Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El gobierno habilitó que hable solo el 0,4% de quienes se inscribieron en la Audiencia Pública. Pero la bronca con este proyecto y el desgaste del gobierno van en aumento. La modificación de la Ley de Glaciares tiene final abierto y la podemos dar vuelta.

Este miércoles 25 comenzó la “Audiencia Pública” convocada por la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Proyecto, que como ya es sabido, tiene por fin quitar las barreras a la explotación megaminera en cercanías de zonas glaciares y periglaciares. Es decir, busca garantizar el negocio de las multinacionales por sobre el derecho al agua de los pueblos de nuestro país. La “Audiencia Pública” que convocó el oficialismo a pedido de las mineras que antes de invertir un dólar esperan que el Estado les garantice que la explotación no va a ser judicializada. Saben que están violando los convenios internacionales de protección ambiental a los cuales suscribió la Argentina, como el “Acuerdo de Escazú”, y que el proceso avanza viciado por el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias, e intentan cubrirse de alguna manera. Pero de todas formas los amparos y presentaciones judiciales ya empezaron a llover y vendrán muchos más.

Pero más importante que eso, es el fenómeno popular de inscripción en la audiencia. Más de 100.000 personas se anotaron para defender los glaciares. Las redes sociales se llenaron de posteos de repudio a la censura. Artistas del renombre de Ricardo Darín, Julieta Diaz y Dolores Fonzi, músicos como Ricardo Mollo y Lisandro Aristimuño se pronunciaron, Lula Bertoldi (de Eruca Sativa), Lucy Patané, Marina Fagés y muchos más se sumaron a los festivales de la Campaña en defensa de la Ley de Glaciares. Además, mientras el reclamo y la inscripción a la audiencia crecían, el cerco mediático empezó a resquebrajarse y ganó terreno la denuncia al proyecto indefendible del gobierno. En los actos del 24 de marzo, en particular el realizado de forma unitaria en Plaza de Mayo se hizo presente el reclamo y cientos de miles de personas cantaron “el agua no se vende, se defiende” junto a los organismos de derechos humanos.

La última maniobra del gobierno fue plantear que las 100.000 personas censuradas podían enviar un texto (que nadie iba a leer) o un video (que nadie iba a ver), pero la Campaña Plurinacional “La ley de glaciares no se toca” definió rechazar y dar cualquier tipo de legitimación a esa falsificación de la participación popular, y seguir apostando a la movilización para impugnar tanto la audiencia como el proyecto de los libertarios y los gobernadores mineros del PJ y la UCR.

En paralelo, la crisis económica y el desgaste político del gobierno están en aumento con el escándalo $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni. Las propias mineras han salido a hacer lobby en los medios diciendo que están preocupadas por el desenlace de la votación en la Cámara de Diputados. Es hora de aprovechar el esfuerzo de meses de la Campaña en defensa de los glaciares y el impulso del histórico 24 de Marzo, para redoblar la movilización. Podemos derrotar el proyecto del gobierno y ratificar la defensa del agua y los glaciares en toda la Argentina. 

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Después de meses de bloqueo mediático, el crecimiento de la Campaña “La ley de glaciares no se toca” logró avanzar en instalar en el debate público que la modificación que promueve el gobierno es un favor a las multinacionales mineras. Si bien el gobierno obtuvo la media sanción en el Senado, en Diputados se vio obligado a convocar una Audiencia Pública que puede terminar siendo un revés para la avanzada extractivista.

El pasado jueves 26 de febrero el gobierno logró dar media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado. No lo hizo gracias a los argumentos de sus representantes, quienes como Enzo Fullone de Río Negro, esgrimieron ideas del tipo de que “los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros de altura que no sirven para nada”. Negando el rol de valiosísima e irrecuperable fuente hídrica para casi la cuarta parte del país. Tal como pasó con la Reforma Laboral esclavista, el avance legislativo de la ultraderecha tiene como condición necesaria el acompañamiento de sectores no sólo del radicalismo, el PRO y los partidos provinciales, sino también del peronismo. Y no se trató sólo del ya habitual acompañamiento de los alfiles legislativos de los gobernadores arrodillados ante Milei y Caputo. En esta ocasión al peronismo kirchnerista se le complicó blandir el discurso de la denuncia a “los traidores”, porque entre quienes avalaron la ley pro-multinacionales mineras se encontró la amiga personal de Cristina Fernández de Kirchner, la catamarqueña Lucía Corpacci. 

Delirando, Javier Milei anunció en su ordinaria apertura de sesiones ordinarias, que de la mano de dar luz verde a las mineras se crearían un millón de puestos de trabajo. Cuando la Ley de Glaciares únicamente protege al 1% del territorio nacional, y teniendo legalizada la explotación del restante 99%, el empleo minero apenas llega al 0.16% del trabajo registrado del país, unos 10.700 puestos que se ponen en pie destruyendo otros (de producción vitivinícola, agrícola-ganadera, turística, etcétera) y que se sostienen en base de frondosos subsidios sea directo o vía gastos tributarios, lo que el Estado deja de recaudar por legislaciones extremadamente benevolentes para las multinacionales como el Código Minero de los ‘90 y ahora el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Éste último les asegura a las multinacionales que no se le podrán aumentar las regalías ni imponer condiciones de cuidado ambiental… ¡por 30 años! Tiempo más que suficiente para acabar con el ecosistema irrecuperable de un glaciar.

La Audiencia Pública y la Calle

En paralelo a la aprobación del Senado, la Campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca” convocó a acciones en decenas de puntos de todo el país, con epicentro en la Plaza del Congreso. Por su parte, Greenpeace hizo una intervención en las escalinatas del Congreso, que con la represión posterior a la prensa y la ridícula detención de un camarógrafo de A24, terminó también colocando el tema en los medios de comunicación. Pero sigue siendo un punto que atenta contra la movilización la negativa del “ambientalismo popular” (Jóvenes por el Clima, Consciente Colectivo, entre otros) a salir a las calles, y limitarse solo a las redes.

En ese contexto, y al parecer por no contar con los votos asegurados al 100%, el gobierno terminó aceptando convocar a una Audiencia Pública desde la Cámara de Diputados el 25 y 26 de marzo. Si la jugada era blindarse de legalidad, cumpliendo con los requisitos formales del Acuerdo de Escazú, les salió mal: subestimaron la capacidad de organización de quienes rechazamos esta iniciativa, y que en pocos días logramos inscribir más de 20.000 personas para defender la Ley de Glaciares. Ahora el gobierno tiene que optar: o avala que se realice y entonces debería durar meses; o la bloquea total o parcialmente dando un fuerte argumento para una impugnación legal.
La pelea sigue abierta, sumate a darla junto a Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista en todo el país. 

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Mientras los incendios siguen golpeando el sur a ambos lados de la Cordillera, el gobierno de Milei sigue sin girar las partidas presupuestarias urgentes, y se apresta a votar en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares. Sin el agua de los glaciares, los territorios devastados jamás van a volver a reverdecer.

El extractivismo es la forma en que el sistema capitalista, de la mano de todos los gobiernos, ha venido desplegando la interacción con la naturaleza en cada una de las provincias de nuestro país. Esto implica que devastar los territorios es moneda corriente en función de garantizar, o bien, la exportación de bienes comunes naturales (minerales, energía, alimentos), o bien distintos tipos de negociados como los inmobiliarios, forestales, turísticos o megarepresas. Todo de la mano de la apropiación de territorios e incluso del agua. Para peor, todo esto se da en el contexto de un proceso de calentamiento global que convulsiona el clima tal cómo lo conocimos, con sequías cada vez más prolongadas, tormentas de violencia inusitada, inundaciones cada vez más frecuentes, e incendios que particularmente se alimentan de la combinación del aumento de la temperatura y el extractivismo. 

En efecto, la violencia de los incendios patagónicos, las más de 200 mil hectáreas pérdidas en lo que va del 2026, debe pensarse en un cruce de múltiples niveles, entre, por un lado, una reducción drástica del régimen de precipitaciones, con un invierno con escasa nieve, y recurrentes olas de calor, y por otro, con el negocio de las últimas décadas de la instalación del pino venido del hemisferio norte, que seca los bosques y cuyos conos y semillas se esparcen como granadas por el fuego, retroalimentando la pérdida de la vegetación nativa. Pero, a su vez, entran con protagonismo otros elementos en la ecuación. En particular, los intereses siempre latentes de quienes buscarán hacer negociados comprando tierras devastadas a precios irrisorios una vez que la temporada de lluvias del otoño frene las llamas, y que se ven favorecidos por un gobierno que mientras ajusta brutalmente el presupuesto de los sistemas de manejo del fuego, defiende la eliminación de la prohibición del cambio del uso del suelo de las tierras incendiadas. Como se dice: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. El incendio, por caso, en el Parque Nacional Los Alerces puede haber tenido, como dicen los informes al momento, en su origen una tormenta eléctrica, pero su prolongación no deja de ser un crímen político ante semejantes niveles de desidia y motosierra. 

Los gobiernos, nacional y provinciales son responsables. Y como se saben culpables se esconden detrás de “declaraciones de emergencia” con saludos a la bandera sin presupuesto, y en paralelo, acusan las comunidades mapuche y persiguen a las y los trabajadores que denuncian el ajuste como política de Estado. Las y los cientos de brigadistas que con salarios por debajo de la línea de pobreza están en primera línea se están sosteniendo en combate gracias a donaciones que surgen de la solidaridad popular, de bolsillos que a duras penas llegan a fin de mes, mientras el gobierno destina partidas infinitamente superiores al pago de la deuda, o a subsidiar las ganancias de mineras y petroleras.

Apagar el fuego y defendernos de las mineras

En este contexto, desde el Instituto Argentino para los Derechos de la Minería y hasta la Cámara (norte)Americana de Comercio en nuestro país, se encuentran en semanas de un lobby furioso pero de baja mediatización. El gobierno y las corporaciones mineras están haciendo uso de su poder de grandes aportantes de los canales de comunicación y medios locales para garantizar que no se expanda el debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares que se anuncia inminente en el Senado. Recordemos, Milei y gobernadores peronistas, macristas y radicales, buscan demoler la ley vigente, para provincia por provincia ir liquidando la protección de las zonas glaciares y periglaciares, es decir, para dar luz verde a la megaminería en las once provincias en las que hacen vida las fuentes de agua irremplazables que representan los casi 17 mil glaciares argentinos. El drama de los incendios logró colarse en las programaciones, portales y ediciones impresas, pero fue censurado el debate de cómo se recuperará la vida en los territorios devastados si perdemos nuestras reservas de agua por los negocios de un puñado de mineras.

En ese contexto, desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, se convocaron acciones que combinaron los reclamos ante los incendios y contra el paquete de reformas de Milei. Por su parte, el peronismo porteño, con Juan Grabois y Kicillof a la cabeza, salieron a paralelizar esa convocatoria con una movilización ante los incendios que tuvo la particularidad de callar toda responsabilidad de los gobiernos provinciales como el de Nacho Torres (quien es partícipe del ajuste y protagonista del racismo) y de no decir una palabra sobre la Ley de Glaciares. Anunciada en noviembre, la reforma se sabe contará con el apoyo de senadores y diputados peronistas, y al día de hoy no ha merecido que la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner (quién vetó la Ley en 2008) omita palabra, ni que alguna agrupación del amplio espectro peronista mueva un dedo para frenarla.

Este 4/2 salimos en una nueva Jornada Plurinacional, con unas 40 convocatorias en todo el país. Y nos preparamos para movilizarnos el día que el Congreso trate la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Sumate con Ambiente en Lucha a dar esta pelea.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Desde Ambiente en Lucha y junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones nos pusimos desde anunciada la reforma con la tarea de construir una campaña plurinacional en defensa de nuestros glaciares. Ya se convocaron decenas de asambleas y reuniones para coordinar las acciones, los comunicados, la invitación a artistas, y debatir estrategias. Estamos en las calles, y también pensando cómo romper el cerco mediático ante este tema. Desde ese lugar polemizamos con la convocatoria divisionista y cómplice con los gobernadores que realizaron sectores del peronismo y de la que participaron algunas agrupaciones del movimiento socioambiental que cómo Jóvenes por el Clima, hace años se alejaron de las calles, pero vienen firmando declaraciones contra la modificación de la Ley de Glaciares.

Ante el inminente tratamiento en el Congreso, con la Campaña estamos articulando con el Plenario del Sindicalismo Combativo una nueva movilización el día que se traten las reformas. Pero, desde Ambiente en Lucha y sabiendo que es un tema de arduo debate, por cómo algunas de estas organizaciones como JOCA traicionaron a los territorios (a la lucha contra las mineras, Vaca Muerta y las petroleras off shore en particular), creemos que necesitamos también sumar a esa jornada de lucha una convocatoria unitaria de todos los espacios del movimiento socioambiental que defendemos la Ley de Glaciares. 

Cada cual con su trayectoria y consignas, sin que quienes sostenemos realmente la lucha anti-extractivista bajemos ninguna bandera, pero tratando de masificar lo más posible el rechazo en las calles al paquete de reformas reaccionarias de Milei.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Tras los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en la provincia de Chubut, la embajada de Estados Unidos anunció una “donación” de 70.000 dólares al gobierno argentino para colaborar con la emergencia. El acta fue firmada por el embajador Peter Lamelas quien en sus redes sociales advirtió que “Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita”. Pese a que desde el gobierno intentan presentarlo como un gesto solidario, el anuncio no es más que una operación de maquillaje del imperialismo norteamericano y una nueva muestra de la subordinación del gobierno ultraderechista de Javier Milei a los intereses de las grandes corporaciones extractivistas.

El monto anunciado resulta irrisorio frente a la magnitud de la catástrofe ambiental que atraviesa la Patagonia. Setenta mil dólares no alcanzan ni para cubrir una mínima parte de los costos de prevención, equipamiento o recomposición de las zonas afectadas. Es, literalmente, un vuelto para el gobierno de Trump, pero funcional para construir un relato de falsa preocupación humanitaria mientras se profundiza el saqueo extractivista de los bienes comunes. Estados Unidos no actúa por solidaridad. 

Es una burla, además, si tenemos en cuenta los 4.200 millones de dólares que se pagaron de intereses de deuda externa a principios de enero, y los 2450 millones de dólares que Caputo devolvió del supuesto “swap” a través del cual Estados Unidos intervino de cara a las elecciones de 2025. Lo que Argentina “necesita” de Estados Unidos es que dejen de saquearnos y no migajas.

Su injerencia en la región responde a intereses estratégicos ligados al control del petróleo, el gas y los minerales críticos que abundan en la Patagonia. En ese marco, esta “ayuda” busca reforzar su presencia política y económica para garantizar condiciones favorables a los intereses de las multinacionales.

Pero este escenario no podría sostenerse sin la responsabilidad directa del gobierno de Milei. Mientras agradece las migajas del imperialismo, su gestión desfinancia y subejecuta de manera sistemática el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en un contexto de crisis climática que vuelve cada vez más frecuentes y devastadores los incendios. La motosierra no se detiene ni siquiera frente a una emergencia ambiental con un ajuste fenomenal, abandono de las provincias y precarización de quienes combaten el fuego. A esto se suma el impulso del gobierno para avanzar en modificaciones de la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña. Bajo el discurso de “liberar la inversión”, se busca habilitar la megaminería y los negocios petroleros en zonas protegidas, profundizando un modelo extractivista al servicio de las corporaciones y en contra del ambiente y la vida de las comunidades. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad denunciamos esta doble hipocresía: la del imperialismo estadounidense que simula ayuda mientras saquea, y la de un gobierno nacional que ajusta, desfinancia y entrega los bienes comunes a capitales extractivistas. Frente a los incendios en Chubut, hace falta un plan integral de prevención y combate del fuego, con presupuesto suficiente, salarios dignos y equipamiento adecuado para las brigadas que combaten el fuego. Te invitamos a organizarte con Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha para dar estas peleas con más fuerza y enfrentar el saqueo, el ajuste y la destrucción ambiental capitalista.