Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

El grito de las y los jubilados comienza a ser escuchado. Desde la semana pasada, sectores de las hinchadas de fútbol se sumaron a nuestra protesta. Los de Chacarita hicieron punta, pero de inmediato una avalancha de comunicados de los diferentes clubes y personalidades de este deporte, como Héctor “el Negro” Enrique, Ángel Cappa y la propia Dalma Maradona, se hicieron eco del llamado e infinidad de videos se viralizaron convocando a la solidaridad con las y los jubilados. Sin dudas este hecho marca un nuevo momento de nuestra incansable lucha por aumento de nuestros haberes y contra la pérdida de derechos que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado.
Estaba claro que la solidaridad no tardaría en llegar ante las escenas deshumanas de nuestras manifestaciones de los miércoles frente al Congreso, con compañeras y compañeros indefensos siendo apaleados sin piedad por las fuerzas represivas al mando de la ministra Patricia Bullrich. Pero en la marcha del miércoles pasado, a pesar de la represión, nos sentimos más fuertes cuando escuchamos: “Si tocan a los viejos, qué quilombo se va a armar”, y se comenzó a formar un cordón protector contra la agresión de las fuerzas de seguridad.
La lucha es de las y los jubilados, pero recibiremos de brazos abiertos a todos y todas los que quieran acompañarnos y apoyarnos. Como expresan nuestros carteles: “ser jubilado es una cuestión de tiempo”. Por eso es importante asumir que los que han dejado su vida trabajando no merecen el haber miserable que reciben, ni que le retiren sus mínimos derechos. Ni mucho menos ser apaleados por un gobierno que usa una fuerza desproporcionada y abusiva para impedir la protesta social de personas mayores.
Éste y todos los miércoles marcharemos nuevamente, solo que esta vez, acompañados por trabajadoras, trabajadores y referentes sociales de la salud, la educación y la cultura, con la presencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el inestimable apoyo de las hinchadas de fútbol de diferentes clubes. Desde el gremio docente ATEN Capital, han convocado a una concentración a la misma hora en la capital neuquina en solidaridad con nuestra lucha. Es hora que el “club” de la CGT, rompa su pacto con el gobierno de la cripto-estafa y se sume efectivamente a nuestros reclamos. Porque como dijo Diego Armando Maradona: “hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”.
Nuestra lucha se potencia. Desde la Unidad de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha, (Utjel), decimos: ahora más que nunca es necesario que las y los jubilados cerremos filas y marchemos por nuestros reclamos. En defensa de la prórroga de la moratoria, que la Anses y el PAMI sean devueltos a sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y las y los jubilados y pensionados, y no entregado a un agente de fondos buitres como Fernando Bearzi. Por un haber que cubra la canasta del jubilado calculada por la defensoría de la Tercera Edad, por la gratuidad de los medicamentos y por la derogación inmediata del protocolo antipiquetes y todo tipo de represión utilizada para criminalizar las protestas.

Escribe Diego Martínez

Tras el espantoso asesinato de Kim, la niña de siete años de La Plata, Milei y Bullrich como parte de la campaña electoral vuelven reflotar un proyecto legislativo presentado el año pasado, que consiste en bajar la edad de imputabilidad penal a trece años de edad, algo que ningún organismo internacional sugiere. Nada extraño del ultraderechista Milei que llegó a plantear que habría que bajar la edad a los ¡diez años de edad! mientras las infancias caen todos los días en la pobreza. La inseguridad es un problema que se agrava día a día y afecta particularmente a la clase trabajadora y los jóvenes de los barrios populares. Agarrándose de este flagelo y siempre que hay elecciones, todos los gobiernos utilizan como un caballito de batalla que con la baja de imputabilidad bajarán los índices de  inseguridad, como lo hicieron años anteriores los gobiernos de Macri y Cristina.
Pero esto es una gran mentira. La participación de los menores en delitos es infinitamente inferior a la de los mayores de edad. En 2023 en  la provincia de Buenos Aires, sólo el 2,2% de los delitos fue cometido por menores. En el primer semestre de 2024, según la base general de datos de la Corte Suprema de la Nación, 907 niños y adolescentes enfrentaron causas penales, el 84% de ellos por robos y hurtos, y solo cinco de ellos por homicidios, tres por tentativa y solo dos por hechos consumados. Por eso decimos, que es una ley para criminalizar a las y los menores, no para bajar la inseguridad.
El proyecto de Milei y Bullrich, que cuenta con el apoyo del PRO, la UCR y algunos sectores del peronismo, intenta engañar a los millones de trabajadoras y trabajadores que con justa razón están preocupados por la cuestión de la inseguridad, para hacer alharaca de una ley que  tal como está demostrado en los países donde se aplicó no soluciona el problema porque no ataca las raíces del mismo.
Los delitos juveniles en su gran mayoría están organizados por adultos. Una gran parte  de ellos están asociados al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por las bandas narcos amparadas por la policía, la misma que está involucrada en la desaparición de Loan.  Estas poderosas bandas criminales cuentan además con la protección de la justicia. Tal es así que el propio ministro de Justicia Cúneo Libarona, que hoy promueve esta ley, fue defensor de algunos de los principales jefes narcos del país.
Con una pobreza infantil del 62,9 % y  jóvenes  que no tienen ninguna perspectiva de futuro, el consumo crece y las bandas delictivas ganan terreno ante el abandono del gobierno en los barrios, lo cual debilita todo tipo de contención. Se desfinancia la educación, se recorta presupuesto en deporte y cultura y hace pocos días Milei despidió 2.000 trabajadores de la secretaría de Niñez. ¡Todo lo contrario a lo que debería hacerse!
Es fundamental combatir la inseguridad, pero las respuestas represivas, la “mano dura”, solo es más criminalización y no resuelven sino empeoran el problema. Para combatir la inseguridad se necesita terminar con las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial. Y  terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, caldo de cultivo de la violencia.
Con esta perspectiva nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer junto al bloque de diputados del FIT Unidad vamos a rechazar el proyecto de Milei que busca criminalizar a la juventud y fortalecer el aparato represivo, sin solucionar de fondo el problema de la inseguridad. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a hacer lo mismo en las calles.

Escribe Mariano Barba

La ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores sufrieron una catástrofe climática sin precedentes. Más de 400 milímetros en pocas horas destrozaron la zona, en todos los sentidos, con al menos 16 muertos y personas a las que aún se está buscando. Reconstruir lo destruido es la tarea central del momento, porque se trata de decenas de miles de viviendas inundadas con sus bienes familiares inutilizados. Comienza con la solidaridad popular del primer momento, pero los fondos imprescindibles son cientos de millones de dólares. Desde Izquierda Socialista, nos solidarizamos con todas las víctimas y damnificados.
 
La “pesadilla” se desató el viernes 7 de marzo, a menos de quince meses de haber sufrido un tornado que destruyó muchísimos bienes y dejó el saldo de al menos 13 muertos. Estas dos catástrofes climáticas en tan poco tiempo disparan varias preguntas. Una de ellas es definir cuáles son las causas por las que se desatan tales catástrofes. En las redes se comentaba que Bahía Blanca se convirtió en una ciudad “maldita”, “olvidada por Dios”, sometida a sufrir con asiduidad tempestades destructoras. Para nosotros la explicación es mucho más terrenal y afirmamos que por el calentamiento global se generan este tipo de eventos pluviales, así como sequías extremas y prolongadas en áreas que hace 30 o 40 años atrás eran fértiles y húmedas. Una organización oficial, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), predice la tendencia: “A nivel mundial, es probable que las precipitaciones extremas diarias se intensifiquen en un 7% por cada grado que aumente la temperatura”. Informe que es rechazado, ignorado y repudiado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino y alumno predilecto, Javier Milei. Dos ultraderechistas que con sus políticas negacionistas del cambio climático agravarán el creciente desastre para la humanidad, que se suma al agresivo extractivismo que fomentan y practican la mayoría de los países capitalistas del mundo.
El estacionamiento de un frente de aire frío por muchos días que chocó con un frente ultra cálido y húmedo desató el diluvio. ¿Existen en Bahía las obras apropiadas? Aquí surge el agravante local por responsabilidad de los distintos gobiernos, ya que las obras hidráulicas pluvioaluvionales existentes no se realizaron con la planimetría urbana que respetara los declives del terreno, según el estudio hecho por investigadores del Conicet en el año 2012. Estas obras de mitigación de las lluvias torrenciales no fueron realizadas en los últimos 40 años ni por intendentes, ni por los gobernadores bonaerenses peronistas, radicales y del PRO, ni por los sucesivos gobiernos nacionales. Encima Milei suspendió la realización de toda obra pública contribuyendo al agravamiento de los problemas. Todos dieron la espalda a los pronósticos de los cambios bruscos ya establecidos en la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible. O sea, Bahía estaba expuesta a los daños que sufrió por decenas de años sin realizar obras.

Plata para la reconstrucción y no para el FMI
La destrucción de casas y distintos bienes fue masiva (ver nota). Se abre un momento de mucha incertidumbre para cientos de miles de personas que lo perdieron todo y se preguntan ¿quién va a reconstruir y reponer todo lo perdido? En la conferencia de prensa el intendente peronista Federico Susbielles, indicó que serán necesarios “más de 400 mil millones de pesos” para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó “daños infinitos”. Una cifra insuficiente para la magnitud de los destrozos. Por eso solicitó también créditos internacionales, y préstamos a baja tasa. Por su parte Axel Kicillof, este martes anunció algunos aportes para Bahía y le pidió a Milei que ponga algo del préstamo que tramita ante el FMI, en lugar de exigirle que no le pague al Fondo. Mientras el Gobierno nacional anunció que aportará solo 10 millones de dólares que apenas alcanzarían para reconstruir el gigantesco hospital Penna; una cifra insignificante ante el monto ya pagado al FMI en el 2025 de 5.000 millones de dólares. Milei y Kicillof se parecen, ni uno ni otro quiere priorizar los damnificados por sobre el FMI.
Ante el drama humanitario se destaca la tremenda solidaridad popular en todo el país, llenando camiones y trenes solidarios. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad consideramos que la inversión necesaria es muy superior. Por tal razón, Mónica Schlottahuer y el resto de los diputados del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de Ley declarando la emergencia total en Bahía Blanca y la región, que permita la reconstrucción de una ciudad y de las pérdidas familiares con dinero proveniente del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo (ley 27287), un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las multinacionales, además  de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

Para conocer mejor la situación, le pedimos un testimonio a la compañera Monserrat “Tata” Gayone de Izquierda Socialista de Bahía Blanca

Nos encontramos en medio de la catástrofe conmocionados e incomunicados. En otros lugares del país tienen mejor información que nosotros, ya que la mayoría de la población no tenemos luz. Están inundadas las cámaras de EDES (la empresa eléctrica) que son subterráneas. Falta luz en las calles y en los edificios. El hospital del sur y el Penna, los más grandes, no pueden atender porque están inundados. Las cisternas están inundadas por las aguas del arroyo Napostá y el canal Maldonado que reventó. La catástrofe afecta a toda la ciudad. La biblioteca central de la Universidad del Sur está inundada hasta el segundo estante. Se perdieron libros. No hay aún evaluación de todo lo ocurrido. Se tuvo que trasladar el acopio de donaciones desde la Universidad del Sur a otro lugar pues se detectó que pudieron filtrarse sustancias químicas de los laboratorios cuya integridad se desconoce. Se han formado socavones que chupan a los autos y a las personas. El agua invadió el centro de la ciudad, no solo se inundó la periferia. Ingeniero White donde está el puerto y General Daniel Cerri donde hay una planta de gasoducto que viene de Vaca Muerta, son localidades que están sobre la línea de la marea y están bajo agua, porque la marea subió al mediodía.
La Policía, los bomberos y Defensa Civil no pudieron seguir actuando porque la corriente les arrastra las máquinas. La ruta a La Pampa está cortada por una fisura que parece la de San Francisco, que obligó a que se vuelvan los camiones con asistencia. No hay transporte público ni clases en las escuelas. La terminal es un centro de evacuación.
En cuanto a la situación del Polo Petroquímico, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Central Piedra Buena y Dow se encuentran fuera de servicio, mientras TGS Cerri mantiene solo el suministro de gas para uso domiciliario. Están ubicados en la zona del puerto y de Daniel Cerri, que este lunes 10 se encuentran inundados. Por eso se colocaron cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento y bombas de achique de gran porte que se utilizan en grandes superficies subterráneas para el drenaje de agua.
Una autovía que está al sur de la ciudad quedó inconclusa, las obras viales de la ruta 33 que comunica con La Pampa se interrumpieron desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
En Bahía se juntaron dos problemas: el cambio climático y el modelo extractivista sumados a la desinversión de la obra pública que no realizó las obras apropiadas para el drenaje. Por lo tanto, esta catástrofe, se pudo evitar. Pero somos zona de sacrificio del transporte del petróleo y de gas de Vaca Muerta y su exportación al exterior. En Rosales sigue avanzando la construcción del puerto petrolero y la carrera que se acaba de abrir en la universidad es la Tecnicatura en Petróleo y Gas, pensando en Vaca Muerta.
¿Cómo reaccionó la población? Es muy triste tener al menos 16 muertos y muchos desaparecidos. A pesar de ese dolor, todo el mundo colabora. Es impresionante, inmensa la solidaridad. Nos conocimos con los vecinos con los que uno habitualmente ni nos vemos. Nos alcanzamos madera para tapar la entrada de las casas. Compartimos lo poco que nos quedaba. Los clubes, los deportistas, todos se prestan para la evacuación, el acopio de las donaciones.

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:
EMERGENCIA AMBIENTAL, HÍDRICA, SOCIAL, SANITARIA, ECONÓMICA, TERRITORIAL Y HABITACIONAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL EN BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

Artículo 1°.- Declárase la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca, y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires, por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 de marzo del mismo mes y año.
Artículo 2°.- La emergencia declarada en el artículo precedente tiene como objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias del temporal sobre todas las familias, territorios y economías afectadas, priorizando a los sectores más vulnerados, y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional destinará la totalidad del presupuesto necesario para:
a) afrontar todos los recursos y acciones pertinentes para garantizar agua potable, alimentos, vestimenta, abrigo, alojamiento, atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas;
b) garantizar la asistencia de todo el personal que sea necesario a los fines de cumplimentar con las tareas que emanan de la Emergencia declarada en esta ley, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad, recursos y herramientas afines a las condiciones que exija la labor asignada;
c) la reconstrucción de los hogares, bienes e infraestructura pública o personal afectada, sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado;
d) el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos;
e) la recuperación inmediata de las actividades sanitarias, educativas, económicas y sociales y toda otra acción que resultare necesaria, priorizando a los sectores más vulnerables, en el marco de la emergencia dispuesta en esta
Ley como de las definiciones que al respecto realice el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, que crea el artículo 4° de la presente norma.
Artículo 4°.- Créase el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
Dicho comité estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.
Artículo 5°.- Prohíbase la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del territorio afectado por las consecuencias del temporal, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios.
Artículo 6°.- Las partidas presupuestarias establecidas en la presente deberán emerger del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficientes de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales y de la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.
Artículo 7°.- A sola comprobación del domicilio afectado, las personas damnificadas, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado, tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produce la inundación y hasta tanto se normalice la situación de anomalía provocada por la misma. Estas licencias laborales garantizan a las personas damnificadas la percepción de la totalidad de su salario así como todos los derechos sociales que de su condición laboral se desprenden.
Artículo 8°.- Prohibición de despidos. A sola comprobación del domicilio afectado, queda prohibido el despido por ausencia laboral de las personas damnificadas.
Artículo 9°.- Créase el subsidio a los damnificados por el temporal, el que será equivalente al monto de los daños y/o pérdidas ocasionadas y tendrá como fin asistir a todas aquellas personas, asociaciones sin fines de lucro,
organizaciones sociales, consorcios de edificios, clubes y comercios que sufrieron las consecuencias de la misma.
El acceso a este beneficio deberá solicitarse dentro de los sesenta (60) días hábiles de aprobada la presente ley. A tal fin, la autoridad de aplicación habilitará una línea telefónica gratuita y/o página web para que los damnificados puedan iniciar su reclamo.
Los requerimientos, el control y seguimiento del otorgamiento de los subsidios estará a cargo del Comité de Emergencia que crea el artículo 4° de esta ley.
Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Traemos a consideración un proyecto de Ley que tiene por objeto declarar la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 del corriente mes y año y dejó como saldo, hasta el momento, más de 16 víctimas fatales, miles de evacuados, cientos de familias que aún permanecen aisladas porque el agua no bajó lo suficiente como para que puedan salir, y mucha gente desaparecida, entre ellas una beba de un año y su hermana de 5 años. Además, generó anegamientos en diversas zonas urbanas y periurbanas, afectando la circulación, el acceso a viviendas y comercios, el colapso del sistema de desagüe y drenaje y destrozos en infraestructura pública y personal. Tal es el caso, de público conocimiento, del Hospital Penna.
A poco de cumplirse un año del temporal del 16 de diciembre del 2023, que se llevó 13 vidas y dejó destrozada la ciudad, asistimos a un nuevo crimen social ante un fenómeno completamente previsible, contemplado en las predicciones del Panel de expertos en Cambio Climático de la ONU y estudiado por
trabajadores de la ciencia nacional, del Conicet, que ya desde el 2012 anunciaban el peligro. No se puede decir que es una tragedia “de la naturaleza”. Son las consecuencias del calentamiento global y la destrucción ambiental capitalista que el gobierno de Milei niega.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal no accionaron pese al “alerta naranja” que regía desde la medianoche del viernes 7, con anuncios de que “la región se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que se desplazarán progresivamente de sudoeste a noreste. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 90km/h”, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Tampoco accionaron debidamente ante la alerta roja, anunciada a las 7.15 horas del 7 de marzo, con la ciudad ya inundada. Desde las 4 am habían caído por lo menos 200 mm y se estimaba que en las siguientes 2 horas caerían entre 50 y 100 mm más. Ya había 40 familias evacuadas y estaban a punto de saturarse las líneas de asistencia.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal actuaron tarde, cuando el desastre ya era un hecho consumado. Lo hicieron decretando que se trataba de “una situación excepcional”, cuando como es de público conocimiento, la “situación excepcional” anterior ocurrió hace tan solo 1 año y 2 meses. Luego del temporal de 2023, además de los destrozos de viviendas, escuelas y caminos, la población bahiense sufrió cortes de agua y de luz por entre 25 y 40 días. La situación crítica llevó a que se organizaran desde los barrios y desde las escuelas con la docencia al frente de juntar donaciones.
En tanto la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se dedica a atacar con fake news en los medios al Servicio Meteorológico Nacional, afirmando que no existió el mencionado alerta, el freno a la obra pública, otra de las causales de este desastre, sigue siendo una de las “prioridades” del gobierno de Javier Milei. Mientras el ministro Luis Caputo anuncia que se destinarán $10 mil millones de pesos para las reparaciones, sólo en enero de 2023 el gasto en obra pública fue de $157.000 millones, ajustado por inflación. La cifra, además, contrasta con 5.000 millones de dólares que se pagaron sólo en el último año al FMI por la usurera deuda externa: quinientas veces más que lo que quieren destinar ahora.
Hoy es nuevamente la solidaridad que brota desde abajo, con vecinos que se organizan para ayudarse, edificios que se convierten en pequeñas comunidades de unidad para conseguir agua, asistir a los adultos mayores, subir víveres por las escaleras, la que surge desde abajo para dar respuesta a la emergencia.
Es urgente un plan de emergencia integral, que garantice que la población afectada podrá reparar los daños del temporal a costo cero. Por eso este
proyecto que traemos a consideración se propone declarar la Emergencia con el objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias de este verdadero crimen social y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por el mismo, destinando a tal fin todo el presupuesto que sea necesario.
Para ello, proponemos que las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente emerjan de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales, mientras seguimos reclamando la inmediata suspensión de todo pago de la deuda externa.
Finalmente, la ley que proponemos crea un Comité de Emergencia orientado a la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
El mismo estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.