Dec 06, 2024 Last Updated 7:31 PM, Dec 5, 2024

Izquierda Socialista

Este mes de julio nos encuentra en una situación excepcional, luchando contra las dos pandemias, la del coronavirus y la crisis social. Pero lo que continúa y se profundiza es la necesidad de una herramienta política de los trabajadores para lograr cambios de fondo. A esa construcción nos abocamos los militantes y todos los que acompañan el crecimiento de Izquierda Socialista. Hoy te estamos proponiendo que seas parte de nuestra Campaña Financiera para juntar fondos con los que seguir esta tarea.

Los partidos patronales, como el peronismo o Cambiemos, reciben millonarios aportes económicos de empresarios, banqueros y multinacionales, se alternan en el poder gobernando para ellos. El ejemplo más reciente es el de Vicentin, que fue el máximo aportante en la campaña que llevó a Macri a la presidencia. Pero Izquierda Socialista hace lo opuesto, nos enfrentamos a esos intereses en defensa de los de trabajadores, mujeres y jóvenes, manteniendo nuestra independencia económica.

Por eso es importante tu aporte. Izquierda Socialista se financia con las contribuciones de sus militantes, amigos y simpatizantes. Para  que podamos llegar a más trabajadores con las propuestas de nuestro partido y el Frente de Izquierda Unidad, para difundir nuestro periódico, abrir más locales, apoyar las luchas y desarrollar el sindicalismo combativo. Para estar presentes en escuelas, universidades y para seguir con la ola verde en las calles con Isadora, nuestra agrupación de mujeres.

Tu ayuda es también para fortalecer al Frente de Izquierda, donde nuestro partido es un engranaje fundamental, en la pelea a fondo contra el capitalismo y sus gobiernos que nos hambrean y nos dejan sin trabajo en medio de la pandemia de Covid-19.

Y tu aporte también colaborará a la pelea por el socialismo mundial, mientras apoyamos todas las luchas del planeta y construimos la UIT-CI, junto a partidos hermanos de todo el mundo.

Aportando  a nuestra campaña financiera también apoyás al desarrollo de un nuevo modelo sindical, combativo y antiburocrático, que se plante ante las patronales.

Es importante tu colaboración en esta campaña financiera para que la izquierda siga creciendo y dando todas estas batallas. Para seguir construyendo una alternativa socialista y de los trabajadores. Esperamos y agradecemos tu apoyo.

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En junio de 2020 se estrenó el documental “Hugo Blanco, Rio Profundo”, donde se relata la lucha de los campesinos del Cusco enmarcada en la vida de Hugo Blanco Galdos, un líder socialista que fue dirigente del trotskismo peruano. En la década del 60 fue parte de la organización y la resistencia de los campesinos contra el abuso de los terratenientes, el servilismo de la policía y el desprecio de la aristocracia contra los indígenas y campesinos.

Durante la década del 60, Hugo Blanco, o Hugucha, se transformó rápidamente en dirigente de los nuevos y pujantes sindicatos campesinos que eran motor de una tremenda rebelión campesina en lucha por la reforma agraria y otros derechos vulnerados. El levantamiento campesino y popular no tendría marcha atrás cuando un terrateniente de la hacienda Qayara, al no encontrar a un dirigente campesino usó el arma del policía que lo acompañaba para disparar contra un niño de 12 años que se negaba a dar la ubicación del dirigente. Este inaceptable hecho, que se suma a la sistemática represión de los Gamonales y la policía en toda La convención y Lares, la asamblea de varios sindicatos campesinos acordó encargar a Hugo Blanco a ir a la comisaría junto a otros campesinos para presentar la denuncia, acción que terminaría en un enfrentamiento con la policía y la consecuente rebelión campesina que -de hecho- inicio el proceso de reforma agraria, una reivindicación por derecho a la tierra y por dejar atrás la opresión latifundista.

La significancia de este hecho histórico, calumniado por la derecha reaccionaria y ocultado por la izquierda estalinista, ha sido poco estudiado en nuestro país. El documental, aunque con varias limitaciones políticas, nos invita hacer una reflexión nacional que, los sectores de la derecha más cavernaria, los altos mandos militares, representantes del peor autoritarismo que azoto al país y rancios representantes del Opus Dei, le niegan al pueblo peruano, atacando a dicho documental, acusando falsamente a Hugo Blanco de terrorista y asesino.
Rechazamos tajantemente esas acusaciones que han sido descartadas por la historia y las luchas del pueblo peruano. Rechazamos este nuevo ataque de la misma manera que en 1963 rechazamos la sentencia de un Tribunal Militar que condenó con la pena de muerte a Hugo Blanco. Intento que fue derrotado luego de una enorme campaña de solidaridad internacional que obligó al Estado burgués a cambiar la pena por 25 años de prisión, luego, en la década del 70, se logra su definitiva amnistía, pero al negarse apoyar a la dictadura militar fue expulsado del país.
Con el declive de la dictadura militar, Hugo Blanco vuelve al país como la figura de izquierda socialista más importante del país, siendo el más votado en la Asamblea Constituyente de 1979 y ocupando un escaño como diputado en el Congreso de la Republica (1980-1985) y representante de los trabajadores, campesinos e indígenas junto a nuestro compañero Enrique Fernández Chacón.

Las experiencias de lucha, la creación de los sindicatos campesinos, la enorme rebelión campesina y la trayectoria de Hugo Blanco ha dejado una gran enseñanza para las presentes y futuras generación, y son inspiración para las organizaciones sindicales, sociales y políticas en la pelea por un mundo mejor sin opresión ni explotación. Defendemos ese legado histórico por considerarlo parte de la imborrable identidad de la lucha del pueblo peruano por sus derechos y lo asumimos como propio.

Desde UNIOS, en el Frente Amplio, y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos a las organizaciones democráticas, sociales y políticas de Perú y el mundo a rechazar toda censura contra el documental recientemente estrenado, a garantizar la libre expresión democrática de sus autoras y autores como así también a condenar como falsas, maliciosas y absurdas las acusaciones vertidas contra el líder del movimiento campesino y a desplegar la mayor solidaridad y respaldo a Hugo Blanco y la lucha campesina.
Jorge Corzo y Taylor Rojas, por UNIOS en el Frente Amplio de Perú.

Miguel Sorans y Silvia Santos, dirigentes de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
Miguel Lamas y Simón Rodríguez Porras, del consejo de redacción de revista Correspondencia Internacional.

Argentina: Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Izquierda Socialista (IS) en el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT) de Provincia de Buenos Aires; Mónica Schotthauer, delegada ferroviaria ramal Sarmiento y diputada nacional electa de IS/FIT; Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de IS/FIT; Laura Marrone, ex legisladora de Buenos Aires IS-FIT,

Bolivia: Humberto Balderrama, miembro de ARTP y de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores

Brasil: Joao Batista Araujo “Baba”, concejal de Rio de Janeiro por CST-PSOL, Michel Tunes, dirigente de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) en el PSOL.

Chile: Ranier Rios y Jonathan Ríos, dirigentes de MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores)

Estado español: Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente de Lucha Internacionalista (LI) y M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública, dirigente de LI

Panamá: Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social de Panamá; Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista

México: Enrique Gómez y Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS)

Turquía:; Oktay Çelik, presidente del Partido de la Democracia Obrera (IDP); Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia; Gorkem Duru, dirigente de IDP.

Venezuela: Orlando Chirino y Miguel Ángel Hernández, dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSL). José Bodas, Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros (FUTPV)

República Dominicana: Henry Morel, periodista y militante del MST

Ver más en www.uit-ci.org

Editorial

Los contagios no dan tregua y ya estamos aproximándonos al pico de la pandemia. Es común que cualquier habitante del AMBA (Capital y conurbano) a esta altura se entere de que un familiar, vecino, compañero de trabajo o pariente haya contraído el Covid-19. Esto se da en momentos en que el gobierno nacional, Kicillof, Larreta y los gobernadores, más allá de sus “diferencias” mediáticas, han flexibilizado peligrosa e irresponsablemente la cuarentena. La apertura de la industria en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, va de la mano con las caminatas de los runners habilitadas en Capital. Que haya más actividad –como lo vienen exigiendo las grandes patronales– aumenta la circulación de millones en los medios de transporte facilitando el contagio. Y se está dando la vergüenza nacional de que, a tres meses de declarado el aislamiento obligatorio, los trabajadores y profesionales de la salud tengan que seguir protestando porque no tienen insumos y protección, o tener que lamentar muertes como la de la enfermera del Gandulfo, que se infectó y falleció porque no le dieron la licencia.

La pandemia del coronavirus se une a otra, la de la crisis social y económica que se descarga sobre el pueblo trabajador. Si decenas de miles están obligados a “romper la cuarentena” para lograr el sustento diario es culpa del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández, con el acompañamiento de los gobernadores e intendentes de todos los colores. ¿O acaso los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas son suficientes?  Si dividimos la cifra por los meses en que se cobrará se trata en realidad de 5.000 pesos mensuales. ¿Alguien cree que con eso se puede quedar en su casa evitando el contagio?

Los pequeños comercios, talleres y kioscos piden préstamos y no se los dan, mientras que el Estado le paga el 50% de los salarios a multinacionales y grandes empresas, o les da créditos a patronales explotadoras.

Que se les haya rebanado el 25% de los salarios a los trabajadores a través de un pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno y les sigan robando a los jubilados es un ajuste repudiable en plena pandemia y crisis social. Con la frase de Alberto Fernández “el Estado va a ayudar a todos”, se sigue subsidiando a las grandes empresas mientras dejan correr la campaña contra los que luchan y la izquierda, acusándolos de “minorías irresponsables”, como dijo el ministro Ginés González García, o con los planteos de dirigentes sindicales afines al gobierno que llaman a ser “responsables” cuando no mueven un dedo ante la crítica situación que sufren millones de trabajadores.

Para combatir las dos pandemias se necesitan medidas de fondo. Alberto Fernández no hace ningún anuncio, ni aunque sea insuficiente, desde hace semanas. ¿Y el impuesto a la riqueza? Pasan los meses y el proyecto todavía no fue presentado. Lo usan como campaña recurriendo al doble discurso “contra la derecha”, pero se trata de una cortina de humo. ¿Por qué en plena pandemia no cobrarle un impuesto especial a Techint, las petroleras, las automotrices, los grandes laboratorios, bancos, privatizadas y terratenientes? Al gobierno se le está cayendo la careta con el doble discurso. Viene hablando de los empresarios “vivos” pero no los toca mientras la crisis capitalista la descarga sobre el pueblo trabajador.

¿Y la deuda eterna? ¿Cómo puede ser que la negociación con los bonistas sea la prioridad de este gobierno autodenominado “popular”? ¿Cómo puede ser que les siga mejorando la oferta a los bonistas usureros internacionales amigos de Donald Trump como paso previo a encarar otro pacto con el FMI, reconociendo el endeudamiento que nos dejó Macri con una estafa mil veces mayor que la de Vicentin con el Banco Nación? Encima, el gobierno dice que si hay un arreglo por la deuda se podrá aplicar en los próximos años un plan económico “sustentable y sostenible”, cuando ya ahora hay un ajuste y será mayor en el futuro si la Argentina sigue sometida al Fondo Monetario y pagando una deuda fraudulenta.

El sindicalismo combativo y la izquierda levantan una clara propuesta para combatir las dos pandemias. En primer lugar, llamando a que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Es lo que se hizo valer en la jornada nacional de protesta de este martes convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Se dijo ¡no a la rebaja salarial y jubilatoria! ¡basta de despidos y suspensiones! Que se estatice toda fábrica que cierre o despida. Que se expropie Penta. Que se aumenten los salarios, repudiando la postergación de las paritarias acordadas con la CGT y las CTA. Exigimos un aumento de emergencia que cubra la canasta familiar, un salario social en cuarentena de 30.000 pesos para todo aquel desocupado o quien lo necesite. Plata para los hospitales y la salud pública, no para las clínicas privadas, como hizo Kicillof, destinando 400 millones de pesos desfinanciando el IOMA, entre otras medidas.

En segundo lugar, decimos que hace falta imponer un fondo de emergencia con un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales (Bulgheroni, Techint, Arcor, Perez Companc, Coto, Eurnekian, Grobocopatel), a las multinacionales, a la gran banca (HBSC, Santander, BBVA-Francés, Galicia, Macro, Citi Bank, entre otros) y suspender de inmediato todo pago de deuda. De esa forma se obtendrían 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia.

Esta pelea la damos en las luchas, en las calles, en los plenarios de trabajadores, en los debates televisivos y en el Congreso. Al día de hoy los únicos proyectos que hay en el Parlamento para imponer de verdad un impuesto a la riqueza y para que se deje de pagar la deuda externa y se rompan los lazos con el FMI (iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) son los del Frente de Izquierda Unidad. Y ahora se sumó el que exige la estatización de Vicentin bajo control de sus trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas en curso y a seguir postulando y peleando por esta salida de fondo. 

 

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Escribe José Castillo

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y , por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¡estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpora en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y ,como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.

 

 

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Escribe Claudio Funes

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Romina del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), en nombre del Frente de Izquierda Unidad, para que se proceda a la expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece la defensa de la continuidad laboral y el pago integral de los salarios a todos los trabajadores, así como la defensa del convenio colectivo de trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una comisión investigadora –elegida por los trabajadores– para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación de todos los ilícitos y maniobras fraudulentas cometidos por la empresa.

A continuación, resaltamos los artículos más importantes del proyecto:

Artículo 1º.– Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group.

Art. 2°.– Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding [...]  

Art. 3°.– Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de Vicentin S.A.I.C., Vicentin Family Group y firmas dependientes de ambos grupos societarios.

Art. 4°.– La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Art. 6°.– Se constituirá una comisión investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden.

Art. 7°.– Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden.

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