Escribe José Castillo

El gobierno insiste en que el acuerdo con el FMI no contiene ningún tipo de reforma jubilatoria. Cuando, hace un par de semanas, se filtró un borrador donde se señalaba que sí lo incluía, la excusa fue que sólo se trataría de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.

La simple lectura del texto presentado al Congreso dice otra cosa. Habla en concreto de “estudiar los parámetros de sustentabilidad del sistema, en particular de los regímenes especiales”. Se cita al de los jueces, pero apenas como un ejemplo. Seamos claros: los regímenes especiales que pondrán “bajo estudio” serán los de distintas categorías de trabajadores (por ejemplo, docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, etcétera). ¡Ahí está la masa de dinero que se quieren ahorrar, para aplicarla al pago de la deuda!

Además, el memorándum dice explícitamente que se arbitrarán mecanismos para “incentivar la extensión voluntaria de la vida laboral de las personas”. Lo traducimos: se viene el aumento de la edad para jubilarse, un viejo y siempre presente anhelo del FMI. Los mecanismos “voluntarios” ya los conocemos: el que se jubile a la edad actual lo hará con valores más miserables aún que los actuales.

Ya apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández, en lo que hoy parece un lejano diciembre de 2019, la primera señal al FMI y los acreedores internacionales fue cambiar la fórmula previsional, con lo que se ahorraron millones de dólares a costa de nuestras jubiladas y jubilados. Ahora, con el nuevo acuerdo, vienen por más. Se trata de una de las “reformas estructurales” que, según el gobierno de Alberto Fernández, “no existen”, a pesar de que están escritas en el acuerdo con el FMI.