Escribe Juan Carlos Giordano

La izquierda y distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y estudiantiles nos movilizamos contra el decretazo de Macri el pasado jueves 26. También lo hizo el kirchnerismo. Izquierda Socialista llama a la más amplia unidad en las calles para anularlo, pero esto no implica ocultar lo que hizo el gobierno anterior sobre el tema.

Se dice que en estos años hubo leyes que impidieron a las fuerzas armadas intervenir en la vida interna del país, y se reivindica por ello a los gobiernos de Alfonsín y a los Kirchner. Pero estas leyes no salieron por “los gobiernos”, sino fruto de la lucha popular de muchos años. El mismo Alfonsín que se quiere elogiar, es el de la Obediencia Debida y el Punto Final que beneficiaron a los genocidas, leyes que logramos anular años después por la movilización. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -que siempre usaron la bandera de los derechos humanos-, se dejó intacto el aparato represivo. El mismo que hizo desaparecer a Julio López, hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada entonces por Felipe Solá, el que ante los asesinatos de Kosteki y Santillán dijo: “Son los piqueteros que se están peleando entre ellos”.

Después de la desaparición de Julio López se supo que 70 integrantes de la Policía Bonaerense, en ese momento en funciones, se desempeñaron en campos de concentración. Nos preguntamos hoy ¿cuántos más siguen en sus cargos en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales y la ex SIDE?

El kirchnerismo también mandó militares a las fronteras y gendarmes a los barrios. La ex ministra Garré pertrechó a la Gendarmería con el Proyecto X para espiar a los luchadores e infiltrarse en asambleas obreras. Y Cristina puso a Milani en el Ejército, un especialista en inteligencia, hoy preso por represor en la última dictadura.

Todos recordamos al “gendarme carancho” (el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, conducida por Sergio Berni) cuando se dio la lucha de los obreros de Lear, quien simuló ser atropellado por un manifestante para justificar detenerlo y golpearlo brutalmente. 
Patricia Bullrich se valió de la Gendarmería K para llevar a la muerte a Santiago Maldonado, y de la Prefectura del gobierno anterior para asesinar por la espalda al joven Rafael Nahuel. Por eso la ministra siempre se negó a “tirar a algún gendarme por la ventana”, porque consideró que lo que ya había hecho el kirchnerismo es algo intocable, una “cuestión de Estado”.

El 1° de agosto se cumple un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la represión desatada por la Gendarmería Nacional contra la movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.

El 31 de julio en la sede de Télam –ocupada y en lucha por el despido de 357 compañeros– se realizó una conferencia de prensa con organizaciones de derechos humanos y con la participación de Juan Carlos Giordano en representación de Izquierda Socialista. Allí el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, denunció al gobierno de Macri: “Solo dijeron que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. No se sabe cómo, dónde, cuándo. El equipo forense nunca pudo responder a preguntas como la de cuánto tiempo estuvo en el agua Santiago, ni confirmar si había muerto el 1° de agosto. La muerte de Santiago se produjo en el marco de una irrupción ilegal y a balazos de 130 efectivos de Gendarmería en el predio de Lof Cushamen. Este gobierno ajusta, reprime y está del lado de los poderosos”, concluyó Sergio. La conferencia tuvo como objetivo convocar al acto del miércoles en Plaza de Mayo a un año de la desaparición de Santiago.

Desde Izquierda Socialista no tenemos dudas: los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado son el gobierno de Macri, y en particular la ministra Bullrich y la Gendarmería Nacional. Por eso seguimos exigiendo verdad y justicia y castigo a los culpables. 
Guido Poletti

Las dos escenas sucedieron el sábado 28. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue recibida cálidamente en la inauguración de la Sociedad Rural. Su discurso elogió a los monopolios agroexportadores y les aseguró que seguirían sus privilegios. A la misma hora, dirigentes de PRO que salieron a “timbrear” eran violentamente repudiados en los barrios obreros y populares. Esa es la foto de la Argentina actual: la de un gobierno aplaudido por los ricos y el FMI, y al mismo tiempo cada día más repudiado por los trabajadores, los jubilados y demás sectores populares, que siguen acumulando bronca anuncio tras anuncio de sus medidas de ajuste. Ese mismo sábado se anunciaron los aumentos en los boletos de los colectivos en Capital y Gran Buenos Aires y los recortes en las asignaciones familiares. A esto se sumó, un par de días después, la “novedad” de un nuevo tarifazo en la luz y la autorización a las petroleras para dejarlas subir otra vez el precio de la nafta. Mientras tanto, los precios siguen subiendo, en particular los de la canasta alimentaria. Por eso aumentan la pobreza y la miseria. Hasta la propia gobernadora Vidal tuvo que reconocer que cada día son más las personas que llegan a los comedores populares.

En ese marco, las declaraciones de Macri de que todo se trata de una “tormenta” y que hay que “tener confianza en que la recuperación llegará en 2019” no convencen a nadie. Ven que, así como las políticas de ajuste previas nos llevaron a esta crisis, el pacto Macri-FMI nos conducirá a un pozo aún más profundo, de donde solo saldrán ganando, como siempre, las grandes patronales y los pulpos especuladores. Por eso Macri cae en todas las encuestas. Esta vez junto con Vidal y Rodríguez Larreta.

El peronismo en todas sus variantes, por su parte, lleva adelante una oposición sólo en el discurso. No solamente se niega a enfrentar de verdad el ajuste, sino que lo aplica en sus provincias. Los gobernadores están enfrascados en negociar cómo zafa cada uno, negociando con el gobierno nacional para que le toque recortar menos que a su vecino. Para eso no tienen problema en mostrarse y hasta elogiar al gobierno nacional, como lo vimos esta semana en Córdoba, en la visita y las recorridas conjuntas de Macri con el gobernador Schiaretti. Del lado del kirchnerismo, ahora tenemos a Cristina Kirchner que pasa del “silencio” a aparecer como oradora en un próximo acto en el Smata con Pignanelli, uno de los burócratas más odiados, el que hace pocos meses era el sindicalista “preferido” de Macri y quien está dejando pasar la flexibilización laboral en su gremio. Con todas estas idas y venidas, no resulta extraño que la burocracia sindical de la CGT, vinculada por mil lazos al peronismo, siga garantizando la tregua con el gobierno, archivando cualquier atisbo de medida de lucha luego del paro general del 25 de junio, que cada vez queda más lejos en el tiempo.

Mientras el gobierno sigue adelante con el ajuste, en muchos lugares se sale a pelear. Así lo hacen los docentes de Capital, provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. O los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se movilizaron por miles a la calle enfrentando las mentiras tanto de Macri como de Lanata. O los despedidos de Télam, que siguen firmes en su lucha. Por eso sigue teniendo plena vigencia el reclamo a la CGT y las CTA de que se le dé continuidad al parazo de fines de junio con una nueva medida de fuerza nacional, ahora de 36 horas, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI. Ganas de luchar y movilizarse sobran, como lo van a demostrar una vez más las mujeres marchando el próximo 8A para que se apruebe el aborto legal en el Senado.

En este proceso de lucha contra el ajuste de Macri y el FMI, la alternativa no es el peronismo. Todos sus sectores apuestan a dejar pasar el ajuste y se postulan para el 2019. Así lo hacen los eventuales candidatos como Urtubey, Pichetto, Solá o Massa. También el kirchnerista Agustín Rossi, que se sinceró la semana pasada al explicar que, si llegan al gobierno, “iban a reconocer el acuerdo con el FMI”. Por eso la salida viene por izquierda. Desde el FIT decimos que a la crisis hay que oponerle un plan económico de emergencia obrero y popular, no para “el 2019”, sino para resolver hoy la crisis. Rompiendo con el FMI y suspendiendo inmediatamente los pagos de deuda externa para poner todo ese dinero que hoy se destina a los pulpos usureros al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Lo que necesitamos es construir una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. Para eso tenemos que fortalecer al Frente de Izquierda y al sindicalismo combativo. Para apoyar todas las luchas, para coordinarlas para que ganen, para estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI y para postular al FIT frente a las falsas opciones de los partidos patronales. Te invitamos a sumarte a esta tarea.

Escribe Gabriel Massa

Aldo Benito Roggio renunció el 15 de agosto a la presidencia de la empresa que lleva su nombre. Lo hizo después de convertirse en “imputado colaborador” (una de las tantas maneras en que Bonadio da impunidad a los empresarios ladrones), confesando que pagó, siempre en coimas, el 5% de los subsidios que le daba el gobierno kirchnerista, además de lo que ganaba por la concesión del ferrocarril Urquiza y el subte de Buenos Aires.

El gobierno de Macri quiere que estos ladrones confesos sigan manejando el subterráneo y el ferrocarril. De hecho Roggio es una de las empresas “habilitadas” por Rodríguez Larreta para la nueva concesión del subte porteño a partir de 2019.

Escribe Gabriel Massa

Sergio Taselli tiene un oscuro prontuario. Durante el menemismo recibió las concesiones ferroviarias de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, que terminaron rescindidas cuando ya era insostenible el desastre de su funcionamiento.

Taselli también recibió la concesión de la mina de Río Turbio de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Todo terminó en una nueva tragedia evitable: en junio de 2004 una explosión se cobró la vida de 14 mineros. Esto le costó al empresario una causa por administración fraudulenta, tras lo cual se le rescindió el contrato. Fue exactamente en este punto, con la responsabilidad de las muertes sobre su cabeza, que Roberto Baratta, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, lo llamó por teléfono para reclamarle una coima en nombre de Julio De Vido para permitirle continuar con la concesión.

Los “negocios” de Taselli no terminan allí: también fue el vaciador de Aceros Zapla, la privatizada que sucedió a Altos Hornos Zapla en época del menemismo. Y es dueño de varias empresas alimentarias, en permanente conflicto con sus trabajadores, y de la fábrica de vagones ferroviarios Materfer, en otro negociado surgido de la privatización de los ferrocarriles. Como quien diría, todo un empresario “modelo” argentino.