Escribe Adolfo Santos

Este 24 de Marzo estaremos en las calles de todo el país. Vamos a repudiar el golpe, exigir juicio y castigo de todos los responsables y recordar los 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura genocida. De nuestra parte lo haremos especialmente por los más de cien del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista. Fundado en 1972 por la corriente encabezada por Nahuel Moreno. En los siguientes diez años, ese partido dejaría una marca indeleble al ser uno de los protagonistas de las luchas del movimiento obrero y la juventud surgidas después del Cordobazo.
La audacia de la militancia del PST interviniendo en las luchas de fábricas, sindicatos y universidades, fue ganando la simpatía de activistas obreros y juveniles. Esas acciones en asambleas, ocupaciones y huelgas, incomodaban a la burocracia sindical, los empresarios y el propio gobierno peronista que, en 1973, en acuerdo con los partidos patronales pretendía tomar las riendas para, con la vuelta del General Perón, aplicar un “pacto social” que controle el movimiento de masas y permita recomponer el capitalismo en crisis.
En ese escenario, el PST era un baluarte en la organización y lucha antiburocrática y anti patronal. La zona norte del Gran Buenos Aires, se convirtió en un bastión de nuestro partido donde comenzamos a intervenir en metalúrgicos, textiles, gráficos, la industria plástica y de la alimentación, entre otras. Formamos una lista de oposición en la seccional Vicente López de metalúrgicos y estábamos a la cabeza de varias comisiones internas y cuerpos de delegados. No lo podían tolerar. La burocracia sindical y las patronales con la anuencia del gobierno peronista, dieron luz verde para que nos ataquen.
En 1974, pleno gobierno del General Perón, mataron a nuestro primer compañero, Inocencio “Indio” Fernández, obrero antiburocrático de Cormasa, en Tigre. Fue secuestrado camino al trabajo y luego asesinado, tal era el odio de la burocracia contra nuestros compañeros. Ese mismo año se produciría la Masacre de Pacheco, cuando una banda parapolicial invadió nuestro local, donde se organizaba el activismo de la zona, secuestró compañeras y compañeros y fusiló a tres de ellos. En noviembre del 74, otros tres compañeros serían asesinados a sangre fría, entre ellos nuestro dirigente nacional César Robles. En 1975, aún antes del golpe sufrimos la Masacre de La Plata donde ocho militantes del PST fueron torturados y asesinados cuando organizaban la solidaridad a los obreros en lucha de Petroquímica Sudamericana. En todos los casos, los autores se identificaban como la Triple A, una banda de ultraderecha integrada por agentes de los servicios del gobierno y matones de la burocracia sindical.
Con el advenimiento de la dictadura en marzo de 1976, las condiciones empeoraron terriblemente. La eliminación del estado de derecho y una brutal represión inició uno de los períodos más violentos de nuestra historia. En la clandestinidad más absoluta, nuestro partido, al que le quitaron la legalidad, no dejó de militar ni un solo día. En condiciones adversas, continuamos participando de las luchas, ayudando a organizar, de diferentes formas, el movimiento obrero y estudiantil, integrándonos a los organismos de derechos humanos e incluso editando nuestro periódico que distribuíamos con muchas dificultades.
Los años de la dictadura, multiplicaron nuestros detenidos desaparecidos, torturados o enviados al exilio. Organizados, continuamos resistiendo con determinación estos años, al punto que, en 1981 y 1982, en las postrimerías de la dictadura, sufrimos dos atentados más. Alberto Castro fue asesinado en la provincia de San Juan y Ana María Martínez, metalúrgica, embarazada de pocos meses, fue secuestrada y muerta en la zona norte del Gran Buenos Aires. Por eso en cada 24 de marzo no podemos dejar de recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos, especialmente a nuestros compañeros del glorioso PST.

Escribe Adolfo Santos

En la noche del domingo 2 de marzo, cuando el carnaval estaba en su apogeo, los brasileños estallaron de alegría festejando el Óscar obtenido por la película “Aún estoy aquí”. El film del reconocido cineasta Walter Salles retrata un crudo episodio de la dictadura militar brasileña, la más longeva que asoló nuestra región. La euforia se justificaba. Si algún reconocimiento le faltaba a la rica y multifacética historia cultural brasileña, era la obtención de un Óscar, y lo logró.
El director de “Estación Central de Brasil” y “Diarios de Motocicleta”, entre otros, nos presenta un momento de la historia reciente durante los “Años de Plomo” como se recuerda el período de la dictadura que se extendió entre 1964 y 1985. Se trata del secuestro y posterior asesinato, en 1971, del ex diputado del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ingeniero Rubens Paiva. Acusado de mantener contactos clandestinos y distribuir correspondencia de compatriotas exiliados en el Chile de Salvador Allende, fue llevado de su casa en el barrio de Leblon, Río de Janeiro, a un centro de detención y nunca más apareció.
Hay quienes plantean que la película debió ir más allá y describir las aberraciones y crímenes cometidos durante los 21 años de dictadura. Sin embargo, como toda obra de arte, el film rescata un momento y lo convierte en un símbolo de lo que significó la supresión de las libertades democráticas y una persecución desde el Estado para asesinar, torturar o privar de la libertad a los opositores. En solo 135 minutos, la película induce a cuestionar un régimen dictatorial que sectores políticos, como el bolsonarismo, todavía exaltan y reivindican. Y sobre todo a cuestionar la Ley de Amnistía aprobada por todo el arco político y sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979, que eximió de juzgamiento a los militares represores. No hubo ningún gobierno, incluidos los del PT de Luis Ignacio “Lula” da Silva, que propusieran anularla.
Ese es el valor de este film que se centra en la resiliencia de Eunice Paiva, esposa de Rubens, una mujer común, de clase media alta, que durante cinco décadas continuará luchando sin pausa en busca de la verdad y la justicia, y acabará convertida en activista por los derechos indígenas, uno de los sectores más golpeados durante el régimen militar. Con la lupa en ese personaje, interpretado sin estridencia, pero con profundidad por la excelente Fernanda Torres, el director construye una historia desgarradora que retrata una etapa siniestra que la política patronal brasileña intenta disimular.
Pero comienzan a surgir repercusiones. Mientras la película era exhibida en todo Brasil, la Policía Federal desclasificó un informe sobre el intento de golpe protagonizado en 2022/23 contra el nuevo gobierno de Lula por parte de militares orientados por el derrotado ultraderechista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro. Varios de los que promovieron esa intentona están presos, entre ellos el vice del ultraderechista, general Braga Neto. La repercusión del film a nivel mundial, debe significar más presión para avanzar en esos procesamientos.
El fin de la dictadura brasileña se produjo mediante una transición negociada entre el viejo régimen, los partidos políticos patronales y los grandes empresarios. Por eso los militares continúan gozando de sus privilegios, aún los responsables del asesinato de Rubens Paiva. “Aún estoy aquí”, no es una proclama que llama a la rebelión, sin embargo, es un punto de apoyo para cuestionar la dictadura brasileña, la Ley de Amnistía y recuperar la Memoria, sobre todo de las nuevas generaciones, para juzgar a los represores responsables de crímenes de lesa humanidad y a sus émulos bolsonaristas.

La lucha contra la impunidad y el negacionismo

Expositores:

• Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Luján
• Laura Massa, Trabajadora Social - Docente de Trabajo III - UNLu
• Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FITU

Coordina:

• Nicolás Pellegrini, trabajador social y docente de Trabajo III - UNLu

Miércoles 19/3 - 18hs - Hall central de la UNLU

Contactos:

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Whatsapp 1144493934

Escribe José Castillo

Desesperadamente, el gobierno de Milei trata de acelerar un nuevo acuerdo con el FMI. Quiere tener manos libres para firmarlo violando todas las disposiciones legales. Se trata de un nuevo paso en la entrega y un cheque en blanco para profundizar el ajuste contra el pueblo trabajador.

El gobierno ultraderechista de JavierMilei se jacta de que logró estabilizar la economía. ¡Mentira! La inflación, medida con canastas viejas de hace 20 años, que en nada reflejan la realidad del consumo popular, sigue erosionando los salarios y jubilaciones. Si ya no está en los niveles estratosféricos de los primeros meses de Milei, se debe a “la paz de los cementerios”, o sea a una recesión feroz donde nadie compra nada; sumado a un tipo de cambio con un dólar artificialmente bajo. Esto último es insostenible en el tiempo. No hay dólares en las reservas del Banco Central para que el gobierno lo aguante (además de que la avalancha de productos importados más baratos revientan a la industria nacional, dejando un tendal de cierres y despidos). Mucho menos si a eso le sumamos la montaña de vencimientos de deuda que se vienen este año y el próximo. Por eso el gobierno, casi desesperadamente, trata de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI. Que, como todos los anteriores, sólo terminará significando más ajuste, hambre y marginación. Y no resolverá nada.

Milei se contradice a sí mismo
Hace apenas diez días, en el mensaje de apertura de sesiones en el Congreso Nacional, el presidente Milei había afirmado que enviaría un proyecto para que el Poder Legislativo trate el nuevo acuerdo con el FMI. Sin embargo, finalmente lo que hizo fue firmar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el típico mecanismo jurídico que viene usando desde que asumió para hacer pasar su ajuste eludiendo al Parlamento.
El lunes 10 de marzo por la noche, el gobierno dió a conocer el texto del DNU. Es una vergüenza. Cínicamente, solicita al Congreso que lo autorice a tomar deuda con el Fondo. No aclara montos, ni exigencias del organismo por el nuevo acuerdo. Es un virtual cheque en blanco, con poderes de “monarca” para el Presidente.
Es tan escandaloso todo, que el presidente pide “autorización” pero con un instrumento (el DNU) que ni siquiera requiere que el Congreso “lo autorice”. Basta que una Cámara no lo rechace para que automáticamente, el DNU sea “válido” legalmente.  

La Deuda Externa creció con todos los gobiernos

Desde el punto de vista jurídico viola absolutamente todo: tanto la Constitución Nacional como la vigente “Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública” (de 2021), que dice explícitamente que el Congreso es quien trata cualquier endeudamiento externo del Estado. Un auténtico mamarracho jurídico.
Lo que sí devela el texto del DNU es el uso que se podrá dar al eventual dinero que preste el FMI. No serán “fondos frescos” utilizables para resolver ninguna urgente necesidad popular. Al contrario, se aplicarán a cancelar deuda “intraestatal”, es decir la del Estado con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El ministro de Economía, Luis “Toto”Caputo, lo explicó a la LN+: “El BCRA respalda con pesos unos bonos del Tesoro que se llaman letras intransferibles”, que representan lo que el gobierno le debe al BCRA. “Con los dólares que nos va a dar el FMI, vamos a recomprar esa deuda y la vamos a liquidar” esa deuda. O sea, con esos dólares el gobierno de Milei le “pagará” al propio gobierno de Milei. Y a cambio quedará una nueva deuda, pero ahora será con el FMI.
Es increíble: Milei cambia una deuda en pesos, absolutamente no exigible (una parte del Estado le debe a otra) por una deuda externa, con intereses y estrictas condiciones de ajuste a cumplir. Para que se entienda, es como si un padre le prestó plata a un hijo y decide cancelar esa deuda del hijo pidiendo plata a un banco, al cual ahora le debe. Milei nos miente en la cara cuando dice que esto “no aumenta la deuda”. ¡Sí aumenta, sin duda, la deuda externa en moneda extranjera!
El DNU, más abajo, devela la realidad: el monto “también” se usará para cancelar “las obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años vencimientos con el propio Fondo Monetario.

¿Servirá para bajar la inflación?
El Gobierno dice que todo esto es para estabilizar y terminar de bajar la inflación y abrir el cepo. Con respecto a cómo se hará frente, eso sí lo reveló Milei en su mensaje al Congreso del 1º de marzo: con más “motosierra” y super-ajuste, o sea con mayor hambre, pobreza y desigualdad social: “ante la necesidad de un mayor resultado fiscal, el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto. En definitiva, nada nos detendrá”.

Otra vez el cuento de la buena pipa
En síntesis, se firmará un nuevo acuerdo con el Fondo, que aumentará la ya imparable bola de nieve de la deuda externa argentina. La historia se repite, ya asemejándose a la vieja película “El día de la marmota”. Más pagamos, más debemos. Las recetas son las de siempre, corregidas y aumentadas, cada vez mayores ajustes para cumplir con los pulpos acreedores, sean buitres privados u organismos internacionales. Más que nunca hay que oponerse, volviendo a insistir que no hay salida para el pueblo trabajador ni para nuestro país si no dejamos inmediatamente de pagar la usurera, fraudulenta, inmoral e ilegítima deuda externa, y si no rompemos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI.

Escribe Juán Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei va a pactar otro acto de entrega y sometimiento con el FMI. Muchos tienen curiosidad y expectativas en qué va a hacer el peronismo. Ya empezaron con los discursos, de que no va a pasar por Congreso -como si el Congreso no viniera avalando los pactos con el Fondo Monetario- o la presentación de denuncias penales. ¿El peronismo va a llamar a movilizar contra el nuevo acuerdo? ¿La CGT va a convocar a un paro? No es lo que se avizora.

Podemos adelantar la política que vino teniendo el peronismo con el título de esta nota, una frase que acuñó la propia Cristina Fernández de Kirchner: “somos pagadores seriales”. Algunos podrán creer que es una exageración, pero está todo documentado.

En primer lugar, digamos que si Milei se valió de un DNU para pactar el nuevo acuerdo con el FMI, es por una política que viene del gobierno de Cristina Kirchner, cuando dispuso que para anular un decreto de necesidad y urgencia se necesitan dos tercios de votos de ambas Cámaras, algo casi imposible de lograr, recurso que ahora usa Milei para blindar sus decretazos. Y en segundo lugar, algo que muchos podrán no recordar, es que Milei va a renegociar un acuerdo con el FMI que fue sellado por el gobierno anterior de Alberto y Cristina, aprobado en el Congreso por el PJ y Juntos por el Cambio en el año 2022, el que reconoció el endeudamiento de Macri y Caputo de 2018 por 45.000 millones de dólares. Ese dinero fue para financiar la fuga de capitales y la bicicleta financiera, sin embargo el gobierno peronista del Frente de Todos lo primero que hizo cuando ganó en 2019 fue avalarlo.

“Vamos a tener que hacernos cargo de este muerto que nos dejaron”, dijo la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. El diputado Máximo Kirchner, en ese momento presidente del bloque del Frente de Todos, agregó: “El gobierno se hará cargo de la herencia macrista porque el pueblo argentino siempre se ha hecho cargo de sus deudas” (Página/12,13/2018). Dicho y hecho. Se terminó de aprobar en el Congreso en marzo de 2022 con los votos del peronismo y de Juntos por el Cambio.

Máximo Kirchner en esa oportunidad hizo la voltereta de renunciar a la presidencia del bloque y votar en contra, pero en un comunicado aclaró que su postura “no implicaba el desconocimiento de la deuda”, sino que había que acordar “en otras condiciones”. Quien lo reemplazó, el actual presidente del bloque de Unión por la Patria-UxP, Germán Martínez, dijo “voy a trabajar para que se apruebe el acuerdo con el FMI”. El Frente de Izquierda, en cambio, votó 100% en contra y protagonizó marchas multitudinarias a Plaza de Mayo junto a otras organizaciones sociales para repudiarlo.

Solo dejando de pagar esa deuda usurera y rompiendo con el FMI habrá una salida favorable para el pueblo trabajador y la juventud. Es el camino que postula el Frente de Izquierda Unidad, no el peronismo.