Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La Ley de Glaciares; la megaminería de cobre en Mendoza y de litio en el norte; la reprivatización del río Paraná y de las represas hidroeléctricas; la habilitación para contaminar aún más las napas con agrotóxicos; las petroleras mar adentro y la ampliación del fracking en Vaca Muerta; el anuncio de megacentrales de procesamiento de datos para la inteligencia artificial; y la entrega de una decena de provincias a la empresa israelí Mekorot. Más que nunca, la batalla por el agua está al orden del día de cara al 2026.

Se trata de un problema global. En el último año se registró el récord de 420 conflictos violentos relacionados con el acceso al agua, según el Water Conflict Chronology del Pacific Institute. Desde el ejército de Israel bombardeando grifos comunitarios y matando de sed e imposibilidad de higiene al pueblo de Gaza, hasta el estado mexicano de Veracruz, donde la policía asesinó a dos manifestantes que protestaban contra el acopio y la contaminación del agua por parte de una megafábrica de cerdos, en cada continente se expande la disputa en torno a los recursos hídricos. 

El agua cotiza en Wall Street en un marco en el que el proceso descontrolado de calentamiento global profundiza las sequías; la pérdida de agua dulce por contaminación avanza; y el fracking, la megaminería y las nuevas tecnologías, tanto las renovables como las vinculadas a la inteligencia artificial, consumen ingentes cantidades de agua. Por eso no sorprende lo que ocurre en nuestro país.

Milei, Trump, Netanyahu y los gobernadores peronistas y radicales

Mientras cerramos este anuario, el pueblo de Mendoza, como ya lo había hecho en 2019, se encuentra masivamente en las calles para frenar la megaminería. En el Senado provincial, el gobernador radical Alfredo Cornejo aprobó, con el apoyo libertario y con cinco de los nueve senadores peronistas, habilitar 28 explotaciones megamineras sin estudios de impacto ambiental válidos. Se habilita la actividad en zonas que amenazan el arroyo El Tigre, la ciénaga de Yalguaraz y el río Uspallata.

Cornejo es, además, según el propio Milei, quien le sugirió cómo modificar la Ley de Glaciares para favorecer nuevamente a las mineras. Su propuesta es que cada provincia defina en una mesa de negociación con las corporaciones qué es y qué no es un glaciar o una zona periglaciar. En ese punto coinciden todos los gobernadores de provincias cordilleranas (peronistas, radicales o de partidos provinciales).

Son las mismas provincias que aprovecharon las negociaciones impulsadas por Eduardo de Pedro, de La Cámpora, con el Estado criminal de Israel para que la empresa Mekorot gestione el agua bajo criterios mercantilistas. Y que aportaron los votos para aprobar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que dispone que ante situaciones de escasez (de agua, por ejemplo) las empresas tienen prioridad por sobre las personas.

Se trata de los mismos partidos patronales que impulsan la ampliación del fracking y la instalación de plataformas offshore, y que acuerdan con el nuevo proyecto que permite fumigar con venenos a 10 metros de escuelas y barrios. Los mismos que privatizaron en los ‘90 y ahora quieren reprivatizar el río Paraná y las hidroeléctricas.

El agua vale más que todo

Con el ejemplo de la lucha de Mendoza y el impulso de la campaña “La Ley de Glaciares no se toca”, y con la experiencia de las asambleas de todo el país que hace décadas sostienen que “el agua vale más que el oro”, tenemos que redoblar la pelea en defensa de este elemento esencial, no solo para la vida, sino también para actividades productivas centrales como la agricultura, la vitivinicultura y el turismo.

Junto a Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y toda la bancada del FIT Unidad presentamos un proyecto que, en el marco del rechazo a la privatización de AySA en el AMBA, plantea el rechazo a Mekorot y la necesidad de poner en pie una empresa estatal nacional de cuidado y gestión del agua, dirigida por las y los trabajadores y por las comunidades. El agua es vida, y por lo tanto, no puede ser una mercancía.