La mayoría de las paritarias cerraron en 15%, en cuotas y sin cláusula gatillo. Incluso en algunos casos, como el de los estatales, se les ofrece menos (12%). Del otro lado, la suba de precios ya nos está dando una inflación anual cercana a 30%. Habíamos llegado a abril con un índice de precios al consumidor que acumulaba 9%. Era obvio que la inflación anual no iba a ser de 15%, ese número sólo se usaba para ponerle un techo a las paritarias.

El gobierno argumentaba que la inflación iba a bajar a partir de mayo. Pero en el mes que acaba de terminar, devaluación mediante, hay una estampida. Los precios de la canasta básica, según un relevamiento oficial de Defensa del Consumidor, tuvieron una suba promedio de 2,9%. Un estudio de la consultora CEPA, siguiendo 16 productos de la canasta familiar, registra un promedio de aumentos de 19%. Las harinas y todos sus derivados (pan, fideos, facturas, etcétera) están a la cabeza de los aumentos. Junio, a su vez, viene con más incrementos: ya subió la nafta, y ahora vienen las prepagas y más aumentos en alimentos y otros bienes de consumo.
Los salarios están siendo pulverizados. Se impone la reapertura inmediata de todas las paritarias que cerraron al 15%. Nadie debe ganar menos de 30.000 pesos, los aumentos salariales deben recuperar lo perdido en los últimos meses y acordarse con cláusulas de ajuste automático siguiendo el índice de inflación. Nada de esto se va a lograr fácilmente pero los docentes de Neuquén mostraron que se puede. J.C.

La CGT se la pasa de reunión en reunión. ¿Para organizar el paro general? No. En reuniones para hablar del peronismo con Pichetto. Reuniones para “analizar” la cruda realidad nacional. Reuniones para preparar el congreso de la CGT de agosto. ¡Pero ninguna asamblea para consultar a los trabajadores sobre la necesidad del paro general y un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI!
“Los que agitan un paro no saben lo que cuesta organizarlo y coordinarlo”, dijo un burócrata que oficia de vocero. ¡Caradura! ¿Es difícil “organizar un paro” y es “fácil” mantener un pacto con el gobierno a espalda de los trabajadores?

En la CGT hay distintas alas. Algunos, como Schmidt, estarían con la propuesta de que haya un paro en la primera quincena de junio. Es lo que plantean los gremios que convocaron a la marcha del 21F, como Camioneros (Pablo y Hugo Moyano), la Corriente Federal, las CTA Yasky y Micheli, y Baradel de Suteba. Es lo que dijeron en el acto luego de la marcha de los movimientos sociales del pasado viernes 1° de junio. Este jueves hay una reunión de la CGT donde tratarían el tema. Hace un mes que distintos medios vienen diciendo “que se estaría preparando un paro”. Pero lo único cierto hasta ahora es que el paro general no está convocado, por lo tanto no tiene fecha, y lo único que hay son declaraciones de distintos dirigentes. Se sigue dilatando la medida nacional, evitando que el movimiento obrero enfrente de conjunto el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. Justo en momentos donde crece la bronca contra los tarifazos, la inflación, el robo salarial y el mayor ajuste que está en curso. ¿Qué más hay que esperar para el paro general?

¿Todo esto quiere decir que no va a haber un paro? Es muy probable que por la bronca creciente al ajuste, los despidos y el robo salarial, y por la presión de las luchas en curso, los dirigentes estén obligados a convocarlo. El debate pasa, como lo reclama el sindicalismo combativo, para que se lo convoque ahora. Hay que ponerle fecha cuanto antes y llamar al movimiento obrero a prepararse para garantizarlo. El paro tendría que ser activo, con una gran marcha a Plaza de Mayo y, lo fundamental, como parte de un plan de lucha hasta derrotar las medidas antiobreras del gobierno. ¡Basta de pacto con el gobierno, basta de tregua, basta de dilaciones!
La CGT debe romper el pacto. Está maniobrando para “estirar el compás de espera y la negociación”, como lo vienen haciendo Daer, los Gordos e Independientes. Pero ojo que a esta historia los trabajadores la conocen bien. Por eso existió la “rebelión del atril” en 2017 porque no le ponían fecha al paro. Otro capítulo fue cuando miles en las calles el 14 y el 18 de diciembre pasado repudiaban el robo jubilatorio, mientras la CGT había dicho que no había que marchar y después tuvo que declarar un paro parcial ante el justo desborde a sus dictados.
La CGT está arrinconada entre el pacto con el gobierno y no quedar a un paso de ser desbordada por las bases. Está jugando con fuego. Hay que arrancarles el paro ahora y votar esa exigencia desde cada asamblea, cuerpo de delegados, comisiones internas y reuniones de activistas

Hay sobradas pruebas de predisposición para la lucha. Lo mostraron los heroicos docentes de Neuquén que con asambleas masivas y un verdadero plan de lucha de 43 días rompieron el techo salarial. No puede ser que ante semejante ejemplo para el conjunto de los trabajadores la burocracia sindical siga en la tregua. No puede ser que mientras estatales y docentes en Chubut vienen luchando y tienen acorralado al gobernador, la CGT mire para otro lado. Los mineros de Río Turbio lograron revertir 160 despidos. Los trabajadores del INTI siguen enfrentando los despidos. Los estatales del Ministerio de Hacienda repudiaron a Dujovne y al 12% en cuotas.
El sindicalismo combativo marchó dos veces en estos días para exigir esa medida y prepara un plenario nacional para el 23 de junio en Lanús (ver páginas centrales).
Solo con una medida nacional que unifique a los trabajadores del país como es un paro general (y no paros por gremios o marchas de cada sector por su lado), como parte de un plan de lucha nacional, se le va a torcer el brazo al ajuste. Esa es la tarea de la hora.

Escribe Guido Poletti

Se acaban de abrir los sobres para la licitación de las obras de diez corredores viales (mejora de rutas y construcción de tramos de autopistas). Están en juego negocios donde el Estado nacional terminará poniendo 6.000 millones de dólares en los próximos dos años y 15.000 millones en los siguientes.

Se presentaron “los conocidos de siempre” de la obra pública. Los que, durante décadas, hicieron sus ganancias de cobrarle de más al Estado y dejar las obras a medio hacer. Esta vez lo hacen formando 10 consorcios donde confluyen 19 empresas locales con 7 empresas extranjeras. Así tenemos a Techint, Roggio, Mindlin (a cargo de la ex Iecsa, la empresa de Calcaterra, el primo de Macri) y otros.

Pero lo novedoso es la forma de contratación. Por primera vez se pone en práctica el esquema de “participación público-privada” (PPP) promulgado en 2016 por el gobierno de Macri. El esquema fue copiado de uno similar inventado hace décadas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y luego replicado en otros países. En todos los casos terminó siendo abandonado luego de dar lugar a escándalos y negociados de corrupción, como en España y Grecia. Es que en este esquema, como pasa a ser una “obra privada” nadie controla los costos ni la calidad de su realización.

El PPP consiste en que las empresas privadas contratistas tienen que conseguir ellas mismas el financiamiento de la obra. Claro que el Estado les otorga un certificado de garantía. En concreto, las empresas se endeudan y eso figurará como deuda privada, pero el “garante en última instancia” es el Estado argentino, que será quien finalmente le pague a la empresa al finalizar la obra con la recaudación del impuesto a los combustibles.

En las semanas previas, las empresas participantes de la licitación hicieron lobby hasta que lograron innumerables privilegios: eximición del IVA, libertad para importar insumos y decenas de prebendas más.

Pero ahí no termina la cuestión. Las empresas concesionarias quedarán cobrando los peajes de las obras realizadas y cualquier otro beneficio que surja de las mismas. En realidad no se trata de algo novedoso en la historia argentina: el esquema es similar a lo que sucedió a fines del siglo XIX con las firmas extranjeras que se dedicaron a la construcción de ferrocarriles: la obra se la pagaba el Estado argentino y las compañías ferroviarias se quedaban con el producido de las tarifas y varios kilómetros a la vera de las vías.

El gobierno de Macri privatiza la obra pública en beneficio de mayores ganancias para los grandes grupos económicos. “Legaliza” e “institucionaliza” con la PPP lo que hasta ahora se hizo vía coimas y negociados oscuros, como en la época kirchnerista. Pero los actores son los mismos.

La obra pública es estratégica en cualquier programa económico de desarrollo. Primero y principal porque se trata de poner los recursos del Estado para hacer aquello que las empresas privadas nunca harían por sí mismas. Así se plantea la construcción de rutas, autopistas y caminos, pero también la de redes ferroviarias, puentes, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, viviendas populares, hospitales y escuelas. Pero además porque es un recurso privilegiado para crear trabajo genuino en la construcción y así resolver el flagelo del desempleo. Desde Izquierda Socialista rechazamos tajantemente la PPP y exigimos su derogación. Proponiendo en cambio aquello en lo que siempre insistimos: todo lo que se podría avanzar en este sentido si se lanzara un gran plan de obras públicas, financiada con los recursos que se obtendrían de dejar de pagar la deuda externa.

Escribe Claudio Funes

La red de corrupción de Odebrecht tiene alcance continental. Incluye al PT y a Lula en Brasil, a Ollanta Humala y Kuczynski en Perú, a Maduro en Venezuela y tanto a Cristina como a Macri en la Argentina. Con distinto ropaje, todos los gobiernos patronales avalan los negociados corruptos capitalistas.

 En 2007 Calcaterra, el primo del presidente, “compró” la constructora Iecsa a la familia Macri. La firma es parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) junto con otras empresas. La italiana Ghella S.P.A. participa de su paquete accionario.

El 23 de enero de 2008 el gobierno de Cristina Fernández adjudicó a Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En la actualidad, tras el escándalo Odebrecht, Ghella es la dueña mayoritaria de las obras.

Ahora el juez federal Martínez De Giorgi resolvió citar a declaración indagatoria a más de cuarenta empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos para adjudicar la mencionada obra. Un gigantesco túnel de corrupción.

Entre los 49 imputados se destacan Angelo Calcaterra; Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José “Bolso” López y el intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez.

Según mails obtenidos por la policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de Iecsa, para negociar coimas que “excederían los 20 millones de dólares”. “Entre 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se realizaran pagos en concepto de sobornos por más de 35 millones de dólares a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos”, agregó el juez De Giorgi.

Luis Antonio Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina, declaró que hubo dos etapas en los sobornos por el soterramiento. En la primera, entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para el pago de las coimas fue el gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y eran destinadas a gente ligada al Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. Las coimas recibidas por los funcionarios argentinos son sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que Odebrecht pagó en otros once países para obtener obras. Es tan grande la red de corrupción que salpica a diestra y siniestra a figuras políticas del continente. En Brasil, Lula está preso, y golpeados Michel Temer y Dilma Rousseff. El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar; el ex presidente Alejandro Toledo, también de Perú, está acusado y prófugo, mientras que Ollanta Humala y su esposa estuvieron detenidos hasta hace pocos días. La lista continúa.

Como se puede apreciar los casos de corrupción no son aislados, ni son un vuelto. La obra pública y la corrupción conforman uno de los principales mecanismos por medio del cual los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, obtienen sus superganancias en América latina. En estos días se conoció la noticia de que Techint, la empresa de la familia Rocca, montó una red offshore para la gestión de fondos negros y pago de sobornos.

Los gobiernos de turno, sean “progresistas”, “socialistas del siglo XXI”, “nacionales y populares” o de CEOs, junto a la Justicia y otras instituciones, son los garantes de la subsistencia de esta trama corrupta de negociados capitalistas. Con la obra pública no buscan resolver, por ejemplo, el déficit de viviendas, la mejora de la salud pública con la construcción de hospitales, ni evitar inundaciones con obras de infraestructura. Sólo aspiran al retorno y a beneficiar a las grandes patronales amigas. Así funciona el capitalismo, de la mano con la corrupción.

Tal como lo planteó Juan Carlos Giordano cuando presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado, que debe ser estatizado y utilizado para resolver las más urgentes necesidades populares.

Escrible José Castillo

La mayoría de la matriz energética argentina depende del gas y el petróleo. Así nos calefaccionamos y cocinamos. Pero también de esta forma se alimentan las centrales térmicas que proveen de electricidad a nuestro país.

En el mundo hay países que no tienen gas ni petróleo y que por lo tanto deben gastar gran parte de sus divisas en importarlos. Otros, los menos, están beneficiados por poseer en su territorio esos recursos. Así pueden autoabastecerse y, además, les sobra para exportar y hacerse de dólares. Por eso casi todos los países petrolíferos y gasíferos cuentan con empresas estatales a tal fin.

La Argentina está en el peor de los mundos: somos un país con gas y petróleo, entregados totalmente al saqueo de las multinacionales. A partir de las privatizaciones del peronismo menemista, se habilitó un esquema no tocado por ninguno de los gobiernos posteriores. Los grandes pulpos del petróleo y el gas se dedicaron a extraerlo, sin invertir un peso en nuevas exploraciones. Así, año a año, las reservas se fueron achicando.

Finalmente, tuvimos que empezar a importar gas y petróleo. Luego, cuando ya no le convenía más, Repsol terminó desentendiéndose de YPF, que fue reestatizada pagando a cambio millonadas a la multinacional española.

El desguace de YPF y Gas del Estado

Durante décadas existieron YPF y Gas del Estado, dos grandes empresas estatales. YPF exploraba, abría pozos, fundaba pueblos, extraía petróleo hasta alcanzar el autoabastecimiento y exportaba. Además refinaba el propio petróleo y tenía una inmensa red de comercialización vía estaciones de servicio que llegaban hasta los rincones más alejados del país. Gas del Estado, por su parte, cubría todo el proceso desde la extracción, el transporte vía gasoductos hasta la distribución domiciliaria. Llegó así a ser una de las compañías gasíferas más grandes del mundo, con gasoductos de un tamaño sólo superado por los soviéticos.

Menem con la privatización desguazó ambas empresas. El saqueo petrolero se garantizó regalando los pozos con concesiones prácticamente a perpetuidad, mientras se cerraban otros, se echaba a decenas de miles de trabajadores y se transformaba a ciudades enteras en prácticamente pueblos fantasmas.

En el caso de Gas del Estado se desarmó la empresa descuartizando el negocio. Para la extracción se recurrió a los mismos pulpos del negocio petrolero. Se crearon las “transportadoras” (Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur) y se subdividió en varias empresas la distribución final. Todo al servicio de “capturar subsidios” y hacer superganancias sin invertir un solo peso.

Vaca Muerta

El surgimiento de la extracción de gas y petróleo no convencional (por el método denominado fracking, prohibido en muchas partes del mundo por contaminante) puso de moda el yacimiento de Vaca Muerta. Se habla de la posibilidad de extraer recursos por valores superiores a todas las reservas existentes del país. Por eso todos los monopolios internacionales del sector pusieron el ojo en esa zona. El gobierno nacional (con Cristina Kirchner anteriormente y ahora con Macri) le dio vía libre al saqueo. Así, fue durante el peronismo kirchnerismo que se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron, que le daba privilegios absolutos a la multinacional yanqui. Macri, por su parte, en todos sus viajes y reuniones con funcionarios y empresarios extranjeros nunca deja de “ofrecer” los negocios que se pueden hacer con ese yacimiento. El gobierno provincial neuquino, a la vez, no dudó un segundo en pasar por encima de todos los derechos de los pueblos originarios de la zona para también tener “su tajada” en el negocio. Vaca Muerta, en síntesis, se presenta como el paradigma del saqueo para los años venideros.

¿Cómo recuperar la soberanía energética?

La conclusión es obvia: pagamos carísimo el gas y el petróleo, cada día tenemos menos reservas y gastamos millonadas en importaciones, mientras seguimos garantizándole el saqueo a todas las empresas monopólicas que se instalan en las distintas etapas del negocio.

Hay que terminar con el saqueo, rescindiendo todos los contratos existentes. Y construir una gran empresa estatal gasífero-petrolera que recupere lo mejor de la vieja tradición de YPF y Gas del Estado, que unifique todo el negocio, desde la exploración, pasando por la extracción, la refinación y la comercialización en el caso del petróleo, y la extracción, el transporte y la distribución en el gas. Esa gran empresa, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, será capaz así de recuperar nuestra soberanía energética y aportar a un programa de desarrollo de nuestros recursos al servicio de las necesidades de las mayorías populares.