Escribe Mariano Barba

Una vez más, Cerámica Neuquén, bajo control de los trabajadores, está siendo atacada por la patronal y el gobierno. En esta oportunidad un juez habilitó el remate de la planta para que un grupo de ex obreros puedan cobrar la indemnización que les adeuda la antigua patronal. Lo grave es que el juez, en vez de rematar los bienes personales del patrón que contrajo la deuda, pretende hacer que un tasador ingrese en la planta para poner en valor los bienes y rematarlos, lo que significa llanamente el desalojo y cierre. Esta maniobra fue preparada por el abogado Jorge Brillo, ex vicegobernador de Sobisch. Ante esta amenaza de desalojo, varias acciones se planificaron para defender la fábrica. La primera y más inmediata es reforzar las guardias con la presencia de compañeros de distintas organizaciones, entre las que se encuentra la Juventud de Izquierda Socialista, acompañando la tarea de controlar los ingresos y evitar cualquier sorpresa de la Justicia.

Al mismo tiempo, en una numerosa multisectorial realizada este lunes en el comedor de la planta resolvimos un plan de acción en apoyo a la gestión obrera y en defensa de la continuidad de la fábrica. Estuvieron presentes el Sindicato Ceramista, delegados de Cerámica Neuquén, dirigentes de la minoría Multicolor de Aten Capital, con Angélica Lagunas, y otras agrupaciones opositoras docentes, organizaciones de izquierda, camioneros del Expreso Argentino en lucha, el MTD y la Cooperativa 127 Hectáreas (movimientos barriales) y la CTA Autónoma. Se analizó la coyuntura provincial enmarcada en el ajuste nacional y, en especial, la situación que padecen las tres cerámicas autogestionadas que están totalmente abandonadas por el gobierno, sin créditos y con escasa asistencia de subsidios. Por eso una de las conclusiones más importantes fue que, además de apoyar a Cerámica Neuquén, se lanzará una campaña nacional por la estatización de toda la industria ceramista para garantizar la continuidad de las tres plantas y que su producción vaya a un plan de obras públicas que estamos exigiendo al gobierno.

Como medida de acción inmediata se resolvió hacer una gran caravana este miércoles 8, que partirá de Cerámica Neuquén, recorrerá los barrios populares, pasará frente al Expreso Argentino y terminará en Casa de Gobierno, donde realizaremos un acto. Los reclamos que se expresarán y las consignas de la multisectorial son: no al remate de Cerámica Neuquén. Por la estatización de las tres fábricas de cerámicas. Por un plan de obras públicas con materiales de las cerámicas.  Por el pago del aguinaldo completo a docentes y estatales. Por una solución al Expreso Argentino. Por trabajo genuino para los miles de desocupados. Posteriormente, se hará una reunión para analizar la realización de una movilización unitaria.

Escribe Joel Rojo

El gobierno de Schiaretti-Llaryora le viene robando a los jubilados 13 por ciento. El último 6% fue hace un mes. Les quitó conquistas y salario a los trabajadores de Luz y Fuerza, con la complicidad de su conducción. El transporte de larga y corta distancia está parado. El primero desde que empezó la cuarentena, el segundo desde hace tres meses por problemas con el cobro de salarios y aguinaldo, al igual que los trabajadores del transporte urbano, que están de paro desde hace una semana y se movilizaron el martes 7 al grito de “que se vayan todos”. El intendente Llaryora hace dos meses que viene atacando a los municipales, a quienes les rebajó una hora de trabajo, les redujo el salario, les quitó importantes conquistas de su convenio y despidió a 117 contratados con más de ocho años de antigüedad. En los próximos meses vencen otros cuatrocientos contratos que pueden correr la misma suerte. Y ya inició la persecución a quienes les faltan menos de diez años para jubilarse para que acepten el “retiro anticipado”, por supuesto con menos salario. Todo esto mientras monta una planta municipal paralela con jóvenes abogados monotributistas, que hacen las veces de inspectores, y con trabajadores de cooperativas de carreros y cartoneros a los que les paga 10.000 pesos por mes por cuatro horas diarias por todo tipo trabajo. Y ya amenazó con hacer lo mismo con los recolectores de residuos (Surbac) y los de UTA.

Por todo esto, que se suma al ataque del gobierno nacional al resto de los trabajadores, es que se hace imprescindible una respuesta unificada en un paro provincial y un plan de lucha para derrotar el ajuste, que deberían exigir y encabezar los estatales provinciales y municipales. En primer lugar, resolviendo democráticamente ese paro los gremios que están siendo ajustados, como ahora los municipales, y desde ese lugar exigir a las dos CGT y las dos CTA que hagan lo mismo con el resto de los gremios. El gobierno provincial y el municipal atacan a los gremios de a uno por vez para evitar la unificación de la lucha, y los dirigentes de las distintas centrales les están haciendo el juego. Por eso hay que promover asambleas en los lugares de trabajo, o virtuales, para empezar a organizar la exigencia del paro provincial y el plan de lucha. Mientras tanto, todos debemos apoyar y solidarizarnos con la lucha de los municipales que vienen de masivas movilizaciones.

Los trabajadores textiles de Río Grande el 25 de mayo instalaron una carpa frente a la fábrica para reclamar el pago de las cinco quincenas que les deben y las garantías para continuar con la fuente de trabajo. La patronal hace cuarenta años que está en Tierra del Fuego, cuenta con otra fábrica en Trelew, Sedamil, y en la Capital Federal centraliza el área comercial.

Fue beneficiada por el Estado con la ley 19.640, de promoción industrial, y cuenta con la exención y/o  reducción de impuestos nacionales, arancel cero para la importación de bienes y la posibilidad de vender al resto del país sin pagar impuestos aduaneros, lo que nos recuerda a los Vicentin, que vivieron largos años del Estado cosechando fortunas.

Ante la pandemia cerró sus puertas declarándose en concurso de acreedores sin dar garantías de reabrir y propuso, a través del gremio de los textiles, un retiro voluntario, que no significa otra cosa que despidos encubiertos. El Ministerio de Trabajo jamás intimó a la empresa para que definiera la situación.

Los trabajadores, sus delegados y gremios textiles se movilizaron hasta el Concejo Deliberante y no obtuvieron respuestas. Posteriormente, fueron a la Legislatura en Ushuaia donde fue tratada por los diputados, con la presencia de los delegados, la grave situación de los textiles. Solo se resolvió formar “una comisión de seguimiento de toda la situación industrial en la provincia para hacer una evaluación caso por caso de las empresas que están trabajando. Convocarían a los diputados y senadores nacionales para que participen”. Dicen que “seguirán la reacción del conflicto para poder dar contención a sus trabajadores”. Ninguna respuesta concreta para ajustar a la patronal, que durante cuarenta años amasó fortunas y ahora deja a sus trabajadores en condiciones de abandono.

Se solidarizaron y participaron jubilados de ATE, el secretario gremial del Suoem y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos. La CGT de Ushuaia emitió un comunicado.

El gobierno debería emplazar a la empresa para que reabra, y si no lo hace expropiarla sin pago alguno de su deuda, estatizarla y ponerla en funcionamiento bajo control de sus trabajadores. El próximo miércoles se movilizarán hasta el Ministerio de Trabajo nacional para entregar un petitorio. Diferentes gremios textiles y fábricas de la región fueron invitados.

Corresponsal

Conflictos en Bariloche

Frente a la Secretaría de Trabajo, el jueves 2 se realizó la jornada de lucha provincial de ATE. Fue para rechazar el desdoblamiento del aguinaldo, exigir la reapertura de paritarias y, fundamentalmente, para que la crisis no la paguen las/los trabajadores. Asistieron porteros de escuelas, trabajadores de hospitales, de PAMI, del centro atómico (CNEA y Conicet) y de otras dependencias del Estado. En las intervenciones, la secretaria general de la seccional y el delegado de la CNEA (nuestro compañero Armando Aligia) resaltaron la importancia de tener recursos para enfrentar esta crisis dejando de pagar la deuda externa, creando un impuesto a las grandes fortunas y concretando la nacionalización de la empresa Vicentin. Varios compañeros denunciaron la falta de insumos de limpieza y un docente que se acercó a la jornada acusó a su gremio (dirigido por la lista Celeste del kirchnerismo) de que los tiene completamente desamparados. También estuvieron delegados del Banco Nación y la militancia de nuestro partido, Izquierda Socialista, que fueron a llevar la solidaridad a los trabajadores en lucha. Otros conflictos recorrieron Bariloche: una caravana por los jardines maternales, un paro por tiempo indeterminado de UTA y una importante manifestación de gastronómicos desocupados.

Felfort. Treinta y tres contagiados

¿Cómo puede ser declarada esencial la producción de golosinas? Sí, aunque usted no lo crea, la fábrica de chocolates nunca dejó de producir durante la cuarentena.

La patronal de La Delicia, de Felipe Fort S.A., expone a sus trabajadores al contagio. Primero en el transporte público, y luego en la misma planta ubicada en el barrio porteño de Almagro.

Es evidente que la patronal jamás aplicó el protocolo de seguridad e higiene que exige la cuarentena. De ser así no habría treinta y tres contagiados. La empresa culpa a los trabajadores.

La realidad es otra, la patronal los hace almorzar y trabajar amontonados sin respetar el distanciamiento. En la sección donde se elaboran los “Paraguitas”, por ejemplo, trabajan veintidós personas en un local de 6 metros por 6.

El Covid-19 entró en Felfort, se extendió por toda la planta y continúan produciendo.

Denunciamos la responsabilidad de la patronal negrera por estos contagios mientras el gobierno de Rodríguez Larreta no toma ninguna medida a favor de los trabajadores.

Acción internacional de lucha de repartidores

El pasado 1° de julio en el país se realizaron diversas acciones de repartidores de las aplicaciones en todo el país. Hubo concentraciones y movilizaciones en ciudades como CABA, Córdoba, Rosario y La Plata, que fueron parte de la convocatoria al “Tercer Paro Internacional” de repartidores, que contó también con grandes movilizaciones en varias ciudades de Brasil y otros países. En Argentina los reclamos son contra las multinacionales de aplicaciones, que obtienen superganancias a costa de la precarización laboral y la muerte de los repartidores. En lo que va de la cuarentena ya murieron seis trabajadores. También exigen aumento salarial del 100%, entrega de elementos de seguridad e higiene, ART a cargo de las empresas y terminar con los despidos y las suspensiones. Desde Repartidores de Izquierda Socialista acompañamos las acciones realizadas en la explanada del Patio Olmos en Córdoba, en Plaza Moreno de La Plata y otras, alentando los procesos de organización democrática y coordinación de la lucha. 

Neuquén. Sigue firme la lucha de los camioneros

Cuarenta y un días de acampe llevan los doce trabajadores de Expreso Argentino frente al depósito exigiendo que el empresario les pague los tres meses de salario que les adeuda y los reintegre al trabajo. El gobierno y el gremio siguen dando la espalda al reclamo, mientras la empresa continúa trabajando en la vecina ciudad de Cipolletti con personal en condiciones precarias. Todavía no se hizo efectivo el fallo del juez laboral determinando que la patronal debe pagar los sueldos caídos y que se le embarguen bienes para ese fin. Mientras esperan, continúan con varias acciones para fortalecer la ocupación y sostener la alimentación de sus familias. La solidaridad que se manifiesta en permanentes aportes de víveres y para el fondo de huelga les ha permitido lograr un sustento diario. La ola de frío polar que sacude a Neuquén no hizo mella en la moral de los compañeros, que se guarecen en carpas y calefaccionan con maderas encendidas en tambores, al mismo tiempo que participan de todas las movilizaciones convocadas por docentes y ceramistas en las que ellos levantan sus reclamos y sus banderas. Desde Izquierda Socialista acompañamos el acampe y aportamos para que tengan provisiones con la presencia de docentes y militantes de la juventud.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las cifras de femicidios y transtravesticidios en nuestro país siguen siendo alarmantes: uno cada veintisiete horas, a lo que se le suma el aumento de la violencia de género durante la cuarentena. Las medidas resultan insuficientes a pesar de los 18.000 millones de pesos destinados al plan.

El gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género para el período 2020-2022. El anuncio lo hizo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta junto a Alberto Fernández en Olivos, el pasado 3 de julio. Sin dudas, era uno de los anuncios más esperados ya que la violencia machista no cesa.

El informe tiene 235 páginas en las que se enumeran 27 medidas y 144 acciones. Con el título rimbombante en el prólogo “Más que un plan, un cambio de paradigma”, la ministra sostiene que “estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forman parte de esta definición de políticas de protección integral”. Palabras contundentes, pero veamos en concreto cuáles son las medidas que propone.

En relación con la formación laboral y el empleo, aparecen una serie de capacitaciones para que las víctimas puedan acceder a un mejor trabajo. A su vez, propone una mesa de diálogo con las cámaras empresariales para promover la incorporación de licencias por violencias de género en el sector privado. De lograrse las licencias con goce de sueldo serían un paso adelante muy valioso. Por otro lado, se lanza el programa Acompañar, que consiste en dar una ayuda económica a las personas que se encuentran en situación de riesgo. Pero esa ayuda solo será de 16.875 pesos y por seis meses. 

En relación con el acceso a la vivienda, si bien el plan habla de construir/refuncionalizar doce refugios en todo el país y de armar un convenio con los hoteles para que se destinen plazas para albergar transitoriamente a las víctimas, no vemos que haya una verdadera solución habitacional para quienes se vean obligadas a irse del hogar donde se encuentra el violento. Creemos que sería fundamental dar una solución a esta problemática, por ejemplo, acondicionando ya las viviendas ociosas que existen y con un plan de viviendas a corto plazo para que quienes sufrieron violencia de género tengan su casa propia.

En relación con la línea 144 que recibe las denuncias por violencia de género, correctamente se propone en el plan mejorar la coordinación con otras líneas nacionales y, a la vez, se compromete a incorporar más trabajadorxs. Esto es importante porque actualmente se encuentra totalmente desbordada debido al aumento de las llamadas que hubo desde el inicio de la cuarentena. Pero haciendo caso omiso a los reclamos de quienes ya están trabajando en la línea, las nuevas incorporaciones serán con contratos tercerizados y, de esta manera, continuará la precarización que vienen denunciando desde hace años lxs trabajadorxs.

El aborto voluntario no es parte del plan del gobierno

Por último, y no por ello menos importante, queremos señalar que no aparece mencionado el aborto voluntario como una política necesaria y urgente para terminar con la violencia que implica la clandestinidad. No solo es el maltrato por parte de quienes obstaculizan los derechos ya conquistados, como son los abortos legales por causales, sino que también son violentadas las personas que acuden a los centros de salud por complicaciones de abortos mal practicados. Las internaciones por este motivo, de acuerdo con el último dato disponible del Ministerio de Salud de la Nación, ascienden a 39.025 personas en 2016.

Por todo lo expuesto creemos que el plan que presentó el gobierno es insuficiente. Por supuesto que tiene incorporadas algunas de nuestras demandas, y eso es producto de años de nuestra lucha callejera e incansable. Exigimos que se cumplan inmediatamente. Pero no nos podemos engañar, este plan no responde a todos nuestros reclamos ni tampoco a todo por lo que luchamos. Por eso debemos seguir movilizadas como lo venimos haciendo, y también organizadas de manera independiente de todos los gobiernos. Esa será la única garantía para conquistar nuestros derechos. Lo dijimos en las calles, en las redes y lo volvemos a decir, queremos que se cumpla el #NIUnaMenos y el #AbortoLegal.