Escribe Doris Mansilla

En el Ministerio de Desarrollo Social se viene peleando por salarios y pase a planta luego de meses de no cobrar (algunos casos desde julio de 2019) y pérdida de empleo activo por cierre de programas en un vaciamiento del servicio esencial que prestan estos trabajadores que están en la primera línea, batallando sin recursos institucionales y de protección personal y de seguridad con el sector más golpeado de la sociedad. La función que lleva a cabo este ministerio es esencial, trabaja directamente con la pobreza y sus problemáticas y necesita de políticas públicas eficaces y presupuesto.

La provincia no se queda atrás en el doble discurso. El descaro del ministro de Desarrollo Social, Yedlin, de lanzar un programa “solidario” de cuidado familiar de emergencia para que más de ochenta pequeños de hasta 5 años puedan ser alojados “en viviendas dignas” es muestra de ello. ¿Y los hogares de la provincia, ministro Yedlin? ¿O será que el vaciamiento y la falta de pago del personal los transformó en “no dignos”? El gobierno de Manzur hace de las políticas una puesta en escena digna de Cien años de soledad, desfinanciando los sectores más sensibles, salud y desarrollo social, y reforzando el aparato represivo.

Los conducciones de los gremios callan y dejan correr y actúan solo ante cualquier atisbo de organización. En eso están ATE y UPCN por igual. Desde Izquierda Socialista llamamos a organizarnos desde abajo para frenar este ajuste brutal.

Aunque la pandemia es un hecho novedoso, que nos obliga a dar respuestas a situaciones inéditas por la gravedad sanitaria que vivimos, estas las debemos elaborar en el marco de los mismos criterios sindicales con los que nos manejabamos antes. Porque el rol del imperialismo, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, no ha cambiado. Hay agrupaciones político-sindicales docentes que, frente al coronavirus, se confunden y pierden estos criterios, presionados por un lado por el sano sentimiento de solidaridad social con el que la docencia en general y la izquierda en particular siempre nos hemos movido. Pero, por otro, terminan cediendo al “voluntariado” al que apelan el gobierno y la burocracia. No han advertido las maniobras que los diferentes gobiernos han implementado contra la docencia y la educación pública.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, coordinador nacional de Docentes en Marcha

Como sindicalismo docente combativo debemos defender el salario, los derechos laborales y la escuela pública, denunciando a los gobiernos provinciales y nacional y sus permanentes ataques. Es esencial defender el pago del 100% del salario a todos los docentes, rechazar los acuerdos a la baja firmados por las burocracias. Exigir la reactualización mensual según el costo de la canasta familiar. Que no quede ningún docente sin cobrar y se garanticen los ofrecimientos y actos públicos para tomar los cargos vacantes y suplencias, que el gobierno suspendió. Y, mientras se realizan de manera virtual, que paguen el salario que estaba cobrando cada docente al finalizar 2019 o, al menos, 40.000 pesos mensuales.

Mientras la burocracia actúa de correa de transmisión de la política del gobierno, apoyando sus medidas, nosotros denunciamos el ataque a los derechos laborales, las clases virtuales sin infraestructura tecnológica y habitacional de muchísimos docentes, sin centralidad pedagógica, la súper explotación laboral de no tener horarios para responder correos electrónicos y/o mensajes de alumnos y familias. Sufrir aprietes que exigían informes de nuestros trabajos, cantidad de alumnos conectados, evaluaciones y calificaciones, entre otros.

Producto de las fuertes y sólidas denuncias, de los sindicatos combativos (Ademys, Amsafe Rosario, Suteba multicolores) es que Trotta tuvo que desdecirse, admitiendo que este sistema no puede reemplazar a la educación presencial ni al rol del docente en el aula. Que no serán necesarias las calificaciones virtuales, ni se perderá el ciclo lectivo 2020. Que están implementando un sistema de textos en papel para que llegue a los alumnos. Por supuesto, a las palabras del gobierno se las lleva el viento y será una dura pelea lograr que sostenga esas posturas y archiven sus proyectos de reemplazar docentes por “facilitadores virtuales”.

Defendemos la escuela pública estatal, contra su privatización

Estamos por la defensa de la escuela pública, denunciando que no sigan avanzando los planes del imperialismo, del Banco Mundial, que buscan liquidar el derecho social a una educación pública, gratuita, estatal. Buscan convertir a la educación en una mercancía más, privatizando todo el sistema educativo. Quieren que estudien los que paguen y los pobres vayan a una escuela estatal convertida en “centros de alfabetización, comida y contención social”.

En las últimas décadas los gobiernos avanzaron en esos planes del Banco Mundial gracias a las traiciones de la burocracia, pese a las grandes luchas de la docencia. Lograron la transferencia de las escuelas a las provincias, atomizando el sistema educativo nacional y los salarios docentes. O el pulular de escuelas privadas, la privatización de servicios y de cursos de formación, mientras destruyen la formación continua estatal o la infraestructura de la escuela pública. Lamentablemente también, bajo el eufemismo de “integración” o “inclusión”, han avanzado en arrasar con la educación de adultos, las escuelas especiales o con los roles del docente. En este aspecto la “inclusión” y las escuelas de jornada extendidas, sin fondos, sin más personal, sin infraestructura, lleva a que tanto la dirección de las escuelas como los docentes debamos cumplir tareas de alimentación y contención social, además de pedagógicas.

La solución para esto es una fuerte inversión en el presupuesto de educación y salud, ya. Por eso no perdemos de vista la exigencia al gobierno nacional y a los gobernadores, que dejen de pagar la deuda externa, que quiten todos los subsidios a las escuelas privadas y se implemente un Fondo de Emergencia con un impuesto del 10% a las grande fortunas, banqueros, multinacionales y empresarios.

¿Comedores, voluntariados, asistencialismo? El rol docente y del sindicalismo combativo

Como hemos dicho miles de veces, la escuela pública es una caja de resonancia de la crisis social. Ningún docente es ajeno a los graves problemas que viven nuestros alumnos. Y permanentemente estamos actuando en la escuela para que el gobierno las resuelva, muchas veces haciéndonos cargo nosotros, solidariamente.

Pero el proyecto del Banco Mundial que la escuela pública deje de ser un pilar en la “movilidad social” para convertirse en “contención social”, se fue naturalizando. Por eso, una de las tareas centrales del sindicalismo combativo es denunciar estos planes y enfrentarlos, exigiendo la renacionalización del sistema educativo y su financiamiento, terminar con la educación privada y rechazar el rol del docente “asistencialista”, reclamando la formación pedagógica continua y tareas educativas claras. Ceder en estos reclamos, frente a un “posibilismo” y “costumbrismo” de tareas que no corresponden, es capitular a la política del gobierno.

Hay agrupaciones docentes, como la Gris del Nuevo Mas, la Marrón del PTS y otras, que desde el inicio han menospreciado la validez sanitaria de la cuarentena. En vez de centrar su política en exigir a los gobiernos que inviertan todo lo necesario en garantizar la alimentación, el reparto de bolsones casa por casa, insumos de higiene y seguridad, textos, etc., tienen la política de organizar voluntariados para repartir bolsones de comida en las escuelas (¡como si esa fuera una tarea de la docencia!). Esta política “asistencialista” se apoya en que muchos docentes se sienten angustiados por la situación social de las familias de nuestras escuelas. Por supuesto que compartimos y acompañamos esa sana intención solidaria de nuestros compañeros de escuela, con la que muchísimas veces hemos realizado actividades en medio de inundaciones o desgracias. Pero que una agrupación político-sindical combativa impulse ahora la ruptura de la cuarentena sanitaria a docentes y a los sectores socialmente más vulnerables, nos parece una irresponsabilidad. Repiten este criterio sindical “asistencialista” cuando reclaman a los sindicatos combativos que se encarguen de entregar bolsones o ayudas a docentes que no cobran, cuando el rol del sindicalismo combativo debe ser obligar al gobierno que les pague. ¿Estas agrupaciones propondrán voluntariados para recolectar la basura o colocar inyecciones, donde el gobierno no garantice la plata para recolectores o trabajadores de la salud? Así está actuando la burocracia sindical con sus iniciativas, como ofrecer lugares para los que se enfermen, en vez de enfrentar a las patronales y gobiernos que descuentan salarios, despiden y no ponen más plata para la salud pública.

Por supuesto que impulsamos la más amplia solidaridad con todos los sectores que lo necesitan, familias pobres, despedidos, trabajadores de la salud. Y acompañamos a los sectores que ven la necesidad de la solidaridad. Pero, como dirigentes de sindicatos combativos, el primer paso es la exigencia a que sea el gobierno el que lo garantice, sin arriesgar la salud de los docentes y las familias. A través de denuncias sólidas, como las que hemos realizado obligando al gobierno a cambiar su postura pública sobre la educación virtual, por ejemplo. Con todo tipo de acciones, inclusive la movilización de ser necesaria, con todos los cuidados sanitarios. Pero exigiendo al gobierno que utilice los fondos para educación, salud, salarios, ayuda social, en vez de para la deuda o subsidiar y ayudar a los grandes empresarios y multinacionales.

Escribe Martín Fú

Se cumple un mes que los 240 trabajadores del frigorífico ubicado en Quilmes no cobran sus salarios. La planta del empresario peronista Ricardo Bruzzese sigue con el lockout patronal, desconociendo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores han iniciado una olla popular en los portones del establecimiento y le exigen al gobernador Kicillof que haga cumplir las resoluciones ministeriales que obligan a la patronal dar marcha atrás con el lockout, pagar jornales caídos y volver a la producción. El frigorífico es una rama esencial (producción de alimentos) y en medio de la pandemia y la crisis económica y social generada, no puede permanecer cerrado.

Sin salarios y sin obra social, ya que Bruzzese no paga el aporte a la obra social, los trabajadores de Penta denuncian que la planta está ocupada por un grupo de barrabravas y que la patronal continúa con la ofensiva contra los delegados. Por esta situación, los trabajadores se movilizarán, el miércoles 22, a Plaza de Mayo para que el gobierno nacional les dé una respuesta a sus reclamos y seguir visibilizando el conflicto al conjunto del pueblo trabajador.  

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad acompañamos a los trabajadores en esta dura lucha contra esta patronal negrera, mafiosa y con marcadas prácticas antisindicales. A una semana de la brutal represión de la que fueron víctimas por luchar por su fuente de trabajo, exigimos el pago inmediato de los salarios adeudados, que la planta se ponga a producir y que Bruzzese cese en sus prácticas antisindicales. De no ser así es imperioso estatizar el frigorífico con todos los trabajadores adentro y reanudar de manera inmediata la producción de alimentos.

Escribe Martín Fu

Una delegación de los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Buenos Aires Oeste y referente nacional del sindicalismo combativo, se hizo presente en el corte frente al frigorífico Penta organizado por sus trabajadores. Sobrero, dirigiéndose a los trabajadores, dejó la solidaridad de los ferroviarios poniéndose a disposición para lo que necesiten y colaborando con el fondo de lucha. El Pollo aprovechó la ocasión para repudiar la represión de la policía bonaerense. El dirigente ferroviario llamó a “cerrar filas para que este conflicto triunfe, porque los trabajadores tenemos que estar ahora más unidos que nunca”.  

Denuncia del Sutna

La combativa dirección del Sutna (neumático) ha denunciado a las patronales de Fate y Bridgestone por incumplir las normas exigidas por el protocolo de seguridad ante la pandemia de Covid-19, tras la habilitación del sector para retomar la producción. Los compañeros distribuyeron un comunicado donde aseguran “insistir con la consideración central, ningún trabajador debe volver a producir sin un cuadro de extremos cuidados en las medidas de seguridad y que se le haya dado la información que justifique con claridad que con su trabajo colabora con el conjunto de la población y no de la ganancia patronal”.

Paro de la UTA

La Unión Tranviarios Automotor paró en el interior del país por salarios adeudados desde marzo. La medida de fuerza fue garantizada en todas las provincias, menos en Buenos Aires, que si bien había sido parte inicial de una acción unificada y de alcance federal, por decisión de Roberto Fernández, titular del gremio, rápidamente se desmarcó y así le restó peso. Santa Fe no adhirió por no tener atrasos en los salarios.

Esta situación es más grave en las ciudades del interior, donde las empresas aducen “baja en la recaudación” y así se aprovechan para rebajar o directamente dejar de pagar los salarios de los choferes.

Trabajadores de McDonalds y Burger King avanzan con su lucha

La semana pasada los trabajadores de McDonalds y Burger King dieron un paso adelante en la pelea contra sus patronales. Mediante las acciones que realizaron visibilizando su conflicto en las redes sociales, en la televisión y con el apoyo que recibieron entre jóvenes trabajadores lograron que les reconozcan el pago de la segunda quincena de marzo al 100% con el presentismo incluido. Las empresas les habían pagado tan solo el 30% de su salario por esa quincena y les habían quitado el presentismo. El acuerdo firmado por el sindicato de pasteleros establece que, a partir de ahora y durante el tiempo que dure la cuarentena, las horas para los que trabajen bajo la modalidad de delivery y el servicio de Auto Mac serán también pagadas al 100%, y las horas no trabajadas serán pagadas al 70% pese a que el contrato de trabajo del sector fija que la empresa garantiza el empleo por un mínimo de treinta horas semanales. Este punto del acuerdo se impuso sin el consentimiento de los trabajadores y muestra los límites que tiene la burocracia de pasteleros, que actúa al servicio del ajuste de empresas multinacionales que ganan miles de millones de dólares en todo el mundo y precarizan de forma absoluta a sus empleados. Seguimos apoyando a los trabajadores de comidas rápidas en su lucha por cobrar el 100% de su contrato de trabajo como corresponde.

San Fernando: Bingo King reduce 30% los salarios

Los cuatrocientos trabajadores del Bingo King denunciaron a la patronal por depositar sus salarios de manera tardía y con una reducción unilateral de 30%. El presentismo y la antigüedad no fueron respetados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional y esto significó una reducción sensible en la liquidación de los salarios.

El dueño de la empresa anunció a los empleados que solo pagaría el sueldo básico, decisión que habrían tomado desde la cámara que nuclea a los empresarios del juego.

Tempur-Sealy

El gigante internacional de los colchones y mayor fabricante de su rubro, Tempur-Sealy, ha lanzado una abierta extorsión a sus trabajadores. Intenta flexibilizar reduciendo los salarios 50%, que los trabajadores “devuelvan” las horas de producción de sus compañeros que están afectados a la cuarentena y busca que la planta de Bed Time en Pacheco se achique a la mitad del personal existente y que las futuras indemnizaciones se calcule sobre el 50% del salario básico. La empresa adeuda sueldos y diferencias salariales y solo se compromete a saldarlos si los trabajadores aceptan estas rebajas y la reducción de la planta. Estas propuestas muestran el espíritu negrero y de impunidad de estas patronales. En asamblea de los turnos mañana y tarde se rechazó “la provocación de la empresa”, según un comunicado que difundió la comisión interna.