Escribe Guido Poletti

La semana pasada el gobierno de Macri pagó 1.700 millones de dólares correspondientes a la primera cuota del Bonar 2014.

¿De qué se trata esto? En el año 2014, el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, tomó nueva deuda externa (para pagar vencimientos de deuda anterior) por 6.000 millones de dólares, con un título denominado Bonar 2014. Ahora llegó la hora de empezar a pagarlo. Macri, cumplidor a rajatabla en lo que a pagos de deuda se refiere, acaba de entregarle a los acreedores la primera cuota. En los próximos semestres habrá que abonar las restantes. Una muestra más que lo del “desendeudamiento kirchnerista” fue una mentira total. Todos (macristas y kirchneristas) nos endeudaron primero y luego cumplieron con los pagos a costa del ajuste contra los trabajadores.

El pasado domingo 5 cerca de la medianoche se conoció la noticia de la muerte de dos jóvenes obreros empleados por la empresa Pecom en el área Fortín de Piedra que es explotado por Tecpetrol (Techint) en el yacimiento de Vaca Muerta. Ya suman ocho los operarios muertos en los últimos catorce meses. Generó repudio y bronca este doble crimen laboral.

Escribe Mariano Barba

Como doble crimen laboral caratuló la muerte de Cristian Baeza y Maximiliano Zappia la diputada Angélica Lagunas (Izquierda Socialista-FIT) cuando presentó un proyecto de repudio en la Legislatura neuquina. No fue un accidente, como lo catalogaron la empresa y la dirigencia burocrática del gremio petrolero, encabezado por el senador del oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra. Fue un crimen laboral porque la responsabilidad es de la empresa ya que en el área de trabajo no había señalización ni barrera alguna que advirtiera sobre la peligrosidad de la pileta usada para el tratamiento del agua que llega de los pozos donde se produce gas. Al pisar la compuerta que está al ras del piso, esta cedió y cayó el obrero Baeza que murió por asfixia anóxica por sumersión en hidrocarburos, e inmediatamente cayó Zappia que corrió a socorrerlo y murió por una “intoxicación con hidrocarburos por inhalación” según la autopsia de ambos.

Fue rápida la respuesta del sindicalismo combativo que junto a la izquierda y otras organizaciones reunidos en la Multisectorial organizaron la denuncia pública con mucha repercusión en los medios y que concluyó con una importante acción sobre la ruta del petróleo repartiendo miles de volantes en la madrugada del viernes ante el paso de camionetas y combis que trasladaban obreros a Vaca Muerta. En esa declaración se manifestaba que “[… ] estas dos muertes no son accidentes, son homicidios como consecuencia de la flexibilización laboral impuesta por la adenda (convenio petrolero) suscripta entre la dirección del sindicato, las empresas y los gobiernos nacional y provincial”. Recordemos que esta adenda fue suscripta bajo el gobierno de Macri y Gutiérrez (gobernador de Neuquén) para imponer la flexibilización laboral exigida en las cláusulas secretas del tristemente famoso convenio entre Chevron y la presidenta Cristina de Kirchner.

El Sindicato de Petroleros convalidó de entrada la postura de la patronal Tecpetrol respecto de que los trabajadores fallecidos no tenían motivos laborales para transitar la zona de la pileta en la que Baeza y Zappia encontraron la muerte. Esto ocasionó una bronca enorme que junto a la denuncia que hicimos desde la izquierda obligaron a la autocrítica del burócrata Pereyra que mientras convocó a un paro de compromiso en las dos empresas acotó que “el gremio asume su responsabilidad, tal vez en el Departamento de Seguridad e Higiene tengamos que trabajar de otra manera, interactuar con las empresas”. Una reacción tardía y que no va al fondo de la cuestión.
 
La salida de fondo
Para recuperar la seguridad en el trabajo y que la renta petrolera quede en el país para trabajo, educación, salud y vivienda, desde el Frente de Izquierda proponemos que se resuelva el problema de fondo de la exploración, explotación e industrialización del gas y el petróleo, estatizando la totalidad de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores. En ese camino consideramos que son necesarios los comités obreros de seguridad e higiene con poder para detener las tareas en situaciones de inseguridad. También que se terminen los turnos del 2x1 y sean reemplazado por el 1x1. En una palabra, anular la adenda para salvar la vida de los trabajadores y terminar con este régimen de super-explotación.

La Justicia de Santa Cruz absolvió este martes a tres trabajadores petroleros que habían sido acusados de coacción agravada, invasión de propiedad privada y de haber provocado pérdidas económicas a la empresa Bacsa luego de su detención y procesamiento por un conflicto gremial en Las Heras, provincia de Santa Cruz, hace cinco años. Este juicio fue otra muestra del brutal ataque del gobierno kirchnerista de Santa Cruz a los trabajadores.

Escribe Eduardo Manzione 

El 7 de mayo se realizó la audiencia de sentencia a los obreros petroleros Néstor Vibares, Martín Oñate y Jorge Armoa, quienes finalmente fueron absueltos. “Esperábamos la absolución”, dijo Néstor Vibares, uno de los compañeros procesados ,y sostuvo que siempre estuvieron “muy bien acompañados sobre todo por los compañeros luchadores que nos han aguantado” y en cambio señaló la falta de apoyo de la conducción del sindicato petrolero de Santa Cruz. El compañero Vibares dijo que habían “defendido el derecho a huelga y que no pueden culpar a los trabajadores del vaciamiento de una empresa que incumple con las condiciones básicas y que están en nuestro convenio colectivo y en la 20.744”, la Ley de Contrato de Trabajo.

Se confirmó lo que venimos denunciando, que esta es una causa armada por el fiscal y el gobierno de Alicia Kirchner junto a la empresa Bacsa. No hubo un solo testigo que pudiese comprobar que había un delito cometido por los trabajadores.
Ruben “Pollo” Sobrero, principal referente del sindicalismo combativo, viajó especialmente a Caleta Olivia para estar presente junto a los referentes de Izquierda Socialista en Santa Cruz: Adriana Astolfo (secretaria general de Adosac Pico Truncado), Luis Díaz (delegado de Adosac Río Gallegos) y Eduardo Manzione (Adosac Pico Truncado). También estuvieron presentes Pedro Cormack (secretario general de Adosac provincial) junto a delegaciones de Adosac Pico Truncado, Los Antiguos y Caleta Olivia, dirigentes del Partido Obrero y del PSTU, entre otros.

Destacamos que a lo largo de la prolongada lucha por la absolución de los compañeros contamos con la presencia de nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer, de la diputada electa de la provincia de Neuquén, Blanca López, y del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El mismo Martín Oñate envió especialmente un saludo a Izquierda Socialista por su apoyo.

En la conferencia de prensa que se hizo por la mañana temprano en la sede de Adosac Caleta Olivia, el Pollo aclaró por qué viajó tantos kilómetros: “Yo tenía que estar acá porque si quedaba firme la sentencia y los compañeros Oñate, Vibares y Armoa terminaban presos dejaba un precedente muy malo para todos los trabajadores que salen a luchar contra los planes de ajuste. A mí me habían comentado sobre el gobierno de Alicia Kirchner, pero una cosa es que te lo cuenten y otra es verlo. No puede ser que por reclamos gremiales puedas terminar preso. El gobierno trata a los trabajadores como delincuentes”.

Finalizada la audiencia con la noticia de haber logrado la absolución, se realizó un acto fuera de los tribunales. Néstor Vibares agradeció a todos los presentes por la absolución. Manifestó que “siempre estuvimos convencidos que lo que hicimos fue una legítima defensa de nuestros compañeros. En Río Gallegos están procesando compañeros docentes, estatales, y en Caleta Olivia a municipales. Esto se tiene que terminar, somos trabajadores y se tiene que respetar nuestro derecho a organizarnos y el derecho a huelga”.

El abogado defensor Carlos Toledo Vargas sostuvo que todo fue “un despropósito, fundamentalmente en el caso de Oñate, donde le habían pedido dos años de cumplimiento efectivo, privarlo de la libertad por cumplir la función sindical. Ojalá que este fallo siente jurisprudencia y que nadie más que se organice en defensa de los derechos de los trabajadores, a través del derecho de huelga, se lo prive de su libertad”.

La semana pasada fueron procesados tres docentes de Adosac y una compañera de ATE por reclamar sueldos no abonados en 2017. Ahora también procesaron a trabajadores municipales de Caleta Olivia. Todo esto prueba lo que venimos diciendo desde la izquierda, que el ajuste y la represión son tanto de Macri como de los gobernadores, en este caso la peronista Alicia Kirchner. Exigimos su inmediato desprocesamiento.
Santa Cruz es una prueba de que donde gobierna el kirchnerismo puro lo hace en contra de los trabajadores. La alternativa para los trabajadores y el pueblo es el Frente de Izquierda. Te invitamos a sumarte a nuestro partido para construir juntos esa alternativa al servicio de los trabajadores y sus luchas.

Escribe Martín Fú

El compañero Daniel Ruiz se encuentra desde el año pasado injustamente detenido y privado de su libertad por participar de la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 cuando cientos de miles salimos a las calles a repudiar el robo jubilatorio del gobierno de Macri. Está procesado y acusado de “intimidación pública”, “atentado a la autoridad agravado” y con prisión preventiva.

Daniel Ruiz, que es dirigente petrolero y militante del PSTU, no tiene antecedentes penales, y sin embargo se le niega el derecho a la excarcelación. Los delitos que se le imputan a Daniel son excarcelables, por lo que en un hipotético caso de recibir condena quedaría en suspenso y debería ser liberado de inmediato, libertad que estamos reclamando denunciando semejante aberración judicial.

Desde Izquierda Socialista participamos de la campaña por la libertad de Daniel y realizamos varias visitas al penal, como la del pasado 3 de mayo acompañando a una delegación encabezada por Nora Cortiñas, Nicolás Del Caño, Luis Zamora, Vilma Ripoll y en la cual participó nuestro compañero Juan Carlos Giordano junto a otras reconocidas personalidades de los derechos humanos y la política en una visita solidaria a la cárcel de Marcos Paz donde Daniel se encuentra detenido hace meses. Las diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone ya lo habían hecho en otra oportunidad.

Desde Izquierda Socialista presentaremos un proyecto de resolución en el Congreso Nacional a través de la diputada Schlotthauer exigiendo la inmediata liberación de Daniel Ruiz.

Escribe Martín Fú

La ministra Bullrich finalmente anunció la implementación del uso de las pistolas Taser. Estas armas, llamadas “no letales”, pueden causar la muerte. Su funcionamiento se basa en la aplicación y paso de hasta 50.000 voltios a través del cuerpo de quien sea víctima de las fuerzas de seguridad que las empleen. Así lo han demostrado los cientos de casos de víctimas fatales en Estados Unidos, donde hace años diferentes estados vienen usándolas y han generado más de mil muertes.

El paso de la electricidad provoca que personas con enfermedades congénitas o preexistentes, deficiencias cardíacas u otras patologías, sean potencialmente casos fatales por la utilización de esta arma, que también puede ser usada como elemento de tortura al poder su operador decidir cuántas veces hace el uso del paso de la corriente a través del cuerpo de la víctima. Una práctica que nos remite a las épocas más siniestras de nuestra historia. La misma empresa, Taser, con sede en Texas, viene enfrentando múltiples demandas de víctimas y familiares de quienes murieron por el uso de las Taser. Nuestra diputada Mónica Schlotthauer denunció nuevamente los intentos del gobierno de profundizar la política de mano dura y el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad buscando desviar la atención de los verdaderos problemas de los trabajadores y los sectores populares como la inflación, el aumento del dólar, la carestía general de vida y la debacle política y social que Macri implementa a través de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. En medio de un feroz ajuste, el gobierno que felicita al policía Chocobar y que defendió el asesinato del joven Rafael Nahuel en Bariloche, gasta millones en pistolas Taser para seguir reprimiendo. Desde Izquierda Socialista seguiremos rechazando y repudiando los intentos del gobierno de ampliar el arsenal de armas que siempre es utilizado contra nuestros jóvenes y los trabajadores.