Escribe Martín Fú

El gobierno postergó nuevamente el alcance de la cuarentena, esta vez hasta el 28 de junio. Un nuevo tramo que se ha definido como “cuarentena oxigenada”. Esto ocurre en medio de la multiplicación de los contagios, en donde todavía el pico de casos no ha llegado y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense van acumulando la mayoría de los positivos, teniendo como epicentro los barrios más humildes y postergados. La extensión de los testeos e hisopados van confirmando el aumento de los contagios de Covid-19.

Las villas de Retiro, en Capital; Villa Azul e Itatí, o donde se produjo el último brote en Ensenada, en la villa José Luis Cabezas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, son solo algunos casos que demuestran que son miles los que siguen sumidos en la miseria, sin agua ni infraestructura básica, más allá de que los gobiernen el peronismo o Cambiemos. El gobernador Kicillof y el jefe de gobierno porteño Larreta hace tiempo vienen mostrando su doble discurso, al igual que el gobierno nacional. Dicen, “por arriba”, priorizar la salud, pero por abajo van habilitando cada día más actividades mientras en las barriadas pobres y marginales los contagios van acompañados de la falta de las necesidades más básicas, como el agua corriente y un plato de comida diario.

La flexibilización de actividades que el gobierno ha anunciado en cada ampliación de la cuarentena ha consolidado los lugares de trabajo como sitios de propagación del virus, lo mismo que el transporte público, dos campos en donde cientos de miles de trabajadores están expuestos a los contagios. Los supermercados, las fábricas, los talleres y establecimientos comerciales han sido noticia por los casos de Covid-19. Coto y Carrefour tienen innumerables casos. Fábricas como Fate, Coca-Cola o Granja Tres Arroyos han registrado contagios. Mondelez Pacheco paró su producción luego de que una asamblea de trabajadores lo decidiera por los contagios y la desidia patronal, que no cumple con los protocolos de higiene y seguridad. Los lugares de trabajo son focos de contagio y lo seguirán siendo a medida que se flexibilice la cuarentena y más trabajadores retomen sus tareas sin que las patronales establezcan y cumplan con rígidos protocolos sanitarios.

Los trabajadores de la salud siguen exponiéndose más y más, la semana pasada una enfermera murió en el hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora. En el Centro Médico Talar, de Pacheco, veinte trabajadores se contagiaron, y sus compañeros denunciaron la precarización de las condiciones de trabajo al Ministerio de Trabajo.

Es lógico que muchos trabajadores, estudiantes, jubilados y mujeres estén preocupados. Porque al riesgo de la enfermedad hay que sumarle la crisis económica que se vive y que en más de ochenta días de cuarentena se viene profundizando. Las ayudas sociales son escasas, los que las han recibido reclaman por la carestía general del costo de vida. Tienen razón, 10.000 pesos son insuficientes, si tienen la suerte para cobrarlos. Los trabajadores de la salud siguen reclamando el famoso bono de 5.000 pesos que el gobierno prometió darles, pero que según palabras del presidente Alberto Fernández “no llegó a todos los profesionales de la salud por cuestiones burocráticas”. Mientras tanto, sí les llegó la plata a Coca-Cola, Techint o Clarín, por nombrar solamente algunas empresas, en donde el gobierno paga parte de los salarios en concepto de ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) a patronales que nunca han parado de ganar fortunas y que no precisan la ayuda económica del gobierno. Es vergonzoso, como lo han expresado algunos trabajadores con indignación, que mientras por abajo sueltan la plata a cuentagotas, por arriba los empresarios y las multinacionales aprovechan la pandemia para maximizar sus ganancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando al gobierno la implementación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a los ricos, una ayuda social de 30.000 pesos, la suspensión de los pagos de deuda externa y que toda la plata vaya para salud, infraestructura hospitalaria y resolver la pobreza estructural que gobierno tras gobierno han cimentado en los barrios más vulnerables, que ahora están en el ojo de la tormenta. No se puede garantizar ninguna cuarentena con hambre y miseria. ¡Plata hay! seguimos peleando por una cuarentena sin despidos, suspensiones, rebajas salariales ni pobreza.

Después de reunirse en Olivos con un grupo de directivos de las más grandes empresas del país, el presidente hizo una declaración sorprendente: “Estuvimos todos de acuerdo en que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo”. Y agregó: “Estamos trabajando en la construcción de un nuevo contrato social…” (Télam 4/6). En esa reunión estaban, entre otros, Luis Pagani (Arcor), Perez Companc (Molinos), Javier Madanes (Grupo Fate Aluar), Marcos Bulgheroni (PanAmerican Energy), Miguel Acevedo (UIA) y Daniel Herrero (Toyota).

Escribe Adolfo Santos

¿Es posible que el presidente haya conseguido convencer a estos empresarios, acostumbrados a despedir, a aumentar los ritmos de producción o a flexibilizar los derechos laborales, a que acepten ser más justos? Para nosotros no pasa del doble discurso con que el gobierno trata de “equilibrar” para mantener una imagen favorable mientras continúa aplicando el ajuste. Nadie puede creer que los que acaban de perpetrar uno de los mayores robos contra los trabajadores rebajando el salario 25%, en acuerdo con la burocracia sindical y el aval del gobierno, se conviertan en “justos” de la mañana a la noche. Tampoco que vayan a firmar un nuevo contrato social para gestionar “ un capitalismo donde todos ganen, no donde unos ganan y otros pierden”, como dijo Fernández.

La prédica del presidente no se sustenta. El capitalismo tiene una sola cara, la que le conocemos en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Su único y principal objetivo es extraer sus ganancias del trabajo ajeno, lo que conocemos como explotación. Cuanto mayor explotación, es decir cuanto más produce y menos recibe el trabajador, mayor es la ganancia del capitalista. Por eso en nuestro país y en el mundo los empresarios aumentan los ritmos de producción y tratan de impedir la suba del salario. Es la batalla permanente entre patrones y trabajadores y que en este momento de brutal crisis se hace cada vez más violenta. No hay ninguna concesión ofrecida por los capitalistas de forma espontánea. La experiencia histórica demuestra que sólo por medio de durísimas luchas fue posible obtener pequeñas conquistas.

El “contrato social” vigente en nuestro país, que Alberto Fernández propone cambiar, es el que está armado alrededor de los intereses de los grandes grupos económicos, que son subalternos de las multinacionales del imperialismo. Son ellos los que determinan las leyes, los salarios y los derechos, o las violaciones a ellos. Para eso se apoyan en los partidos políticos patronales, en las fuerzas represivas, en ideologías como la religión y en la burocracia sindical traidora, que es capaz de aceptar la pérdida de derechos o la rebaja salarial sin la menor consulta a los trabajadores. ¿Existe alguna posibilidad de un nuevo “contrato social” para construir un capitalismo más justo con el hambreador Paolo Rocca de un lado y el burócrata Héctor Daer, de la CGT, del otro, como propone el presidente? Para nosotros ninguna. Son ellos, junto con el gobierno, los que sustentan este modelo que genera privilegios, por un lado, y la insoportable pobreza y desigualdad existente, por otro.

Pero el presidente insiste en su cruzada justiciera: “No nos podríamos permitir la generación que gobierna que las… injusticias sigan igual, como en Villa Azul, nadie puede vivir en paz con la desigualdad” (Télam 4/6). Sin embargo, durante 29 de los últimos 33 años, la responsabilidad de la Villa Azul de Buenos Aires fue del peronismo de Alberto Fernández, que gobernó esa provincia sin avanzar contra la desigualdad. Ese es el doble discurso del gobierno: progresista en las palabras, pero desigual con las políticas sociales. No es creíble su discurso de acabar con la injusticia cuando sus diputados se niegan a tratar el proyecto presentado por el FIT Unidad para gravar a las grandes fortunas, algo que podría ayudar a resolver algunas de las injusticias de Villa Azul y de las deficiencias sanitarias demostradas durante la pandemia. Mucho menos va a ser capaz de contrariar los intereses de los ricos impulsando un nuevo contrato social “más justo”.

No existe “capitalismo donde todos ganen”

El capitalismo es irreformable. Tiene una única cara, la de la explotación, la miseria creciente, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, de la falta cada vez mayor de servicios públicos de calidad para la población trabajadora. En la Argentina y el mundo el sistema capitalista demuestra cada día que es incapaz de resolver los problemas de la humanidad, como viene aconteciendo en esta pandemia. Al contrario, genera más sufrimientos y arroja cada vez más sectores a la marginalidad. Por eso decimos que no va más, que hay que acabar con este sistema antes de que él acabe con la humanidad.

No hay salida para los trabajadores, las mujeres o la juventud de la mano de los Rocca, los Bulgheroni, los Pagani, las multinacionales, los burócratas sindicales y los gobiernos patronales. La única salida a esta brutal crisis generada por el capitalismo parasitario racista, destructor del ambiente y patriarcal, es un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, de los que nunca gobernaron, que avance hacia el socialismo con democracia.

Nuestra propuesta socialista comienza por que los medios de producción, las máquinas y herramientas, tanto de la industria como del agro, dejen de estar en manos de unos pocos capitalistas y pasen a manos de los trabajadores. Junto con eso, estatizar la banca y el comercio exterior para evitar la sangría que produce la fuga de capitales. Con esos medios y esos recursos podremos producir, no lo que genera mucha ganancia para unos pocos, sino lo que es necesario para satisfacer las necesidades de la población trabajadora.

Para fortalecer este proyecto será necesario recurrir a la unidad con el pueblo trabajador de los demás países, comenzando por nuestros vecinos, para hacernos fuertes frente a los usureros internacionales, para intercambiar ciencia y tecnología y desarrollar la producción y para abastecernos con las mercaderías que cada país mejor produzca. Hay riquezas y bienes suficientes para que las masas trabajadoras vivan holgadamente, sin la explotación y opresión actuales y con posibilidades de diversión y esparcimiento. Necesitamos librarnos de una vez de este capitalismo parasitario dependiente del imperialismo. Necesitamos una segunda y definitiva independencia que nos permita decidir el destino de nuestro país. Necesitamos socialismo.

El próximo martes 16 de junio se llevará adelante la Jornada Nacional de Lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), resuelta en la importante asamblea virtual realizada el 27 de mayo, con la participación y seguimiento de más de dos mil dirigentes sindicales combativos, delegados, sectores en conflicto y luchadores antiburocráticos. En CABA y Gran Buenos Aires marcharemos desde el Obelisco a Plaza de Mayo.

Tal como se aprobó en el plenario, el sindicalismo combativo estuvo interviniendo en la marcha del 3J acompañando a las mujeres luchadoras en sus reclamos de #NiUnaMenos, por la defensa de la igualdad laboral y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y el miércoles 10, impulsando y participando activamente en la jornada de lucha de los trabajadores de la salud. También se comenzaron a extender y organizar mesas provinciales del PSC para avanzar en la coordinación de los sectores combativos y los luchadores en cada provincia, como en Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y otras.

Para este martes 16 se están organizando las diferentes acciones que se realizarán por provincias o ciudades. Por ejemplos, en Neuquén este viernes marchan a la Secretaria de Trabajo, encabezados por los camioneros de Expreso Argentino que hace 17 días están tomando los depósitos. Y el martes 16, en la Jornada del Sindicalismo Combativo, pararán las fábricas del sindicato de ceramistas encabezado por Alejandro López y, junto Angélica Lagunas de ATEN y los docentes de la Multicolor, la Multisectorial, camioneros, y demás integrantes del PSC de Neuquén y otros sectores gremiales y de la izquierda, se marchará a Casa de Gobierno. En Santa Cruz, habrá un paro provincial de ADOSAC y de otros gremios que no participan del PSC, y habrá movilizaciones, radios abiertas y actos en diferentes ciudades, como en Pico Truncado. En Córdoba el PSC hará una marcha en el centro de la capital. En Santa Fe habrá un acto del PSC y también se sumarían otros sectores políticos y gremiales, como Gustavo Teres, secretario general de Amsafe Rosario. En provincia de Buenos Aires, los Suteba Multicolor, además de llamar a un paro o “apagón” virtual para el viernes 12 de junio, resolvieron también adherir a la jornada del 16 de junio, con algunas acciones en el conurbano bonaerense, antes de confluir al acto central del Obelisco a Plaza de Mayo. En CABA, el sindicato docente Ademys encabezado por Mariana Scayola y Jorge Adaro, votó parar y movilizar el 16. También la comisión interna de ATE del Ministerio de Economía, con Pablo Almeida, de ATE Mecon, se encontrarán en el obelisco con los ferroviarios del Sarmiento y la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, con el Pollo Sobrero y Mónica Schlotthauer, el Sutna con Alejandro Crespo, los dirigentes médicos de la Cicop, de AGD-UBA y todos los sectores combativos que marchemos a Plaza de Mayo. Los compañeros del MAC/PTS han informado que también se sumarán a la jornada. Y los movimientos sociales que apoyan al PSC (Polo Obrero, Teresa Vive, MTR12, entre otros) también realizarán ese día actos y cortes en diferentes puntos del país y participarán del acto en CABA, junto con los sectores del sindicalismo combativo.

El PSC sigue haciendo un llamado especial, a que se sumen a la Jornada en las diferentes ciudades y provincias, a todos los sectores que están en lucha, aunque no pertenezcan aun al Plenario. Porque mientras el gobierno nacional, los gobernadores y las patronales acuerdan para meter un duro ajuste, con rebajas salariales, despidos, suspensiones, trabajos sin condiciones sanitarias, aumentos de precios, rebaja de las jubilaciones, etcétera,  los dirigentes de la CGT pactan con la UIA ese ajuste, y la burocracia de las CTA también lo dejan pasar en sus gremios, sin mover un dedo. Entonces es fundamental fortalecer y seguir sumando unidad en el PSC, para ayudar a coordinar las luchas en curso, para apoyarlas, para que puedan triunfar.

Llamamos a todos los trabajadores y sectores en lucha a sumarse a las acciones del PSC en todo el país y a los compañeros de CABA y Gran Buenos Aires a participar desde las 15 en la marcha y acto desde el Obelisco a Plaza de Mayo, con todas las medidas de distanciamiento social y seguridad sanitaria correspondientes, para reclamar que la crisis por el coronavirus no la paguemos los trabajadores.

Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en la UTA  

La semana pasada vimos como los empresarios de varias líneas de colectivos de CABA y Gran Buenos Aires no depositaron el salario, provocando en muchos casos, que los choferes impusieran un paro de hecho hasta que aparezca la plata. La misma situación vienen sufriendo los choferes del interior hace meses, y los de larga distancia no cobran desde abril. La respuesta es una verdadera rebelión por abajo, con paros de más de un mes como fue el caso de Córdoba, con miles de movilizados, al igual que en Santa Fe. Con acciones en Neuquén, Tucumán (donde la base impuso el rechazo a la rebaja salarial), y en Entre Ríos,  con la rebelión llevándose puesto al secretario general, que tuvo que renunciar en medio de una asamblea, entre otras acciones provinciales. En capital cientos de choferes de larga distancia se autoconvocaron y realizaron dos movilizaciones reclamando el pago de su salario.  

Lo que pasa de fondo es que los empresarios del transporte vienen presionando para obtener más subsidios de parte del Estado. No le bastaron los millones de pesos que recibieron durante todos estos años. Quieren mantener sus ganancias y que la crisis del coronavirus la paguemos los choferes. La UTA de Fernández es cómplice, no lanzó ninguna medida nacional, intentando debilitar la lucha, mientras desde abril muchos afiliados no cobraban un peso. El rol traidor de Fernández al frente del sindicato es cada vez más claro y el odio sigue creciendo entre los choferes de todo el país. Al cual no escapan los dirigentes de las provincias.

Ante el creciente repudio a la conducción de Fernández, su antiguo aliado Bustinduy, intenta aprovechar la situación para desplazar a su viejo amigo del sindicato y poner el gremio al servicio de la negrera DOTA. No hay que engañarse, ninguno es salida para los choferes. Es muy importante apoyarse en el desprestigio de Fernández para imponer reuniones, asambleas, impulsar reclamos etcétera. Y en ese camino aprovechar cualquier enfrentamiento de estos viejos dirigentes para desarrollar la lucha. Pero sin depositar ninguna confianza en ellos.

El pasado 8 de junio, se cumplieron 3 años del día en que los choferes nos autoconvocamos en plaza Once contra la dirigencia. Debemos retomar ese camino y recuperar los cuerpos de delegados, coordinar las luchas de todas las líneas en conflicto, unirnos a otros gremios en la pelea y pegar con un solo puño a los intentos de avance de la patronal. En lo inmediato está planteado arrancarle a la burocracia medidas como lo demostraron los choferes del interior. La bronca crece y los dirigentes están cuestionados. El intento de rebaja salarial y ataque al convenio van a continuar, ¡debemos exigir una medida de acción nacional ya! El gremio debe romper el pacto con las patronales y apoyar las luchas contra la rebaja salarial y falta de pago. La exigencia de esta medida debe ser parte de la lucha concreta por paros regionales, provinciales y zonales, sin distinción de dirigentes ni colores. Debemos imponer una respuesta urgente del gremio desde la base, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Por otra parte sería importante adherir a la acción del próximo 16 del sindicalismo combativo y marchar. Es una gran oportunidad para los choferes ser parte de este espacio de coordinación. Donde la lucha contra el ajuste y el apoyo a los luchas en curso son el centro de las preocupaciones.

La crisis actual del sistema de transporte automotor, manejado por empresarios chupasangre, subsidiados y negreros nos permite pensar en una salida de fondo. Creemos que necesitamos un transporte estatal bajo control de los trabajadores, donde se respete el convenio actual. Un transporte que pueda responder ante la emergencia sanitaria y cumplir un rol social para transportar a todos los trabajadores. Sigamos luchando por el pago total del nuestro salario, apertura de paritarias, defensa del convenio 460/73 para todos (larga, corta, media distancia) ¡Exijamos una medida de acción nacional de UTA ya!

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

La semana pasada, el gobierno citó a la representación gremial de los trabajadores del Estado nacional para comunicar que posterga sin fecha la discusión paritaria. Este congelamiento salarial deja a decenas de miles de trabajadores del Estado nacional por debajo de la línea de pobreza.

Más allá de grandes discursos sobre el rol del Estado, el gobierno ha consagrado la miseria salarial que nos legaron el macrismo y los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. Los estatales nacionales tenemos el triste récord de estar entre las tres actividades que mayor poder adquisitivo han perdido en los cuatro años del gobierno anterior con una merma cercana al 35 por ciento. Y en el convenio Sinep, que engloba a los trabajadores de la mayor parte de la administración pública, el salario inicial ronda los 22.000 pesos. Cerca de la mitad de lo que necesita una familia para no ser pobre (43.000 pesos, según datos oficiales del Indec) y la tercera parte de lo mínimo que necesitó una familia tipo para vivir en el mes de abril de 2020 (67.000 pesos, según relevó la junta interna de ATE Indec).

El gobierno sostiene que la postergación de la paritaria es para esperar que termine la renegociación de la deuda con los bonistas y que pasen los efectos económicos de la pandemia. Los trabajadores le decimos que el salario no puede esperar. Que no se debe pagar un peso de la deuda y que la crisis económica no la tenemos que pagar nosotros sino los grandes capitalistas, con un impuesto extraordinario.

Las conducciones de ATE Capital y Nacional han denunciado, en distintos tonos, la postergación de las paritarias. Pero no han dado una sola muestra de salir a enfrentar esta situación con medidas de lucha. Ambos sectores buscan no hacerle olas al gobierno nacional, dejando correr un congelamiento salarial que se intentará replicar sobre centenares de miles de estatales provinciales y municipales.

Desde cada sector de trabajo tenemos que impulsar asambleas, reuniones de delegados y activistas utilizando las herramientas a nuestro alcance para sortear las dificultades que conllevan el aislamiento y el teletrabajo. Y desde abajo imponer a las conducciones que hoy miran para otro lado un plan de lucha en defensa de nuestro elemental derecho de tener salarios dignos.