Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista, FIT-Unidad

Las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries sufrimos todo tipo de maltrato y discriminación. Durante el aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo la violencia de género aumentó. Tanto es así que las llamadas a la línea 144 que atiende las denuncias aumentaron casi 40%, según lo reconoció Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ONU ya había recomendado a los distintos mandatarios que tomen medidas especiales para contener y acompañar a las víctimas durante la pandemia, ya que en contextos de aislamiento y encierro la violencia recrudece. 

En la Argentina las cifras de femicidios y transtravesticidios se mantienen altas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio, según el Observatorio de la Casa del Encuentro se registraron sesenta y siete femicidios. De hecho, durante la cuarentena bajaron todos los delitos menos la violencia de género. Pese a esto, el ministerio no ha tenido una política pública que revierta esta situación. A seis meses de la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández y con una situación de emergencia sanitaria y social sin precedentes, las mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binaries continuamos sin respuestas.

Un informe publicado el 24 de junio en el portal lavaca.org  revela que solamente se ejecutó 26,48% del presupuesto asignado para ese ministerio. Es sorprendente, ya que a esta altura del año debería acercarse al 50%, más si se tiene en cuenta que el presupuesto total es miserable e insuficiente y por el aumento de la violencia machista. El riesgo de la subejecución del presupuesto reside en que se reasignen partidas de dinero que no se usaron a otros sectores. Así lo plantea la normativa vigente, trimestralmente se deben rendir cuentas sobre lo que se gastó y, en el caso de que no se haya gastado todo lo asignado para ese período, el Poder Ejecutivo puede destinar las partidas no utilizadas a otros sectores. De concretarse, es sumamente peligroso, ya que reduciría aún más el escaso presupuesto.

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hacemos un llamado de atención frente a esta subejecución. Pero sobre todo decimos que es inadmisible que se destinen solo $11 por mujer por año para combatir la violencia de género, lo mismo que ya había designado Macri en 2019. Contar con un presupuesto acorde para atender esta problemática, que es de vida o muerte para las mujeres e identidades no hegemónicas, es fundamental. Exigimos aumento del presupuesto para construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen, junto con una política integral de atención a las víctimas. Exigimos acompañamiento psicológico con perspectiva de género y patrocinio legal gratuito, una vivienda para quienes se vean obligadas a irse de la casa en la que se encuentra el violento y un subsidio económico que cubra la canasta básica. Estas medidas son urgentes. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género con un presupuesto acorde, a partir del no pago de la deuda externa, la quita de subsidios a la Iglesia Católica y un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis no la paguemos las mujeres trabajadoras y los sectores populares.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 3 de junio de 2020 la familia de “Nora” (nombre ficticio utilizado para resguardar su privacidad) realiza una denuncia por trata de persona en la Justicia federal. Luego de meses en los que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por un sujeto, miembro del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que le enviaba fotos incitándola al consumo de drogas, la maltrataba, mientras amenazaba a ella y a su familia, y la llevaba a fiestas de empresarios y funcionarios donde la dejaba para que tenga relaciones con sus amigos. En los allanamientos realizados a los acusados no se siguió el protocolo adecuado y se cometieron incontables irregularidades, en las que “se perdieron” pruebas clave para la investigación. Tanto la Justicia provincial como la nacional buscan desentenderse de la causa.

Sabemos que la trata es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, compitiendo solo con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico. Esto hace que el número de tratantes sentenciados y arrestados sea el más bajo. De más está decir el miedo que genera esta situación para las familias y las víctimas, que lleva a que muchas veces los delitos no sean denunciados.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, la nueva ley sobre la trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres por los cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada y que el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata es vergonzoso.

La organización y la rápida respuesta del movimiento feminista acompañando a la familia es la única manera en la que podemos presionar a la Justicia para que Nora cuente con todas las medidas de resguardo y protección necesarias y vayan a prisión los culpables. Tal como lo venimos haciendo desde Isadora e Izquierda Socialista, junto a la Asamblea NiUnaMenos Córdoba, al lado de los familiares y amigos de Nora, asesorando y poniendo todas nuestras herramientas al servicio de conseguir justicia.

Seguiremos organizadas por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida.

Desmantelamiento de las redes de trata. Aparición inmediata de todas las víctimas de trata.

Plata para las mujeres, no para la deuda. Protección urgente para Nora.

¡Investigación y justicia ya!

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y  tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña, con la casi totalidad de sus miembros, se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la Embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios con el pueblo judío contra el holocausto y la persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al Estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de las tierras del pueblo palestino. Pero desde ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo Estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el Estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, alianza conformada por gobiernos de treinta y cuatro países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al Acuerdo del Siglo que firmaron el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump en enero de este año. Dicho pacto otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300.000 palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a seis millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización, o a obtener cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano, sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cederían a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto de la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que tres legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS) y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al Estado genocida de Israel. Además somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres y centros de estudiantes a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.

Una rectificación necesaria

Escribe Gabriel Schwerdt

Como hicimos público en la declaración de nuestra compañera Laura Marrone, repudiamos la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la cual se adhiere a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). A su vez, criticamos y exigimos una rectificación de la votación afirmativa de los legisladores del FIT-Unidad que en este momento están ocupando las bancas que pertenecen a PTS y PO. Por eso saludamos la rectificación que hicieron públicamente, es un paso positivo porque el error fue grave. Y es necesaria porque fueron muchos los activistas de la causa palestina que nos pidieron explicaciones por la equivocada votación. La rectificación también aclara las posiciones, porque cuando se comenzó a hacer pública la votación, el dirigente del PTS Manolo Romano, en su facebook, reivindicó la votación afirmativa de los legisladores ante la crítica de AyL. 

Lo ocurrido también es un alerta para no caer en las trampas del parlamento burgués, que permanentemente mete paquetes de leyes entre gallos y medianoche, como sucedió en este caso, para hacer aprobar aquellas que van en contra de los trabajadores y el pueblo. Los revolucionarios no podemos caer en esas maniobras.

A la vez que marcamos estos errores, nos pronunciamos clara y enérgicamente contra el ataque de la OSA (Organización Sionista Argentina), que declaró públicamente que iniciará acciones legales contra los tres legisladores por la rectificación pública. En su momento, nuestra compañera Laura Marrone también recibió ataques de las organizaciones sionistas por defender la causa palestina. Pero no nos harán callar, ni ceder un centímetro, en nuestra lucha por defender los derechos del pueblo palestino atropellados por el Estado sionista de Israel.

Escribe Silvia Santos

El 26 de junio de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue firmada la carta de fundación de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo declara “reafirmar los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor del ser humano, en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres” […] y “promover el progreso social y mejores condiciones de vida dentro de una amplia libertad”. Lamentablemente, la realidad es que tras sus frases de “defensora de la paz, la democracia y los derechos humanos”, esta institución mundial localizada en Nueva York se ha dedicado esencialmente a avalar, por acción u omisión, crímenes de guerra, golpes de Estado, abusos y restricciones a las libertades democráticas por parte de los gobiernos burgueses, genocidios y atrocidades que sirven a los intereses de Washington y sus aliados.

¿Fracasó la ONU?

Esta contradicción entre su declaración de principios y sus acciones concretas no puede analizarse como un fracaso. Tras sus altisonantes frases, la ONU tuvo su origen en una serie de pactos y acuerdos entre los gobiernos, en primer lugar de los países imperialistas, con el aval de la burocracia de la URSS, para controlar, evitar o derrotar nuevos procesos revolucionarios. Recordemos que Hitler fue vencido por el heroico pueblo soviético, lo que le dio un impulso y prestigio a la burocracia estalinista a los ojos del mundo. No es casual que uno de los encuentros para discutir la “paz” de posguerra fue realizado en febrero de 1945 en Yalta (Crimea). En ese momento Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill resolvieron, entre otros “detalles”, el reparto de Europa, quedando el sector oriental comandado por la URSS, y el occidental bajo el capitalismo. Y Alemania se dividió entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la URSS. Así comenzaba a transitarse el camino rumbo a lo que unos meses después fue la ONU, un proyecto defendido por el presidente yanqui.

Por eso, más allá de las “buenas intenciones” expresadas en su carta, la ONU sirvió y sirve a los propósitos del imperialismo y de las multinacionales y le fue extremadamente útil a la burocracia estalinista para mantener su statu quo. Basta ver cómo actuó y actúa la ONU frente a la lucha de los pueblos del mundo por su liberación, por sus derechos o por su autodeterminación. Podríamos enumerar cientos o miles de casos que demuestran la posición nefasta de la organización, como en el levantamiento popular y la posterior guerra civil siria, frente a la guerra imperialista en Irak o Afganistán, o a las sangrientas dictaduras latinoamericanas, que todos conocemos. Como no podemos detenernos en cada uno, vamos a tomar tres ejemplos para analizar esa conducta.

La creación del Estado sionista de Israel y sus consecuencias. La posición adoptada en la guerra de Malvinas. Y, por último, el levantamiento antirracista acontecido recientemente en los Estados Unidos. Estos casos muestran a quién sirve la ONU.

Creación del Estado de Israel

El 14 de mayo de 1948, en medio de violentos ataques israelíes apoyados por el ejército británico a aldeas palestinas, que costaron miles de vidas, las Naciones Unidas proclamaron la creación del Estado de Israel. Esta medida, rechazada por los pueblos árabes, fue apoyada por las mayores potencias del planeta, incluida la URSS de Stalin, e inauguró una verdadera tragedia de sangre y terror contra el pueblo palestino, que dura hasta nuestros días. Con el mito de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” justificaron la ocupación violenta de un territorio que tenía dueños, los palestinos. Para consolidar su ocupación, Israel impuso un estado de terror expulsando casi un millón de palestinos, destruyendo sus aldeas y expropiando sus bienes.

Envalentonado con ese “aval” de la ONU para imponer su brutal ocupación, el Estado de Israel, convertido en un enclave de los Estados Unidos después de la retirada británica, nunca cumplió con las resoluciones de la ONU que simulaban sancionarlo. La resolución 242, adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de los Seis Días, “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”[…] “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el conflicto” y el reconocimiento por parte del pueblo palestino al derecho de los israelíes a tener su “Estado”. Nunca se cumplió y tampoco el sionismo recibió sanciones.

Lejos de respetar las resoluciones, Israel continuó avanzando sobre los menguados territorios palestinos. Asentó judíos en territorios ocupados, lo que en diciembre de 2019 generó una nueva resolución de la ONU llamando a Israel a poner fin a su política de construir asentamientos. Israel jamás acató la medida y la ONU continuó mirando para otro lado. Podríamos seguir relatando innumerables violaciones contra el pueblo palestino, que ha perdido todos sus derechos en su propia tierra. Israel ha impuesto un verdadero estado de ocupación con un régimen racista de apartheid violando los principios de la entidad mundial, sin embargo la ONU nunca avanzó más allá de resoluciones burocráticas.

1982, Guerra de Malvinas

El 3 de abril de 1982 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que exigía el cese inmediato de las hostilidades a las partes implicadas en el conflicto de las Malvinas, al considerar que existía un quebrantamiento de la paz en la región. Quien había “quebrantado la paz” para defender su derecho sobre las islas Malvinas era la Argentina. La resolución demandaba además la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas. Finalmente exhortaba tanto a la Argentina como al Reino Unido a que busquen una solución diplomática al conflicto respetando lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. O sea, la ONU colocó en pie de igualdad y le impuso las mismas exigencias al colonizador y al país que defendía su territorio.   

Tradicionalmente, en el marxismo hemos defendido el fin del proceso colonial, como el control británico sobre el norte de Irlanda, o en enclaves como Gibraltar, Ceuta, Melilla o Malvinas. En todos los casos, como en la guerra de Malvinas, planteamos el fin del vestigio colonial con el retorno de esos territorios a sus legítimos dueños. Los enclaves son estados artificiales creados por el imperialismo con una población que no es originaria de esos lugares. Por ejemplo, si en Malvinas se hiciera una consulta con base en el derecho a la autodeterminación, seguramente la absoluta mayoría de la población defendería ser parte del Reino Unido, pues ese es su origen. Pero la ONU no reconoce la existencia de enclaves. De esa manera, mientras Inglaterra lanzaba todo su poder bélico contra la Argentina con el apoyo del imperialismo yanqui, que detectaba los blancos a ser bombardeados, de forma hipócrita la ONU llamaba a resolver de forma pacífica el conflicto.

La ONU y el racismo

Frente al asesinato por parte de tres policías blancos de George Floyd, un trabajador afroamericano en el estado de Massachusetts, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó a una reunión extraordinaria para tratar el tema. En la ocasión, un grupo de países africanos, con el apoyo del hermano de Floyd, presentó una propuesta para ayudar en la lucha contra el racismo. La iniciativa pedía que la ONU cree una comisión investigadora para indagar los crímenes cometidos en los Estados Unidos y en otros países que viven la misma situación.

Preocupado con una resolución como esa, que podía afectarlo, el representante del gobierno racista y genocida de Brasil salió en defensa del presidente yanqui Donald Trump (que ni siquiera asistió a la reunión) alertando que no se podía singularizar en un único país el tratamiento sobre el racismo. Obviamente, los países imperialistas rechazaron la propuesta con el mismo argumento, no existían motivos para singularizar apenas en un país y una “eventual” resolución debería versar apenas sobre generalidades. Una omisión inconcebible, siendo que en el año 1969, en las Naciones Unidas entró en vigor la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Finalmente, se acordó una resolución “adoptada por consenso de manera oral y sin votar”, que también hace referencia a las muertes de otras personas de ascendencia africana y repudió el racismo estructural del sistema de justicia penal. Un verdadero saludo a la bandera mientras la sangre del pueblo negro continúa corriendo impunemente.

Aunque termina rechazando los recientes incidentes y el uso excesivo de la fuerza y de otras violaciones de los derechos humanos por parte de los oficiales de las fuerzas públicas contra los manifestantes, no fue capaz de aprobar una resolución concreta para investigar la actuación de las fuerzas represivas yanquis para, en caso de violaciones, determinar las correspondientes sanciones, como se hace en muchos países dependientes cuando el imperialismo los quiere presionar. En la propuesta oral votada se solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que elabore un informe sobre el racismo sistemático y las violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra los africanos y afroamericanos por parte de las fuerzas del orden y de otras personas de ese grupo de población. No es casual que, días después de los incidentes en las marchas que repudiaron el asesinato de George Floyd, otros negros hayan sido asesinados por las fuerzas policiales en los Estados Unidos.

En definitiva, en sus 75 años de historia la ONU ha sido fiel al verdadero propósito de sus creadores, construir un organismo mundial, como lo fue su predecesora, la Liga de las Naciones, para controlar el mundo al servicio de las grandes potencias y sus intereses económicos. Es lo que ha venido haciendo desde su fundación, aunque para eso haya tenido que omitir genocidios, violaciones a la autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos, de las prácticas racistas o la destrucción del medio ambiente. Con sobrada razón la pequeña Greta Thunberg, activista ambientalista de solo 16 años, durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU les gritó en la cara: “La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero”.

Campaña de solidaridad con el trabajador y dirigente sindical Bruno da Rosa

Recientemente, la difusión de un video con el discurso del barrendero Bruno da Rosa, miembro de la Comisión Interna para la Prevención de Accidentes en su lugar de trabajo, tuvo enormes repercusiones en la categoría, en las redes sociales y en la prensa.

El resultado fue que el compañero Bruno da Rosa fue suspendido por cinco días, precisamente porque dijo la verdad sobre las condiciones de la categoría y exigió medidas para proteger la vida de los barrenderos, como equipos de protección individual adecuados, pruebas para detectar el virus y un protocolo de alejamiento del trabajo para aquellos que muestran síntomas parecidos a la gripe. Desde que lideró la huelga de la categoría en 2014, Bruno ha sido perseguido con transferencias e incluso fue despedido arbitrariamente y reincorporado después de un año de mucha lucha.

Durante la pandemia, y después de que surgieron las quejas espontáneas de los barrenderos, se proporcionó la cantidad mínima de agua, jabón y alcohol en gel en los locales de trabajo. Con el aumento de los reclamos y la muerte por Covid-19 de un anciano barrendero que todavía estaba trabajando, la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb) tuvo que cumplir, en parte, las exigencias de la categoría.

Al mismo tiempo que cedió a algunos reclamos, Comlurb castigó a cada trabajador que expuso los problemas, siempre afirmando que se trataba de mentiras, aunque estuvieron disponibles muchas pruebas, videos, fotos y artículos en la prensa que mostraban la situación real de los barrenderos en la calle en plena pandemia.

En las últimas semanas Comlurb eliminó las escalas de turnos rotativos durante la pandemia, además de congelar los salarios y suspender las vacaciones hasta fin de año, coincidiendo con la política de la municipalidad de facilitar todas las medidas de aislamiento social y aplicar ajustes contra empleados del municipio. Al mismo tiempo, los trabajadores de la recolección, esenciales para la limpieza de la ciudad, son acosados.

En lugar de castigar a quienes demandan reivindicaciones, el presidente de Comlurb debería convocar una reunión con representantes de los trabajadores para conocer sus reclamos y valorar esta categoría.

Por estas razones nos solidarizamos con todos los compañeros perseguidos por defender sus derechos en Comlurb y exigimos a la gerencia de la empresa y a la ciudad de Río de Janeiro el retiro inmediato del castigo arbitrario dado al barrendero Bruno da Rosa.

Argentina: Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FITU; Nicolás del Caño, diputado Nacional PTS/FITU; Romina Del Pla, diputada nacional PO/FITU; Alejandro Bodart, legislador (MC) MST/FITU; Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Seccional Oeste; Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT; Carlos del Frade, diputado Santa Fe, Frente Social y Popular; Myriam Bregman y Alejandrina Barry legisladoras CABA PTS /FITU; Néstor Pitrola, diputado nacional (MC) y Gabriel Solano, Legislador CABA PO/FITU; Vilma Ripoll, legisladora (MC) MST/FITU; Angélica Lagunas, dirigente de ATEN Capital y concejala por Neuquén de Izquierda Socialista/FITU; Jorge Altamira y Marcelo Ramal (Partido Obrero Tendencia); Noelia Agüero, legisladora electa por Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Héctor Heberling y Alcides Christiansen (Nuevo MAS); Liliana Olivero, diputada (MC) por Córdoba Izquierda Socialista/FIT; Raúl Godoy, obrero de Zanon, Diputado (MC) por Neuquén PTS/FITU; Laura Marrone, dirigente docente y legisladora (MC) CABA Izquierda Socialista/FITU; Claudio Dellecarbonara, miembro de la directiva de Agtsyp (subte/metro Buenos Aires) y diputado Buenos Aires; Nicolás Nuñez, legislador electo CABA Izquierda Socialista/FITU; Alejandro Vilca, recolector de basura y diputado por Jujuy PTS/FITU; Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de Mujeres Isadora y diputada (MC) por Buenos Aires Izquierda Socialista/FITU;Laura Vilches, concejala de la ciudad de Córdoba PTS/FITU; Alfredo Leytes, concejal electo  ciudad de Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Ezequiel Peressini, legislador (MC) por Córdoba Izquierda Socialista/FITU; Vanesa Gagliardi, legisladora porteña electa MST/FITU; Mercedes de Mendieta legisladora electa CABA Izquierda Socialista/FITU; Andrés Blanco, diputado por Neuquén PTS/FITU; José Castillo, economista y dirigente de Izquierda Socialista; Edgardo Reynoso, dirigente ferroviario del cuerpo de delegados del ramal Sarmiento; Ileana Celotto, secretaria general AGD UBA; Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys (docentes de CABA); Miguel Del Pla secretario general CTA - A Sta Cruz; Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio Economía Nación; Guillermo Pacagnini, secretario general Cicop; Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza; Cristian Luna, secretario general SITE (enfermeros Tucumán); Mónica Méndez, secretaria de organización Cicop; Federico Navarro delegado UOM Aluar seccional Puerto Madryn, Chubut; Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de Amsafe Rosario; Raquel Blas, secretaria general CTA-A Mendoza; Adriana Astolfo, directiva Adosac Pico Truncado; Daniel Rapanelli, secretario general Suteba Ensenada; Juan Arturo Gómez, secretario de Acción Social y Jorgelina Matusevicius, secretaria de Acción Social Suplente, Conadu Histórica; María Dematteis, delegada Textilana AOT; Cristian Paletti minoría Agtsyp (subte/metro Buenos Aires); Silvia Fernández, secretaria gremial Suteba Tigre; Matías Tomasello, miembro rotativo de directiva Foetra (telefónicos).

Agrupaciones y corrientes sindicales, de derechos humanos y de mujeres: Coordinadora Sindical Clasista; Agrupación de Mujeres Isadora; Comité de Acción Jurídica (Integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos); Corriente Político-Sindical “Rompiendo Cadenas”; Docentes en Marcha; ANCLA (Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática); Lista Bordó Ferroviaria; Encuentro Militante Cachito Fukman; Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Estatales en Marcha; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril); Comisión de Vecinos Justicia por Campomar; H.I.J.O.S. zona Oeste; Corriente Sindical 18 de Diciembre; APEL (Asociación de Profesionales en Lucha); Herman@ en Rebeldía.

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