Facundo Jones Huala, el lonko mapuche, fue extraditado a Chile por una decisión de la Corte Suprema ratificada por Macri. Este fallo fue a pesar de un reciente pedido en contrario del Comité de Derechos Humanos de la ONU al gobierno argentino por violar “derechos civiles y políticos” del dirigente.

Chile requiere a Huala para procesarlo por un incendio ocurrido en 2013, donde todos los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Este ataque contra Jones Huala es contra todo el pueblo mapuche que lucha por sus tierras ancestrales, igual que el resto de los pueblos originarios. Y es un fallo en defensa de los terratenientes como Benetton, las mineras y petroleras. 
Repudiamos la extradición, exigimos la libertad de Jones Huala y seguiremos luchando por la expropiación de los terratenientes para que sus tierras vuelvan a sus legítimos poseedores, los pueblos originarios.

Martín Fú

Ricardo Lorenzetti dejará su cargo después de 11 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo reemplazará en octubre Carlos Rosenkrantz. Inmediatamente Carrió tuiteó: “Terminó la corrupción en la Corte Suprema. ¡Qué maravilla!”.

El gobierno quiere hacer creer que está limpiando la justicia. Lo mismo intenta con el caso de los cuadernos, diciendo que de esta forma se está terminando con la corrupción. Nada más falso. 
Esta Corte, como toda la justicia patronal, está al servicio de salvar a los grandes empresarios y en contra del pueblo trabajador. Es la misma Corte del 2x1 a favor de los genocidas, con jueces millonarios, cargos vitalicios y puestos por el poder de turno. Lorenzetti fue designado por Néstor Kirchner y el reemplazante Rosenkrantz por Mauricio Macri al comenzar su gestión. 
El designado Rosenkrantz es quien sostenía cuando era docente que “derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación no son exigibles ante los tribunales”. Todo un prontuario de juez patronal.
Izquierda Socialista propone que todos los jueces sean electos por el voto popular, ganen como un trabajador y que se implemente el juicio por jurado para terminar con esta justicia elitista y al servicio de unos pocos.
Atilio Salusso

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri le ofrenda al FMI un ajuste mayor aún al acordado en junio, a cambio de un adelantamiento de los fondos del préstamo pactados para 2020 y 2021. Mientras Trump felicita a Macri y los especuladores financieros aplauden, el que paga es el pueblo trabajador con más hambre y miseria.

El ministro Dujovne y su equipo se pasaron la mayor parte de la semana pasada en Washington negociando con el FMI. Le llevaban un nuevo plan de ajuste, más duro aún que el acordado hace apenas dos meses: bajar el déficit fiscal a cero para el año que viene, lo que traducido quiere decir “achicar” 550.000 millones de pesos en vez del ya salvaje ajuste anteriormente pactado de 400.000. En concreto: más recesión, más despidos, más pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, menos plata para obra pública, salud y educación. Todo al servicio de crear la “confianza” de que el gobierno podrá pagar los próximos vencimientos de deuda externa. Como recompensa por semejante entrega, Macri logró un premio: 15 minutos de conversación con Trump, que lo felicitó por tanto “coraje”.

Banqueros, especuladores de la Bolsa y economistas del establishment también aplaudieron el mayor ajuste ofrecido al FMI y le ofrendaron un “pequeño regalo” al gobierno: una tregua en la suba del dólar, ya que la devaluación, que pulverizó salarios y jubilaciones y les permitió hacer inmensas ganancias (ver nota en esta misma página), les “desordenó” a la vez un poco sus negocios y necesitan reacomodarse. 
Dujovne, por su parte, volvió a la Argentina con “tarea para el hogar”: que el peronismo le apruebe el presupuesto 2019, donde estará el conjunto de las medidas de ajuste. Cosa que los gobernadores del PJ se apuran a garantizarle a Macri (ver nota en página 5).
¿Pagar lo impagable?
Hace apenas 20 días el gobierno afirmaba que “ya estaban asegurados todos los fondos para cumplir con los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2019”. Nosotros sosteníamos lo contrario. Posteriormente, una vez desatada la nueva corrida del dólar, anunció que, efectivamente, el dinero no alcanzaba, pero que ya estaba arreglado con el FMI para que este adelantara las cuotas de 2020 y 2021 del préstamo pactado en junio pasado y que “ahora sí”, estarían garantizados los pagos de deuda hasta el fin el mandato de Macri. Era mentira, no estaba nada “arreglado”, como se encargó de desmentir la mismísima titular del FMI, Christine Lagarde. Por eso el gobierno tuvo que ofrecer un ajuste más duro, para que el Fondo se avenga a analizar un adelanto de los fondos. Nosotros volvimos a denunciar que, aún adelantando todas las cuotas del FMI para el año que viene, tampoco alcanzaría para cubrir los pagos de 2019. Finalmente el gobierno también tuvo que reconocer esto último, y empezó a plantear que el Fondo podría “aumentar el total del préstamo” (o sea superar los 50.000 millones de dólares) o incluso, que existiría la posibilidad de que hubiera otro, directamente político, desde el gobierno de los Estados Unidos. 
Estas idas y vueltas alrededor, de una deuda impagable que se trata de financiar con más deuda, que a su vez genera más intereses y más vencimientos, y que exige cada vez mayor ajuste, es la bola de nieve que venimos denunciando desde la izquierda. Nos dicen que “dejar de pagarla” es utópico. Nosotros respondemos: lo utópico es pagarla. Nos lleva a un callejón sin salida de hambre y miseria para el pueblo y entrega total de nuestras riquezas. En cambio, si suspendemos inmediatamente los pagos, tendremos dinero para volcar a trabajo, mejores salarios, educación, salud y vivienda.

¿Quiénes son los ganadores?

Mientras los salarios, las jubilaciones, las partidas para planes sociales y los montos dedicados a obras de infraestructura y universidades son los grandes perdedores de 2018, del otro lado los banqueros, los acreedores de la deuda externa, los monopolios agroexportadores y todos aquellos a lo que se les garantiza ganancias dolarizadas, como las petroleras y gasíferas, resultan grandes ganadores.
Los banqueros, que ya venían haciendo enormes negocios con la bicicleta financiera de las lebacs,donde obtuvieron ganancias de hasta el 60%, ahora lo hacen especulando con el dólar. Con una ayuda de sus “amigos” del Banco Central. Durante la devaluación acelerada se produjo una verdadera estafa a costa de las reservas del país. Mientras el dólar subía y tocaba techos de hasta 42 pesos, el Banco Central “licitaba” dólares de a 200, 300 y hasta 500 millones ofreciéndolos a precio de remate (37 pesos) con la única condición de que el comprador adquiriera por lo menos un millón de dólares. ¡En minutos los banqueros amigos se repartían unos cientos de millones de dólares más baratos que en el mercado!
Otros que hicieron enormes diferencias fueron los monopolios exportadores, que solo tuvieron que “sentarse” a ver como se devaluaba la moneda para que sus exportaciones les reportaran el doble en pesos que hace un par de meses. Con el agravante de que eran ellos los que guardaban y no liquidaban sus exportaciones de soja, trigo y maíz, generando así la falta de dólares y provocando la devaluación, de la que después se beneficiaron. Ahora se les puso retenciones a 4 pesos por dólar, que se irán licuando (o sea que cada vez significarán menos), a medida que la devaluación retome su alza.
Las petroleras y gasíferas son otro sector que ha hecho grandes diferencias a favor con la corrida cambiaria. De hecho, desde que el ex ministro Aranguren en octubre pasado “liberó” el mercado de combustibles permitiendo que cada empresa subiera la nafta y el gasoil como quisiera, prácticamente se vienen dando dos aumentos por mes siguiendo paso a paso la devaluación. Como las tarifas de servicios públicos están dolarizadas, esto también arrastra las subas de boletas de gas, que volverán a aumentar en octubre. Mientras que los trabajadores con cada devaluación se nos achica el bolsillo, del otro lado están los que festejan. J.C..

Que la deuda externa es el talón de Aquiles de la economía argentina y que no se puede pagar siempre fue nuestro reclamo. Pero ahora, después de años sosteniendo lo contrario, son los propios economistas del establishment los que empiezan a reconocer que la deuda es el problema central del gobierno de Macri y que todo el programa de ajuste pactado con el FMI se reduce a recaudar dólares para pagar los próximos vencimientos. 
El primero fue Daniel Marx, que en un informe de su consultora (Quatum Finanzas) planteó “el problema” de que la deuda sumada de Nación, provincias y el Banco Central ya estaría en el orden del 70% del PBI, un indicador que prendería luces “anaranjadas” en cuanto a la posibilidad de su pago. A esto le siguió Jorge Neyro (Consultora ACM) que sostuvo que a fin de año, y con un dólar supuesto a 42 pesos, el peso de la deuda sobre el PBI será mayor aún: 77,5%. Y el dato más catastrófico provino del Estudio Broda, que dio a conocer un cálculo donde sostiene que si el dólar se va a 45 pesos a fin de año, el peso de la deuda subiría al 92% del PBI. ¡Casi lo mismo que tenía De la Rua cuando se produjo el default a fines de 2001!

Desde el exterior, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en declaraciones a la BBC, fue aún más a fondo. Directamente dijo que la Argentina no está en condiciones de pagar los próximos vencimientos de deuda y que se debe proceder a una “reestructuración” y hasta mencionó una “quita”. O sea que si los acreedores no acceden a estirar los plazos de vencimientos y canjear bonos (otro megacanje, como el de Cavallo en 2001, o los del kirchnerismo en 2005 y 2010), se corre el serio riesgo de que Argentina entre en cesación de pagos.
Todos estos analistas plantean estos problemas con el objetivo de que los acreedores sigan finalmente cobrando y no sufran pérdidas. Nosotros sostenemos que, efectivamente, el gobierno no sabe cómo pagar los próximos vencimientos de deuda y que todo el ajuste es para garantizar los pagos. Para nosotros la salida es la opuesta: no pagar y poner ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

J.C.

Escribe Juliana García

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular la absolución del ex General Eduardo Alfonso por el homicidio doblemente calificado de Antonio Domingo García, padre de Juliana y Bárbara García Recchia. Por lo que deberá dictarse un nuevo pronunciamiento acerca de la actual excarcelación de Alfonso.
 La Cámara consideró que la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín resulta arbitraria dado que no puede negarse la responsabilidad de Alfonso sobre los resultados del operativo en el que se dio muerte a Antonio García.
En su veredicto de noviembre de 2017, los jueces de ese tribunal habían considerado que los hechos constituían delitos de lesa humanidad y dieron por probada la participación activa de Alfonso en el allanamiento ilegal en el que fueron secuestradas la embarazada Beatriz Recchia y fue asesinado Antonio. Pero, pese a la gravedad de los delitos, y de que la hija de ambos había sido apropiada ilegalmente (Bárbara sería una de las nietas recuperadas décadas más adelante) le dictaron la pena mínima de 4 años por los secuestros y lo absolvieron por el asesinato de Antonio. El fallo fue escandaloso, más aún cuando la fiscalía y las querellas habían solicitado prisión perpetua.

Producto de este fallo, Alfonso, en junio de este año, fue excarcelado por alcanzar los dos tercios de la irrisoria condena. Había sido detenido y procesado en diciembre de 2008, pero en agosto del año siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años bajo una identidad falsa.
Ante semejantes antecedentes, exigimos que Alfonso sea encarcelado inmediatamente para evitar que vuelva a fugarse. Y exigimos la prisión perpetua y efectiva en cárcel común, único castigo que merecen los genocidas de la dictadura.