Escribe Francisco Moreira 

El golpe militar estuvo al servicio del plan de las grandes empresas y el FMI. La resistencia obrera y popular terminó derribando a la dictadura en 1982. Pero desde 1983 los sucesivos gobiernos continuaron aplicando los planes de ajuste y saqueo del FMI. La lucha continúa bajo el gobierno de 
Javier Milei.  

En marzo de 1976 los militares dieron el golpe e instalaron el terrorismo de Estado, un régimen de represión generalizada. Fueron suprimidas todas las libertades democráticas, intervenidas las organizaciones obreras y suspendida la actividad de los partidos políticos. La dictadura masificó los métodos represivos que ya se venían aplicando bajo el gobierno de Isabel Perón, impulsados por el siniestro ministro José López Rega, las patotas de la burocracia sindical y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).¹ Miles fueron a las cárceles, torturados, asesinados y desaparecidos. Así buscaron aniquilar a la vanguardia de luchadoras y luchadores. Por eso gran parte de los 30 mil detenidos-desaparecidos son dirigentes, delegados y activistas sindicales y estudiantiles.

El movimiento obrero y popular fue derrotado, al tiempo que las patronales y el imperialismo lanzaron un ataque implacable para imponer sus planes de hambre y entrega bajo la batuta del general Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Su objetivo era aplicar un plan económico de liquidación de las conquistas sociales y de saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint de la familia Rocca, Loma Negra de Amalita Fortabat, Molinos de los Pérez Companc, los Pescarmona o los Macri; también al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.

Mientras esto sucedía, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Adolfo Tortolo, convocaba a colaborar con el gobierno de Videla. Hoy, mientras Javier Milei niega el genocidio, los políticos patronales se llenan la boca hablando de “democracia” y repudian a la dictadura, pero en ese entonces acudían presurosos a colaborar. Los radicales aportaron embajadores e intendentes a la dictadura. El justicialista Tomás de Anchorena fue embajador en Francia. Muchos de ellos concurrieron a la confitería El Molino el 1º de diciembre de 1978 a la cena anual del Círculo de exlegisladores. El encargado del brindis fue el mismo Videla y entre los presentes estaban los radicales Ricardo Balbín y Antonio Tróccoli, treinta ex diputados justicialistas y hasta ex diputados comunistas, como Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez.²

La resistencia, Malvinas y el fin de la dictadura

En medio de semejante horror empezó la resistencia obrera y popular que finalmente llevaría a la caída de la dictadura. Los militares, que venían para quedarse por décadas en el poder, duraron siete años. En su crisis y caída la clase trabajadora tuvo un protagonismo central.

A pesar de la derrota del golpe, las y los trabajadores empezaron una lenta recuperación. Ya en mayo de 1976, en Renault de Córdoba reclamaban aumento salarial con “trabajo a tristeza”. En los años siguientes hubo luchas de Luz y Fuerza, portuarios, trabajadores de subterráneos y ferroviarios. En 1979 hubo huelgas en Alpargatas, IME, Renault, Ferrum, Galileo, Capea, Santa Rosa (después Acindar) y Siam. Entre tanto, en abril de 1977 se realizó la primera ronda de las que luego serían las Madres de Plaza de Mayo.

En 1980 se produjo una grave crisis económica. Se terminaba la época de la “plata dulce” y sectores de la clase media, que habían paseado por el mundo porque había un dólar barato, comenzaron a entrar en crisis. La dictadura se quedaba así sin apoyo social, con la clase media uniéndose de hecho a la resistencia obrera. Aparecieron acciones populares moleculares cada vez más importantes: movimientos contra la censura de intelectuales y artistas o contra los impuestazos, y fue tomando forma la consigna “abajo la dictadura”. En julio de 1981 se produjo una huelga general parcial de la CGT.

La dictadura empezó a tener cada vez más dificultades y a entrar en crisis. En 1982, en un intento desesperado por sostenerse, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ahora al frente de la dictadura, lanzó la toma de Malvinas. El objetivo era tratar de desviar hacia los ingleses el odio popular creciente contra la dictadura. En ningún momento creyeron que iba a haber una guerra. Insólitamente creían que el imperialismo yanqui los iba a apoyar en una negociación con los ingleses para quedarse con las Malvinas. Cometieron varios errores a la vez. Los yanquis se unieron a los ingleses y la guerra de Malvinas provocó una movilización de masas antiimperialista, nacional y latinoamericana, que fue contra el gobierno militar, que rápidamente capituló. El papa Juan Pablo II vino al país para reforzar la actitud derrotista de la burguesía argentina. El 15 de junio una concentración popular en Plaza de Mayo gritaba: “Los pibes murieron, los jefes los vendieron”. Se produjo un vacío de poder. La dictadura caía. Galtieri tuvo que renunciar y los militares no tuvieron otra salida que irse a las corridas a negociar con los políticos patronales para convocar a elecciones.

De Alfonsín a Milei

La caída de la dictadura fue un inmenso triunfo revolucionario del movimiento de masas. Pero los políticos del sistema se unieron entonces en la Multipartidaria para desviar la movilización popular hacia las elecciones, buscando hacer creer a las masas que la alternativa a sus reclamos de justicia social y libertades pasaba por votarlos a ellos. Los socialistas revolucionarios dijimos entonces que era una mentira y que, aunque participamos en las elecciones, había que seguir la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y por una Argentina socialista, para lograr el no pago de la deuda y los cambios de fondo.

Millones votaron entusiastas al radical Raúl Alfonsín en 1983. Creyeron que “con la democracia se educa, se come y se cura”. Pero las expectativas fueron defraudadas. Alfonsín continuó pagando la deuda y aplicando los planes dictados por el FMI. Luego, con el peronista Carlos Saúl Menem, a pesar de las promesas de “salariazo y revolución productiva”, vinieron las privatizaciones y creció la desocupación. Los gobiernos radicales y peronistas impusieron las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y los indultos para salvar a los genocidas de la cárcel.

El Argentinazo, en diciembre de 2001, con sus consignas “que se vayan todos” y “sin peronistas, sin radicales vamos a vivir mejor”, fue el punto más alto de repudio a los gobiernos, partidos y políticos patronales tras la caída de la dictadura. Fue una rebelión popular que tiró al gobierno radical de Fernando de la Rúa, impuso la suspensión del pago de la deuda y obligó a retomar los juicios contra los genocidas. Los Kirchner, a pesar de su doble discurso, volvieron a pagar la deuda externa. Cristina Fernández se autotituló “pagadora serial”, pero la deuda continuó creciendo, al igual que la inflación y la pobreza. Mauricio Macri nos volvió a endeudar con el FMI e intentó salvar a los genocidas con el 2x1. Alberto Fernández mintió cuando dijo “entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados”.

A pesar de las promesas, los gobiernos patronales sucesivos tras la caída de la dictadura continuaron con los planes de ajuste, profundizando el hambre, la entrega y el saqueo. Hoy el gobierno ultraderechista y negacionista de Javier Milei, con su plan motosierra, es la expresión más cruel de ese modelo.

Una nueva dirección para una Argentina socialista

A cincuenta años del golpe, miles y miles se movilizarán en todo el país contra el negacionismo de Milei, para reafirmar el repudio a los militares genocidas, para homenajear a los caídos en la lucha por recobrar las libertades democráticas y para seguir exigiendo el castigo a los represores de ayer y de hoy. Las y los trabajadores y el pueblo no están derrotados y siguen dando pelea contra los planes de ajuste y de reformas al servicio de las patronales y el FMI, por salario y trabajo. El gobierno de Milei evidencia que el sistema capitalista en nuestro país se basa en el saqueo y la subordinación al imperialismo y en la explotación al servicio de las ganancias de los grupos empresarios. No representa una salida para el pueblo trabajador.

Los socialistas seguimos creyendo que para resolver las tareas aún pendientes hay que unir todas las luchas y encaminarlas hacia los cambios de fondo que necesitamos. Luchamos por un gobierno de las y los trabajadores que realmente termine con la impunidad y con el modelo de saqueo y entrega al imperialismo, avanzando en construir una Argentina socialista. Para ello es imprescindible apostar por nuevos dirigentes políticos y sindicales. Ante la bronca que crece contra el gobierno nacional y sus aliados, el peronismo no es la salida. Necesitamos construir un partido socialista revolucionario que contribuya a lograr la unidad de la izquierda, las y los trabajadores y los sectores populares, para que gane cada lucha obrera, democrática y popular.


1. Ver El Socialista Nº 621, 25/02/2026
2. Revista Gente, Año XIII, Nº 698, 07/12/1978.