Mercedes Trimarchi, legisladora electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En nuestro país, la Iglesia católica conserva privilegios económicos, jurídicos y políticos que le permiten intervenir en las decisiones del Estado, pese a que es una institución que históricamente se opuso a los derechos de mujeres y disidencias.

También las iglesias evangélicas fueron ganando terreno en el último tiempo. Muestra de ello fue la reciente inauguración del templo Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén, a la que viajó Javier Milei. No es casualidad que la hija del pastor, Nadia Márquez, sea la senadora predilecta de Karina Milei para reemplazar a Patricia Bullrich si saca los pies del plato de La Libertad Avanza.

Cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera, cambiar de creencias o no tener ninguna. Pero ese derecho no puede convertirse en un privilegio para que las instituciones religiosas intervengan en las decisiones del Estado.

La Constitución Nacional establece en su artículo 2 que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Aunque la Iglesia renunció progresivamente a las asignaciones mensuales que recibían obispos y arzobispos gracias a la movilización feminista de 2018, todavía subsisten aportes estatales a sacerdotes de zonas de frontera y desfavorecidas, además de distintos beneficios impositivos y patrimoniales.

La Catedral de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo, por ejemplo, no paga la luz desde 1978. Un beneficio que no tiene ninguna familia trabajadora. La sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en el lujoso barrio de Puerto Madero, no paga ABL, el impuesto inmobiliario que administra Jorge Macri en la ciudad.

Una institución contra los derechos

La injerencia de la Iglesia también se expresa en su intervención política e ideológica. Su jerarquía se opuso históricamente a conquistas fundamentales de las mujeres y las disidencias. En 1947 rechazó el voto femenino; en 1987 se movilizó contra la Ley de Divorcio; en 2010 militó contra el matrimonio igualitario y en 2012 contra la Ley de Identidad de Género. También cuestionó la Educación Sexual Integral, la anticoncepción quirúrgica y la reproducción asistida.

La discusión no es si las autoridades religiosas pueden expresar sus opiniones. El problema aparece cuando pretenden convertir sus convicciones particulares en normas obligatorias para toda la sociedad.

La educación es otro terreno de disputa. La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, incorporó a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente entre los responsables de las acciones educativas (artículo 6). A esto se suma el financiamiento estatal de establecimientos privados confesionales. La educación pública debe garantizar una formación científica, laica y respetuosa de la diversidad, sin subordinación a ninguna doctrina religiosa.

La complicidad con la dictadura

La historia argentina también muestra el papel que tuvo la jerarquía católica frente a los golpes de Estado. Durante la última dictadura militar existió una estrecha relación entre sectores de la cúpula eclesiástica y el terrorismo de Estado. No se trató solamente de declaraciones de apoyo. Hubo integrantes de la institución que participaron directamente del aparato represivo.

Un caso emblemático fue el del sacerdote Christian Von Wernich, capellán de la Policía bonaerense, condenado en 2007 a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios de personas detenidas durante la dictadura. Su condena permitió demostrar judicialmente la participación de un miembro del clero en los crímenes de lesa humanidad.

Basta de privilegios al clero

La separación de las iglesias del Estado no significa perseguir a quienes profesan una religión ni impedir que las comunidades religiosas desarrollen sus actividades. Significa terminar con los privilegios económicos, jurídicos y políticos de las instituciones religiosas.

En momentos en que desde el gobierno se cuestionan derechos ganados con la movilización, es fundamental organizarnos para defenderlos. La salud, la educación y los derechos sexuales y reproductivos no pueden quedar sujetos a creencias particulares.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad sostenemos, al igual que el movimiento feminista, que es necesaria la separación definitiva de las iglesias del Estado y terminar con todos sus privilegios.