Escribe Adolfo Santos
El anuncio de Cristina Kirchner de renunciar a sus haberes por el cargo que ocupa como vicepresidenta es apenas un intento de disimular los obscenos beneficios de los que gozan los políticos patronales. El mismo día que el gobierno aprobaba la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, metiendo la mano en el bolsillo de los más vulnerables, CFK festejaba un fallo judicial que le permitirá cobrar dos pensiones que se estiman en más de 650.000 pesos y obliga al Estado a pagarle 100 millones de pesos en carácter de retroactivos. Un verdadero escarnio si consideramos que la legislación exige, hasta para un discapacitado, que para cobrar otra pensión renuncien a la no contributiva de 14.000 pesos.
Mientras tanto, la miseria crece exponencialmente y seis de cada diez niños viven en situación de pobreza en Argentina. Por eso resulta chocante que políticos patronales vivan en la opulencia, en cuanto se acrecientan las familias en situación de calle, el desempleo, los bajos salarios, la falta de vivienda digna y el acceso a derechos humanos básicos como alimentación, salud o educación. Estas situaciones dejan el doble discurso al desnudo y muestran la disociación de esos políticos patronales y las necesidades del pueblo trabajador pobre.
La renuncia a sus haberes como vicepresidenta no es ninguna demostración de sacrificio en la medida que mantiene suculentas pensiones. Es una vergüenza recibir 650.000 pesos en concepto jubilatorio y declarar que su gobierno no puede aumentarle a los jubilados, que reciben menos de 20.000 pesos. Basta de doble discurso. La vicepresidenta y los políticos patronales deberían recibir un salario igual a la de una directora de escuela con diez años de servicio, tal como planteamos y defendemos desde  de Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Claudio Funes

El ex presidente Mauricio Macri ​reapareció en un acto público para presentar, el pasado 18 de marzo, su libro Primer tiempo. Fue el inicio de la campaña de Cambiemos de cara a las elecciones de este año y a las presidenciales de 2023.

Macri presentó su libro que lleva un título futbolero: Primer tiempo. En él repasa, en trece capítulos, sus cuatro años al frente del gobierno. Un período odiado por el pueblo trabajador, que padeció el ajuste, el crecimiento de la miseria y el saqueo. 

Macri comienza el libro ensalzando su propia figura. “Muchos me preguntan cómo hago para no odiar con todo lo que han hecho y dicho. Creo que es parte de la sabiduría que viene con los años. Es un tema en el que he sido un tanto autodidacta”. Busca así presentarse como un hombre bueno y comprensivo con las necesidades populares. Nada más alejado de la realidad. Basta recordar que le robó a los jubilados con su reforma de diciembre de 2017, impuesta a pura represión, siguiendo los dictados de las grandes patronales y el imperialismo. Que hubo tarifazos infernales.  Que los salarios cayeron en picada y que aumentó exponencialmente la desocupación y la pobreza. 

Más adelante en el libro, Macri sigue con sus reflexiones: “El gobernante debe generar espacios de desarrollo, tiene que generar un marco de reglas que le permita al país sacar lo mejor de las personas. Y yo creo que lo mejor es el resultado de la competencia […] Competencia y democracia van de la mano. Allí donde hay libertad para competir la democracia prospera. Una cosa lleva a la otra”. Le preguntamos: ¿lo mejor para quién? Sin duda que no, por ejemplo, para los trabajadores de la construcción, aunque sí para los beneficios de las grandes constructoras, como las corruptas Odebrecht e Iecsa, entonces propiedad de su primo Angelo Calcaterra. Tampoco fue “lo mejor” para la vida de los ultraflexibilizados trabajadores petroleros, sino para las ganancias de las multinacionales petroleras y gasíferas que se quedaron con las riquezas de Vaca Muerta. “Competencia y democracia” son para Macri la libertad absoluta para que las grandes patronales continúen embolsando millones a costa de la miseria del pueblo trabajador.

En su libro, en clave con la disputa electoral que se viene, lógicamente apunta contra el PJ, los gobernadores peronistas y la burocracia sindical: “Fui el primer presidente en 100 años que pasó su mandato completo con minoría en ambas Cámaras”. En realidad Macri no habla de los acuerdos con el peronismo y la burocracia sindical que le permitieron pasar parte de su plan de ajuste gracias a los votos que le brindaron diputados y senadores peronistas, junto con la inacción de la CGT y las CTA que nada hicieron contra sus medidas hambreadoras.

Macri no se arrepiente de ninguna de sus medidas represivas y antipopulares. En referencia al caso Maldonado, reivindica todas las acciones llevadas a cabo por Gendarmería y por la represora Patricia Bullrich: “Cuando apareció el cuerpo y se hizo la autopsia, me dio mucha pena por Maldonado y por su familia, pero también sentí alivio de poder finalmente tener certeza sobre el caso. Y la satisfacción de haber tomado la decisión correcta al no apresurarme a la hora de echar o sancionar a los gendarmes”. Repugnante afirmación, sin duda.

En el capítulo IX llega, finalmente, a hablar sobre la deuda externa y los 50.000 millones de dólares que le pidió al FMI, que terminaron financiando la fuga de capitales de sus amigos. ¿Se autocritica de algo en este punto? ¿Acaso reflexiona sobre porqué aumentó la deuda en 150.000 millones de dólares, llevándola a casi 400.000 millones? Nada de eso. Sólo se arrepiente de una cosa: “si pudiera volver hacia atrás grabaría ese mensaje –se refiere a la cadena nacional anunciando el acuerdo con el FMI– tratando de explicarles mejor a los argentinos de por qué lo hacíamos…”. ¡Increíble!

Primer tiempo es un texto autoproclamatorio y cargado de mentiras, con el que el corrupto Macri busca salir a disputarle votos al peronismo gobernante. Porque se da cuenta que, ante salarios que no alcanzan, una inflación que crece y vacunas que no aparecen, aumenta la bronca contra el gobierno y busca pescar en ese río revuelto. Para esto sale Primer Tiempo, prometiendo “con las enseñanzas adquiridas”, jugar mejor un segundo tiempo. ¿Al servicio de quién? Macri mismo lo dice: “para concretar un paquete global de reformas que necesita el país”.

No tenemos que dejarnos confundir: si ese segundo tiempo llegara a existir, volvería a ser a favor del FMI, las multinacionales y los grandes capitalistas. Las “reformas” serían la flexibilización laboral y más robo a los jubilados. Los trabajadores y demás sectores populares ya sabemos que con Macri, perderemos por goleada.

Escribe José Castillo

Comenzaron las audiencias para dar curso a los tarifazos. Un sector del gobierno quiere retrasarlos hasta después de las elecciones compensando a los dueños de las privatizadas con mayores subsidios. En ambos casos ganan ellos y pierden los trabajadores. La alternativa es la reestatización bajo gestión de trabajadores y usuarios.

El gobierno de Alberto Fernández dio inicio al mecanismo que habilita los nuevos incrementos de las tarifas de los servicios públicos. Comenzó por el gas, pero ya tiene en carpeta aumentos para la electricidad. Todo esto sin contar que algunos otros “precios” que dependen del gobierno vienen subiendo sin parar desde siempre, como las tarifas del transporte o los combustibles. 

En el caso del gas, donde la semana pasada se dieron las audiencias públicas requeridas por la ley como obligación previa a los incrementos, el argumento del gobierno fue clarísimo, “o aumentamos las tarifas en un 30% como mínimo o subimos los subsidios en una proporción de 50.000 millones de pesos”. Nos chantajean con esa disyuntiva. Nótese que en las dos opciones los ganadores son los mismos, los pulpos privados que vienen monopolizando el negocio y haciendo superganancias a costa de los usuarios.

La misma cuestión se plantea con las tarifas eléctricas. El martes próximo se llevará adelante la audiencia pública para habilitar las subas de tarifas de Edenor y Edesur. O, nuevamente, el otorgamiento de mayores subsidios. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aboga por la suba de tarifas de acuerdo a lo que viene negociando con el FMI. Otros funcionarios, como el interventor en el Enargas, Federico Bernal, temeroso de las consecuencias electorales para el gobierno de un eventual tarifazo, buscan que el aumento sea menor y se lo reemplace por más subsidios para las privatizadas. 

Todo esto no es nuevo. Desde que se realizaron las privatizaciones, a comienzos de los años ’90, las empresas nunca perdieron. Hubo épocas que ganaron con tarifas dolarizadas y aumentos astronómicos, como al comienzo con el menemismo y luego en la era macrista. En otras ocasiones las tarifas no subieron tanto, pero los pulpos privados no dejaron de ganar, esta vez a través de suculentos subsidios. En ambos casos mientras brindaban servicios paupérrimos y no cumplían siquiera con las inversiones mínimas requeridas en las propias concesiones. Así, casi treinta años después de las privatizaciones, todavía todo el noreste argentino carece de conexión a la red de gas, lo mismo que montones de pueblos y barrios populares de las grandes ciudades. 

Las audiencias públicas ya realizadas, como se dio tantas otras veces, desnudan la mentira de la “participación popular” en la toma de decisiones. La inmensísima mayoría de los oradores se pronunciaron contra la suba tarifaria y contra el otorgamiento de mayores subsidios. Se cansaron de denunciar, con centenares de ejemplos, los abusos de las empresas. Sin embargo, la conclusión del gobierno peronista es, al igual que sucedía con idénticas situaciones durante el macrismo, hacer oídos sordos y continuar beneficiando a los dueños de las privatizadas.

La salida pasa, entonces, por dejar de engordar los bolsillos de los ganadores de siempre. Hay que rescindir todos los contratos de concesión, reestatizar las empresas públicas privatizadas y ponerlas a funcionar bajo control de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así se podrá garantizar un acceso al servicio para todos, con la calidad adecuada y con tarifas populares cuando la situación lo requiera.  

Escribe Guido Poletti

Siguen subiendo los combustibles. El incremento de la nafta y el gasoil ya dejó de ser noticia. Hace meses que, prácticamente cada quince días, vemos como cambian los valores en los surtidores. Cuestión que, sabemos, no afecta solamente al que tiene auto. Detrás de cada suba vienen los aumentos de las tarifas del transporte. Y luego, a los pocos días, con la excusa de que “subieron los costos del transporte”, las listas de precios vienen con el incremento incorporado. O sea que, directa o indirectamente, cada suba de los combustibles es un robo directo al bolsillo ya enflaquecido del pueblo trabajador. 

YPF, sociedad anónima con un 51% de mayoría estatal, toma sus decisiones a partir de órdenes directas del gobierno nacional. Por eso nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que YPF “pica en punta” anunciando los aumentos, que entonces son copiados por las otras empresas del sector. YPF es quién le justifica y garantiza las mayores ganancias a los pulpos del sector. 

Un argumento más para estatizar YPF al 100%, rescindiendo todas las otras concesiones. Una YPF que, a la vez, sea manejada por sus propios trabajadores, al servicio de una política de desarrollo para beneficio de la clase trabajadora y no del saqueo y las superganancias de los pulpos transnacionales. 

Los problemas cotidianos del pueblo trabajador crecen día a día. La situación ya es dramática. La plata no alcanza para nada. Los precios de los artículos de la canasta familiar continúan por las nubes, ganándole, y de lejos, a los salarios y las jubilaciones. La pobreza y la marginación social siguen en aumento. Hay millones sin trabajo. La pandemia sigue y las vacunas no alcanzan. Millones continúan esperando. Ni siquiera se terminó de vacunar al personal de salud, ni qué hablar de las personas de riesgo. Todo mientras, al mismo tiempo, tuvimos el  “vacunatorio vip” del Frente de Todos. Ahora, el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires suma su propio escándalo amontonando mayores de 80 años en larguísimas colas al sol en el Luna Park y en Boedo.

Hay un cansancio tremendo. Ya hace un año que se está viviendo esta situación. Cada día crece más la bronca que se expresa en luchas, como la de los docentes de varias provincias, manifestaciones enormes como las de los movimientos sociales, o movilizaciones como la de Chubut, que obligaron una vez más al gobernador Arcioni a retroceder en su enésimo intento por imponer la megaminería en su provincia.

Lo sucedido en Formosa es un fuerte mensaje que muestra el hastío y la bronca. Hubo una auténtica rebelión popular contra la pobreza, precariedad del sistema sanitario provincial, los atropellos y la represión del gobierno de Insfrán.

Muy lejos, y por fuera de toda esta realidad, el gobierno peronista de Alberto y Cristina está preocupado por su propia crisis política, que incluye renuncias de ministros (primero Ginés González García y ahora Marcela Losardo), o la búsqueda de la propia impunidad para la vicepresidenta. Mientras tanto, siguen apoyando a Insfrán, el gobernador represor de Formosa. Para desviar la atención de todo esto lanzan “campañas”, como la de la judicialización de Macri, o los discursos de Cristina contra la Justicia. Todo pensando en cómo posicionar al Frente de Todos de cara a la campaña electoral que se avecina. 

Al mismo tiempo, ahí donde mueren las palabras y los discursos, el gobierno sigue pagando la deuda externa y apostando a la negociación con el FMI. Se continúan avalando el enriquecimiento de las grandes patronales, sus superganancias y las de los bancos. No hay impuesto a la renta financiera y el impuesto a la riqueza es mínimo. Por eso no es cierto que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, los sueldos de los docentes o del personal de salud. Sucede que los millones que se tendrían que dedicar a eso van a engrosar los bolsillos de los ricos y los grandes empresarios.

Por supuesto que la oposición patronal de Juntos por el Cambio, aprovechando el río revuelto, trata de pescar algo que le permita mejorar sus chances electorales. Pero no ofrece ninguna salida para los problemas del pueblo trabajador. Es más, allí donde gobierna tiene la misma actitud que el Frente de Todos. Por ejemplo, en CABA, donde no terminó de vacunar al personal de salud, prácticamente ni comenzó con los docentes y a los adultos mayores los manda a hacer filas vergonzosas de largas horas como ya citamos. Y mejor ni hablar de que Cambiemos tiene un acuerdo total con el Frente de Todos en lo que respecta a la continuidad del pago de la deuda externa y a mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

En síntesis, peronistas del Frente de Todos y opositores de Juntos por el Cambio se pelean entre ellos para la tribuna. Ambas son variantes patronales que buscan cómo posicionarse mejor de cara a las elecciones. Pero ninguna de las dos resuelve los dramas que afligen al pueblo trabajador, los precios, los salarios, las jubilaciones, la falta de trabajo o de las vacunas.

Hace falta un plan de emergencia obrero y popular que comience por suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa y rompa los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Que imponga de verdad un impuesto a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los que hicieron millones durante la pandemia como Mercado Libre y a las grandes fortunas. Que termine con la especulación y los negociados financieros nacionalizando la banca. Que vaya a fondo contra los monopolios agroexportadores como Cargill, Dreyfuss y Bunge, nacionalizando el comercio exterior. Para así, con todos esos recursos, resolver los acuciantes problemas populares de trabajo, salario, educación y vivienda. Otorgándoles un ingreso a todos aquellos que lo necesiten ante la emergencia. Y, al mismo tiempo, poniendo los recursos que hacen falta para la crisis sanitaria del coronavirus, con más insumos, más trabajadores de la salud, con mejores salarios y, por sobre todo, que garantice lo que hoy es de vida o muerte, vacunas para todos. Para eso no solo hace falta plata, sino también la decisión política de desconocer las patentes de los monopolios para poder producir localmente las vacunas. Justamente para eso, desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores estamos llevando adelante una campaña internacional promoviendo un  movimiento y acciones unitarias, que ya ha reunido miles de firmas de dirigentes y personalidades.