El gobierno justifica los aumentos diciendo que las tarifas estaban “demasiado bajas” y que eso era lo que ocasionaba la mala calidad de los servicios (con los consiguientes cortes de luz, zonas a las que no llega la red de gas, los pésimos servicios de transporte, etcétera). Se trata de una vulgar mentira. Las empresas privatizadas nunca dejaron de ganar millonadas: lo hicieron con las tarifas dolarizadas en la época de Menem, y luego con las “congeladas” (que no fueron tales, porque hubo varios aumentos) del kirchnerismo. Durante esta etapa, lo que dejaban de ganar con las tarifas les era recompensado, y con creces, con enormes subsidios.

El gobierno de Macri, urgido por destinar para pagos de deuda externa todo ese dinero que antes iba a subsidios, los está reemplazando con esta ola de tarifazos. La calidad de los servicios, como cualquier usuario lo puede comprobar, siguen siendo pésimos.

La salida no está ni en los tarifazos ni en los subsidios. Lo que se impone es rescindir todos los contratos con esas empresas que vienen obteniendo superganancias desde la década del 90, reestatizando todos esos servicios públicos y poniéndolos a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Así se podrá garantizar que todos accedan a esos servicios básicos con la calidad adecuada y tarifas sociales de acuerdo a las distintas necesidades.