Se realizaron las elecciones nacionales y seccionales de la UTA, el gremio de los choferes de colectivos. A nivel nacional corrió una sola lista encabezada por Roberto Fernández, uno de los popes de la burocracia sindical que ha firmado un acuerdo salarial a la baja que recién termina en marzo, y hasta el momento no solicita la reapertura de la paritaria ni nueva negociación salarial.

A nivel nacional había tres listas opositoras que fueron “cayendo” una a una. En la seccional participaron dos listas, la oficialista y la lista de oposición que presentó la Agrupación 10 de Enero=Democracia Sindical que pudo superar varias exigencias proscriptivas, como por ejemplo que debieron certificar la firma ante escribano no sólo los candidatos sino también los treinta miembros de la agrupación. Triunfó esta lista opositora ganando en tres de las cuatro urnas, donde se destaca la urna de Indalo, la empresa que presta el transporte en la ciudad Capital y alrededores y que concentra más del 50% del padrón.

La ganadora es una lista unitaria de oposición a la que apoyamos desde Izquierda Socialista, con candidatos de distintas opiniones políticas que se unieron bajo el lema “Queremos un sindicato para los trabajadores y no para beneficio de los dirigentes y sus amigos” y “de puertas abiertas, que permita la democracia sindical y que no te cierren las puertas por pensar distinto”. También se comprometieron a “impulsar y capacitar el cuerpo de delegados para frenar los despidos y el trabajo en negro”. La encabezan Javier Soto como secretario general y Claudio Coronel, adjunto. Asumirán el 3 de enero.

Escribe Gabriel Massa

Por no pagar lo que debían al Estado por la concesión del Correo Argentino entre 2001 y 2003 los Macri acumularon una deuda de 300 millones de pesos. Por los intereses y actualizaciones desde entonces la deuda sumaba el año pasado más de 4.000 millones.

El propio gobierno de Cambiemos (con pleno conocimiento del presidente) negoció con representantes del Grupo Macri en 2016 un acuerdo por el que se le hacía una quita de 99% a su deuda. El 1% restante se pagaría en quince cuotas con un interés anual de 7%… hasta el año 2030. Esto provocó en su momento un enorme escándalo nacional y una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, que terminó obligando a anular el acuerdo.

Ante las repercusiones y repudios el gobierno se vio obligado a iniciar una investigación administrativa. La investigación fue realizada por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, que publicaron resoluciones donde afirman la “inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo” y la “inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Cumplida esta formalidad, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña publicaron un decreto por el que dieron por terminada la investigación administrativa, tras estas dos resoluciones de dos organismos del Estado controlados por el macrismo.

Mientras tanto la cuestión sigue en la Justicia. Desde fines del año pasado está en manos del juzgado federal del juez Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal en la que está involucrado Macri, el ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad y otros funcionarios que intervinieron en el acuerdo. El juez tenía un plazo legal de cinco días para expedirse, pero hasta ahora no sacó ninguna resolución.

Por otro lado, el Grupo Macri reclama el pago de una indemnización de 2.300 millones de pesos más intereses por supuestos perjuicios que sufrió al ser expropiado el Correo por el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, pretende que el Estado le pague tanto o más de lo que debe por el Correo.
Todo esto demuestra que la pretensión de que el gobierno de Cambiemos lucha contra la corrupción de políticos, jueces y empresarios es puro cuento. Macri encabeza una camarilla de empresarios tan corruptos y ladrones como los Kirchner. Y maneja a la Justicia y los jueces a su antojo tal como lo hizo el gobierno de Néstor y Cristina.

El Correo es un caso más de corrupción, que involucra directamente a la familia del presidente. Tal como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Esto vale también para el Grupo Macri, que hizo su fortuna saqueando al Estado con la obra pública y negociados como el del Correo.

Franco Macri, el padre del actual presidente, era nieto de un ministro de Obras Públicas de Benito Mussolini. Cuando cayó el gobierno fascista italiano, la familia tuvo que huir de ese país. Franco vino a la Argentina. Trabajó un breve tiempo de albañil. Pero hábil para las relaciones, logró casarse con la hija de una familia de la oligarquía agropecuaria de Tandil, los Blanco Villegas.

Durante la dictadura del general Onganía en los años ´60 y junto con su familia política, creó una empresa mixta, estatal-privada, que controló las exportaciones de carne. Luego fundó Impresit-Sideco, en asociación con Fiat. Por sus vínculos con funcionarios de la dictadura militar de entonces, logró incidir en decisiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ganando varias licitaciones para el diseño y construcción de plantas industriales, eléctricas, puertos, viviendas y otros proyectos.

En los años ´70 bajo el gobierno de Perón, Franco estableció una estrecha relación con José López Rega, lo que le permitió ganar licitaciones para la construcción de viviendas y expandirse a otros negocios, incluyendo la banca.
Luego del golpe de 1976, con su holding Socma, los Macri también fueron beneficiarios de importantes licitaciones bajo la peor dictadura de nuestra historia. Entre las obras que realizó se encuentran: la represa Yacyretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación y las centrales termoeléctricas de Río Tercero y Luján de Cuyo. En la misma época se hizo cargo de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires con Manliba. También tuvo participación central en la filial argentina de la empresa Fiat, donde llevó a cabo cierre de plantas y despidos masivos.
Hacia el final de la dictadura, con Domingo Cavallo al frente del Banco Central, las empresas de los Macri se beneficiaron -como tantos otros grupos empresarios- con la estatización de su deuda, por un valor de 170 millones de dólares. Al comienzo de la dictadura eran siete las empresas de Socma. A su finalización, más de cuarenta.

Pero ahí no terminaron sus negocios ni su asociación con el Estado. Entre 1974 y 1987 (gobierno de Alfonsín) las empresas de los Macri recibieron 85 millones de dólares en subsidios del Estado.
Macri y su padre estuvieron en 1993 al frente de una operación con la firma Sevel de venta de autopartes e importación de autos de Uruguay, por la que luego serían acusados de recibir ilegalmente reintegros y otros beneficios indebidos.
Además, durante la década del ´90 participaron activamente de las privatizaciones de Menem. El caso más notorio es que tuvieron a su cargo el Correo Argentino entre 1998 y 2003. El gobierno de Néstor Kirchner lo expropió debido a que los Macri no pagaban el canon por la concesión desde el año 2000, llevando a la empresa a la quiebra.

Durante el gobierno kirchnerista, junto con la brasileña Odebrecht, entre otras, la empresa IECSA de los Macri se hizo cargo del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, un verdadero nido de corrupción por las coimas y sobreprecios asociados a la obra.
El actual presidente Mauricio Macri, hijo de Franco, ocupó altos cargos de dirección en varias de las empresas del grupo. En particular participó de un gran número de operaciones con el exterior y, a partir de las informaciones divulgadas por el escándalo conocido como Panama Papers, se le atribuye la propiedad de por lo menos cincuenta sociedades no declaradas en distintos paraísos fiscales. Mediante ellas realizaron transferencias de cientos de millones de dólares de la familia al exterior.

Bárbara, presidenta del centro de estudiantes del ISFD 45 (Haedo)

En 2016 viajé por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario con las mujeres de Izquierda Socialista. Ahí escuché lo que cada compañera decía y vi que expresaban lo mismo que yo sentía. Al año siguiente se formó Isadora y comencé a participar del espacio desde el primer momento porque luchaban por lo mismo que yo quería: presupuesto para la ley 26.485, de erradicación de la violencia de género, para que se aplique la ESI y por el aborto legal, seguro y gratuito.
Luego de militar dos años en Isadora me sumé a Izquierda Socialista hace unos meses. Tomé la decisión porque entendí que hay muchas problemáticas por las que seguir luchando, como presupuesto para la educación pública, salud y vivienda. Isadora e Izquierda Socialista son dos espacios que yo elijo para deconstruir las prácticas machistas y, a la vez, organizarnos para tirar abajo el sistema capitalista y pelear por un gobierno de la clase trabajadora.

Paula, estudiante secundaria (Tucumán)

Este año empecé a ir a las marchas por #NiUnaMenos contra los femicidios y por el aborto legal, seguro y gratuito. Allí conocí a las chicas de Isadora y decidí sumarme. Después empecé a conocer la política del partido, me sumé a las actividades, a las reuniones, e hice un curso sobre marxismo. Así, poco a poco, me fui dando cuenta de la importancia que tiene militar en un partido porque te da la conciencia de clase para cambiar este sistema en el que vivimos. Necesitamos un gobierno socialista, de los trabajadores, y no uno que gobierne solamente para los ricos.
También están las instituciones, las iglesias, las escuelas, los partidos patronales que te inculcan falsas conciencias y nos envenenan diciendo falsedades como que la vida de una persona comienza con la concepción. Yo veo la necesidad que desmintamos todas esas falacias y mostrarles a las personas que la solución a toda la opresión y a la explotación que sufrimos las mujeres y los trabajadores es un sistema más justo como el socialismo.

Martina, de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba)

Yo participaba de las marchas porque veía que las cosas estaban mal, pero todavía no tomaba conciencia de por qué era así y quiénes eran los culpables. Y ahora sé que son los gobernadores, las patronales y los sindicatos burocráticos cómplices que los dejan gobernar tranquilamente y no mueven ni un pelo. Me di cuenta de que la salida a todas las luchas es un programa revolucionario feminista como el que tenemos nosotras en el partido. A través de charlas me di cuenta de la división de clases que hay en la sociedad, que antes no veía, entre explotadxs y explotadorxs, y que yo soy parte de lxs explotadxs.
También me di cuenta de lo necesario que es separar a la Iglesia del Estado cuando vi en el Congreso cómo los senadores nos negaron el derecho al aborto por sus vínculos con la Iglesia. Les invito a que se sumen a esta experiencia y militen en un partido revolucionario feminista y socialista para pelear en las calles de manera independiente de los gobiernos de turno y de la burocracia sindical.

El jueves pasado nos enteramos del peor desenlace. Sheila, la nena de 10 años que había desaparecido cinco días antes de la puerta de la casa de su familia paterna en San Miguel, fue encontrada muerta, con signos de violencia, dentro de una bolsa de consorcio en las inmediaciones de la casa de sus tíos.

Cuando se supo que la policía había encontrado el cuerpo y que llevaron presos a los tíos, los vecinos explotaron de bronca. Dicen que denunciaron a la familia paterna por diferentes hechos de maltrato y que la policía actuó tarde.
Desde Isadora Mujeres en Lucha exigimos el inmediato esclarecimiento del caso y que los responsables del femicidio de Sheila vayan presos. Pero también decimos con claridad: ¡El gobierno es responsable de este nuevo femicidio, junto con la inacción de la policía y la Justicia! Sheila vivía en una situación de total vulnerabilidad, en un ambiente donde no era cuidada por los adultos a cargo y no recibió la asistencia adecuada de ninguna institución del Estado que, conociendo su realidad, no intervino para resguardar sus derechos y su integridad. Ésta es la realidad del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes: programas desmantelados y desfinanciados por los gobiernos nacional y provincial, y con poco personal muy mal pago para atender los múltiples y crecientes casos de vulneración de derechos de la infancia, violencia de género, abusos, etcétera.

El ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI se llevó otra vida porque viene recortando programas destinados a atender la violencia de género y la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Debemos seguir movilizadas exigiendo todos nuestros derechos y que dejen de matarnos. Exigimos justicia por Sheila y que los responsables vayan presos. Basta de femicidios. El gobierno es responsable. Mayor presupuesto y que se declare la emergencia nacional en violencia de género.