Escribe José Castillo

El gobierno de Milei se juega a aprobar lo más rápidamente posible su ley esclavista. Se le quita al pueblo trabajador prácticamente todos los derechos conquistados en 120 años de lucha. La CGT plantea apenas algunas tibias expresiones de oposición. Hay que dar una respuesta contundente, en las calles, llamando a un paro general y un plan de lucha.

Se va terminando de conocer el denominado proyecto de “modernización laboral” propuesto por el gobierno ultraderechista de Milei y el FMI, con el apoyo de las patronales y el guiño de los gobernadores. De conjunto, es una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora, un verdadero proyecto de reforma laboral esclavista, que busca demoler 120 años de conquistas de la clase trabajadora argentina.

Los objetivos que se buscan lograr con este proyecto de reforma laboral, son explícitos: hacer que el trabajador o la trabajadora le salga más barato al patrón, que lo pueda explotar, “exprimir” más y que lo tenga a plena disposición a toda hora (en horarios, días de trabajo). 

Despedir más fácil y barato

Se reducen los montos a partir de los cuáles se calcularán las indemnizaciones por despidos. En concreto, ya no se tendrán en cuenta las vacaciones ni el aguinaldo, ni ningún monto remunerativo.  Se invierte la carga de la prueba, donde ahora el o la trabajadora tendrá que demostrar que el despido es arbitrario o sin causa. Y se busca reducir al mínimo las multas e intereses si la patronal demora o dilata el pago, beneficiando esas maniobras patronales.  

Desfinanciar al Anses y las obras sociales

Justamente para abaratar los despidos se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que consiste en una contribución de las empresas del 3%, pero que se descuenta de lo que actualmente se paga en aporte jubilatorio. Además, de aprobarse la ley, las alícuotas de los aportes pasarían del 20,40% para las grandes empresas de comercio y servicios y del 18% para el resto de las patronales, al 17,40% y 15%, respectivamente. Todo esto se sobrepone a las numerosas reducciones y exenciones que ya tienen los aportes patronales. La contrapartida de todo esto es la desfinanciación de las cajas jubilatorias y de las obras sociales.

Salarios más bajos

El proyecto vuelve a habilitar la práctica de los años ‘90 de pagar una parte del sueldo en especie, como se hacía con los tristemente conocidos “tickets canasta”, solo canjeables en determinados comercios. Se suma a esto el salario por productividad o mérito, que, por supuesto, pasará a ser determinado por la patronal. 

También se instaura el llamado “banco de horas”, donde, además de lo que implica en avanzar sobre el tiempo libre de las y los trabajadores, prácticamente liquida la posibilidad de cobrar horas extras, ya que estas se irán sumando indistintamente a cuando se realicen durante el mes.

Ataque al derecho al descanso de las y los trabajadores

El ya citado banco de horas liquida la jornada de 8 horas y el descanso de fin de semana, creando un colectivo de trabajadores prácticamente a disposición de la patronal a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Pero además también se fraccionan las vacaciones y se incrementan los derechos de las patronales a otorgarlas en cualquier momento del año.

Dejar desamparado a las y los trabajadores frente a los patrones

Un centro del proyecto oficialista es atacar los convenios colectivos de trabajo. Lo hace liquidando la llamada “ultraactividad”, que consiste en que, en caso de no acuerdo entre sindicato y patronal, sigue vigente el convenio actual. Eso cambiaría ahora, por lo que a las patronales les bastaría con no acordar nada para dejar desprotegido al trabajador o trabajadora.

También se plantea que prevalecerán los convenios por empresa, o regionales, por sobre las nacionales, buscando así debilitar y fraccionar a la clase trabajadora.

Atacar a la organización sindical y las medidas de lucha

El proyecto limita al extremo el derecho a huelga, planteando que un conjunto de actividades (docentes, salud, transporte) serán consideradas “esenciales”, debiendo garantizarse un 75% de presencialidad en caso de una medida de fuerza. Y se agrega además otro rubro, llamado “actividades trascendentales”, donde se incluye prácticamente todo, hasta la hotelería y la gastronomía, en que se debe garantizar un 50%. 

También se limita la realización de asambleas fuera  y dentro de la planta, requiriéndose autorización expresa del empleador sobre el horario, duración y lugar de realización. Se señala además que no se percibirá salario durante el tiempo que se participe en dichas asambleas. Se reducen también los derechos de los delegados a la actividad gremial a apenas 10 horas mensuales. 

¿Qué plantea la CGT?

Frente a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador, indigna la respuesta de la CGT. Después de meses de hacer silencio, colaborar con el gobierno sentando a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo, esperando que saliera un proyecto de reforma “liviano” que no tocara sus privilegios, la burocracia se encontró con que se está presentando la versión más ultraderechista y salvajemente pro-patronal elaborada por Sturzenegger, prácticamente un calco del DNU 70/23. 

La conducción de la CGT recién ahora se da por enterada, realizando una tardía reunión. Su “estrategia” para enfrentar esta reforma parece un chiste. Trascendió que elaboraron un “semáforo” de partes del proyecto que estarían dispuestos a aceptar (luz verde) (básicamente el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones), otras en las que discreparían “con suavidad” (luz amarilla) como la reducción de indemnizaciones, y otras a las que se opondrían (luz roja) como la caída de la ultraactividad y la reducción de los aportes patronales. 

Como “acciones” concretas proponen profundizar el diálogo con gobernadores y legisladores, insistir en sus contactos con lo que interpretan como el ala supuestamente “dialoguista” del gobierno (Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo “Lule” y Martín Menem”) y testear la vía judicial. Solo al final aparece, tibiamente, la “posibilidad en estudio” de un plan de lucha. 

Hay que salir a enfrentarlo en las calles

Desde el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad tenemos un planteo contundente: hay que salir ya mismo a enfrentar este proyecto esclavista. Por eso nos movilizaremos el 18 de diciembre al Congreso. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo a la CGT la convocatoria a un paro general y un plan de lucha para derrotarlo. Tenemos que poner en marcha al conjunto del pueblo trabajador para, con la contundencia de la movilización masiva, tirar abajo esta reforma esclavista de Milei, las patronales y el FMI.