Escribe Cristian Ariel Luna, secretario general SITE (sindicato tucumano de enfermeros)

El escándalo de los elementos de protección personal donados por cuarentena solidaria a un sanatorio para protección del personal de salud tuvo una amplia difusión en la prensa local y nacional. Inclusive Alejandro Fantino lo comentó, indignado, en su programa televisivo. Las disculpas del vicegobernador dan más vergüenza aún, al igual que la actitud de Sebastián Eduardo Duhalde, director del sanatorio que recibió la donación y que, graciosamente, los “prestó” a los legisladores tucumanos. Uno de ellos, el doctor Deiana, es su patrón en el centro de salud de la mutualidad provincial, ¿coincidencia? .

Este hecho muestra al desnudo la inmoralidad de políticos patronales que se apropian de los bienes comunes. Tienen tan naturalizado este principio que ni cuestionaron que les dieran esas mascarillas hospitalarias que, todos sabemos, son para el personal de salud que pone en riesgo la vida propia para salvar la de otros.  

Los trabajadores de los hospitales están reclamando esos mismos insumos, que el gobierno provincial no provee en la cantidad y calidad necesaria ¡y que son donaciones! Estos legisladores ¡son una vergüenza! y el gobierno tiene comprar los elementos de seguridad necesarios para todos los médicos, enfermeros y el resto de los trabajadores que los necesitan y no los tienen. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En la ciudad de Nueva York los bomberos recogen diariamente entre cien y doscientos cuerpos de los domicilios. Hoy los Estados Unidos registran 23.600 decesos, de los cuales 7.500 corresponden solo a Nueva York. La pandemia se ensaña con los trabajadores, especialmente los de las minorías étnicas oprimidas. Los afroamericanos, que constituyen el 22% de la población, aportan el 28% de las víctimas fatales; los latinos, que son el 29%, proveen el 34 por ciento. A este inventario negativo deben sumarse también las víctimas sociales: 16 millones de despidos ejecutados por las empresas en estos meses.

¿Por qué en el país imperialista más adelantado del planeta hay semejante catástrofe? Un problema es que el sistema de salud de los Estados Unidos es el paradigma del modelo mercantilista de la medicina y no está preparado para satisfacer las necesidades de la salud pública de grandes masas. Deja afuera a 27 millones de habitantes que no pueden pagar sus seguros. El sistema cruje cuando debe enfrentar esta epidemia, que está afectando ya a 600.000 personas.

El segundo problema fue el criminal manejo de la crisis que hizo Donald Trump. Desconoció públicamente durante semanas la gravedad de la pandemia. El domingo pasado su principal asesor en Salud, el epidemiólogo Anthony Fauci, dijo textualmente: “El presidente dejó pasar semanas cruciales para establecer el distanciamiento social, con lo cual se hubiera logrado salvar varias vidas. Pero hubo mucho rechazo al cierre de muchas cosas en aquel entonces”. ¿A quién se refirió el asesor presidencial con la frase “hubo mucho rechazo”? Sorprendentemente, la respuesta la da la propia prensa imperialista. El New York Times señala como responsables a “banqueros, ejecutivos e industriales”, los cuales, aún ahora, están presionando a Trump para que haga un llamado a levantar las restricciones y el distanciamiento y ponga a funcionar la economía.

En Italia, también, la burguesía impidió al pueblo trabajador defenderse de la pandemia

En Italia, como en los Estados Unidos, la crisis del sistema de salud y el manejo criminal de la burguesía favorecen el desarrollo de la epidemia, producto de las políticas de ajuste, donde el gasto público en salud bajó desde 7% en 2009 a 6,5% en 2017 y el número de camas por mil habitantes pasó de 3,79 en 2008 a 3,17 en 2016. En los últimos diez años se han quitado 37.000 millones de euros al presupuesto de salud. Lombardía concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia. Los empresarios presionaron para evitar el cierre de sus fábricas y la pérdida de dinero. Y así, por increíble que parezca, la zona con más muertos por coronavirus por habitante de Italia –y de toda Europa– nunca fue declarada zona roja, a pesar de la presión del pueblo trabajador y las autoridades locales.

La cámara patronal local, Confindustria Bérgamo, agrupa a 1.200 empresas que emplean a más de 80.000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, obligados a ir a trabajar, en buena parte sin medidas adecuadas, hacinados, sin distancia de seguridad ni material de protección. Confindustria lanzó su propia campaña: Bérgamo no se cierra. Cuando el sábado 21 de marzo Italia alcanzó el triste récord de casi ochocientos muertos diarios, el primer ministro Conte, que hasta entonces se había mostrado contrario a la medida, dijo que se cerrarán “todas las actividades económicas productivas no esenciales”.

¿Por qué tarda la vacuna?

Hay más de sesenta equipos en el mundo trabajando para crear una vacuna contra el coronavirus. Algunos dirigidos por grandes empresas farmacéuticas, como GlaxoSmithKline o Johnson & Johnson. El problema es que van despacio. ¿Cuál es la razón para esta lentitud? Una declaración de Bill Gates al New England Journal of Medicine lo explica en forma transparente: “Es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo, el financiamiento público minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría a que se metieran en este tema con los dos pies”. Más claro, imposible. Los capitalistas quieren que el Estado ponga los fondos y las empresas se lleven las ganancias. Remata Gates: “Finalmente, los gobiernos deben financiar la compra y distribución de las vacunas a la población que la necesita”. Es decir, el Estado financia la producción y luego tiene que comprar los productos a las empresas. La propuesta de Gates desnuda la entraña del capitalismo: no se avanza en las vacunas si no hay ganancia garantizada.

La existencia del capitalismo es una traba que impide derrotar a la pandemia. Hemos visto a la burguesía mundial luchar contra las medidas de aislamiento y suspensión de actividades como en los Estados Unidos e Italia sin reparar en las muertes ni en la extensión del virus. Ha implantado los planes de ajuste que destruyeron los sistemas de salud y ahora sostiene con cinismo e indiferencia que el Estado debe financiar la producción de remedios o vacunas que harían desaparecer la pandemia. Los trabajadores y el pueblo deben avanzar hacia la estatización de los servicios de salud y la industria vinculada a ella, que produce insumos, remedios y vacunas. Deben, bajo control de sus trabajadores, ser puestos al servicio de la lucha contra la pandemia. Permitiría acelerar y liberar a la humanidad de la prolongación de estos horrores y sacrificios de vidas. 

Escribe Fito Columbich

En estos días los discursos de funcionarios de Desarrollo Social de la Nación, las provincias y los municipios se refieren a grandes partidas de alimentos que refuerzan las viandas que habitualmente se entregan. En la mayoría de los casos son insuficientes, y en otros son mentiras. Una verdadera vergüenza. 

Con nuestro trabajo barrial, que ya lleva veinte años entregando mercadería a 220 familias, estamos viendo casos de extrema urgencia. No recibimos ningún refuerzo, vemos familias enteras desesperadas. Estamos muy preocupados por nuestra alimentación, cada día de peor calidad nutricional, en los bolsones no hay verduras, carnes ni frutas. 

Los ingresos de compañeros y compañeras, que ya eran totalmente insuficientes, se esfumaron. Se terminaron las changas, las obras o las ferias del trueque. Ya no hay cómo “ganarse el mango”. Las compañeras que hacen limpieza de casas perdieron su trabajo y muchas incluso las esperanzas de recuperarlo. Así de dramática es la situación que estamos viviendo. 

Por supuesto, se superponen las preocupaciones: todos y todas nos cuidamos como podemos del virus. La mayoría tenemos una familia numerosa en espacios reducidos con fallas sanitarias estructurales y recibimos las acusaciones injustas y estigmatizantes de “romper la cuarentena” por salir a garantizar los mínimos derechos. 

Como si no sobraran preocupaciones, las fuerzas de seguridad están persiguiendo a compañeros y compañeras. El comentario que se repite es que “los hombres no salen, si no los levantan”. Tenemos conocidos presos por ir a trabajar. 

¿Con qué derecho sumar el terror a circular para sobrevivir? El gobernador Perotti anunció estar orgulloso por la cantidad de detenciones que hay en la provincia por violar la cuarentena: 13.000, un promedio de 550 por día. Si sos pobre vas a la cárcel. Una vez más vemos al Estado al servicio de los empresarios persiguiendo al pueblo pobre. Mientras tanto, los narcos y sus búnkeres siguen abiertos con total aval de las fuerzas represivas. 

El presidente nos pide quedarnos en casa otros quince días, y sabemos que serán aún más, ya que el pico se espera para mayo. Dejamos bien en claro que los 10.000 pesos para trabajadores informales, luego de un mes de dejar de trabajar para una familia, son totalmente insuficientes y nos condenan a la miseria. Además, ya quedó en evidencia que serán millones los que esperaban tapar agujeros o pagar deudas y no cobrarán el IFE porque el sistema nunca actualizó cambios de domicilio, divorcios y otros problemas que traban los trámites. 

¿Cuánto más pretenden de los más vulnerables? Mientras estamos en una provincia que tiene a los puertos trabajando normalmente, con miles de trabajadores expuestos al virus por tareas no esenciales, millones de dólares se facturan en la exportación. Las dieciocho empresas más importantes facturan en Santa Fe 700.000 millones de pesos, tres veces más que el presupuesto provincial. Como la mayoría son exportadoras no pagan ingresos brutos. Así se gestan las tremendas desigualdades en nuestra provincia. 

No somos números, y el gobierno solo quiere vernos “en casa” pero no garantiza nuestros derechos. Tenemos derecho a un ingreso digno, a poder alimentar a nuestros hijos e hijas con orgullo sin tener que mendigar un plato de comida. Por eso reclamamos 40.000 pesos para trabajadores informales o desocupados. 

Para esto es necesario suspender los pagos de la deuda externa y aplicar fuertes impuestos a los grandes exportadores que siguen facturando por una actividad que no es esencial. 

Escribe Francisco Moreira

La cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus cambió la vida de toda la población. Sin embargo, existen enormes diferencias en cómo la viven los sectores populares y los empresarios. La falta de respuestas del gobierno y su complicidad con las patronales profundizan las críticas condiciones de vida de los trabajadores y los obliga a exponerse al contagio.

La pandemia irrumpió en medio de la crisis de los sectores populares. Para muchas familias el “quedate en casa” es imposible de cumplir en estas condiciones y son obligadas a romper la cuarentena. El año 2019 terminó con 16 millones pobres. Por eso en los barrios las colas a la intemperie para acceder a un bolsón de comida son de varias horas. En las villas viven cuatro millones de personas en condiciones de “hacinamiento crítico”, donde el 93,5% no tiene acceso a la red de agua corriente. Los trabajadores y sus familias son golpeados por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Miles son empujados a seguir haciendo changas para sobrevivir o, quienes tienen empleos en negro, siguen siendo obligados a ir a trabajar, aun en actividades no esenciales. Son ellos quienes sufren los abusos policiales.

El contraste con la vida que llevan los empresarios durante la cuarentena es brutal e indignante. La cómoda vida en barrios privados no les ha impedido romper la cuarentena a gusto. Por ejemplo, Gustavo Nardelli, dueño de la agroexportadora Vicentín, fue encontrado junto a su esposa paseando en su yate de lujo por el río Paraná. Vicentín, en quiebra, adeuda, entre otros, al Banco Nación 300 millones de dólares. Otro caso es el del empresario de medios Marcelo Tinelli, quien no se privó de viajar a Esquel con su familia y utilizar un avión sanitario para abastecerse. El caso del empresario gastronómico rosarino Daniel Dutra es grotesco, violó la cuarentena quince veces y sigue en libertad.      

El gobierno, con su doble discurso, viene avalando despidos, suspensiones y rebajas salariales, profundizando la crisis de las familias trabajadoras, presionadas para romper la cuarentena. El “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos no alcanza. Tampoco los bolsones de comida y todas las medidas necesarias para resolver todas las necesidades del pueblo trabajador. Por eso desde Izquierda Socialista exigimos una cuarentena sin despidos, suspensiones ni rebaja salarial. Reclamamos la triplicación del ingreso familiar de emergencia y un urgente plan de obras públicas. Para ello hay que crear un fondo de emergencia sobre la base de dejar de pagar la deuda externa y cobrar un impuesto de 10% a las grandes fortunas y a la facturación de las grandes empresas.

El Socialista, al finalizar una reunión de dirigentes de Ademys con el ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistó a Mariana Scayola, secretaria general de Ademys (sindicato docente porteño) y dirigente de Lista de Maestros.  

-ES: ¿Cómo está hoy la situación educativa y de los docentes en CABA?

-MS: Nos reunimos on line con el Ministerio de Educación de CABA y le planteamos distintas problemáticas en el marco de la cuarentena. Por un lado, están todas las contradicciones y la discriminación social que conlleva este sistema de educación virtual, que los ministros Trotta y Acuña reivindican y endiosan. Hay millones de alumnos que no tienen ninguna posibilidad de realizar una tarea pedagógica coherente por falta de conectividad e infraestructura virtual (notebook, internet, wifi, etcétera). Además, los docentes enfrentamos una serie de exigencias y presiones, falta de recursos, la realización del trabajo en medio de tareas domésticas y con hijos a cargo, con muchas horas de tareas fuera del horario laboral. Y la imposibilidad de la evaluación al conjunto de los alumnos por este sistema. Por eso rechazamos las presiones del gobierno para que haya algún tipo de acreditación académica, como si la actividad se estuviera desarrollando en un marco de “normalidad” y no en medio de una crisis sanitaria y económica inédita. Con Ademys reclamamos actualización y reparto de equipos para familias y docentes, conectividad gratuita y cuadernillos en papel que lleguen a la casa de los alumnos.

-ES: ¿Y la situación económica?

-La situación salarial es grave. Al insuficiente aumento de marzo se suma la disparada de precios en artículos de primera necesidad e higiene. Por eso exigimos un aumento de emergencia. Hay miles de docentes que estaban trabajando en 2019 y hoy no cobran nada porque se suspendieron los ofrecimientos de suplentes e interinos y no pudieron tomar cargos, o tomaron pocas horas. Son los más desesperados. El gobierno respondió que se está trabajando en un sistema de actos públicos virtuales para resolverlo. Le exigimos que no haya dilaciones, que se contemple una toma de posesión retroactiva y que haya ya un subsidio excepcional para quienes no tienen trabajo. También, que ningún docente quede sin Obra Social y no haya despidos ni rebaja salarial en escuelas privadas.

-ES: ¿Qué conclusiones sacas de la reunión?

-Es un hecho que el gobierno de Larreta en CABA, como Fernández nacionalmente, no resuelven los graves problemas de la docencia y la educación en cuarentena. Si ya veníamos con problemas, ahora se han potenciado. Incluso, aunque no debería ser la tarea prioritaria de la escuela, el tema de la alimentación de nuestros alumnos nos golpea directamente. La escuela siempre es caja de resonancia de los problemas sociales y hace varios años que los gobiernos han llevado a que en muchísimas familias la comida en las escuelas sea una base de su alimentación. Ahora se agrava por la pandemia. El gobierno está haciendo recaer la crisis de la cuarentena en los sectores populares y los trabajadores. Fernández dice “es preferible un 10% más de pobres, que miles de muertos”. Es una falsa disyuntiva. ¡Es preferible un 10% menos de ricos, que miles de muertos! ¡Y ahora los gobiernos hasta quieren hacer recaer en la docencia la responsabilidad de la alimentación de los sectores populares! Le dijimos al gobierno que los bolsones no alcanzan para todos y son miserables. Y que ponen en riesgo la salud de los docentes y de las familias de los alumnos que hacen colas en las escuelas, justamente los sectores más vulnerables a la pandemia. El propio gobierno reconoció que no garantizaron todas las medidas de higiene y seguridad. Y, ante nuestros reclamos, informó que están preparando articular la entrega a través de Desarrollo Social, casa por casa. Pero de las palabras a los hechos,… si no seguimos presionando, no habrá soluciones.