Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys

La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, participó del programa “Un café con Fernando Iglesias”, el diputado nacional de Juntos por el Cambio reconocido por ser un provocador de derecha que expresa sin tapujos el pensamiento más reaccionario de su sector.

Allí, quizás entusiasmada y cebada por sus interlocutores, Soledad Acuña no tuvo filtro en decir sinceramente lo que opina de la educación y de los docentes. (ver link: https://youtu.be/Qk_ESFkkFbY)

Sus dichos han generado un repudio generalizado en todos los sectores de la educación y de los derechos humanos por racistas, reaccionarios y muchos otros calificativos. 

Desde el sindicato docente Ademys respondimos duramente y estamos pidiendo que se vaya ya (ver link de Ademys: https://www.ademys.org.ar/v2/total-repudio-a-la-politica-totalitaria-de-acuna/). Si Soledad Acuña tuviera algo de dignidad personal ya habría presentado sus disculpas… y su renuncia.

Las declaraciones de Acuña, además de repudiables, muestran su concepción sobre la educación, el fracaso de su política educativa, su hipocresía, desnudando que todas las críticas que venimos realizando a su política, y ella negaba, eran correctas.

Acuña clarifica que, para el gobierno, el principal problema de la educación es que necesita docentes serviles a los conceptos antiescuela pública y sumisos a los mandamientos de los gobiernos patronales de turno. No quiere docentes ni alumnos con pensamiento crítico, sino repetidores de las ideologías oficiales. Por eso muestra repulsión hacia los profesorados que han formado docentes durante décadas que han llevado a la educación pública argentina al respeto internacional. Como venimos diciendo, no son los profesorados el problema de la crisis educativa, sino la política gubernamental de destrucción de la escuela pública, de privatización, de reducción presupuestaria, de salarios miserables a la docencia y de escuelas destruidas la que está atacando esa calidad educativa que siempre tuvimos.

Y somos los docentes, con nuestro tremendo esfuerzo y lucha, junto con la comunidad educativa de las escuelas públicas, los que estamos sosteniendo la educación pública y evitando que los gobiernos y las Soledad Acuña la terminen de liquidar y privaticen todo el sistema.

Queda claro ahora cuáles eran los verdaderos objetivos de Acuña al querer cerrar los profesorados y montar la Unicaba, querer modificar los programas de estudio y la libertad de cátedra. Por qué liquidó la junta de clasificaciones y apuntó a los nombramientos “a dedo” de docentes serviles. Por qué quiso cerrar las escuelas nocturnas donde estudian los trabajadores. Queda clara su política de achicar la educación a profesores y alumnos de clase alta que tengan la “capacidad social” de viajar por el mundo, los únicos que, según la reaccionaria Acuña, tendrían “capacidad de formar y agregarles un plus” a los estudiantes, mientras los docentes pobres (pobreza generada por el propio gobierno) solo “utilizaríamos” la educación como “tercera opción laboral ante los fracasos anteriores”. Los que venimos de familias trabajadoras o pobres no tendríamos ningún valor para compartir con nuestros alumnos. ¡Ni a Mussolini se le ocurrieron esas ideas!

Acuña desnudó públicamente su repulsión a los docentes de origen pobre, a los profesores “críticos”, a los sindicatos opositores como Ademys, a la “izquierda” que, luchando todos juntos, no le permitimos la implementación de sus planes reaccionarios. 

Queda claro también cómo jugó el peronismo kirchnerismo durante estas últimas décadas, ya que el macrismo no necesitó aprobar ninguna nueva ley para implementar toda esta política reaccionaria y privatista. Solo se apoyó en las leyes del kirchnerismo ya existentes, la Ley Nacional de Educación kirchnerista que habilita todas estas barbaridades. Por eso Acuña dijo que su problema “no fue el kirchnerismo, sino la izquierda”.

Desde Izquierda Socialista siempre fuimos claros y repudiamos y combatimos la Ley de Educación del peronismo kirchnerista, nacionalmente y en cada provincia donde intentan avanzar en su aplicación. Será por eso que desde Ctera la secretaria general Alesso solo pidió a Acuña “que se disculpe”, en vez de, como impulsamos nosotros, exigir que se vaya este personaje nefasto de la derecha política. Sigamos defendiendo la educación pública, los profesorados, un mayor presupuesto con plata de la deuda externa y el fin de los subsidios a la educación privada. Sigamos defendiendo, orgullosos, la educación pública y nuestra tarea docente.

Escribe Diego Martínez

A través de un decreto presidencial, el gobierno autorizó a nivel nacional el autocultivo de cannabis con fines medicinales y la venta en farmacias de aceites y crema de origen cannábico. Se trata de un triunfo de los usuarios que se vienen organizando hace años para exigir la legalización del uso medicinal del cannabis, pero no resuelve el problema de fondo del narcotráfico y el consumo problemático de drogas, los cuales están directamente relacionados con la legalización y el papel de prevención del Estado.

 La ley 27.350, sancionada en 2017, establecía el uso de cannabis medicinal solo para quienes eran parte de protocolos de investigación en epilepsia refractaria. Con la nueva normativa se prevé la cobertura estatal de obras sociales y de prepagas de derivados de la planta de cannabis y la posibilidad de adquirir preparados cannábicos en farmacias.

Con el decreto establecido la semana pasada se logra evitar la persecución judicial a miles de personas que, frente a la falta de respuesta del Estado, cultivaban marihuana con fines terapéuticos por su propia cuenta o, peor aún, se arriesgaban a la compra del producto de manera clandestina. Fruto de la persistencia de la lucha de muchos, que se organizaron en distintas asociaciones, se logró un marco legal para el uso medicinal del cannabis que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de pacientes en el país sin que los usuarios corran el riesgo de ser judicializados, ni de recibir productos adulterados o de mala calidad.

¿Cómo solucionar el consumo problemático de drogas y combatir el narcotráfico?

El consumo abusivo de sustancias psicoactivas es un flagelo al que se ven arrastradas millones de personas en el mundo debido al sufrimiento, la alienación y la miseria que provoca el sistema capitalista. Desde luego, estamos totalmente a favor de trabajar para resolver el consumo problemático y la adicción a las drogas, sean legales, como el alcohol, el tabaco y distintos fármacos, o ilegales como la cocaína, el “paco” y otras sustancias. Pero somos conscientes de que la drogadicción va a persistir mientras no se erradiquen las profundas causas sociales que la generan.

En el capitalismo todo se convierte en negocio. Es así que las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares, con márgenes de ganancia cercanos a 3.000 por ciento. En términos de rentabilidad, el negocio de las drogas le disputa el primer puesto al petróleo y el tráfico de armas. El carácter ilegal de la actividad lo hace más provechoso. Los traficantes no pagan impuestos, ocupan a millones de trabajadores en condiciones de esclavitud y pagan con sus multimillonarias ganancias el favor de policías, jueces y políticos patronales. También están involucrados muchos empresarios que “lavan” sus ganancias a través de actividades legales.    

El carácter ilegal de la producción, venta y consumo es lo que provoca que se generen mafias que en algunos países, como México, Colombia o Brasil, alcanzan el rango de organizaciones paramilitares, sembrando el terror, la muerte y la violencia entre la población. Debido a la falta de regulación en la comercialización de drogas los más pobres se exponen a consumir productos adulterados que ponen en riesgo su salud y su vida.

Aunque el consumo en la mayor parte del mundo es ilegal, crece día a día. Lejos están la prohibición y la represión de ser armas efectivas para disminuirlo. Una prueba es lo que sucedió en los Estados Unidos con la “ley seca”, que prohibió el consumo de alcohol en 1919, lo que dio al crecimiento del poder de las mafias del contrabando y la destilación clandestina, y el consumo creció a medida que aumentaba la pobreza en los prolegómenos de la gran crisis del ’30 y posteriormente.

Está demostrado que para lo único que sirve la ilegalidad de las drogas es para mantener las fabulosas ganancias de quienes lucran con la desesperación, la salud y la vida misma de los adictos. La legalización de la producción, la venta y el consumo implicaría que no se persiga y judicialice a los consumidores, a la vez que privaría a los narcos de jugosas ganancias estableciendo precios razonables para su comercialización y desaparecerían las bandas violentas asociadas con el comercio ilegal. Si se legalizara, se deberían imponer fuertes impuestos y retenciones a los productores y comercializadores de las sustancias para utilizar ese dinero en campañas de prevención y concientización sobre los riesgos físicos y psíquicos que implica el consumo de drogas, así como también para ofrecer tratamientos de rehabilitación gratuitos para los que sufren adicciones por consumo problemático, garantizados por el sistema de salud pública, responsabilidad de la que hoy el Estado se deslinda por completo. 

Escribe Agustín Gigli

El gobernador de Chubut anunció que iba por la zonificación de la provincia para habilitar el saqueo megaminero. Para acompañar ese anuncio y seguir vinculando la “bondad” de tener megaminería con los salarios chubutenses, dijo que iba a pagar la totalidad de los sueldos de los empleados públicos, aunque no aclaró que lo hace con dos meses de atraso. Mariano Arcioni es el gobernador con menor apoyo social y está decidido a imponer la megaminería antes de irse. Cuenta con el aval del presidente Fernández, de los empresarios locales y de las multinacionales saqueadoras. Intenta hacer lo que nadie logró en los últimos veinte años. Trata de realizar la zonificación provincial creando “zonas de sacrificio” a la explotación megaminera.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, tuvo que decir que no tiene una opinión formada sobre las consecuencias sanitarias de la megaminería porque no quiere reconocer que la salud corre peligro con estos emprendimientos. Pero el repudio es enorme y sectores del PJ y la UCR, que siempre apoyaron, tienen que salir a rechazarlo.

La respuesta del pueblo de Chubut no se hizo esperar y se realizaron movilizaciones enormes en toda la provincia con las asambleas ambientalistas y del No a la Mina.

Arcioni decidió reprimir este movimiento asambleario mandando a allanar y detener a referentes de varias ciudades mientras esto ocurría, de la mano del tristemente célebre fiscal Rivarola, el mismo que al caso de violación en manada lo consideró “desahogo sexual” y que recibió y utilizó fichas de la SIDE sobre los vecinos antimegaminería.   

Desde Izquierda Socialista repudiamos la megaminería y el saqueo que hacen las multinacionales de los recursos naturales de nuestra provincia. Las empresas vienen por el oro, la plata y los demás minerales porque las leyes los benefician, reciben subsidios y se roban los minerales, solo dejan la destrucción ambiental. 

Los veinte años de lucha lograron que el rechazo inicial, que solo era en Esquel, se extendiera a toda la provincia. Ya no hay localidad chubutense donde no se movilice exigiendo trabajo genuino y rechazando la megaminería. Es preciso continuar la lucha y la movilización en otra jornada provincial unitaria y que todos los gremios que integran la CGT y la CTA se sumen en defensa del trabajo, el ambiente y contra el saqueo. Arcioni y Fernández no van a lograr la licencia social. No es no.

Escribe Pablo Montenegro, cuerpo de delegados del Sarmiento

El acuerdo salarial de 7% desde octubre más una suma fija de 10.000 pesos por única vez, sin retroactivos (el anterior venció en febrero), firmado por la Verde de Sasia de la Unión Ferroviaria, junto con las conducciones de los otros tres gremios ferroviarios (La Fraternidad, Señaleros y Apdfa), sigue generando bronca en las bases ferroviarias, que se expresó con contundencia en el acto realizado en Castelar convocado por el combativo cuerpo de delegados del Sarmiento y la Bordó del Pollo Sobrero. Un acto que planteó la necesidad de la más amplia unidad y coordinación entre todas las líneas para poder torcer el rumbo a la baja del salario en la paritaria.

El salario no tiene color

La adhesión al reclamo salarial de 40% es muy fuerte y supera todas las expectativas. Y el repudio a lo firmado por la Verde sobrepasa las barreras de los distintos colores de las listas, e incluso de las líneas ferroviarias. Así es que se contó en el acto con importantes delegaciones, intervinieron compañeros del Mitre, del Roca, del Belgrano Norte y, por primera vez, del San Martín.

De manera entusiasta, el Pollo cerró el acto convocando a una caravana al Ministerio de Transporte el próximo viernes 20, con concentración en la estación de Once a partir de las 14.30.

En estos días que han transcurrido y los pocos que quedan hasta el viernes el entusiasmo del activismo en distintas líneas ferroviarias va en aumento. El éxito del evento está desparramando el fervor entre los compañeros, y muchos que no asistieron ahora ya se comprometen a ir a la caravana y llevar a algún compañero/a más. Además, comienzan a viralizarse videos con compañeros de base en varias líneas diciendo “el viernes 20 voy a la caravana contra la rebaja salarial”. No es para menos. El acuerdo ni siquiera contempla la deuda del último trimestre de lo que se dispuso el año pasado, ni los retroactivos que corresponden desde marzo. Se hizo a espaldas de los trabajadores, una canallada que nos roba a los ferroviarios más de 40% de nuestro poder adquisitivo. 

En el acto se mencionó, y todos lo recordaron con claridad, cuando la Bordó dirigía el Sarmiento y el Mitre los paritarios eran elegidos por la base de ambas líneas y se logró duplicar el salario, cerrar la mejor paritaria de todos los gremios y pasar a ser las líneas mejores pagas. Hoy este desastroso acuerdo salarial de la burocracia Verde de Sasia nos dejó en la lona, junto con el resto de los estatales. Esto no es casualidad. Tiene que ver con el ajuste que el gobierno peronista de Alberto Fernández ya fijó en el recientemente votado presupuesto del año próximo, donde se reduce 4% el déficit fiscal, toda una señal de sumisión al FMI.

Es por todas estas razones que estamos preparando una gran caravana al Ministerio de Transporte para reclamar un 40% de aumento salarial, los retroactivos a marzo y que los paritarios sean elegidos por la base. Mientras le exigimos a la conducción de la Unión Ferroviaria que rompa la tregua con el gobierno y lance un plan de lucha nacional por estas reivindicaciones, ya que a mediados de diciembre cerrarán el acuerdo paritario 2020. 

Lejos han quedado las frases grandilocuentes del presidente junto a su gabinete y los gobernadores del peronismo y de la oposición  patronal diciendo que la salud era prioritaria en nuestro país. Lejos han quedado los anuncios de supuestos reforzamientos del sistema sanitario frente a la pandemia del Covid-19. Los que no han quedado lejos son los padecimientos de las y los trabajadores de la salud. Por eso este viernes 20 y el sábado 21 saldremos a las calles para hacer oír nuestras voces. 

Este nuevo paso en la lucha de las y los trabajadores de la salud tendrá como epicentro a la enfermería, que ya hace dos años ha transformado la conmemoración de “su” día, el 21 de noviembre, en un día de lucha. Con paro, marchas y un acampe en la Plaza de Mayo se harán sentir con muchísima fuerza los reclamos del sector.

Los últimos meses han sido testigos del crecimiento de las luchas de las y los trabajadores de la salud. Las causas de este crecimiento las podemos encontrar en la bronca por las pésimas condiciones de trabajo, los bajísimos salarios y la inexistencia de una política que evitara miles de contagios y centenares de muertes por coronavirus entre las y los trabajadores.

Desde la marcha del pasado 21 de septiembre, donde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a compañeras enfermeras que reclamaban por su reconocimiento profesional, las luchas en todo el país no han dejado de crecer. En la propia Ciudad de Buenos Aires, enfrentando la persecución del gobierno de Larreta, que cuenta con la complicidad de la burocracia de Sutecba, la organización desde abajo de enfermeras y enfermeros dio cuenta de masivas movilizaciones y de decenas de acciones de lucha en las calles.

Las jornadas del 20 y 21 de noviembre tienen que ser el puntapié de la unificación de las luchas de todo el equipo de salud. Hay que tomar el ejemplo de la Cicop, sindicato de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, o de la junta interna de ATE y la asociación de profesionales del Hospital Garrahan, que con métodos democráticos buscan unificar los reclamos de todas y todos los trabajadores de la salud.

Desde Salud en Marcha venimos siendo parte de las peleas que se dan en todo el país con el objetivo de que los trabajadores de la salud demos nuestras peleas en unidad, con métodos democráticos, superando la traición de los distintos sectores de la burocracia sindical abiertamente traidores como Sutecba, UPCN y Salud Pública. Exigiendo a quienes dicen estar de acuerdo con impulsar la lucha, especialmente ATE, que respeten las decisiones democráticas de los sectores de trabajo, única forma de no fomentar divisiones que solo debilitan las peleas.

Es momento de seguir fortaleciendo la pelea en unidad hasta ganar.

Salud en Marcha