Escribe José Castillo

Los últimos datos oficiales dicen que al 30 de septiembre de 2018 la deuda ya ascendía a 307.656 millones de dólares. La cuenta no termina allí, tenemos que sumarle las deudas de las provincias y del Banco Central. En conclusión, la deuda externa pasa largamente los 400.000 millones de dólares.

Veamos los vencimientos más próximos: este año (2019) tendremos que abonar 37.927 millones de dólares. Para hacerlo recibiremos del FMI 22.555 millones. La diferencia saldrá del ajuste al pueblo trabajador.

Pero las cosas se pondrán peor en 2020. Ahí hay vencimientos por 25.719 millones de dólares. Del Fondo todavía quedará un remanente del préstamo (entrarán 3.875 millones). El resto se pagará con un ajuste más severo aún que el de este año.

En 2021 el monto de deuda que vencerá será más grande: 35.179 millones de dólares. En 2022 los vencimientos ya son decididamente astronómicos: 57.197 millones, entre ellos 22.206 millones que le tendremos que “devolver” al FMI por el actual préstamo. Y en 2023 vencen 49.982 millones (incluyendo la devolución al Fondo de 23.370 millones de dólares).

Esto es el “futuro” que nos ofrece la bola de nieve sin fin de la deuda externa: ajustes cada vez mayores. Pagar cada vez más vencimientos mientras, a la vez, debemos cada día más. A esto hay que sumarle la fuga de capitales que solo en 2018 ha sido de 27.000 millones de dólares. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda sostenemos que no existe la menor posibilidad de resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda si no rompemos ya mismo las cadenas que nos atan al FMI y dejamos de pagar esa deuda usurera, un barril sin fondo por donde se saquean el trabajo y la riqueza de nuestro pueblo.

Escribe José Castillo

Macri despidió 2018 con nuevos tarifazos. El transporte público de Capital y Gran Buenos Aires (subte, trenes y colectivos) subió 40%. El subte llegará a 21 pesos en abril. La luz aumentará 43% entre febrero y marzo y luego tendrá otras subas, hasta llegar a 55% para todo 2019. El gas aumentará 35% el 1° de abril. La boleta del agua vendrá con un incremento de 17% en enero y otro 27% en mayo. Y ABL (equivalente al impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires) ya está viniendo con un 34% de incremento. Los peajes de las autopistas de entrada a la Capital también subieron 35%.

Todos estos aumentos se acumulan en los primeros meses del año. Y el gobierno ya anticipó que habrá más tarifazos en los próximos meses.
Y esto se suma a los que ya venían. “Entre octubre de 2015 y octubre de 2018 las facturas residenciales de electricidad de un hogar de Buenos Aires aumentaron entre 1.053 y 2.388 por ciento, las tarifas de gas natural escalaron entre 462 y 1.353, mientras que en el servicio de agua y cloacas la suba fue de 832 por ciento” (Mariano Barrera, Flacso-Conicet, Página12, 21/01).

El gobierno viene justificando los aumentazos diciendo que las tarifas estaban “atrasadas”, que las empresas “trabajaban a pérdida” o que se pagaba por una boleta el valor de “un café o una pizza”. De esa manera justifica las subas siderales que generan ganancias astronómicas de los empresarios privatizadores de los servicios públicos. Es decir, las tarifas están dolarizadas (el dólar subió 100% el último año), mientras los ingresos populares están en pesos devaluados. Ganancias en dólares para las privatizadas y saqueo para el pueblo trabajador.

Mientras tanto, las empresas privatizadas siguen recibiendo además cuantiosos subsidios (terminaron 2018 con más subsidios que en 2017), lo que agranda sus ganancias. Son, junto con los bancos, los grandes “ganadores” del año pasado. La contrapartida es que siguen sin invertir un peso, brindando servicios pésimos. Basta ver el nuevo apagón en Capital y el conurbano de este martes, que dejó a miles de usuarios sin luz. O recordar la enorme cantidad de zonas geográficas del país a las que no llega la red de gas, mientras las empresas siguen siendo subsidiadas para el monumental saqueo y depredación ambiental que se está realizando en Vaca Muerta.

Nuestro partido llama a luchar para derrotar ahora estos tarifazos. Que se anulen ya. Unificando a los que salen a protestar con los “cacerolazos” o “ruidazos”, o las importantes marchas de las antorchas en pleno enero en CABA y Rosario, más allá del rol nefasto de las conducciones políticas y sindicales (ver otra nota). Y peleamos por una salida de fondo que solo desde la izquierda planteamos: que se rescindan todos los contratos a las empresas de servicios públicos privatizadas y se reestaticen. Ante el nuevo apagón decimos: ¡fuera Edesur y Edenor! ¡Reestatización ya del servicio! La luz, el gas, el petróleo o el agua son recursos esenciales que no deben quedar en manos del lucro capitalista. Esto es lo que también pasó con el kirchnerismo, donde se mantuvieron las privatizaciones con subsidios millonarios que llevaron, como en el transporte, a la masacre de Once. Tampoco ahora el kirchnerismo dice que hay que terminar con el robo privatizador.

El Estado se tiene que hacer cargo de esos servicios y para evitar la corrupción deben ser gestionados y administrados por los trabajadores bajo control de las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos tarifas accesibles y servicios eficientes para el pueblo trabajador.

Escribe Equipo de Villa Dolores

Los vecinos de varias localidades han obtenido un importante triunfo fruto de su organización y movilización. Lograron hacer votar a sus concejos deliberantes la prohibición de la explotación megaminera de litio a cielo abierto. Esto hubiese alterado y contaminado los ríos y el ambiente de toda una región. Schiaretti, como Monsanto, ha sido nuevamente derrotado.

Traslasierra es un lugar turístico que conserva la mitad del bosque nativo cordobés. Es un lugar elegido para vivir por quienes aspiran a una vida en contacto con la naturaleza y tiene una tradición de resistencia popular a los emprendimientos megamineros. En 2005 una gran movilización popular derrotó el proyecto de extracción de uranio en Nono, que dio lugar a la ley provincial que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en Córdoba.

Esta vez es en Las Tapias, un lugar con 2.000 habitantes con alta desocupación, donde prima el empleo estatal, junto con la fabricación de ladrillos y la minería artesanal, donde la minera australiana Dark Horse, principal productora de litio del mundo, pretende instalar su base. A partir de un informe de la mesa técnica del Foro Ambiental Traslasierra (FAT), la población toma conocimiento del peligro del proyecto desarrollado en silencio y con el acuerdo de las autoridades provinciales, donde se denuncian no solo los efectos nocivos contra la salud y el ambiente, sino también las razones políticas por las que las multinacionales del saqueo han elegido nuestro país como productor de estas materias primas. Comenzaron con un paquete de leyes en la dictadura, que continuaron con Menem en la década del ’90 y se mantienen en el presente con la complicidad de todos los partidos patronales. Estas leyes han convertido al Estado en el principal organizador del saqueo y entrega de nuestras riquezas naturales. Esto incluye a los Kirchner, que en 2005 con un decreto eximieron a las multinacionales de reinvertir sus ganancias en el país, el veto a la Ley de Glaciares, que impedía la minería en los periglaciales y áreas naturales protegidas, exigencia impuesta por las empresas que están tras el oro patagónico y, por último, el acuerdo secreto del convenio con Chevron en Vaca Muerta que entrega nuestro petróleo.

Desde el Foro se instó a la creación de asambleas en otras poblaciones, constituyéndose las de Villa Dolores, Villa Las Rosas y Las Tapias que eligieron representantes, dando lugar a una coordinación que permitió la creación de comisiones de prensa, de seguridad, de finanzas, etcétera. Esta coordinación alrededor del FAT exigió a las autoridades de los tres municipios expedirse públicamente. El intendente de Las Rosas adhiere en una asamblea vecinal al rechazo a la instalación de la mina, posteriormente lo hace el Concejo Deliberante de Villa Dolores, con una ordenanza que prohíbe la megaminería e insta a los demás municipios a expedirse en igual sentido. Estos triunfos parciales obligan al legislador departamental y actual vicegobernador Oscar González (UPC), que defendió enfáticamente el proyecto durante meses, a pronunciarse contra la instalación de la mina. Faltaba solo la decisión del Concejo Deliberante de Las Tapias donde se instalaría la mina. Desde el FAT y con la coordinación de las asambleas de vecinos se escribe la ordenanza que prohíbe la megaminería en su ejido, votada por unanimidad ante la presencia de una movilización histórica para Las Tapias, de más de 1.000 vecinos de los tres municipios y organizada en tan solo tres días, en un día frío y lluvioso, donde Izquierda Socialista participó con numerosos militantes y la presencia de Liliana Olivero. Una vez más se demuestra que la organización y la lucha en las calles es la forma de parar el saqueo de Macri y los gobernadores. Schiaretti, su socio ajustador, ha sufrido una nueva derrota. Pero el FAT y las asambleas no deben bajar los brazos, se deben mantener alertas ante posibles vetos o maniobras.

El 26 de diciembre pasado falleció el Beto, quien fue un militante muy querido en su pueblo Saladillo provincia de Buenos Aires y en nuestra corriente cuando levantó las banderas del morenismo años atrás. Acompañamos en el dolor a su familia y amigos.

Lo despedimos los viejos compañeros de militancia de aquella época con un fervoroso “hasta el socialismo siempre”.

El 4 de enero, la planta perteneciente a Cofco (ex Nidera), en Valentín Alsina, cerró sus puertas despidiendo a 195 trabajadores. La empresa alimentaria de capitales chinos es una de las más grandes del mundo, compitiendo con gigantes como Cargill, de Estados Unidos.

La patronal dice no tener crisis. De hecho, durante años tuvo ganancias astronómicas. Según ellos se trata de una “decisión estratégica”.
El gobierno provincial dictó una conciliación trucha, ya que si bien van a cobrar los sueldos, no vuelven a trabajar. Como era de esperarse, Vidal se posicionó del lado de la patronal.

Hoy los trabajadores están acampando frente a la planta esperando el final de la conciliación para llevar adelante medidas de lucha contundentes. Desde Izquierda Socialista nos ponemos a total disposición para que ganen los trabajadores. Exigimos a la CGT y las CTA un paro general y plan de lucha que frene los despidos. Que toda empresa que despida o suspenda sea estatizada y puesta a funcionar bajo control obrero.