El crecimiento de la pandemia y el riesgo real de un colapso del sistema sanitario es la mayor preocupación que hoy recorre al pueblo trabajador. Hay contagios por todos lados. Ya prácticamente no hay nadie que no conozca a un compañero de trabajo, de estudio, familiar o vecino que haya dado positivo.
Pasamos los 10.000 muertos y estamos en la parte de arriba de la tabla de posiciones mundial de casos por habitantes. El gobierno peronista de Alberto Fernández y los de las provincias estén en manos del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio siguen echándole la culpa a la gente, a “la falta de responsabilidad”, como si no tuvieran nada que ver con la autorización a las patronales para la apertura de actividades. O con la falta de infraestructura y personal sanitario que se empieza a sentir en todo el país.
Cumplidos seis meses desde el inicio formal de la cuarentena, la pandemia social estalla por todas partes. Detrás de las masivas tomas de terrenos, y de las particularidades políticas que tiene cada una, se vislumbran las historias de miles de familias que perdieron sus viviendas en estos meses, por no poder pagar el alquiler (en muchos casos ni siquiera de piezas en hoteles o en los mismos barrios populares). Es que a los millones que vivían de changas, hay que sumarle los casi 400.000 que perdieron sus trabajos en blanco (y muchos más en negro). Los 10.000 pesos por familia del IFE (que en la práctica, al cobrarse bimestralmente, se transforman en 5.000 por mes), no alcanzan para nada. Y encima ahora existe la duda si habrá un nuevo cobro. También los pequeños comerciantes sufren esta crisis.
Mientras tanto, la respuesta del gobierno, en la voz del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alienta la mano dura. Lo hace mientras dirige la misma policía de la provincia responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. O ahora de la inacción ante el femicidio de Ludmila Pretti.
Esa “maldita policía”, con todo un historial de casos de gatillo fácil y represiones al pueblo trabajador, es la que se protesta reclamando aumento de salario y más equipamiento. No se trata de ninguna “desestabilización de la derecha”, como agitan algunos periodistas del gobierno. Pero sí es cierto que sus voceros ni siquiera aceptan que no se debe reprimir más a los trabajadores o terminar con los casos de gatillo fácil. Y que, increíblemente, recibe por parte del gobierno de Kicillof y Berni, la respuesta inmediata de que sus reclamos son “justos” y el compromiso de recibir un incremento salarial. ¡El mismo gobierno que tiene congelados los salarios de todo el pueblo trabajador!
Esto causó un profundo malestar en Cicop, ATE y AJB (judiciales), los principales gremios que agrupan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es que para ellos los salarios siguen congelados, mientras los precios de los productos de primera necesidad y las tarifas (como se vio en estos días con las boletas del gas) siguen subiendo. Similar congelamiento salarial vive la inmensa mayoría de los trabajadores de todo el país. Sólo el 19% de los asalariados en blanco recibieron algún tipo de aumento, y en todos los casos en cuotas y por debajo de la inflación. Para la inmensa mayoría no hubo ningún aumento. Peor aún: muchos tuvieron el descuento del 25% acordado entre la burocracia de la CGT y la UIA. Otros tantos vienen cobrando el aguinaldo en cuotas, o directamente recibiendo su salario “de a pedazos”. Por eso resulta fundamental la exigencia de un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias.
Es más urgente que nunca poner los recursos necesarios para atender las dos pandemias: la sanitaria y la social. Y la plata está, hay que buscarla en las grandes fortunas de los Galperin (Mercado Libre), Rocca (Techint), Sigman (Grupo Insud), Bulgheroni (Panamerican Energy), Pérez Companc (Molinos) y en las superganancias de las empresas (de los bancos, de los monopolios agroexportadores, de las petroleras y gasíferas). Ya mismo debe imponerse un impuesto a las grandes riquezas. Pero un impuesto de verdad: porque después de la injustificable demora de meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó un proyecto que no incluye a las empresas, y que incluso solo alcanza a los millonarios “con domicilio fiscal en el país”, por lo que algunos de los más importantes, como Galperin, Sigman o Bulgheroni no estarían contemplados. Por eso cobra cada vez más importancia el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad: el que sí propone que paguen todos los grandes multimillonarios y las grandes empresas, para poder recaudar 15.000 millones de dólares y, urgentemente, volcarlos a la emergencia. Para poner plata para atender las necesidades de la salud. Y también para darle 30.000 pesos de IFE a todo el que lo necesite.
A todo esto hay que sumarle la necesidad de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. No sólo por el dinero que este año se pagó a los pulpos acreedores (y que volverá a pagarse el año próximo), sino porque las exigencias de la negociación con el Fondo, hacen que el gobierno ya haya reconocido que, al ajuste actual, se le sumará uno mayor el año que viene. Lo dijo el propio ministro Guzmán: van a bajar el déficit fiscal al 4,5% del PBI el año que viene. ¡Eso es reducir los gastos del estado en un monto más grande de toda la plata que se puso este año para la pandemia!
Tenemos que seguir peleando contra las consecuencias del ajuste. Apoyando todas las luchas por aumento de salario o para enfrentar los despidos. No dejándolas solas, como hacen la burocracia de la CGT y las CTAs. Coordinando las luchas y fortaleciéndolas para que ganen. Como venimos planteando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que se apresta a realizar el próximo 17 una jornada nacional. Y al mismo tiempo, postulando el programa de emergencia alternativo que explicamos más arriba, para que la crisis la paguen los ricos, los grandes empresarios, los banqueros y los buitres de la deuda, no el pueblo trabajador. Esto es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.
