Escribe Adolfo Santos

El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei implica un brutal retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores. En las últimas semanas se abrió un fuerte debate en torno al artículo 44, aprobado por mayoría en el Senado, que reducía el salario entre un 50 y un 75% durante las licencias por enfermedad. La indignación fue inmediata y varios legisladores llegaron a admitir públicamente que habían votado el texto sin siquiera haberlo leído.

Frente a la reacción social y ante el riesgo de que el proyecto quedara trabado en Diputados, el gobierno decidió retirar ese artículo durante el tratamiento en esa cámara. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás con el espíritu general de la reforma, mantuvo intacto el núcleo de las modificaciones regresivas. La ministra Patricia Bullrich llegó a admitir que la eliminación del artículo 44 permitió destrabar otros puntos centrales del proyecto, dejando en evidencia que el objetivo no es crear empleo ni modernizar el trabajo, sino avanzar en una quita sistemática de derechos para beneficiar a las grandes patronales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el abaratamiento de los despidos.

El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte equivalente al 3% del salario, que se deposita en una cuenta individual administrada por entidades financieras. Ese porcentaje se saca de las contribuciones patronales que hoy van al Anses, lo que implica un desfinanciamiento directo del sistema previsional. De este modo, el costo del despido se vuelve previsible y sensiblemente menor para el empleador. Además, en el cálculo indemnizatorio dejan de computarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros haberes, reproduciendo un esquema que remite a la experiencia de las AFJP.

La reforma también profundiza la precarización laboral.

Se establece un sistema de banco de horas que desregula la jornada de trabajo, habilitando extensiones de hasta 12 horas sin pago de extras, bajo la promesa de compensación futura. Las vacaciones, a su vez, podrán ser fraccionadas a criterio del empleador, dificultando el descanso real y la organización de la vida cotidiana.

Otro punto clave es el ataque a la negociación colectiva.

Se promueve la negociación por empresa en detrimento de los convenios por rama y se habilita la caída de cláusulas si no hay acuerdo en paritarias. Al mismo tiempo, se reduce del 6 al 5% el aporte patronal a las obras sociales, agravando la crisis de un sistema ya golpeado.
La reforma también ataca las organizaciones sindicales.

Limita las asambleas en los lugares de trabajo y restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar guardias mínimas que vacían de contenido ese derecho constitucional.

La conducción de la CGT vuelve a quedar expuesta. Tras meses de negociaciones y participación en el Concejo de Mayo, solo bajo presión desde abajo convocó al paro del 19 de febrero. No alcanza. Hace falta continuidad y un plan de lucha nacional para enfrentar la reforma esclavista, luchar por salarios, contra los despidos y en defensa de las y los trabajadores de FATE.