Los trabajadores de Sport Tech, empresa textil de Villa Lynch, San Martín, ocupan pacíficamente la fábrica por sueldos adeudados y en defensa de la fuente de trabajo.

El 31 de diciembre los empleados de la sucursal de Luján se encontraron con un cartel de clausura y el inicio de la quiebra, que deja en la calle a 62 familias. Pero cuando le iba a tocar el turno a la planta de Villa Lynch, con 120 trabajadores, en su mayoría mujeres, decidieron ocuparla y hacer paro dentro de la fábrica. Alrededor de 25 trabajadores y trabajadoras la ocupan desde el 8 de enero, mientras sus compañeros/as y familias acampan en la plaza lindera, organizan actividades y reciben la solidaridad de otros trabajadores, sindicatos, estudiantes y vecinos. Exigen que se les abonen los sueldos adeudados, aguinaldo, vacaciones, bono de fin de año, retroactivos y volver a trabajar, ya que fabrican para Nike, Adidas y Puma y tienen pedidos pendientes. Hay que rodearlos de apoyo y solidaridad. Desde Izquierda Socialista nos pusimos a disposición desde el primer día y acompañamos la lucha de estos valientes compañeros.

La multinacional autopartista Pilkington, con sede en Munro, ha lanzado un ataque contra el activismo gremial. Trece trabajadores, algunos ex integrantes de la anterior comisión interna -de orientación combativa y antipatronal- fueron despedidos la semana pasada, parte de ellos mientras se encontraban de vacaciones. Esto generó la respuesta de toda la planta solidarizándose con los despedidos, parando los turnos mañana y tarde el lunes 14 sin ingreso a la fábrica. El lamentable papel del sindicato SOIVA (vidrio), que estuvo ausente con aviso, y el de la comisión interna presionando a los compañeros para que vayan a trabajar, o directamente llamando por teléfono para ofrecer en nombre de la empresa retiros voluntarios, muestra contra quiénes tienen que pelear. A pesar de esto se mantiene un acampe en la puerta y el pasado domingo se realizó un festival en apoyo a los despedidos donde Izquierda Socialista estuvo presente llevando su solidaridad y acompañamiento.

El pasado 19 de diciembre se realizaron elecciones de junta interna y cuerpo de delegados de ATE en el INTI, a poco menos de un año de los más de 250 despidos que golpearon particularmente a la organización de los trabajadores en el instituto. El resultado fue el triunfo de la lista Naranja ligada al Partido Obrero por sobre las dos listas en las que se dividió la hasta entonces conducción alineada con la dirección nacional del sindicato, la Verde-Granate y la Verde.

Lamentablemente en los primeros días del año la patronal hizo lugar a un pedido de ATE nacional en manos de Cachorro Godoy que, en un hecho gravísimo, pide la suspensión de las tutelas sindicales de la Junta Interna y los delegados de sector electos en diciembre último.
Desde la agrupación Estatales en Marcha repudiamos este ataque a la democracia sindical y reclamamos que se respete la voluntad mayoritaria de los compañeros y compañeras del INTI para de esta forma estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI.

Escribe Malena Zetnik

El caso de la niña jujeña de 12 años violada y obligada a realizarse una cesárea demuestra el rol aberrante del gobierno patriarcal y la Iglesia a quienes no les importa ninguna vida. Frente a esta violencia se vuelve más necesaria que nunca la pelea por la legalización del aborto.

El pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea a la niña de 12 años que fue violada por un hombre de 60 años en San Pedro, Jujuy. Esta medida fue festejada por el gobierno de Morales y sus funcionarios, especialmente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, como un logro en el que supuestamente se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al mismo tiempo en que se “salvaron las dos vidas”. Sin embargo, este hecho solo puede calificarse como el eslabón final de una cadena de aberrante vulneración de derechos a esta niña impulsada por la Iglesia y los funcionarios del gobierno de Jujuy a quienes poco les importan los derechos de las mujeres y, mucho menos, de esta pequeña.

En primer lugar, la niña fue violada por un vecino que la amenazó de muerte. Al contarle a su madre y ser llevada al centro de salud, no se cumplió el protocolo requerido en los casos de violación para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Semanas después, cuando la joven se presentó en el hospital Materno Infantil por un fuerte dolor, los mismos profesionales de la salud objetores de conciencia dilataron los tiempos para informar la situación y, sobre todo, se negaron a garantizar la ILE en los plazos perentorios. Es más, torturaron a la niña haciéndola esperar con el argumento de que debía “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional.

Con el accionar de los grupos antiderechos que violaron también el derecho a la intimidad de la niña acosándola y haciendo público el caso, los tiempos se aplazaron más y en el hospital argumentaron que se garantizaría el derecho de la niña al ILE mediante una cesárea. No obstante, cabe mencionar que la cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud, y no es lo que la niña y su madre habían solicitado. Este mecanismo dilatorio y tortuoso al que se la expuso no es nuevo. Se repite en todo el país, tal como pasó en Chaco en noviembre pasado, en donde otra niña de 13 años desnutrida, falleció luego de haber sido forzada a parir. Por eso, además del nefasto rol de la Iglesia Católica, denunciamos como responsables de esta violación de derechos al propio gobernador Gerardo Morales y al ministro de salud por negar el derecho de la niña y poner en riesgo su Salud.

Hoy más que nunca señalamos la importancia de la legalización del aborto para que dejen de ser las mujeres y niñas pobres las que sean obligadas a parir o a morir por abortos clandestinos. Por eso seguimos en las calles, en ese sentido nos movilizamos a la casa de Jujuy en CABA junto con organizaciones feministas y de izquierda para repudiar al gobernador Morales y a su ministro de Salud. También reclamamos cárcel ya a todos los violadores. Basta de abuso sexual en las infancias. Inmediata educación sexual integral y separación efectiva de la Iglesia y el Estado. #NiñasNoMadres #InfanciasLibresDeViolenciaMachista.

Este 2019 comenzó con el femicidio de Celeste Castillo, de 25 años, en Santiago del Estero en manos de su pareja, un policía, quien se suicidó luego de matarla. Siguió con el femicidio de Valeria Juárez ,de 32 años, en Chaco, asesinada por su propio padre quien también se suicidó. Pero la triste lista sigue: Daiana Moyano, Joselin Mamani, Gisel Varela, Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Romina Ugarte y Carla Soggiu también fueron víctimas de sus parejas, ex parejas, familiares o varones que simplemente las consideraban de su propiedad al punto de decidir violarlas, golpearlas y/o directamente asesinarlas por el hecho de ser mujeres.

Una vez más debemos decir que por más aberrantes que sean estos crímenes, los femicidas no son personas con problemas de salud mental o “locos”, como suele tildárselos, sino claros exponentes de una sociedad patriarcal que insiste en cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes al extremo de decidir sobre la vida o la muerte. Y a pesar de las grandes movilizaciones que vienen desarrollando las mujeres al grito del #NiUnaMenos, el apoyo que cuentan de parte de la Justicia patriarcal les garantiza en gran medida que estos casos se sigan repitiendo con total impunidad. Por eso de los 259 femicidios ocurridos en el país en 2018, muy pocos cuentan con condenas a los femicidas y, en muchos casos, incluso siquiera con investigaciones sobre las causas.

Pero no se trata solo de la Justicia. El hecho de que el 20 por ciento de los femicidas sean miembros de las fuerzas de seguridad da cuenta del rol nefasto de las fuerzas represivas del Estado también en los casos de violencia de género. Son ellos quienes deben recibir las denuncias de violencia de género e, incluso, garantizar las medidas de protección de las mujeres como en los casos de restricción perimetral. Pero hacen todo lo contrario revictimizando a las mujeres y hasta garantizando la impunidad en el manejo de las escenas del crimen. Y todo esto se da con el aval de los gobiernos de turno, desde el nacional de Mauricio Macri, hasta cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que se sacaron fotos en apoyo al #NiUnaMenos pero solo han avanzado en la reducción de los programas y los presupuestos para la atención de las mujeres en situación de violencia. Sin ir más lejos, del flamante Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, anunciado en 2017, no hay noticias de avances. Y en el presupuesto 2019 solo se han aprobado $11,36 por cada mujer para las políticas de género. Por eso decimos que los gobiernos, la Justicia y la policía también son responsables de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ellos nos prefieren con miedo y sumisas para poder garantizar nuestra superexplotación.

Para terminar con los femicidios llamamos a todas a seguir en las calles movilizándonos contra la impunidad de violadores, violentos y femicidas. Reclamamos plata para el cumplimiento de la ley 26.485, de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres y no para la deuda externa. Hagamos realidad el grito de #NiUnaMenos. Los gobiernos son responsables.