Bolivia. “Desnudos ante la pandemia”

Médicos y trabajadores del sistema de salud público denunciaron que durante la pandemia de Covid-19  recibieron escasos equipos de protección personal (EPP) e indicaron que luchan contra esta enfermedad con equipos donados “por caridad” y con insumos elaborados con bolsas de basura por ellos mismos. Ante esta situación comenzaron las protestas y amenazan con bloqueos.

Denunciaron que, por la falta de esos equipos de protección, registran en sus filas médicos y enfermeras que dieron positivo.

Túnez. Huelga general de trabajadores de la salud

El gobierno de Túnez (norte de África) proclamó el lunes 15 su “victoria” frente a la pandemia, ya que no se registraron casos en los últimos días. Pero los principales responsables de esta victoria, los trabajadores de la salud, iniciaron una huelga en todo el país exigiendo mejoras en el sistema de salud pública y sus condiciones de trabajo.

Estado Español. Manifestaciones en cuarenta ciudades por la sanidad pública

Fueron convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad para exigir que no se olvide la situación vivida con el coronavirus y “reforzar y blindar la sanidad pública”. Reclama más inversión para afrontar posibles rebrotes, que no se cierren camas ni se despida personal, que se financie más la sanidad pública que la privada y que se acabe la precariedad laboral. Y denuncia la falta de personal sanitario en todas las áreas, desde atención primaria hasta los hospitales.

Francia. Huelga de salud pública y repudio a la represión

El presidente Emmanuel Macron aseguró que les corresponde una medalla a todos los trabajadores de la salud por el riesgo y el trabajo durante la pandemia del Covid-19. Este anuncio provocó indignación entre los trabajadores de la salud. Muchos se enfermaron de Covid-19. En el momento del pico de la epidemia faltaban mascarillas y equipos de protección individual. Los trabajadores de la salud tuvieron que vestirse hasta con bolsas de basura para poder atender a los enfermos.

El 16 de junio miles de manifestantes quisieron llegar hasta la Asamblea Nacional, pero la policía los reprimió violentamente con gases y balas de goma. El arresto de una enfermera de 55 años que sufre asma, que fue golpeada en el piso por la policía, fue filmado por las redes sociales causando una gran indignación popular.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.

Escribe Diego Martínez

Hace días que no se producen novedades sobre el proyecto de impuesto a las grandes riquezas del peronismo. A esta altura pareciera que va a caer en saco roto. Mientras tanto el gobierno se prepara para tratar rápidamente en el Congreso un proyecto de moratoria para las grandes empresas, a las  que les sigue otorgando grandes beneficios. El ajuste y la crisis siguen. Hay que imponer un verdadero impuesto a las riquezas de forma urgente.

El gobierno salva a los empresarios

El proyecto de ley de moratoria se va a presentar en acuerdo con Juntos por el Cambio. La reducción de las deudas empresariales que hasta ahora solo abarcaba a las pymes va a contemplar también a las grandes empresas, quienes van a ser beneficiadas por una quita de 10% de sus deudas. La moratoria se va a empezar a pagar recién en noviembre, con lo cual otra parte se va a licuar por la inflación y el plazo de pago total va a ser de hasta diez años, lo que va a reducir aún más en términos reales el monto de esas deudas.

Este beneficio se suma a los que ya viene otorgando el gobierno, como el pago del 50% de los salarios (ATP). Una “ayuda” que alcanzó a grandes empresas y multinacionales de más de un millar de empleados que tienen la espalda necesaria para soportar la crisis, como Clarín, cuyo CEO, Héctor Magnetto, tiene una fortuna personal cercana a los 1.000 millones de dólares; Techint, una empresa que en el primer semestre de 2019 aumentó sus ganancias 20% con respecto a 2018 y opera en cien países siendo una de las poquísimas multinacionales argentinas, y el Grupo internacional Latam Airlines, que en 2019 tuvo ganancias por 190 millones de dólares y ahora pretende cerrar la filial argentina por no resultar “rentable” debido a la inactividad producto de la cuarentena.

Tal es el aprovechamiento de la pandemia que hacen las patronales para ajustar a los trabajadores, facilitado por el gobierno, que algunas empresas esenciales, que vienen produciendo y facturando normalmente, también están cobrando el subsidio, aduciendo pérdidas falsas y, sin embargo, no pagan en tiempo y forma el monto restante del sueldo a los trabajadores, ¡caraduras!

Como si esto fuera poco, el gobierno acordó con las patronales y la vergonzosa colaboración de la CGT, la reducción (como mínimo) de 25% de los salarios de los trabajadores que están en cuarentena.

Para los trabajadores solo hay ajuste

El 41% de las empresas del país se encuentra en situación de morosidad. Mientras el gobierno es muy benevolente con las grandes empresas para condonarles una parte de su deuda y financiarlas en cómodas cuotas, a los trabajadores nos cortan el servicio si no pagamos la luz o el gas y por las tarjetas de crédito nos cobran intereses altísimos si nos atrasamos en el abono del resumen. Lo que le pasa a cada familia trabajadora sucede en todo el país. El gobierno beneficia a los grandes empresarios y ajusta, junto con las patronales, a los trabajadores.

 A los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales ahora se podría sumar un ajuste a los trabajadores en negro y cuentapropistas. Estarían evaluando dar de baja el ingreso familiar de emergencia porque resultó muy “costoso”. Los 90.000 millones de pesos que invirtió el gobierno para el IFE representan menos de un tercio de los 300.000 millones de pesos que las empresas deben al Estado, una burla.

Ya se levantaría el IFE en aquellas provincias, principalmente las del Norte, donde prácticamente no hay cuarentena y las economías regionales “funcionan normalmente”. ¿El gobierno cree realmente que en esas provincias los problemas sociales empezaron con la cuarentena? Tan falso es este discurso que lo desmintió, de hecho, el ministro Arroyo, al reconocer: “El IFE está llegando a nueve millones de personas, eso demuestra el nivel de deterioro en el que estaba la asistencia social del Estado. La situación social va a ser crítica, más allá de lo que pase con la pandemia” (Clarín, 18/6/2020). Si es consecuente con sus dichos, el ministro de Desarrollo Social debería mantener el IFE en todo el país y aumentar su monto a una suma que realmente le alcance a una familia para vivir.

Apoyemos el proyecto del FIT Unidad de impuesto a las grandes fortunas

Las grandes empresas dicen que no pueden pagar más impuestos porque la presión tributaria en la Argentina es “sofocante”. Eso es mentira. Los impuestos a las patronales en el país representan aproximadamente el 12% del total de la recaudación tributaria, mientras que en el resto del continente son del 25 por ciento. Mayor aún es la brecha si comparamos Europa.

También es falso que todos estén perdiendo en la pandemia. Durante la cuarentena el Grupo Mercado Libre tuvo un crecimiento de sus acciones de 6.000 millones de dólares. Otro tanto sucede con los grandes pulpos del campo y de la industria alimentaria, como Arcor. Movistar ganó solo en el primer trimestre de 2020 460 millones de euros. Y los bancos siguen amasando fortunas.

Y las que tienen menos actividad son compensadas con los cuantiosos subsidios y beneficios que les da el gobierno. Cuando empezó la cuarentena Alberto Fernández dijo que era hora de que “ las empresas ganen menos”, pero después no hizo más que beneficiarlas para que mantengan sus ganancias o las aumenten mientras los trabajadores estamos cada vez peor. Puro doble discurso.

 La emergencia sanitaria es cada vez mayor. En las próximas semanas el sistema de salud se podría saturar en el AMBA. Siguen sin alcanzar los insumos para evitar el contagio entre los médicos, siguen las rebajas salariales, cierran los pequeños comercios y crece la pobreza a casi 50 por ciento. El impuesto a la riqueza es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la tremenda crisis de la pandemia los grandes empresarios sigan incrementando sus fortunas personales y no se los toque?

Hay que imponer de forma urgente un verdadero impuesto a las riquezas como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado en unidad por Juntos por el Cambio y el peronismo en todas sus variantes. Hay que recaudar 20.000 millones de dólares de las grandes fortunas del país y de empresas como las que citamos más arriba, junto con el no pago de la deuda externa, constituir un fondo de emergencia para pagar un ingreso familiar de emergencia a cobrar todos los meses de forma nominal cuyo monto sea de 30.000 pesos, fortalecer el sistema de salud antes de que se sature y evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina otorgándoles créditos a tasa cero. ¡Que la crisis la paguen los patrones. No el pueblo trabajador!

Escribe Adolfo Santos

Con o sin pandemia, el salario continúa siendo la variable de ajuste que utilizan los gobiernos. No es diferente con Alberto Fernández. Además de haber postergado las negociaciones paritarias hasta después de la cuarentena, lo que en los hechos significa un congelamiento, avaló la reducción salarial de 25% pactada entre la UIA y la CGT. Ahora va por más. En medio de las dificultades que sufren los trabajadores sin poder defender sus salarios frente a una inflación que no para, el gobierno emitió un decreto que ataca derechos laborales, que establece que “el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020 del personal del sector público nacional en actividad será abonado en hasta cinco (5) cuotas consecutivas con las remuneraciones de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año”.

Es evidente que esta nefasta medida, que sienta un pésimo precedente, va a ser adoptada por los gobiernos provinciales y municipales, afectando a amplios sectores de trabajadores. Ya la implementó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y hay patronales solicitando extenderla al sector privado. Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, se adelantó y acordó fraccionar el medio aguinaldo en dos cuotas, la primera a comienzos de julio y la segunda en agosto. Armando Cavalieri estaría negociando un acuerdo similar al de Acuña. Vergonzoso. El resto de la burocracia sindical, sobre todo la que debería representar a los trabajadores estatales, como ATE o UPCN, dice que no concuerda pero no propone ninguna medida de lucha para frenar este ataque.

El doble discurso del gobierno peronista sobre la defensa de los más débiles no se sustenta. Los jubilados, aquellos que Alberto Fernández prometía proteger por ser uno de los sectores más vulnerables, fueron los primeros en ser atacados. La suspensión de la movilidad, una fórmula de la época del macrismo, hizo con que los seis millones de jubilados, incluyendo los del haber mínimo, hayan perdido parte de sus ingresos mensuales. La jubilación mínima, por ejemplo, que con la movilidad debería ser de 17.405 pesos, fue reducida a 16.864 pesos, una pérdida neta de 541 pesos. Queda claro que “los vulnerables” forman parte de uno de los sectores sobre los que Alberto Fernández está descargando la crisis. Mientras tanto, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen a favor de que la Anses le pague una pensión vitalicia de 400.000 pesos mensuales a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, condenado  por corrupción. Indignante.

Es inaceptable que, con la excusa de la pandemia, se descargue una serie de ataques contra los trabajadores, rebaja salarial, pago en cuotas del aguinaldo, despidos y suspensiones. No hay margen para perder salario cuando el costo de la canasta familiar de “consumo mínimo”, lo que significa un modelo básico de subsistencia –según datos de ATE Indec–, es de 68.200 pesos. Son millones de trabajadores y jubilados que quedan muy lejos de esos números y a los que el gobierno no asiste adecuadamente. Sin embargo, destina millones para subsidiar empresas privadas y eximirlas del pago de impuestos, entre otros tipos de asistencias, como reconoció el propio Miguel Acevedo, presidente de la UIA, en una entrevista concedida a Clarín (21/6).

La baja recaudación no puede ser una excusa del gobierno para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El FIT Unidad presentó un proyecto de ley para gravar las grandes fortunas que le permitiría recaudar 20.000 millones de pesos al gobierno, con lo que se podrían aumentar las jubilaciones, atender a las demandas de los trabajadores autónomos que se ven obligados a romper la cuarentena para poder comer y a resolver las graves falencias detectadas en la salud pública. Lamentablemente los diputados peronistas, en todas sus variantes, y de la oposición patronal, se negaron a tratar nuestro proyecto en un claro posicionamiento a favor de los ricos y poderosos. No vamos a pagar una crisis de la que no somos responsables. Reclamamos el pago del medio aguinaldo en una sola cuota y, junto a los docentes, decimos “los aguinaldos y los salarios no se tocan”. Exigimos la reapertura de las paritarias para evitar más pérdidas salariales, el cumplimiento de la ley que prohíbe despidos y suspensiones de trabajadores y la asistencia a los compañeros autónomos. Y le reclamamos a la CGT que rompa la tregua y se ponga a la cabeza de los reclamos. 

Escribe José Castillo

Intempestivamente, y con sus trabajadores enterándose por los diarios, Latam Argentina anunció la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado y el despido de sus 1.715 trabajadores. Se trata de una decisión escandalosa realizada por una de las multinacionales más importantes de Latinoamérica. Furiosamente antiobrera y antisindical, la empresa llegó al país con el nombre de Lan en 2005, en el marco de uno de los mayores escándalos de la corrupción kirchnerista. Chocó decenas de veces con sus trabajadores, que resistieron la imposición de condiciones de superexplotación e intentos de rebajas salariales. Ahora anuncia que se va del país después de cobrar los ATP con que pagó parte del salario de sus empleados y después de haber presionado para que aceptaran una reducción de sueldo de 50 por ciento. 

De Lan a Latam Argentina: una historia de corrupción y flexibilización laboral

Lan llegó a nuestro país en 2005. Lo hizo absorbiendo a los trabajadores de Lafsa, empresa creada luego de una lucha durísima que tuvieron que dar los ex empleados de Lapa y Dinar para no quedar en la calle. La salida fue la creación de una aérea estatal (Líneas Aéreas Federales S.A.). Pero el gobierno, de la mano del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, usó a Lafsa para una de las primeras y más escandalosas maniobras de corrupción del kirchnerismo. Firmó un acuerdo para la utilización de rutas con Southern Winds, que se descubrió que se usaba para el envío de cocaína de contrabando a España. Para tapar todo ese escándalo las rutas de Lafsa/Southern Winds fueron otorgadas a Lan, que así comenzó a operar en la Argentina.

Lan desembarcó con un nuevo gerenciamiento que, de entrada, se fijó como objetivo atacar a los trabajadores, desconociendo el convenio, quitándoles convenios y pretendiendo rebajar el salario. Tras varias peleas, los compañeros y compañeras lograron resistir el intento de flexibilización al estilo del que funcionaba en otras empresas del grupo. 

En los primeros años Lan Argentina creció a expensas de una Aerolíneas Argentinas vaciada y todavía en manos de Marsans. Así fue ganando rutas en los destinos más rentables (Bariloche, Iguazú, Calafate, Córdoba, Mendoza). Recién después de la estatización de Aerolíneas, Lan se encontró con un competidor real. 

Lan, primero, y a partir de 2016  con su nueva denominación Latam Argentina, creció y se consolidó como la segunda línea de cabotaje del país. Así llegó a tener el 16% del total del mercado de cabotaje, con tres millones de pasajeros anuales. Últimamente volaba a doce destinos domésticos (Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Calafate y Ushuaia), y cuatro internacionales (Santiago, San Pablo, Lima y Miami). Explotaba también los únicos dos vuelos mensuales a las islas Malvinas, uno de Latam Chile vía Río Gallegos, y otro de Latam Brasil vía San Pablo. La flota de Latam Argentina posee doce aviones Airbus 320. 

En 2019 incorporó también por el sistema de Interchange  nueve Boeing 767 de matrícula chilena, lo que generó una crisis con el gremio de los pilotos, provocada por la propia empresa que lo aprovechó para crear un sindicato propatronal que empezó a “aceptar” normas de flexibilización laboral. Entre los cambios estuvo la no renovación del contrato de leasing (alquiler) del Boeing B767 con el que realizaba el vuelo más rentable de la compañía (Ezeiza-Miami), que pasó a ser operado exclusivamente por los pilotos del nuevo sindicato “de empresa” (Unión de Pilotos Aviadores de Latam).

En los últimos cuatro años Latam Argentina empezó a mostrar “pérdidas” en su balance. Esto coincidió, curiosamente, con el momento en que su ex CEO Gustavo Lopetegui pasó a ejercer el cargo de vicejefe de gabinete en el gobierno de Macri. Lo que sucedía es que, en el marco de las políticas de desregulación promovidas por el gobierno de Cambiemos, los grandes negocios (que incluían los vuelos internacionales y toda la operatoria de Latam Cargo) pasaron a ser facturados directamente por Latam Internacional. La filial argentina solo registraba los tickets de vuelos locales, encima en un contexto donde entraron en la competencia las empresas low cost, como FlyBondi y JetSmart. Ya, desde hace un par de años, la política de Latam Internacional fue la de reducir las operaciones de su filial local. Así cerró las bases de San Juan y Bahía Blanca y dejó de volar a esos destinos, al mismo tiempo que envió uno de los Airbus 320 a volar a Chile. Una señal de que sí apostaba a los vuelos internacionales es que gastó más de un millón de dólares en acondicionar su sala VIP en el aeropuerto de Ezeiza.

Latam aprovechó la pandemia como excusa para acentuar su política de readecuación. Empezó a “derivar” sus aviones a Chile, incluso cambiando las matrículas y, a pesar de que recibía ATP del gobierno argentino para pagar los sueldos, comenzó a presionar a sus trabajadores para que acepten una rebaja de 50% en sus salarios.  

El gobierno “dejó hacer”

El actual gobierno peronista de los Fernández conocía perfectamente la situación de Latam Argentina. No hizo ningún reclamo cuando la empresa, a partir de marzo, apenas iniciada la pandemia, procedió a enviar algunos de los aviones Airbus 320 de matrícula argentina (LV) a Chile, en una evidente maniobra para empezar a “vaciar” su filial argentina. Tampoco hizo nada cuando, en mayo, es decir antes del anuncio de la suspensión de las operaciones, esos aviones aparecieron en los hangares de Santiago de Chile repintados con la matrícula chilena CC. 

Latam le debe al Estado argentino el pago de tasas aeroportuarias atrasadas (entiéndase, ya se las cobró al pasajero con el ticket, pero nunca las depositó). En una reunión, hace algunas semanas, el propio jefe de gabinete Santiago Cafiero permitió la refinanciación de esa deuda hasta 2021. Y, por supuesto, Latam Argentina fue una de las grandes empresas que se benefició con los ATP, por lo que el pago de una parte importante de los sueldos de la empresa corrieron por cuenta del Estado argentino. 

El gobierno de Alberto Fernández también sabe que, bajo la figura “cese de operaciones por tiempo indeterminado” se esconde una trampa. Lo reconoció el propio ministro de Transporte Mario Meoni: “Significa que no pierden las rutas y pueden volver a operar en cualquier momento”. Por eso no dicen explícitamente “cierre”. Latam Argentina se juega a no perder las rutas y, en un tiempo, reaparecer para operarlas con otro formato, más al estilo low cost, con otras tripulaciones y empleados, con menores salarios y peores condiciones de trabajo, como ya lo viene haciendo en Perú y Ecuador.

También saben que pedir el “procedimiento preventivo de crisis” es otra trampa, ya que es un mecanismo legal para empresas que siguen en actividad (donde lo que se busca es negociar la cantidad de despidos, el monto de la indemnización, etcétera). Pero en este caso Latam Argentina plantea echar a toda su planta. El “procedimiento preventivo” es una chicana administrativa para no pagar siquiera la doble indemnización fijada por la ley. 

El gobierno, en las declaraciones del propio presidente Fernández, como de los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Trabajo, Claudio Moroni, deja correr todo esto, no denuncian el vaciamiento ni las otras maniobras, peor aún, justifican a Latam por su decisión aduciendo que se debe a la crisis global de las empresas de aeronavegación producto de la pandemia. 

¿Cuál es la salida?

Desde Izquierda Socialista decimos que se deben preservar los más de 1.700 puestos de trabajo. Por eso apoyamos todas las acciones que tomen sus trabajadores para luchar por ello y exigimos a la CGT una medida para que su pelea no quede aislada. 

Al mismo tiempo, sostenemos que la salida de fondo pasa por estatizar todos los activos de Latam Argentina. Hay que embargar y estatizar de inmediato los aviones Airbus 320 con matrícula argentina (LV) que están en nuestro país y exigir la devolución de los enviados a Chile repintados con la matrícula chilena (CC). Hay que expropiar sus oficinas comerciales, el salón VIP del aeropuerto de Ezeiza, las oficinas de Latam Cargo y toda otra instalación que tenga en la Argentina. Se deben rescindir los convenios de todas las rutas internacionales que Latam pretende seguir usufructuando por medio de otras empresas del grupo, retirar todas las rutas de cabotaje que estaba explotando, que deben seguir activas una vez terminada la pandemia, volando con los mismos aviones, pilotos, tripulación y personal de tierra, respetando los salarios y las condiciones de trabajo a partir de la conformación de una nueva empresa estatal gestionada por sus trabajadores, que luego se unifique con Aerolíneas Argentinas. Todo en el camino de tener una auténtica aerolínea de bandera, que maneje todo el negocio de cabotaje, permita realmente unificar pueblos y regiones y haga que volar deje de ser un privilegio de unos pocos sino un derecho de todo el pueblo trabajador.