Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Después de meses de bloqueo mediático, el crecimiento de la Campaña “La ley de glaciares no se toca” logró avanzar en instalar en el debate público que la modificación que promueve el gobierno es un favor a las multinacionales mineras. Si bien el gobierno obtuvo la media sanción en el Senado, en Diputados se vio obligado a convocar una Audiencia Pública que puede terminar siendo un revés para la avanzada extractivista.

El pasado jueves 26 de febrero el gobierno logró dar media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado. No lo hizo gracias a los argumentos de sus representantes, quienes como Enzo Fullone de Río Negro, esgrimieron ideas del tipo de que “los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros de altura que no sirven para nada”. Negando el rol de valiosísima e irrecuperable fuente hídrica para casi la cuarta parte del país. Tal como pasó con la Reforma Laboral esclavista, el avance legislativo de la ultraderecha tiene como condición necesaria el acompañamiento de sectores no sólo del radicalismo, el PRO y los partidos provinciales, sino también del peronismo. Y no se trató sólo del ya habitual acompañamiento de los alfiles legislativos de los gobernadores arrodillados ante Milei y Caputo. En esta ocasión al peronismo kirchnerista se le complicó blandir el discurso de la denuncia a “los traidores”, porque entre quienes avalaron la ley pro-multinacionales mineras se encontró la amiga personal de Cristina Fernández de Kirchner, la catamarqueña Lucía Corpacci. 

Delirando, Javier Milei anunció en su ordinaria apertura de sesiones ordinarias, que de la mano de dar luz verde a las mineras se crearían un millón de puestos de trabajo. Cuando la Ley de Glaciares únicamente protege al 1% del territorio nacional, y teniendo legalizada la explotación del restante 99%, el empleo minero apenas llega al 0.16% del trabajo registrado del país, unos 10.700 puestos que se ponen en pie destruyendo otros (de producción vitivinícola, agrícola-ganadera, turística, etcétera) y que se sostienen en base de frondosos subsidios sea directo o vía gastos tributarios, lo que el Estado deja de recaudar por legislaciones extremadamente benevolentes para las multinacionales como el Código Minero de los ‘90 y ahora el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Éste último les asegura a las multinacionales que no se le podrán aumentar las regalías ni imponer condiciones de cuidado ambiental… ¡por 30 años! Tiempo más que suficiente para acabar con el ecosistema irrecuperable de un glaciar.

La Audiencia Pública y la Calle

En paralelo a la aprobación del Senado, la Campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca” convocó a acciones en decenas de puntos de todo el país, con epicentro en la Plaza del Congreso. Por su parte, Greenpeace hizo una intervención en las escalinatas del Congreso, que con la represión posterior a la prensa y la ridícula detención de un camarógrafo de A24, terminó también colocando el tema en los medios de comunicación. Pero sigue siendo un punto que atenta contra la movilización la negativa del “ambientalismo popular” (Jóvenes por el Clima, Consciente Colectivo, entre otros) a salir a las calles, y limitarse solo a las redes.

En ese contexto, y al parecer por no contar con los votos asegurados al 100%, el gobierno terminó aceptando convocar a una Audiencia Pública desde la Cámara de Diputados el 25 y 26 de marzo. Si la jugada era blindarse de legalidad, cumpliendo con los requisitos formales del Acuerdo de Escazú, les salió mal: subestimaron la capacidad de organización de quienes rechazamos esta iniciativa, y que en pocos días logramos inscribir más de 20.000 personas para defender la Ley de Glaciares. Ahora el gobierno tiene que optar: o avala que se realice y entonces debería durar meses; o la bloquea total o parcialmente dando un fuerte argumento para una impugnación legal.
La pelea sigue abierta, sumate a darla junto a Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista en todo el país.