Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Mientras los incendios siguen golpeando el sur a ambos lados de la Cordillera, el gobierno de Milei sigue sin girar las partidas presupuestarias urgentes, y se apresta a votar en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares. Sin el agua de los glaciares, los territorios devastados jamás van a volver a reverdecer.

El extractivismo es la forma en que el sistema capitalista, de la mano de todos los gobiernos, ha venido desplegando la interacción con la naturaleza en cada una de las provincias de nuestro país. Esto implica que devastar los territorios es moneda corriente en función de garantizar, o bien, la exportación de bienes comunes naturales (minerales, energía, alimentos), o bien distintos tipos de negociados como los inmobiliarios, forestales, turísticos o megarepresas. Todo de la mano de la apropiación de territorios e incluso del agua. Para peor, todo esto se da en el contexto de un proceso de calentamiento global que convulsiona el clima tal cómo lo conocimos, con sequías cada vez más prolongadas, tormentas de violencia inusitada, inundaciones cada vez más frecuentes, e incendios que particularmente se alimentan de la combinación del aumento de la temperatura y el extractivismo. 

En efecto, la violencia de los incendios patagónicos, las más de 200 mil hectáreas pérdidas en lo que va del 2026, debe pensarse en un cruce de múltiples niveles, entre, por un lado, una reducción drástica del régimen de precipitaciones, con un invierno con escasa nieve, y recurrentes olas de calor, y por otro, con el negocio de las últimas décadas de la instalación del pino venido del hemisferio norte, que seca los bosques y cuyos conos y semillas se esparcen como granadas por el fuego, retroalimentando la pérdida de la vegetación nativa. Pero, a su vez, entran con protagonismo otros elementos en la ecuación. En particular, los intereses siempre latentes de quienes buscarán hacer negociados comprando tierras devastadas a precios irrisorios una vez que la temporada de lluvias del otoño frene las llamas, y que se ven favorecidos por un gobierno que mientras ajusta brutalmente el presupuesto de los sistemas de manejo del fuego, defiende la eliminación de la prohibición del cambio del uso del suelo de las tierras incendiadas. Como se dice: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. El incendio, por caso, en el Parque Nacional Los Alerces puede haber tenido, como dicen los informes al momento, en su origen una tormenta eléctrica, pero su prolongación no deja de ser un crímen político ante semejantes niveles de desidia y motosierra. 

Los gobiernos, nacional y provinciales son responsables. Y como se saben culpables se esconden detrás de “declaraciones de emergencia” con saludos a la bandera sin presupuesto, y en paralelo, acusan las comunidades mapuche y persiguen a las y los trabajadores que denuncian el ajuste como política de Estado. Las y los cientos de brigadistas que con salarios por debajo de la línea de pobreza están en primera línea se están sosteniendo en combate gracias a donaciones que surgen de la solidaridad popular, de bolsillos que a duras penas llegan a fin de mes, mientras el gobierno destina partidas infinitamente superiores al pago de la deuda, o a subsidiar las ganancias de mineras y petroleras.

Apagar el fuego y defendernos de las mineras

En este contexto, desde el Instituto Argentino para los Derechos de la Minería y hasta la Cámara (norte)Americana de Comercio en nuestro país, se encuentran en semanas de un lobby furioso pero de baja mediatización. El gobierno y las corporaciones mineras están haciendo uso de su poder de grandes aportantes de los canales de comunicación y medios locales para garantizar que no se expanda el debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares que se anuncia inminente en el Senado. Recordemos, Milei y gobernadores peronistas, macristas y radicales, buscan demoler la ley vigente, para provincia por provincia ir liquidando la protección de las zonas glaciares y periglaciares, es decir, para dar luz verde a la megaminería en las once provincias en las que hacen vida las fuentes de agua irremplazables que representan los casi 17 mil glaciares argentinos. El drama de los incendios logró colarse en las programaciones, portales y ediciones impresas, pero fue censurado el debate de cómo se recuperará la vida en los territorios devastados si perdemos nuestras reservas de agua por los negocios de un puñado de mineras.

En ese contexto, desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, se convocaron acciones que combinaron los reclamos ante los incendios y contra el paquete de reformas de Milei. Por su parte, el peronismo porteño, con Juan Grabois y Kicillof a la cabeza, salieron a paralelizar esa convocatoria con una movilización ante los incendios que tuvo la particularidad de callar toda responsabilidad de los gobiernos provinciales como el de Nacho Torres (quien es partícipe del ajuste y protagonista del racismo) y de no decir una palabra sobre la Ley de Glaciares. Anunciada en noviembre, la reforma se sabe contará con el apoyo de senadores y diputados peronistas, y al día de hoy no ha merecido que la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner (quién vetó la Ley en 2008) omita palabra, ni que alguna agrupación del amplio espectro peronista mueva un dedo para frenarla.

Este 4/2 salimos en una nueva Jornada Plurinacional, con unas 40 convocatorias en todo el país. Y nos preparamos para movilizarnos el día que el Congreso trate la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Sumate con Ambiente en Lucha a dar esta pelea.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Desde Ambiente en Lucha y junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones nos pusimos desde anunciada la reforma con la tarea de construir una campaña plurinacional en defensa de nuestros glaciares. Ya se convocaron decenas de asambleas y reuniones para coordinar las acciones, los comunicados, la invitación a artistas, y debatir estrategias. Estamos en las calles, y también pensando cómo romper el cerco mediático ante este tema. Desde ese lugar polemizamos con la convocatoria divisionista y cómplice con los gobernadores que realizaron sectores del peronismo y de la que participaron algunas agrupaciones del movimiento socioambiental que cómo Jóvenes por el Clima, hace años se alejaron de las calles, pero vienen firmando declaraciones contra la modificación de la Ley de Glaciares.

Ante el inminente tratamiento en el Congreso, con la Campaña estamos articulando con el Plenario del Sindicalismo Combativo una nueva movilización el día que se traten las reformas. Pero, desde Ambiente en Lucha y sabiendo que es un tema de arduo debate, por cómo algunas de estas organizaciones como JOCA traicionaron a los territorios (a la lucha contra las mineras, Vaca Muerta y las petroleras off shore en particular), creemos que necesitamos también sumar a esa jornada de lucha una convocatoria unitaria de todos los espacios del movimiento socioambiental que defendemos la Ley de Glaciares. 

Cada cual con su trayectoria y consignas, sin que quienes sostenemos realmente la lucha anti-extractivista bajemos ninguna bandera, pero tratando de masificar lo más posible el rechazo en las calles al paquete de reformas reaccionarias de Milei.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Tras los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en la provincia de Chubut, la embajada de Estados Unidos anunció una “donación” de 70.000 dólares al gobierno argentino para colaborar con la emergencia. El acta fue firmada por el embajador Peter Lamelas quien en sus redes sociales advirtió que “Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita”. Pese a que desde el gobierno intentan presentarlo como un gesto solidario, el anuncio no es más que una operación de maquillaje del imperialismo norteamericano y una nueva muestra de la subordinación del gobierno ultraderechista de Javier Milei a los intereses de las grandes corporaciones extractivistas.

El monto anunciado resulta irrisorio frente a la magnitud de la catástrofe ambiental que atraviesa la Patagonia. Setenta mil dólares no alcanzan ni para cubrir una mínima parte de los costos de prevención, equipamiento o recomposición de las zonas afectadas. Es, literalmente, un vuelto para el gobierno de Trump, pero funcional para construir un relato de falsa preocupación humanitaria mientras se profundiza el saqueo extractivista de los bienes comunes. Estados Unidos no actúa por solidaridad. 

Es una burla, además, si tenemos en cuenta los 4.200 millones de dólares que se pagaron de intereses de deuda externa a principios de enero, y los 2450 millones de dólares que Caputo devolvió del supuesto “swap” a través del cual Estados Unidos intervino de cara a las elecciones de 2025. Lo que Argentina “necesita” de Estados Unidos es que dejen de saquearnos y no migajas.

Su injerencia en la región responde a intereses estratégicos ligados al control del petróleo, el gas y los minerales críticos que abundan en la Patagonia. En ese marco, esta “ayuda” busca reforzar su presencia política y económica para garantizar condiciones favorables a los intereses de las multinacionales.

Pero este escenario no podría sostenerse sin la responsabilidad directa del gobierno de Milei. Mientras agradece las migajas del imperialismo, su gestión desfinancia y subejecuta de manera sistemática el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en un contexto de crisis climática que vuelve cada vez más frecuentes y devastadores los incendios. La motosierra no se detiene ni siquiera frente a una emergencia ambiental con un ajuste fenomenal, abandono de las provincias y precarización de quienes combaten el fuego. A esto se suma el impulso del gobierno para avanzar en modificaciones de la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña. Bajo el discurso de “liberar la inversión”, se busca habilitar la megaminería y los negocios petroleros en zonas protegidas, profundizando un modelo extractivista al servicio de las corporaciones y en contra del ambiente y la vida de las comunidades. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad denunciamos esta doble hipocresía: la del imperialismo estadounidense que simula ayuda mientras saquea, y la de un gobierno nacional que ajusta, desfinancia y entrega los bienes comunes a capitales extractivistas. Frente a los incendios en Chubut, hace falta un plan integral de prevención y combate del fuego, con presupuesto suficiente, salarios dignos y equipamiento adecuado para las brigadas que combaten el fuego. Te invitamos a organizarte con Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha para dar estas peleas con más fuerza y enfrentar el saqueo, el ajuste y la destrucción ambiental capitalista.

Catástrofe anunciada en La Patagonia, como todos los años. El saldo es de terror. Más de 15.000 hectáreas quemadas de bosques nativos en Chubut (La Patriada, Epuyén, el Hoyo, el Pedregoso y el Coihue). Es decir, 15 millones de metros cuadrados, con casas incendiadas, pérdida de ganado, galpones, huertas, maquinarias de trabajo.

Se ha declarado que el incendio está ‘contenido’. El siguiente estado es ‘controlado’ y el final ‘extinguido’, lejos aún de ello. Se han reactivado focos de incendio en la zona de Puerto Patriada. “No han cambiado significativamente las condiciones de peligro”, dice el propio Sistema Provincial de Manejo del Fuego. “El suelo humea y los árboles siguen prendidos por dentro”, comentan los moradores. Más de 500 brigadistas siguen trabajando en la zona sur donde predomina el negocio de la madera, con plantaciones exóticas como los pinos, que funcionan como combustible inflamable.

Ante la desidia del ultraderechista Milei, su público negacionismo del cambio climático (a pesar de la palpable evidencia de sequía extrema, altas temperaturas, fuertes vientos, baja humedad, derretimiento de glaciares), y la quita presupuestaria de fondos para prevenir y combatir los incendios, vecinas, vecinos, brigadistas, bomberos, militantes de hecho contra el fuego, dan la vida para parar los incendios.

Milei hizo un video de traje en Inteligencia Artificial saludando a un bombero. ¿Algo más siniestro? El ajuste brutal y el negacionismo explícito destruye y mata. Sí, literal.

Las y los trabajadores de Parques Nacionales cuentan con 400 brigadistas cuando se necesita el doble, percibiendo 800 mil pesos de salario. Las partidas asignadas, insignificantes, han sido sub ejecutadas. La caída real fue del 70% con respecto a 2023.

El ahora Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la intención de derogar las leyes de tierras (que pone límite a la extranjerización) y del Manejo del Fuego, para darle otro uso a las superficies afectadas, generando rápidos negocios agro-ganaderos e inmobiliarios. También está en carpeta modificar la Ley de Glaciares, que los protege, conquistada con enormes luchas.

¡Si hasta el gobierno pasó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada! Dicho y hecho. La ministra Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich, dijo: “Los indicios preliminares indican que estos delitos están vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches bajo la modalidad de terrorismo ambiental.” ¡Acusan a los pueblos originarios de quemar su propio ganado, parcelas y viviendas precarias! ¡A los que cuidan el agua y el bosque! Racismo explícito. Hasta el fiscal de la causa desmintió esa versión porque no encontró prueba alguna. Un discurso funcional para esconder a los verdaderos responsables, justificando la quema aprovechada por capitalistas, jeques árabes y especuladores para quedarse con las tierras, el agua dulce, minerales, en beneficio del turismo de élite, la especulación inmobiliaria y ventajas logísticos sobre los puertos ligados a la cordillera, como ocurre ahora.

¿Quién repara el daño causado, el ecológico y el de las familias afectadas? El gobierno nacional y el gobernador del PRO Ignacio Torres (acusado por los pobladores por no brindar la ayuda que prometió en los anteriores incendios), tienen que destinar los fondos suficientes para terminar de extinguir el fuego y solventar hasta el último de los perjuicios ocasionados a las y los habitantes de la zona que le pusieron el cuerpo a esta catástrofe evitable y lo perdieron todo.

Foto de portada: Incendio en Epuyén, al lado de la Ruta 40


Escribe Julieta “Mechón” Ocampo, diputada provincial en Neuquén por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Es una tragedia anunciada la de todos los veranos. Este año se repite agravada. La población de la comarca andina “espera” la llegada de los incendios, razón por la cual, muchas trabajadoras y trabajadores, y jóvenes optan por permanecer en la zona ante los riesgos y desastres que se desatan cuando empiezan los incendios. Recordemos que el año pasado se quemaron totalmente 78 viviendas.

Ese pronóstico se cumplió cuando el domingo 4, en Puerto Patriada, comenzó un incendio que dejó varadas a miles de personas que recién pudieron ser evacuadas el lunes 5 a la noche.

Al viernes 9, el fuego ya arrasó cerca de 5.000 hectáreas, y más de diez familias perdieron su vivienda, mientras el fuego sigue avanzando sin control por Epuyén y la ruta 40.

Por razones familiares me encontraba en la zona cuando comenzaron los incendios. Pude presenciar cómo las y los vecinos, junto a las mismas Brigadas Autoconvocadas que participaron el año pasado, activaron rápidamente los circuitos para evacuaciones, prepararon viandas y elementos para los brigadistas y las autobombas, y se pusieron a disposición para apagar los incendios. Es importante recordar que el año pasado se quemaron 32.000 hectáreas de bosque nativo en la Patagonia, el mayor incendio en los últimos nueve años. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei, que es negacionista del cambio climático, decidió traspasar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), de la órbita de Ambiente, al Ministerio de Seguridad Nacional, más precisamente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Esto debilita el enfoque ambientalista, abandona una política integral del manejo del fuego, y reafirma la mirada reactiva aplicada por el Estado nacional por sobre la prevención.

Por su lado, la partida presupuestaria del SNMF, que depende del presupuesto nacional, contará con 20.131 millones de pesos, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025. Mientras ocurre este desfinanciamiento y desinstitucionalización del manejo del fuego, en el Congreso de la Nación buscan retroceder en la normativa sobre mecanismos preventivos. Encima con un agravante: que durante el 2025, Milei, solo ejecutó el 50% del presupuesto asignado a los bomberos (El Cronista 9/1/2026).

En el presupuesto 2026 no se contemplan, entre tantos otros achiques, las partidas necesarias para la conservación del bosque nativo: mientras que la Ley determina un monto presupuestario del 0,3% del total del presupuesto nacional, en el presupuesto 2026 solo se asigna el 0,0107%, o sea, un recorte enorme. También, el gobierno ultraderechista busca modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego, lo que vuelve más evidentes y sospechosas las causas de los incendios. Con su modificación propone cambiar el uso de superficies afectadas por los incendios forestales intencionales o accidentales, con el fin de generar rápidos negocios agro-ganaderos o inmobiliarios.

Por otra parte, Ignacio Torres, gobernador del PRO en Chubut, es denunciado públicamente por los vecinos de retener aportes internacionales por más de 600 mil dólares para la reforestación autóctona, la conservación de bosque nativo y la reconstrucción de las viviendas que se destruyeron en los incendios del verano pasado. Para desviar su responsabilidad de este desfinanciamiento, Torres, de forma oportunista y con claras intenciones políticas, busca culpar al pueblo mapuche de los incendios para avanzar en la criminalización y represión interna como sucedió el año pasado.

Es evidente, que las y los trabajadores y el pueblo de esta región, sufren cruelmente las consecuencias del cambio climático global y del avance del extractivismo en la Patagonia, que son las causales de lo que está sucediendo. Imaginemos el salto que puede dar esta grave situación si los gobiernos nacional y provincial logran su objetivo de modificar la Ley de Glaciares, permitiendo que en estas mismas zonas pueda aplicarse la explotación de la mega-minería.

Toda la solidaridad con las y los vecinos de la Comarca Andina

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha denunciamos que estos incendios están directamente relacionados con el calentamiento global del clima y el avance del extractivismo sobre el territorio natural para favorecer el negocio inmobiliario, hotelero, y en beneficio de los grandes empresarios extranjeros, como los jeques qataríes o árabes, que buscan ocupar nuestro territorio para el saqueo de nuestros bienes naturales.

También denunciamos al gobierno nacional como a los provinciales que no han invertido en políticas para prevenir los fuegos y poder apagarlos rápidamente, como la compra de aviones, la realización de trabajo preventivo y el pago de salarios dignos a los brigadistas. El avance del ajuste y de los proyectos extractivistas y contaminantes son impulsados por el gobierno de Milei con la complicidad de la falsa oposición patronal de la UCR, el PRO y del peronismo.

---------------------------------------------------------------------------------------
Para acercar donaciones en El Bolsón pueden hacerlo en el CIC (Avenida Los Cipreses 3240) y en el Centro Cultural Galeano (Onelli 2871) de:

- Agua y bebidas hidratantes.
- Frutas y verduras frescas.
- Barras de cereales, frutos secos, caramelos ácidos y cualquier alimento práctico que de energía.
- Elementos para botiquines.
- Elementos de seguridad física (ropa, calzado, guantes, linternas).