emisora.

El concierto arrancó con un discurso inicial de Josep Guardiola, exdirector técnico del Barcelona en sus años de mayores éxitos y actual entrenador del Manchester City: “Pienso en lo que pensamos cuando veo a un niño en esas imágenes suplicando dónde está su madre, que ha quedado bajo los escombros; pienso en los niños… los hemos dejado solos y abandonados… Las bombas quieren provocar silencios, que miremos a otro lado, que no demos un paso adelante. Es por eso que nos tenemos que implicar. Todo esto va solo de humanidad, que es lo que está faltando hoy en Palestina”.
El evento, que forma parte de la campaña internacional ACT X Palestina, contó con la presencia solidaria de más de 30 músicos y personalidades destacadas de la cultura y el deporte.

Pep Guardiola, hablando en el acto en Barcelona por Palestina

Una presencia sorpresa, que no figuraba en el programa, fue la de la cantante Rosalía Vila Tobella. “Bona nit, Barcelona”, dijo al salir al escenario, desatando una gigantesca ovación en el Palau Sant Jordi. Antes de interpretar “La Perla”, uno de los grandes éxitos de su nuevo disco Lux, quiso dedicar unas palabras en apoyo a la causa solidaria del festival: “Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, por invitarnos…”.

Hubo mucho más, como una performance protagonizada por La Fura dels Baus. También Cristina Mas Andreu, dirigenta de Lucha Internacionalista, habló y presentó el libro del cual es co-directora: “Un grito por la infancia en Gaza. Voces, imágenes y testimonios del genocidio”. Todo lo recaudado en el evento fue destinado directamente a organizaciones palestinas de la resistencia.

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español, se hizo presente en el encuentro, instalando una mesa de materiales y difundiendo una declaración de repudio a la reciente conformación de la denominada por Trump “Junta de Paz para Gaza”. Allí retoma el proyecto de limpieza étnica de la Franja, la instalación de tropas internacionales y la imposición de un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre los cadáveres de centenares de miles de gazatíes.
El Concierto por Palestina culminó con la realización de un gran mosaico en el recinto, con la colaboración de todos los asistentes.

Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país.

Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido (Ver nuestra declaración del 11 de enero). Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciábamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloque impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:

– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!

– ¡Basta de bonificación salarial!

– Discusión de contrataciones colectivas.

– Derecho a huelga y libertad sindical.

– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.

– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!

– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

24 de enero de 2026