A medida que pasan las horas se habla de todo tipo de hipótesis sobre la muerte del fiscal Nisman y sus causas. ¿Fue un suicido auténtico o fue inducido y hay un crimen? Desde nuestro punto de vista, la explicación de este desenlace no hay que buscarla en la causa AMIA, aunque tenga su importancia, ni en una guerra de servicios, sino en la brutal crisis que tiene el gobierno kirchnerista y el régimen político patronal. Desde hace un año el gobierno está acosado por los casos de corrupción y emprendió una dura batalla para controlar el poder judicial y lograr impunidad pos 2015. En esa pelea interpatronal, entre el gobierno y la oposición, se metieron Nisman, la causa AMIA y diferentes sectores de los servicios. El caso Nisman no hará más que profundizar la crisis política del gobierno y de los de arriba.
La “muerte dudosa” del fiscal Nisman es un hecho político que tendrá serias repercusiones. Digan lo que digan Cristina Kirchner, el gobierno, la justicia o los investigadores de la Policía Federal sobre lo que pasó, el otro hecho político es que la mayor parte de los trabajadores y los sectores populares no creen en la versión “suicidio”. La gran mayoría mira hacia el gobierno, su entorno y sus servicios represivos. Millones están hartos del kirchnerismo, sus mentiras y sobre todo, de su política económica contra el pueblo. Tampoco creen en los jueces ni en la policía ni en los Macri, Massa, Cobos o Scioli. Predomina el escepticismo hacia todos ellos. Y esto tiene que ver con el contexto en que hay que ubicar el caso Nisman.
La desesperación por lograr impunidad
Unos atribuyen la muerte de Nisman a una pelea entre servicios de inteligencia. Algunos, incluso, barajan que pudo actuar algún servicio iraní, ya que evidentemente Nisman siempre fue asesorado por Israel y la CIA. El verdadero trasfondo es la pelea del gobierno contra sectores del poder judicial, que lleva más de un año, para tratar de designar fiscales K que no destapen más “ollas podridas” de corrupción, que desgastan a la presidente y a su gobierno y al Frente para la Victoria.
Cristina Kirchner, Boudou (el del escándalo Ciccone y el “domicilio” de uno de su bienes en un médano de La Costa) y los Lázaro Báez, De Vido o Cristóbal López, temen que se repita lo de Menem y la causa de las armas cuando quedó fuera del gobierno. Que varios K vayan presos o se pasen los próximos años yendo a los juzgados. Por eso también buscarían cargos parlamentarios para la propia presidente (Parlasur) y la Cámpora, para tener fueros. Todos ellos necesitan impunidad para cuando no estén más en el gobierno.
En ese marco el gobierno metió mano en los servicios, ubicando gente que le responda para apretar a jueces y fiscales y espiar opositores. Ese fue el cambio que se dio en diciembre pasado con el desplazamiento de jefes en la ex Side (entre ellos Jaime Stiuso, quien asesoraba a Nisman) y designando a un incondicional como Oscar Parrilli.
Con esta política el gobierno K profundizó el choque con la oposición patronal, rompiendo las reglas de juego del régimen democrático-burgués al pretender pasar por arriba de la Corte Suprema, imponiendo la designaciones de jueces y fiscales a dedo, desplazando a otros o votando leyes y reformas a distintos Códigos legales imponiendo su mayoría circunstancial en el Parlamento.
Todo el 2014 fue subiendo de tono de esa pelea por arriba, por espacios de poder, del gobierno contra gran parte del aparato judicial y la oposición patronal. Su contracara hacia abajo fue su política de criminalizar la protesta social contra los trabajadores que reclaman por su salario o contra los despidos. Para ello lanzó el Proyecto X, usa la ley antiterrorista, reprime con la gendarmería en Lear y acusa a los ferroviarios encabezados por el Pollo Sobrero de sabotajes o les pide el desafuero sindical, entre un largo etcétera.
Al calor de los nuevos casos de corrupción el gobierno trató de avanzar autoritariamente imponiendo sus jueces y fiscales. En octubre propuso cambios procesales para obstaculizar la resolución de las causas de corrupción. En diciembre se resolvió en el Consejo de la Magistratura, con mayoría K, el nombramiento de 6 jueces de la Cámara Civil en tiempo record de 5 días y totalmente cuestionados por jueces y la oposición patronal. En el mismo mes el Consejo designó a Laureano Durán (un K ligado a Zaffaroni) como nuevo juez de competencia electoral en La Plata, un distrito clave, para reemplazar al fallecido Manuel Blanco, quien fue cuestionado por no cumplir las normas legales en su designación. En el mismo mes la procuradora K Alejandra Gils Carbó, escandalosamente, intentó designar 16 fiscales a dedo. Lo frenó el fallo del juez Lavié Pico, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (16/1/2015). Gils Carbó estaba también preparando la destitución del fiscal Nisman, porque no respondía a las órdenes del gobierno.
Nisman volvió porque se veía venir que lo echaban
Cristina Kirchner en su carta, y sus funcionarios, se preguntan por qué Nisman “se vino antes de sus vacaciones”, intentando instalar que ellos serían las víctimas de un “complot” del que sería parte Nisman, quizás con Magnetto de Clarín (dicho por Julián Domínguez). Desempolvando a su vez que Nisman, designado por Néstor Kirchner en 2004, trabajaba pegado a la CIA e Israel y era avalado por la ex SIDE, cuando la jugada era cerrar la causa por el atentado a la AMIA responsabilizando al gobierno de Irán.
Pero Nisman no volvió preocupado por el caso AMIA o por un complot de la CIA y Magnetto. Simplemente volvió porque sabía que lo podían echar en cualquier momento. Y posiblemente consideró que era el mejor momento de pegarle al gobierno con la acusación que tenía entre manos contra Cristina y demás por el famoso memorándum con Irán. Nisman formaba parte del sector del poder judicial que, apoyado por la UCR, el PRO o UNEN, resistía el embate del gobierno. Y lanzó el paquete de 300 páginas que tenía preparado, seguramente con el ex servicio Stiuso, que fue parte de la investigación de casi 10 años. O sea, Nisman volvió para sumarse al bloque opositor para meter más leña al fuego contra la presidente y su gobierno. Intentó por esa vía sostenerse en su cargo para después de 2015 con un nuevo gobierno. El gobierno se estremeció ante la denuncia. En ese marco, pasó lo que pasó.
Un gobierno corroído por la corrupción
La crisis del gobierno se viene profundizando desde la derrota electoral de 2013. Millones de trabajadores y sectores populares dejaron de creer en Cristina y su supuesto modelo “nacional y popular”. El gobierno se fue desnudando quedando claro que está al servicio del ajuste y de grandes multinacionales (del automóvil, minería, petróleo), los pulpos cerealeros (Cargill, Bunge) y el capital financiero. El impuesto al salario (a través de la inflación y Ganancias) es todo un símbolo.
También se ha puesto en evidencia que se trata de un gobierno corrupto. En eso también se reflejan los choques interburgueses con la gran burguesía del campo y otros sectores del empresariado nacional. Es un gobierno apoyado por sectores de la burguesía a quien le da subsidios estatales, como a la del transporte, petroleras y otras. Y que también ha favorecido el enriquecimiento vertiginoso de sectores de dudosa procedencia, como los Lázaro Báez, Cristóbal López y una serie de sectores de funcionarios que se han enriquecido ligados, probablemente, a manejos corruptos, haciendo de intermediarios con la obra pública, el juego y todo tipo de contratos. Muchos serían testaferros de la familia presidencial y varios funcionarios de gobierno.
La crisis política sigue latente
La acusación que impulsaba Nisman y su muerte no hacen más que meter leña al fuego en la crisis del gobierno, su desgaste y debilidad. Como también a la crisis del conjunto del régimen político patronal. El gobierno no trastabilla porque, por un lado, la oposición patronal busca no hacer gran ola por el caso. Al punto que no cuestionan al gobierno ni a sus ministros, sino que solo piden “resguardar las pruebas” y esperar que “avance la justicia”. Y, por otro lado, porque los dirigentes sindicales oficialistas y opositores no han empujado por una nueva huelga general y un plan de lucha por las reivindicaciones de la clase trabajadora. Los Macri, Massa, Scioli y la burocracia sindical se juegan a las elecciones de este año para tratar de canalizar la crisis con un recambio.
Desde Izquierda Socialista creemos que se necesita un cambio de fondo (ver declaración página 2). En lo inmediato, defendiendo las libertades democráticas, repudiando toda represión a las protestas y exigiendo la disolución del aparato represivo, así como el esclarecimiento del caso Nisman, entre otras medidas. Los trabajadores y sectores populares deben enfrentar esta situación preparando las luchas por el salario y el reclamo de un plan de lucha, y fortaleciendo al Frente de Izquierda (FIT) como polo político alternativo hacía las elecciones de este año.
La ex Side y la crisis política
La cuestión de los espías y los servicios de inteligencia se han puesto a la orden del día. Justamente porque surge con claridad que los jueces y fiscales trabajan codo a codo con los servicios de información. En el caso de Nisman, con un viejo espía de la Secretaria de Inteligencia (SI ex SIDE) que era Jaime Stiuso. Ahora todos recuerdan que fue Néstor Kirchner quien le dijo a Nisman en el 2004: “Pibe trabaja con este hombre”, en la causa AMIA.
El gobierno habla de una “guerra de servicios”, o lo deja abierto, para desviar su responsabilidad. Pero la muerte del fiscal pone en evidencia que el kirchnerismo, que se la da de “progresista” y defensor de los derechos humanos, nunca hizo cambios en los servicios de inteligencia ni de represión, de los cuales es máximo jefe y responsable. Mantuvo a la ex Side tal como estaba. La mayor parte de los servicios son de la época de la dictadura. Stiuso, que fue ‘pasado a retiro’ en diciembre pasado, tenía 43 años de antigüedad. O sea, empezó en1971, con la dictadura de entonces, pasó por el Proceso y todos los gobiernos posteriores. Y nombró como jefe de las fuerzas armadas al genocida Milani, hombre de inteligencia del ejército.
La crisis que hubo a fin de año en la ex Side, con la designación de Oscar Parrili (que fue reemplazado por Aníbal Fernández), se explicaría porque justamente la presidente se habría quejado de que los jefes de los servicios no respondían a sus demandas de apretar al juez Bonadio, por ejemplo, que lleva la causa de Hotesur (que involucra a Máximo Kirchner). Por eso echaron a la cúpula: Héctor Icaguriaga, Jaime Stiuso y Francisco Larchar (este último amigo de Bonadio y de Massa). Todo indica que por esa vía, en realidad, quien pasó a tallar en la ex Side es el general Milani. Esto también explicaría el apoyo cerrado que le da Cristina pese a las denuncias por genocidio que existen. Es claro que Nisman y el ex agente Stiuso “estorbaban” en este esquema de espías.
