Escribe Daniel Vázquez, Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

El gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich acaba de dar un paso decisivo en su ofensiva represiva. Con la publicación del Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, se impone un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) que implica un salto autoritario sin precedentes desde la vuelta de la “democracia”.

A partir de ahora, la PFA ya no será una fuerza de seguridad pública ni judicial. Su nueva misión será reprimir según los lineamientos del gobierno ultraderechista. Se habilita a la policía a realizar tareas de inteligencia criminal, acceder a bases de datos públicas y privadas, crear sus propios sistemas de información, detener sin orden judicial, requisar pertenencias en manifestaciones y actuar incluso sin delito flagrante. Es decir, se legaliza la represión preventiva.

Una de las medidas más escandalosas del decreto es la habilitación a revisar redes sociales sin control judicial, detener personas por sus publicaciones o su actividad digital, y proceder a arrestos basados en la mera apariencia o vestimenta. En contextos de protesta, la policía podrá requisar bolsos y vehículos, detener por sospechas infundadas y esgrimir sus armas sin que medie una amenaza real, habilitando una práctica abiertamente intimidatoria.

Esta resolución profundiza el carácter represivo del régimen que está impulsando La Libertad Avanza: se arrasan garantías básicas, se violan derechos elementales y se consolida una fuerza autónoma, armada, sin controles y con poder para perseguir selectivamente a los sectores que enfrenten el ajuste.

No estamos ante una medida aislada, sino frente a una política integral de blindaje represivo para sostener un modelo de saqueo y exclusión. La represión cotidiana, el aumento del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social ya no son excesos, son políticas del gobierno.

Frente a esta avanzada, urge la más amplia unidad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas para enfrentar este decreto autoritario y defender las libertades democráticas del pueblo trabajador.