Escribe Mariano Barba

Bajo el gobierno de Macri, se firmó una nueva “adenda Petrolera” entre el sindicato, dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del MPN,  YPF y las multinacionales. Esta impuso una verdadera flexibilización laboral, a tal punto que se perdieron varias conquistas obreras a cambio de garantizar (según ellos) miles de puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un costo humano gigantesco, ya que diez obreros perdieron la vida en los últimos años por los ritmos y condiciones de trabajo, hasta que llegó la pandemia donde mandaron a la casa a 17.000 obreros con menos de la tercera parte de sus sueldos.

En la actualidad, con la producción normalizándose y con un alto crecimiento en el último año se empezó a discutir una nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas entre el gobierno nacional, las empresas y las provincias. Por esta razón, los burócratas de los distintos sindicatos petroleros del país quieren ser parte de esa discusión y exigen al mismo tiempo la apertura de las paritarias el 5 de abril, usando como bandera los altos precios de los hidrocarburos. Para fortalecerse en el control de sus sindicatos y sentarse en la silla de las negociaciones, realizaron una multitudinaria reunión en Añelo, la ciudad corazón de Vaca Muerta. Hasta allí viajaron los secretarios generales de los Sindicatos Petroleros Privados, Jerárquicos y Químicos de todas las provincias y constituyeron, sin ningún mandato de sus bases, la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA) un bloque gremial que jugará como sindicato nacional unificado, dejando de lado la vieja Federación de Petroleros.  Nada nuevo esperamos de esta nueva unión, ya que la conforman los mismos burócratas que hasta ahora han pactado con todos los gobiernos y empresas y permitido la superexplotación del trabajador petrolero facilitando utilidades extraordinarias para las empresas multinacionales. Necesitamos también en el gremio del gas y el petróleo una nueva conducción combativa y democrática que ponga en caja a las empresas y al gobierno que abusa de la extracción de esta riqueza natural para imponer convenios de super explotacion obrera.