Escribe Martín Fú
 
Este 24 de marzo se cumple otro nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976. La Junta Militar, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, daba fin al gobierno de Isabel Perón. Detrás del llamado Proceso de Reorganización Nacional se encontraba el imperialismo yanqui y un conglomerado de empresarios nacionales y multinacionales con la bendición de la Iglesia Católica.
 
Hace 46 años se produjo el último golpe de estado en nuestro país. Una junta militar, encabezada por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, de la Armada, Emilio Massera, y de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (también conocida como Isabel) y dió comienzo a una de las etapas más negras de la Argentina. Con el fin de implantar un programa económico de entrega, al servicio de las multinacionales, el capital financiero internacional y el imperialismo, se llevó a cabo un auténtico genocidio contra el pueblo, con el saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de niños nacidos en cautiverio y apropiados por los militares, miles de presos políticos y decenas de miles de personas que debieron emigrar. El terror, la prohibición absoluta de toda actividad sindical, estudiantil, o política, la represión a cualquier tipo de expresión cultural alternativa y un largo etcétera fueron la contracara de una dictadura militar que, al mismo tiempo, endeudó al país, dando origen a una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable que aún hoy es la principal causa de nuestra decadencia.
 
Un objetivo: terminar con el ascenso obrero y popular abierto con el Cordobazo

Con la caída de Isabel, se profundizó la persecución contra los trabajadores que ya había iniciado el propio Perón en 1973 con la Triple A. Es que el proceso de luchas iniciado en mayo de 1969 con el Cordobazo, con los obreros y estudiantes a la cabeza, y continuado con los respectivos Choconazo, Rosariazo, Mendozazo y otros fenómenos de puebladas y grandes movilizaciones, no pudo ser detenido ni aún recurriendo a la figura y el prestigio del propio Perón, a quien se le levantó la proscripción y se hizo regresar al país para que “pusiera orden” en la clase trabajadora.
En los tres años de gobierno peronista siguieron las luchas. Más aún, muchas de ellas se radicalizaron, llegando en 1975 durante el llamado Rodrigazo a declararse por primera vez una huelga general contra un gobierno peronista. Las coordinadoras fabriles, ese mismo año, llegaron a disputarle fracciones del movimiento obrero a la otrora poderosísima burocracia sindical peronista. Todos estos fenómenos de lucha eran una preocupación para los gobiernos y las patronales. Los diferentes gobiernos peronistas entre 1973 y 1976 (Cámpora, Lastiri, el propio Perón e Isabel) no pudieron cumplir su objetivo de frenar el alza obrera y popular abierta a fines de los años sesenta.

La dictadura llegó así para frenar, derrotar a sangre y fuego ese ascenso y liquidar físicamente a la nueva vanguardia obrera y popular.

Decimos que fue un gobierno cívico militar, ya que tuvo el acuerdo del gran empresariado y los militares fueron los ejecutores de descargar sobre el pueblo trabajador el ajuste mediante una feroz represión, con el fin de implementar la agenda económica  del imperialismo y las patronales.
 
Deuda y dictadura

El plan económico de la dictadura fue implementado por el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz. Se trató de un auténtico programa de guerra contra los trabajadores, que vieron sus salarios reducidos automáticamente en un 40%, y poco después, con el cierre de centenares de miles de industrias, empezaron a sufrir el flagelo del desempleo.

Se trató de un plan económico al servicio de las multinacionales y el FMI, que dejó como herencia una impagable deuda externa que aún hoy seguimos arrastrando y ocupa la agenda central del actual gobierno, cuarenta y seis años después. Para tener una idea de qué hablamos, en 1976 la deuda externa argentina era relativamente baja, 7.800 millones de dólares. En 1983, luego de siete años de dictadura, había ascendido a 45.100 millones, en ese momento ya totalmente impagable, representando la deuda un poco menos de la mitad del PBI de ese año, unos 104.000 millones. La dictadura tomó préstamos para obras (como las del Mundial ‘78), para la compra de armas, para importar bienes o para que los bancos privados y las empresas hicieran sus negocios, lo que se conoció como “bicicleta financiera”. Para eso endeudó a empresas por entonces estatales como YPF. Como si todo esto fuera poco, ya en 1982, el entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras) a cambio de que éstas “aceptaran” pagar esas deudas en pesos con el Estado nacional. Fue un negocio redondo para el gran capital y la ruina para millones de trabajadores. Los Martinez de Hoz, Perez Companc, Techint, Grupo Macri, Rocca, Blaquier, Ford, Mercedes Benz, etcétera, fueron algunos de los grandes holdings empresarios y de la oligarquía vernácula que más se beneficiaron con los militares, y muchos de ellos incluso fueron cómplices activos con el genocidio, habilitando centros clandestinos de detención en el interior de sus propias empresas.

Este enorme saqueo dejó como herencia la impagable, ilegítima e ilegal deuda externa que todos los gobiernos constitucionales que le precedieron han reconocido y pagado, a través de planes de ajuste.

Han pasado 46 años, pero la dictadura genocida no pertenece a nuestro pasado. Es parte de nuestro doloroso presente, por las consecuencias económicas y sociales que, con la deuda externa a la cabeza, siguen sumiendo en la pobreza y la marginación a porciones cada vez más grandes de nuestro pueblo. Pero también por la continuidad de la impunidad, con centenares de genocidas en libertad, y con juicios que, increíblemente, aún no han terminado. Con centenares de niños apropiados (hoy ya adultos) que aún no han recuperado su identidad. También con la impunidad que hoy existe ante las nuevas violaciones a los derechos humanos que suceden año a año.  

Es por ello que desde Izquierda Socialista seguimos diciendo ¡Juicio y castigo para todos los culpables!¡Basta de impunidad, tanto la de ayer como la de hoy! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Y este año, más que nunca: ¡No al pago de la deuda externa!
Este marzo es otro 24 de marzo en el que te invitamos a marchar, en lo que ya es una cita de honor, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.