Este 24 de abril se cumplió un mes del conflicto por diversos reclamos laborales que las y los ferroviarios del Sarmiento junto al Cuerpo de Delegados vienen sosteniendo contra la gerencia de la estatal Trenes Argentinos. El Socialista entrevistó a Rubén “Pollo” Sobrero, dirigente de este sector de la lista Bordó y referente nacional del sindicalismo combativo, para conocer detalles de lo que está aconteciendo.

El Socialista: ¿Por qué se inicia el conflicto?

Sobrero: Mirá, los ferroviarios venimos sufriendo una serie de ataques como consecuencia de la política de ajuste aplicada por el gobierno del Frente de Todos, su ministro Massa y su subalterno Marinucci, gerente de Trenes Argentinos. Y para eso cuentan con la complicidad de la burocracia de la lista Verde encabezada por Sergio Sasia que dirige la Unión Ferroviaria.

ES: ¿Cuáles son los principales problemas que están teniendo?

Sobrero: Entre los principales reclamos, exigimos un cambio en la política del servicio de Medicina Laboral que por ahora solo sirve para amedrentar al conjunto de las y los trabajadores. Los médicos de la empresa se vienen negando a reconocer las patologías de los ferroviarios y tratamientos, lo que además de afectar nuestra salud deriva en descuentos por los días que no justifican, y en sanciones, a pesar de que los compañeros presentan toda la documentación correspondiente.

Otra cuestión que estamos exigiendo es que se otorguen las categorías que se adeudan y el fin del fraude laboral para los auxiliares de Evasión. A estos compañeros les están pagando categorías inferiores a la que les corresponde de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo. No vamos a aceptar este robo sobre salarios completamente deteriorados por la inflación.

ES. ¿Qué medidas están adoptando?

Sobrero: Venimos profundizando las medidas porque la empresa lejos de buscar solucionar el conflicto adoptó acciones provocativas. Primero: enviando móviles policiales y carros de asalto a los talleres de Castelar, aunque fue obligada a recular y retirarlos por la firmeza de los ferroviarios y el repudio generalizado expresado en la solidaridad de Pérez Esquivel, Pablo Moyano, la directiva nacional del Sutna, directiva de Ademys, directiva de municipales de Vicente López, del diputado nacional electo Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista/FIT Unidad, entre otros dirigentes sindicales, políticos y de derechos humanos. Pero después de eso, la empresa continuó con suspensiones masivas, amenazas y agresiones físicas contra delegados de limpieza.

ES: ¿Cuál ha sido la respuesta del Cuerpo de Delegados a estos ataques?

Sobrero: Antes que nada, exigimos que se levanten de manera inmediata las sanciones a las y los ferroviarios por el sólo hecho de reclamar, que es un derecho básico que tenemos los trabajadores. Hasta el momento, la empresa ha hecho oídos sordos a nuestros reclamos. Por eso vamos a continuar adoptando medidas como viaje gratis para los pasajeros y la continuidad del quite de colaboración en todas las especialidades, que esta semana empezó a tener repercusión mediática. La semana pasada realizamos una numerosa reunión de activistas para organizar actividades y vamos a continuar discutiendo con los compañeros y compañeras, como ya es costumbre en el Sarmiento, la adopción de nuevas medidas de fuerza en caso de que no sean atendidos nuestros justos reclamos.

Escribe Mariano Barba

La división de los distintos partidos patronales estuvo a la orden del día en las elecciones neuquinas, generando un primer resultado que hizo mucho ruido a nivel nacional: perdió el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Todos los partidos patronales de la provincia se dividieron en dos o tres partes. La división más importante se dio para apoyar a Rolando Figueroa, el díscolo dirigente del MPN que se fue del partido y convocó a integrar una lista contra Marcos Koopman, candidato a gobernador por el oficialismo. Figueroa triunfó con una coalición integrada por una parte del emepenismo, junto a los principales referentes locales del PRO (Macri y Larreta llamaron a votarlo); del peronismo, que aportó al presidente del PJ de la capital y dirigente del Movimiento Evita; del Frente Grande y también de la Iglesia Evangélica, con una candidata de los pañuelos celestes. El radicalismo aportó su figura pública como candidato a intendente de la capital.

La coalición opositora patronal logró derrotar por primera vez en sesenta y dos años al aparato gobernante que fundó la familia Sapag en 1961 cuando el peronismo estaba proscripto. Esta derrota constituye un hecho histórico para la política de la provincia, porque el MPN gobernó seis décadas ganando todas las elecciones sin aliarse con ninguna otra fuerza. Incluso, bajo la dictadura, gobernó de trastienda en acuerdo con el general Domingo Trimarco. Podemos afirmar que cayó el clan Sapag, que entregó el gas, el petróleo y la minería al saqueo de las multinacionales.  

En síntesis, los partidos burgueses se dividieron en medio de la crisis política que los cruza en todo el país. Por eso Figueroa ganó con una coalición que abarca desde los movimientos sociales al macrismo. Su programa de gobierno no cambiará en lo sustancial respecto al actual en lo referido al ajuste en marcha y al saqueo en Vaca Muerta. El peronismo kirchnerista bajó al 12 %, la mitad que en 2019, y otro tanto le pasó al resto de Cambiemos. El candidato de Milei alcanzó tan solo el 8 % de los votos.

Estos resultados electorales expresan la crisis que cruza a los partidos patronales, generando todo tipo de alianzas para tratar de salvarse.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!