El paro general fue contundente. Ni el gobierno lo puso en duda. Tampoco sus medios de comunicación afines. Fue un masivo plebiscito de todo el movimiento obrero contra el brutal ajuste de Macri y el FMI. Se expresó la bronca de los trabajadores y demás sectores populares contra los tarifazos, el robo salarial, la inflación y los despidos. 
El paro demostró el hartazgo de millones contra un plan económico al servicio de engordar las ganancias de usureros, bancos y multinacionales, en perjuicio del pueblo trabajador. Ajuste que ya se está redoblando con el pacto que Macri y sus CEOs firmaron con el FMI. 
Las luchas y la bronca contra el ajuste fueron las que ya habían arrancado este paro a la CGT. Esto se volvió a expresar el 25. Lo reconoció hasta el propio Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato: “El malestar en la sociedad desbordó el encuadramiento sindical”.

El gobierno quiere amortiguar el repudio popular intentando desacreditar la medida, hasta con actitudes ridículas. “¡Acá se trabaja!”, dijo Macri posando en la Rosada, el presidente que más vacaciones se tomó en tan poco tiempo. Patricia Bullrich, por su parte, dijo que dispuso un brutal operativo represivo en los puentes “para garantizar que los que quieran vayan a trabajar”. ¡No voló una mosca! Frigerio habló del acostumbrado “paro político”. Triaca señaló que el paro tuvo el objetivo de “desestabilizar” al gobierno. Y Carrió tuiteó: “Nosotros no paramos. Trabajando hoy en casa con empresarios fabricantes de maquinarias agrícolas”. ¡Desopilante! 
El ex periodista y ahora superministro Dujovne sacó la cuenta del supuesto “costo” del paro. Dijo que la Argentina perdió 29.000 millones de pesos. Es el mismo funcionario que tiene 20 millones de fortuna personal en bancos extranjeros. Lo que deja en claro Dujovne con eso es que a la riqueza la generan los trabajadores, no los empresarios, con el intento de encubrir que los trabajadores y el país son los que pierden por culpa de los planes de ajuste, los pagos de la deuda, la fuga de capitales y la política de saqueo y dependencia que vino aplicando Macri y que ahora redobla de la mano del FMI.
Lo más claro del mensaje del gobierno es que va a seguir adelante con el ajuste. “Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo”, dijo Macri. Y agregó: “Los paros no contribuyen en nada”. O sea, más ajuste y oídos sordos a los reclamos obreros y populares.
Macri puso como ejemplo de lo que a seguir haciendo a Vaca Muerta. Es decir, la continuidad del pacto con Chevron que había iniciado el kirchnerismo, el subsidio a las petroleras y, lo más importante para él, el cambio de convenio a la baja para los trabajadores petroleros, que sufren los despidos, retiros voluntarios y una mayor superexplotación laboral. Es lo que se juega a seguir haciendo de la mano de la burocracia sindical. Por eso ha decidido reunirse con los patrones de la Cámara de la Construcción y el burócrata Gerardo Martínez de la Uocra, así como con la rama automotriz, y otras.
Macri ni siquiera va a recibir a la CGT. Por eso las palabras de “prudencia” dichas en la conferencia de prensa de la central van en contra del camino que volvieron a ratificar los trabajadores con el paro general. Si Macri “ratificó el rumbo” del ajuste ¿qué es lo que hay que mendigar? La expresión del burócrata Héctor Daer diciendo que el gobierno tiene que “cambiar el modelo económico” y reclamando “diálogo” es volver a sembrar expectativas en que este gobierno puede dar marcha atrás con el ajuste sin lucha ni movilización.

“No hay un nuevo paro a la vista en la agenda de la CGT”, dicen los medios. Está claro. Lo dijeron los burócratas el propio día del paro. Recitan lo mismo de siempre: “El paro fue contundente, ahora esperamos que el gobierno escuche”. ¡Los trabajadores no pueden permitir una nueva tregua para que sigan pasando los despidos y el robo salarial!
Los docentes de Neuquén, que vienen de romper el techo salarial, muestran que se puede ganar. ¿Por qué la CGT no los pone de ejemplo y llama a darle continuidad al paro para que se reabran las paritarias para todos los trabajadores?
La CGT vuelve a decir que se le pueden hacer cambios cosméticos al ajuste. ¡Si el gobierno ni siquiera eliminó el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo! Es el gobierno que vetó la ley que morigeraba parcialmente el tarifazo. Es el gobierno que pactó un nuevo ajuste con el FMI. Es el gobierno el que sigue disponiendo el dinero para la timba financiera. Es el gobierno que sigue con la represión, como la que ejerció contra los docentes y estatales en Chubut.

La política de los luchadores y la izquierda es la opuesta a la de la burocracia de la CGT. Es lo que manifestamos en los cortes, en el acto en el Obelisco el día del paro y lo que se ratificó en el plenario del sindicalismo combativo del 23 en Lanús: hay que darle continuidad a la pelea con un nuevo paro de 36 horas y una gran movilización a Plaza de Mayo hasta derrotar el ajuste. Pelea a la que debe sumarse la imposición de otro plan económico para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.
Esta tarea es concreta y para ahora. Empieza por usar la fuerza del paro del 25 para reclamar un inmediato aumento de salarios y para que se reabran las paritarias. ¡Abajo el techo salarial, salarios igual a la canasta familiar! Que se frenen los despidos y suspensiones. Abajo el tarifazo. Plata para salario y trabajo, no para la deuda. No a la reforma laboral. Por todo ello exigimos continuidad.
Llamamos a los trabajadores a realizar asambleas y plenarios de delegados y a exigir un nuevo paro de 36 horas y un plan de lucha de la CGT y las CTA que, como siempre, tendremos que arrancar desde abajo. El sindicalismo combativo ya tiene su agenda: apoyar y coordinar las luchas en curso e impulsar la marcha del próximo 12 de julio de Congreso a Plaza de Mayo y en todos los puntos del país, como se aprobó en el plenario de Lanús.

El paro 43

El de ayer fue el tercer paro durante el gobierno de Macri y el número 43 desde 1983 a esta parte. A esto hay que agregar que bajo la dictadura hubo un paro general en 1979.
Contra el radical Alfonsín hubo trece paros generales, nueve en el gobierno del peronismo de Menem y la misma cantidad contra De la Rúa. Luego, el peronista Eduardo Duhalde como presidente interino, enfrentó tres paros generales. Hubo cinco contra el peronismo kirchnerista, uno cuando era presidente Néstor Kirchner y cinco contra Cristina Fernández. 
El dato muestra el alto grado de combatividad del movimiento obrero argentino contra todos los gobiernos patronales de distintos signos, sean de la UCR, las distintas variantes del peronismo y ahora contra el PRO-Cambiemos. Estas luchas son las que han permitido que muchos planes y medidas de ajuste hayan sido derrotados.

Macri cambió “el fusible”. Salió Juan José Aranguren, el hombre de Shell, desgastado y repudiado después de un año y medio de habernos metido la mano en el bolsillo tarifazo tras tarifazo. Pero el que “entra” no es mejor. Se trata de Javier Iguacel, el hasta ahora jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se ocupó sistemáticamente de ajustar.

Hace menos de un mes que los trabajadores de ese organismo habían llevado adelante una medida de fuerza que incluía paros, cortes de rutas y bloqueos de pasos fronterizos ante el despido de 52 trabajadores. A todo esto hay que sumarle el escándalo con una obra en un puente ferroviario en Luján, que une la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional 5, que debió ser rehecho porque el tren era más ancho que el puente y no pasaba, denuncia realizada por el cuerpo de delegados del Sarmiento.

El “currículum” de Iguacel no se agota ahí. También viene, al igual que Aranguren, del mundo de los pulpos petroleros: hizo sus primeros pasos en YPF apenas fue privatizada, para pasar luego a ser directivo de Pluspetrol. Como quien dice, otro ministerio administrado “por sus propios dueños”.

G.P.

El pacto Macri-FMI ratificó lo que venimos anunciando en las últimas semanas: se trata de un superajuste que llegará hasta 2021, con especial incidencia el año próximo donde se recortarán 250.000 millones de pesos.
Tendrá una muy fuerte incidencia en la obra pública, que prácticamente se detendrá, con la consecuencia de decenas de miles de trabajadores de la construcción que quedarán sumidos en la desocupación, además de miles de kilómetros sin asfaltar, rutas y calles sin arreglar, o escuelas y hospitales sin la más mínima refacción.

Otro aspecto importante del ajuste es que caerá principalmente sobre las provincias, ya que el gobierno nacional achicará al mínimo la transferencia de partidas y otras directamente las eliminará. Un ejemplo de esto último será la desaparición del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que es hasta ahora la única partida del gobierno nacional que financia algo del salario docente. 
También el programa del FMI exigirá el achicamiento de estructuras en todos los organismos del Estado. Esto implica el despido de 7.000 personas que trabajan actualmente bajo distintas formas de precarización, a lo que se sumará la reducción, cierre o “fusión” de entes estatales. 
Están en la mira los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de varias de las universidades del conurbano. Además de los despidos, también se intentará que todos los trabajadores del Estado reciban salarios sustancialmente a la baja.
El ajuste también va contra los jubilados, tanto los actuales como los futuros. Plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el dinero que ingresó al sistema a partir de la estatización de las AFJP y que es el sustento de reserva de las jubilaciones futuras) debe comenzar a ser utilizado para financiar las jubilaciones corrientes, con lo que en el corto plazo se agotará y llevará a la quiebra del sistema. También se debe terminar con los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, para equipararlos con las jubilaciones de miseria actuales, sin tener en cuenta que hayan aportado de más durante toda su vida. 
Finalmente, el plan del FMI también exige continuar con los tarifazos, desmintiendo rotundamente todos los planteos que desde el gobierno afirmaban que “ya se había terminado con el ajuste de tarifas”. Al contrario, continuarán este año y los siguientes. 
Este auténtico “plan de guerra” contra los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de garantizar a los acreedores el cobro de los vencimientos de la deuda externa, será monitoreado estrictamente por el FMI, mediante auditorías trimestrales para verificar su complimiento.

G.P.

Tanto el gobierno como el establishment financiero celebraron la semana pasada el hecho de que nuestro país fue recalificado por la agencia MSCI como “emergente”, saliendo de la categoría inferior de “mercado de frontera”. MSCI es una calificadora internacional que aconseja a los capitales especulativos dónde colocar su dinero para hacer mayores superganancias.

La Argentina pasa a integrar el club de los “recomendados” por el sencillo hecho de que no tiene ninguna limitación para la entrada y salida de capitales. Esto quiere decir que un fondo buitre puede venir a nuestro país, especular y sin ningún problema ni exigencia, llevarse automáticamente su dinero de un día para otro. Negocio redondo para ese pulpo, aunque deje un tendal. Por las dudas, MSCI se ataja y dice que quitará de inmediato la calificación de “emergente” a nuestro país si se pone algún tipo de control al movimiento de capitales. 
Lo festejaron como un ascenso de división en el fútbol. Pero el pueblo trabajador no verá ningún beneficio de “jugar” en esta nueva categoría. 
J.C.

Más allá de los discursos grandilocuentes contra “el ajuste” y por “cambios en el programa económico”, la dirigencia peronista le cubre las espaldas al macrismo, empezando por los gobernadores. Schiaretti (Córdoba), Urtubey (Salta), Uñac (San Juan), Peppo (Chaco) y Bordet (Entre Ríos) salieron directamente a respaldar al presidente y su acuerdo con el FMI, o prefirieron el “silencio” cómplice, como Alicia Kirchner (mientras lleva adelante su ajuste salvaje en Santa Cruz).
También los distintos bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso, es decir, los diputados y senadores más vinculados a los gobernadores y los que se referencian en el Frente Renovador, anunciaron que “no van a poner palos en la rueda para que se apruebe el presupuesto 2019”. Esto a sabiendas de que en ese presupuesto se plasmará la mayor parte de las medidas de ajuste exigidas por el FMI. Estos mismos diputados son los que se negaron a dar quórum en una sesión especial para tratar el acuerdo con el Fondo, con la excusa de que eso era “potestad del Poder Ejecutivo”.

El peronismo, cuya oposición al gobierno se escuda detrás del eslogan “hay 2019”, deja pasar el ajuste porque esencialmente está de acuerdo con que se ejecute. Los economistas de esta oposición patronal también priorizan el pago de la deuda. En lo único que se diferencian del gobierno es en que quieren que sea el macrismo el que “pague el costo principal”. Todas maniobras entre partidos patronales para ver quién se beneficia electoralmente. Muy alejado de las verdaderas necesidades de los trabajadores, que pasan por frenar ya mismo el ajuste en curso. 
Guido Poletti