*foto de portada: Las y los migrantes son un sector perseguido por la nueva ultraderecha mundial

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un decreto para modificar el régimen migratorio siguiendo los pasos del ultraderechista Donald Trump. Una reforma que busca utilizar de chivo expiatorio a las y los migrantes frente a la crisis, además de alentar el odio y el racismo.

El nuevo decreto del facho de Javier Milei busca endurecer el régimen migratorio e instaurar un mecanismo represivo que facilite la expulsión de migrantes y restrinja las residencias, en particular de quienes provienen de países limítrofes. Al igual que Donald Trump, que desde que asumió en enero impulsa un paquete de leyes para expulsar migrantes y alimentar el odio racial, el gobierno intenta seguir el libreto de la extrema derecha mundial, para señalar a los migrantes como responsables de los problemas sociales. Milei quiere instalar la idea de que las y los migrantes son una amenaza y los presenta como “criminales” extranjeros, vinculándolos con el narcotráfico, la inseguridad y el “aprovechamiento” de recursos públicos como la educación y la salud. No debemos olvidar que, como consecuencia de ese odio racial, el año pasado la Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asesinó en Salta a Fernando Gómez, trabajador bagayero, acusado injustamente de “narco”.

Los falsos mitos de un relato racista

La medida del gobierno es un claro ataque xenófobo, basado en falsos mitos sobre los migrantes de países limítrofes. Manuel Adorni afirmó, sin aportar fuentes, que en los últimos veinte años ingresaron a Argentina 1.7 millones de migrantes ilegales. Sin embargo, según el Censo de 2022, la población migrante en el país representa el 4,2% (es decir, 2 millones de personas), cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la crisis económica.

Milei y Adorni impulsan una campaña de odio que criminaliza a todo migrante. Sin embargo, la supuesta “alta criminalidad” de los migrantes es un mito que no se sostiene con los datos oficiales. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2022, los migrantes representan apenas el 6% de la población carcelaria. La mayoría no tiene condena firme y están detenidos por delitos vinculados a las drogas, ya que, debido a su vulnerabilidad, muchas veces son usados como mulas o eslabones débiles, mientras que los verdaderos narcotraficantes permanecen impunes.

El vocero, entonces, anunció el pago de los servicios de salud para migrantes, afirmando que “durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos”, cifra que resulta completamente exagerada. Datos de la provincia de Buenos Aires indican que la población migrante representa apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. En Córdoba, menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros.

El año pasado, el gobierno ya había anunciado su intento de arancelar las universidades para residentes migrantes. Las históricas marchas en defensa de la educación pública repudiaron esta medida. Si falta presupuesto para la educación, no es por la presencia de migrantes (que representan apenas el 4,5% del total de estudiantes), sino porque este gobierno quiere terminar con todos nuestros derechos conquistados, junto con la salud y la educación pública.

Migrar no es delito

El gobierno pretende usar esta medida para alimentar la xenofobia, desviando la bronca del pueblo trabajador frente al ajuste y la crisis hacia las y los migrantes, y así dividir a la clase trabajadora por nacionalidades.

Como ocurre en muchos países, muchas personas se ven obligadas a emigrar por causas económicas y terminan siendo mano de obra barata. En Argentina, la mayoría de la población migrante proviene de países hermanos como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil.
En muchos casos, son quienes ocupan los puestos más precarizados: la construcción, los talleres textiles clandestinos o el empleo doméstico. Es decir, el sistema capitalista se aprovecha de su condición de migrantes para someterlos a la informalidad y la superexplotación.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos cualquier cambio reaccionario en el régimen migrante, cuando este gobierno, con su motosierra y el acuerdo con el FMI, profundiza el saqueo y la dependencia, llevando a millones a la pobreza, decimos bien claro: migrar no es delito, es un derecho.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei estamos enfrentando un enorme número de ataques contra las libertades democráticas, de la clase trabajadora, sectores populares, ambientales y de las mujeres y disidencias. El enfrentamiento con el Gobierno no es sólo ideológico o cultural, sino que se manifiesta en una agenda antiderechos sobre nuestras conquistas históricas.  

Desde que Javier Milei apareció en escena política veníamos advirtiendo la peligrosidad de que llegara al gobierno la ultraderecha. Hoy, a más de un año de su asunción, las consecuencias están a la vista: un ajuste histórico que llevó a más del 50% de la población a la pobreza, una mayor represión en las calles y persecución política. Los trabajadores enfrentamos masivos despidos en el Estado y el cierre de organismos en todas las áreas, mientras está en agenda una reforma laboral precarizadora votada con la Ley Bases. Enfrentamos los intentos de privatizar la educación pública universitaria, el vaciamiento de la ciencia y técnica y desmantelamiento de la salud y de los hospitales nacionales.  Luego de más de cuarenta años de vuelta a la “democracia” y de lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar, el Gobierno se pronunció como negacionista y avaló la visita de diputados de La Libertad Avanza a Ezeiza, mientras avanzó contra la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre del espacio de la Memoria Haroldo Conti. En el país del #NiUnaMenos hay una reducción a casi al borde de su desaparición, de las políticas para combatir la violencia de género y el ataque a los derechos de la disidencias sexuales y muchos otros decretos, nuevas leyes que avanzaron con la complicidad de los partidos patronales y los dirigentes de las centrales sindicales.

Está claro que esta agenda anti derechos de Milei no ha acabado, pero que tampoco ha logrado pasar en su conjunto gracias a la lucha en las calles. El 2024 será recordado por las masivas movilizaciones en las calles, como así el 1F la marcha del Orgullo antifascista y antirracista que salió a enfrentar, no sólo los discursos de odio de Davos de Milei hacia la comunidad LGBTQI+, sino al retroceso de políticas, que muy lejos de ser la panacea, veníamos peleando por su efectiva implementación bajo los anteriores gobiernos peronistas kirchneristas y de Mauricio Macri, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género y la de Cupo Laboral Travesti-Trans o la Educación Sexual Integral. En otras palabras, si no logró avanzar con todo su plan fue gracias a las peleas que venimos dando, pero estamos en estado de alerta y seguimos llamando a la organización y la lucha.

Enfrentamos a un gobierno con un programa racista, machista y negacionista del genocidio, que nos plantea la necesidad de la unidad de acción en las calles. Hay una batalla por defender nuestros derechos. La ultraderecha mundial encabezada en Estados Unidos por Donald Trump y en Argentina por Milei no es sólo un problema ideológico, sino que hoy gobiernan el país. Por eso denunciamos y discutimos contra sus discursos de odio y damos cada batalla contra su pensamiento reaccionario, pero llamando a unir las luchas contra su plan motosierra y el saqueo del FMI y por salida de fondo para el país, porque mientras haya capitalismo nuestros derechos conquistados estarán en peligro. Ahora, tenemos la enorme tarea de construir un masivo 8M de lucha en las calles volviendo a mostrar la fuerza del 1F para decir: ¡Ni un paso atrás, porque al fascismo se lo combate en las calles!

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El primer año de gobierno de Milei ha sido de retroceso en materia de derechos conquistados por mujeres y disidencias y de fuerte enfrentamiento político e ideológico. El 8M y el 3J encontró al movimiento feminista en las calles pero sin continuidad de un plan de lucha frente a los ataques recibidos.

El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel es un fiel representante de la reacción patriarcal y de la ultraderecha mundial. Desde sus inicios, se ha posicionado y atacado los derechos que mujeres y disidencias venimos conquistando en la cuarta ola de luchas feministas. Estos ataques no sólo los vemos en los recortes y eliminación de políticas para combatir la violencia de género, sino en su carácter negacionista de las problemáticas que sufrimos como consecuencia del sistema capitalista patriarcal.

Desde que asumió el gobierno, el movimiento feminista salió a denunciar el desmantelamiento de las insuficinentes políticas que fuimos arrancado desde el 2015 con #NiUnaMenos, empezando por el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Según el Observatorio de La Casa del Encuentro, hubo 269 femicidios en lo que va de 2024, mientras se recortó el programa Acompañar para víctimas de violencia machista y la Línea 144 funciona al límite mínimo de su capacidad.

En materia de salud sexual y reproductiva, La Libertad Avanza (LLA) empezó el año presentando un proyecto de Ley mediante diputados para eliminar el aborto legal que ganamos con la #MareaVerde. El masivo repudio hizo que tuvieran que retroceder, pero los ataques incluyeron la eliminación del programa de prevención del embarazo en la adolescencia, y el ajuste sobre la distribución de preservativos y anticonceptivos. Además del aumento de las denuncias por falta de insumos y fármacos para garantizar la aplicación del derecho al aborto. El ataque a la ESI fue constante, como lo hemos visto con el intento de censura a diversas autoras que se leen en las escuelas y que problematizan las consecuencias del machismo.
 
Derribemos el mito de las “falsas denuncias”

El proyecto de Ley impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) y el senador defensor de la venta de niñes Juan Carlos Pagotto (LLA) busca aumentar la penas en el Código Penal ante el delito de “la falsa denuncia”, que criminaliza a las denunciantes considerando un agravante la violencia de género, con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación. Este repudiable proyecto se basa en el mito de la existencia de supuestas falsas denuncias y tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas que exageran abusos o que son responsables del ataque sexual, estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian y que venimos combatiendo bajo la consigna #YoTeCreoHermana. Esta frase símbolo de la lucha contra la violencia sexual busca darle credibilidad a la víctima y no implica la sentencia automática de los varones que, lo que han perdido, es la impunidad para ejercer violencia de género y sexual.

Con la cuarta ola de luchas feministas fueron miles las que por primera vez se animaron a salir a denunciar la violencia y luchar por un cambio. Frente a este cambio progresivo y revolucionario, la reacción patriarcal busca disciplinar a quienes alzan la voz y favorecer la cultura del silencio. Es parte de la batalla que nos plantea el gobierno de Milei y que tiene consecuencias materiales que son desalentar la denuncias y fomentar la impunidad de violentos y abusadores.

Volver a las calles: el debate con el peronismo dentro del feminismo

El 8M de 2024 nos encontró en unidad de acción en las calles a los feminismos y quiénes enfrentamos los ataques a nuestras conquistas, desafiando el protocolo de Patricia Bullrich y al gobierno de Milei. Luego de esta masiva acción volvimos a impulsar una jornada unitaria el #3J con eje contra el triple lesbicidio de Barracas, frente a un gobierno que incentiva los crímenes de odio. A partir de la votación de la Ley  Bases, el pacto de la CGT con el gobierno se trasladó al movimiento feminista y las direcciones peronistas no llamaron a volver a las calles, desmovilizando a nuestro movimiento. Desde Isadora Mujeres en Lucha estuvimos presentes en cada acción y el #25N junto al Frente de Izquierda Unidad y los sectores independientes para decirle no a la violencia machista. Llamamos a los feminismos que estuvimos en las calles el 8M y  quienes fueron parte de la conquista del aborto legal a volver a las calles y despertar a este gigante que tiene nuestro país que es el movimiento de mujeres y disidencias frente a la reacción patriarcal.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Mientras crece el repudio por la visita de un grupo de diputados de la La Libertad Avanza (LLA) a genocidas sentenciados de la última dictadura militar, y en el medio del recrudecimiento de la interna con Javier Milei, Victoria Villarruel realizó un acto en el Senado en “homenaje a las víctimas del terrorismo” y llamó a la justicia “a meter presos a todos los montoneros”. La interna del gobierno se reaviva al calor de su crisis política y los reveses en el Congreso Nacional.

Día tras día va quedando cada vez más claro que la visita de las y los diputados de LLA a Ezeiza es parte de un plan del gobierno y una política negacionista para lograr el privilegio de la prisión domiciliaria y los indultos a los genocidas. Mientras en la Cámara de Diputados se discute la conformación de una comisión investigadora para sancionar a los Libertarios que fueron parte, la vicepresidenta decidió subir la apuesta y montó una provocación a quienes venimos peleando para que este hecho no quede impune y en memoria de las y los 30.000. Realizó un acto en el Senado, donde adelantó que el gobierno ordenará a la Justicia revisar todos los casos de víctimas durante los años ‘70, y dijo que “todos los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”. Una reedición de la “teoría de los dos demonios” que busca armar causas contra los militantes de los ´70 con el fin de garantizar la impunidad de personas como Astiz u otros genocidas sentenciados por desaparecer, torturar, abusar sexualmente y por apropiación de bebés, entre otros hechos aberrantes. Pero esta avanzada no es, ni más ni menos, que hecha por la propia vicepresidenta y por ende tenemos que marcar el peligro que representa.

El acto tuvo un doble objetivo: redoblar la agenda propia de Villarruel y hacer crecer su influencia en medio del enfrentamiento contra el presidente Milei, también llamado por ella “jamoncito”. La diputada Lilia Lemoine, ante el acto del Senado, salió a cruzar a Villarruel y la criticó por no cumplir los roles que le corresponden, y preguntó irónicamente si incluso metería presa a Bullrich (por su pasado como militante montonera). Al mismo tiempo, la acusó de “lavarse las manos” ante la visita de las y los diputados de su partido a Ezeiza.

Escándalos y expulsiones en LLA

Las expulsiones y escándalos dentro del bloque de la LLA son noticia de todos los días que muestran  la debilidad de un armado electoral que es un verdadero rejunte de lo más rancio de la política nacional. La primera fue Lourdes Arrieta, que a los gritos con Martín Menem y Nicolás Mayoraz, fue expulsada por orden de Karina Milei. El nuevo episodio llegó este domingo tras la salida forzada del senador Francisco Paoltroni por diferencias con el presidente Milei. Los senadores de LLA pidieron su expulsión, tras sus críticas a la postulación del juez Ariel Lijo, candidato presidencial para la Corte Suprema, a lo que sumó su posición disidente sobre el decreto que le otorgó un presupuesto de 100.000 millones a la SIDE. El senador dijo: “Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado, y que me brindaba su apoyo y acompañamiento” (Clarín, 31 de agosto de 2024). Es que detrás de su desplazamiento del bloque se vislumbra la interna que enfrenta a Milei y Villarruel, agudizada por las figuras de la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo.

En la cúpula de la Casa Rosada, ambos integran junto al presidente lo que se dio en llamar el “triángulo de hierro” del poder político nacional. Círculo que deja por fuera a Villarruel, quien opta por jugar junto con el ex presidente Mauricio Macri, que se ha acercado a Milei en las últimas semanas como una especie de consejero político pero que todavía guarda sus distancias y hace su propio juego de cara a las elecciones del 2025.

La interna entre Milei y Villarruel se volvió a mostrar cuando fue público el aumento a 9 millones de pesos de la dieta de los senadores. Los seguidores de Milei incriminan a Villarruel y la señalaron como “casta”, generando un enorme repudio popular en un país con 55% de pobreza y donde uno de cada tres niñas y niños se van a dormir sin cenar. Finalmente el Senado tuvo que frenar el aumento.

Las derrotas del gobierno en el Congreso Nacional

Esta interna recrudece la crisis política y la debilidad de un gobierno de ultraderecha que parece tener cada vez menos aliados; mientras, crece el mal humor social. Primero fue el revés del rechazo en diputados del DNU que le otorgaba 100.000 millones de dólares de gastos reservados a la nueva SIDE (es decir para inteligencia y represión) donde hasta sectores dialoguistas criticaron que mientras no hay plata para los jubilados sí para la inteligencia, y votaron en contra. En segundo lugar, la votación en el Senado del cambio en la movilidad jubilatoria puso sobre la cuerdas al gobierno, que finalmente reprimió a las y los jubilados y vetó el miserable aumento. Ahora, frente a la posible sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, hay que convocar una gran movilización educativa y volver a las calles.

Más que nunca, está claro que a este gobierno de ultraderecha, que es negacionista del genocidio de Estado, que ataca derechos conquistados y nos lleva a la pobreza creciente, hay que enfrentarlo. Necesitamos retomar las calles y por eso exigimos que la CGT y las CTA rompan la tregua con el gobierno para tirar abajo el veto de Milei sobre las jubilaciones, y conquistar el presupuesto que necesitamos para las universidades, atacar el hambre, frenar los despidos y por un plan económico alternativo y la ruptura con el FMI.
 
 

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La diputada Lourdes Arrieta, conocida por usar “patitos” amarillos en su cabeza, confirmó su propio bloque llamado “Fuerzas del Cielo Espacio Liberal” luego de difundir un extenso hilo en X, dónde mostró los detalles de la visita realizada el 11 de julio pasado a los genocidas, junto a diputados libertarios como Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. Arrieta también divulgó un proyecto del padre Olivera Ravasi que buscaba beneficiar a estos represores con prisión domiciliaria. En medio de este escándalo, la secretaria General de la Presidencia, “el jefe” Karina Milei, decidió expulsar a Arrieta de la bancada oficialista. Mientras en la Cámara de Diputados se rechazaba el DNU que le otorgaba 100.000 millones de pesos a la SIDE, el bloque libertario hizo crujir los pasillos del Congreso con aprietas, acusaciones y gritos donde Arrieta denunció a Martín Menen de no protegerla y dijo estar siendo amenazada de muerte, mientras algunos de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) la acusaron de no estar en sus cabales. Arrieta dijo que “la echaron como a un perro” y que su primer proyecto “va a ser pedir la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza. Que se investigue también al sacerdote Olivera Ravasi y cuáles son sus conexiones con sociedades off shore en los Estados Unidos”.

Está claro que semejante hecho no puede quedar en la impunidad y menos aún podemos dejar pasar el acto negacionista y provocador de Villarruel en el Senado. Desde Izquierda Socialista con el Frente de Izquierda-Unidad y junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas estamos dando la pelea por la conformación en el Congreso Nacional de una comisión investigadora para develar la clara vinculación entre estas visitas y los proyectos de prisión domiciliaria e indultos a los genocidas, y para que se castigue a las y los diputados que fueron parte. Está claro que este no puede quedar en la impunidad. Estamos enfrentando a un gobierno de ultraderecha que busca modificar la Ley de Seguridad Nacional y volver a poner a las Fuerzas Armadas en las calles, que avanza en ciberpatrullaje al servicio de la persecución a las y los luchadores y que aplica el protocolo antipiquetes como lo hizo días atrás a las y los jubilados. Por eso, la pelea es por derrotar el plan de ajuste, represión y saqueo de Milei.