Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de Javier Milei avanza en una ofensiva contra la libertad de expresión. El juez Patricio Maraniello (con denuncias de abuso sexual y negociados en su contra) dictó un fallo exprés solicitado por Patricia Bullrich, que establece censura previa sobre los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como sobre el canal de streaming Carnaval. Fueron ellos quienes dieron a conocer los audios de Diego Spagnuolo que destaparon las redes de corrupción de Karina Milei y el clan Menem. El fallo prohíbe difundir audios que impliquen a la hermana del presidente e incluye el pedido de allanamiento de los periodistas y del canal, algo nunca visto en democracia.

La censura previa está explícitamente prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cada vez queda más en evidencia que el gobierno no puede tapar el sol con la mano: estamos frente a la punta del iceberg de los negociados de la “cajera” Karina y de los Menem. El ataque y la persecución contra la labor periodística, avalados por una justicia cómplice, buscan intimidar y silenciar al periodismo.

El martes 2 de septiembre, ante la negativa de María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y diputada de La Libertad Avanza, de convocarla, la vicepresidencia primera (a cargo del FIT Unidad, representado por el diputado Christian Castillo del PTS) decidió autoconvocarla. A la reunión asistieron los dos periodistas damnificados. Desde Izquierda Socialista repudiamos la censura previa y expresamos nuestra solidaridad con ambos.

Durante la comisión, Rial declaró: “Estamos aquí no sólo en nuestro nombre, también en el de Pablo Grillo, ferozmente reprimido”. En relación a las amenazas que sufre como parte de esta persecución, agregó: “Algún trasnochado, el viernes, creyó que me podía meter en cana. Apareció un Falcon estacionado en la esquina de mi casa. No nos van a callar”.

Por su parte, Federico denunció el ataque contra quienes “sólo informan sobre corrupción”. Y afirmó: “No tengo nada que ocultar… hago mi laburo y lo hago bien, por eso molestamos”. También aclaró sobre las fuentes: “No son rusos, no son venezolanos, ni espías… Son laburantes, muchos que echaron, otros que están ahí adentro y directivos”.

Defendemos la tarea periodística como un derecho democrático y una herramienta fundamental para que el pueblo trabajador acceda a información de interés público. La importancia de estos audios se refleja en la bronca popular que crece en todo el país contra Milei, quien en un año y medio gobernó con la motosierra, la represión y la corrupción. La difusión de estos audios no es delito: el verdadero crimen es robarle dinero a las personas con discapacidad o a los jubilados para coimas y negocios privados.

Reivindicamos la labor periodística bajo el gobierno de Milei, que junto a Bullrich atacó a trabajadores de prensa durante los brutales operativos represivos. El caso más grave fue el de Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado de forma directa por el gendarme Héctor Guerrero, aún impune. Este mismo gobierno llamó “mandriles” y “ensobrados” a periodistas opositores, desatando una campaña de odio como la que sufrió Julia Mengolini, y ahora, con cinismo, afirma: “No odiamos tanto a Jorge Rial”. Hoy busca ir todavía más lejos, aplicando censura previa.

Llamamos a los sindicatos de prensa y a todas las organizaciones democráticas, políticas y sindicales a unirse en defensa de la libertad de expresión.