Estudiantes universitarios de Teherán expresaron su solidaridad con los manifestantes y huelguistas obreros, maestros y choferes de camiones.
Por su parte, los obreros de la fábrica de acero en Ahwaz se manifestaron a favor de los universitarios el 6 de diciembre, día de los estudiantes, cantando en la calle una canción revolucionaria estudiantil prohibida por el régimen teocrático.

Después de varios días de protestas de artistas, que incluyeron al histórico Silvio Rodríguez, el gobierno de Díaz Canel anunció que se revisaría el decreto 349 que establecía una fuerte censura. Varios artistas fueron detenidos y luego liberados. Tania Bruguera, una de las que encabezó las protestas, felicitó a todos los que se movilizaron: “Se demuestra que los artistas unidos jamás serán vencidos. La lucha continúa”, escribió.

Hace tres semanas que están en huelga los portuarios de Valparaíso, el principal puerto chileno, con paros de solidaridad en otras regiones. Las demandas son por reconocimiento de derechos y estabilidad laboral. Las empresas, parte del Grupo Von Appen, se han negado a negociar. El gobierno y sectores patronales dicen que las pérdidas superan los 400 millones de dólares. La Unión Portuaria del Biobío anunció que paralizará todos los embarques del Grupo Von Appen hasta que ceda a las justas demandas de los trabajadores.

El gobierno de Evo Morales en 2016 perdió un referéndum para modificar la Constitución y permitir su cuarta reelección. Tuvo 51,4% de votos válidos en contra y 48,6% a favor. Pese a eso, en 2017 forzó una sentencia del Tribunal Constitucional y hace pocos días el Tribunal Electoral autorizó la reelección por cuarta vez de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ambos tribunales son casi totalmente dependientes del gobierno del MAS, que fue quien nombró a sus integrantes. Además un año antes de las elecciones nacionales (diciembre 2019) hizo una ley que establece elecciones “primarias” con requisitos totalmente antidemocráticos, ya que impiden en los hechos que se presenten partidos de izquierda o de los trabajadores.

En repudio a esta sentencia violatoria del referéndum de 2016, y a la ley de partidos, el 6 de diciembre se cumplió un paro nacional convocado por los Comités Cívicos y por algunas federaciones de maestros, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras organizaciones. La dirección burocrática de la Central Obrera Boliviana, que apoya a Evo Morales, se opuso al paro. Este tuvo un cumplimiento bastante importante, pero irregular, ya que no se hizo efectivo en gran parte de los sectores productivos, aunque sí hubo bloqueos que paralizaron el transporte en las ciudades y manifestaciones de decenas de miles de personas.

Según las encuestas, el 75% de la población se opone a la reelección. Y sólo la falta de alternativas populares frena que esto crezca aún más. El principal oponente electoral a Evo Morales es el ex presidente (2003 a 2005) Carlos Mesa, aquel que en su momento había caído producto de la rebelión popular.

La cuestión de fondo, como sucede con otros gobiernos llamados del “socialismo del siglo XXI” (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), es que no se ha resuelto ninguno de los principales problemas del pueblo trabajador. La insurrección popular de 2003 contra el gobierno de Sánchez de Losada exigía la llamada “agenda de octubre”, cuyo punto principal era la nacionalización y expulsión de las multinacionales del gas y que con ese excedente económico se crearan fuentes de trabajo. Hoy las transnacionales siguen dueñas del gas y de los minerales. Y también de las grandes extensiones de tierras destinadas a la agroindustria. Continúan la desocupación, la precarización laboral y la miseria en el campo, que obligan a migraciones masivas. Aunque hubo algunas mejoras en estos años, fue gracias a los altos precios de minerales y gas. Pero ahora bajaron y la economía capitalista exige un ajuste económico antipopular que el gobierno comenzó a aplicar gradualmente. Esto generó la ruptura de gran parte de los trabajadores con el gobierno de Evo Morales.

Está planteada una situación que hace posible incluso un fraude electoral masivo del gobierno para lograr ganar las elecciones (como Maduro en Venezuela) y una agudización de la crisis política con levantamientos populares.

Escribe Gabriel Massa

La llegada a la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador (conocido por sus iniciales, AMLO) ha sido presentada por la prensa mundial como un “giro a la izquierda” en la política de ese país. Los medios denominados “progresistas” escriben largas editoriales, o lo muestran en su ceremonia de asunción con los pueblos originarios.

Buscan de esa manera revitalizar a la ya muy golpeada ola “chavista” del “socialismo del siglo XXI”, “nacional y popular” o de los llamados gobiernos progresistas, varios de los cuales ya no gobiernan, repudiados por votos castigo a sus políticas antipopulares, o aplican el ajuste en sus propios países en medio de la más feroz represión, como los casos de Ortega en Nicaragua, o Maduro en Venezuela. El propio AMLO invitó a su asunción al mismísimo dictador Nicolás Maduro, que tuvo que escuchar fuertes repudios a su presencia.
¿Se trata de un nuevo gobierno que, así sea tímidamente, va a iniciar una política independiente del imperialismo yanqui y a favor de las clases populares? La realidad es otra.

Así lo expresa el artículo “AMLO impone continuidad e impunidad”, publicado en la edición 410, noviembre-diciembre de 2018, de El Socialista, periódico de nuestra organización hermana mexicana, el Movimiento al Socialismo (MAS), miembro de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), algunos de cuyos párrafos reproducimos a continuación:

“A pocos días de asumir la presidencia de México, López Obrador (AMLO) ha dado una muestra más de continuidad a las medidas y políticas neoliberales que más afectan a nuestra nación, pues además de no modificar las contrarreformas impuestas por Peña Nieto a favor de los grandes capitales, salvo la educativa, decidió frenar los cambios […]

Nuestra soberanía nacional fue tremendamente lesionada con la reforma energética, al ser un país productor de petróleo, permitiendo la apropiación de su explotación a las grandes transnacionales. Además ha decidido aceptar alegremente a un grupo de “consejeros” de la oligarquía mexicana, encabezados por Salinas Pliego. […]

Y en forma aparentemente contradictoria, decidió cancelar el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, apoyándose en una consulta nacional sumamente cuestionada por sus enormes limitaciones. Pero en realidad lo fundamental fue la negociación alcanzada con el multimillonario Carlos Slim, quien declaró que no veía problema en invertir en el aeropuerto en Santa Lucía, como propuso López Obrador. […] Al tomar esa decisión, prometió no afectar a ninguna de las empresas que venían construyendo en Texcoco y negociar con ellas para extender sus contratos en Santa Lucía. Es la misma fórmula: tranquilizar a las grandes empresas capitalistas, nacionales y transnacionales, garantizándoles continuar con los grandes negocios. Y ya está por arrancar otro jugoso negocio para las constructoras y transnacionales: el Tren Maya, donde repetirá en pocos días una nueva “consulta” con ese y otros temas. […]

Mientras tanto la clase trabajadora tendramos que seguir sobreviviendo con salarios de miseria, controlados por sindicatos charros (burocráticos) o directamente por Contratos de Protección Patronal, pues el gobierno de AMLO no eliminará la contrarreforma laboral del 2012. […]

Como bien señalan nuestros compañeros del MAS, ante la nueva presidencia de AMLO, lo que se requiere es reorganizar a la clase trabajadora, sobre nuevas bases, realmente democráticas, clasistas, independientes del gobierno y combativas. Para ello, dicen correctamente nuestros compañeros, “es urgente la construcción de una verdadera alternativa política de izquierda, socialista y revolucionaria, en la que estamos empeñados, para que se proponga cambiar de raíz este país para terminar realmente con la enorme desigualdad y la explotación capitalista”.