Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una jornada de protesta global se prepara hacia fines de septiembre. La convocatoria, que nace de los nuevos movimientos ambientales juveniles surgidos en Europa en los últimos años, va a tener nuevamente una réplica en nuestro país, donde venimos de las jornadas del 25A y el 31A contra las políticas antiecológicas del gobierno del Frente de Todos.

En 2019 ya tuvimos en nuestro país adhesiones masivas a estas convocatorias, donde decenas de miles fueron parte de los millones que se movilizaron en todo el mundo. Esta vez, el llamamiento que realiza la agrupación Fridays for Future (Viernes por el Futuro) señala: “El 25 de septiembre va a ser el primer día de acción global del año. Los próximos meses y años serán cruciales para garantizar un camino seguro por debajo del aumento de un 1.5° de la temperatura global, el objetivo planteado en los Acuerdos de París. Si queremos minimizar el riesgo de disparar una cadena irreversible de reacciones más allá del control humano, necesitamos actuar ahora. Por todo esto, es vital que la crisis climática no quede olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se la considere con la máxima prioridad”.

Un señalamiento de máxima importancia, si tenemos en cuenta que las políticas que desplegaron los gobiernos, desde los Estados Unidos hasta China, buscan una respuesta a la crisis económica sobre la base de combinar un ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador con un masivo desembolso de billonarias sumas para subsidiar y apuntalar a las multinacionales responsables de las desmesuradas emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso levantar controles ambientales a actividades como el fracking.

El capítulo argentino de la huelga global

El gobierno de Alberto Fernández no escapa a esta lógica recién expuesta. La brutal crisis económica y social que lleva años, y que la pandemia vino a agravar, no fue un punto de inflexión para proponerse superar las políticas que nos trajeron hasta acá, sino que, por el contrario, el gobierno definió profundizarlas, y con un destaque entre ellas de las que se relacionan con la propia depredación ambiental. 

Como venimos señalando desde estas páginas, el gobierno asumió el compromiso con los bonistas –y próximamente hará lo propio con el FMI– de pagar la deuda, por un lado, comprometiendo un mayor ajuste del Estado, y por otro potenciando la depredación de los bienes naturales del país en función de generar dólares para cumplir con estos chupasangres del capital financiero internacional. Acá debemos ubicar el acuerdo con China para instalar las megafábricas de cerdos, que los gobernadores de provincias como Santiago del Estero y Chaco han salido en estos días a defender a capa y espada después de que el repudio nacional haya hecho demorar la firma del pacto. También acá se enmarca el acuerdo del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino para potenciar las ganancias de los dueños del campo en la próxima década con su Plan 2020-2030. Asimismo, tenemos que ubicar las trabas que está sufriendo el avance de cualquier tipo de ley de protección de los humedales mientras siguen ardiendo, y también que sigan impunes estos crímenes ambientales, los incendios en las sierras de Córdoba y las llamas que cubrieron doce provincias devastando casi 200.000 hectáreas.

Incluso, en esta combinación entre pandemia, crisis social y contaminación ambiental, podemos ubicar que dentro del miserable “aporte solidario” de las grandes fortunas el gobierno destinó un 25% de lo recaudado al fomento de la búsqueda de más combustibles no convencionales. Un monto superior al 20% que se podría utilizar para fortalecer el sistema de salud. Alberto tenía razón cuando dijo que la pandemia desnuda a cada cual tal cual es. Las prioridades de su gobierno están expuestas a la vista de todos.

Sigamos avanzando unidos por el camino del 25A

La semana pasada se realizó una reunión nacional del colectivo de organizaciones políticas, agrupaciones ambientales y por los derechos de los animales que convocamos a la acción del 25A en todo el país. Hicimos un balance muy positivo de la jornada que se expresó en un comunicado que comenzamos a difundir ratificando nuestros reclamos y proponiéndonos seguir trabajando en común para preparar una gran jornada el 25S.

Compartimos sus primeros párrafos para concluir esta nota.

“La acción en las calles, con respeto al protocolo de seguridad sanitaria por Covid-19:

Primero. Arrojó un balance ampliamente positivo por haber logrado una jornada de protesta unificada en todo el país; construido incipientes lazos de coordinación a nivel nacional que seguirán ampliándose y solidificando, y porque fuimos parte fundamental del rechazo masivo que hizo dilatar la firma del acuerdo porcino con China, que busca importar a nuestro país las fábricas de nuevas pandemias.

Segundo. Ratificó nuestros reclamos centrales en contra del plan del Consejo Agroindustrial Argentino de más agronegocio, industrialización animal (expresada en este caso en el acuerdo por las megafábricas con China) y destrucción ambiental (desmontes, quemas, contaminación, etc.). Denunció que este modelo extractivista, al servicio de la ganancia empresarial y el pago de la deuda, hoy impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, solo genera más crisis social y es el que nos ha sumergido en la actual emergencia sanitaria, alimentaria, ecológica y climática. Exhortó al poder político a abrir métodos vinculantes que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

¡Sigamos avanzando en la coordinación y preparemos una gran jornada de protesta para el 25S!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.

Escribe Noelia Agüero, diputada cordobesa electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hace meses, en Córdoba venimos dando una incansable lucha acompañando a la familia y amigxs de Nora, nombre ficticio para resguardar la privacidad de una joven que durante meses fue víctima de una red de trata. El gobierno de Juan Schiaretti no solo es responsable, sino que una vez más se encuentra directamente involucrado ya que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por Eduardo Garzuzi, miembro del Poder Judicial de nuestra provincia y uno de los principales acusados de captación para redes de trata con fines de explotación sexual. Este hombre la obligaba a concurrir a fiestas, donde debía tener relaciones con sus amigos y la sometía al consumo de drogas, ambiente del cual estaba intentando alejarse asistiendo a rehabilitación.

Fue el mismo 3 de junio, icónico día en el calendario feminista, de este año, en que la familia de Nora realizó una denuncia por trata de persona en la justicia federal. Sin embargo, una vez más la Justicia cómplice de estas redes no siguió los procedimientos indicados en los allanamientos, cometiendo incontables irregularidades, perdiendo pruebas clave para la investigación. A partir de este momento, la familia y amigxs de Nora se apoyaron en el movimiento de mujeres, participando activamente en las asambleas del Ni Una Menos, confiando en que para obtener respuestas la única salida es la lucha y la movilización. Es así que a pocas semanas de comenzar nuestra lucha, conseguimos que Nora se encuentre resguardada en una institución donde realiza su rehabilitación.

No obstante, la lucha no terminó aquí. Aún exigíamos que el tratante fuese detenido, por lo cual, una vez más estuvimos en las calles al grito de ¡cárcel para Garzuzi! Es así que el pasado 26 de agosto se consiguió que la fiscalía y el juzgado a cargo hicieran lugar al pedido de detención con prisión preventiva. Además, junto con esto se logró que la familia sea aceptada como querellante, ya que, recordemos, en un principio no la admitieron por no existir imputación alguna. Un gran triunfo del movimiento feminista.

El poder de las redes de trata

La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico, siendo uno de los delitos con menor cantidad de arrestos y denuncias y generando aún más miedo a las familias y las víctimas.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, de trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres, recibiendo cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada. Así como también es vergonzoso el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata. Sin embargo, el caso de Nora nos permite dar cuenta de la posibilidad de revertir esta situación mediante la organización y la movilización en las calles.

Pero aquí no termina esta lucha, no nos detendremos hasta conseguir la prisión efectiva de Garzuzi, así como de los otros acusados, entre ellos otro miembro del Poder Judicial y un funcionario público del gobierno local. Pero además seguiremos, para que este hecho no sea considerado como algo individual, sino como un delito de trata, con todo lo que esto implica. Continuaremos organizadxs por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida. Desde Isadora seguimos exigiendo el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición inmediata de todas sus víctimas, junto con el presupuesto para combatir la violencia de género, que se podría obtener dejando de pagar la deuda. ¡Protección urgente para Nora e investigación y justicia ya!

Escriben Euge y Agxs por Isadora y Diversidad de Izquierda Socialista

El gobierno nacional sancionó por decreto el cupo laboral travesti trans en toda la administración pública nacional, un reclamo histórico de la comunidad travesti trans. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora acompañamos esta pelea y celebramos este triunfo de nuestras luchas advirtiendo que debemos ir a fondo por su cumplimiento y por verdaderas políticas de inclusión y contra la violencia trava-trans.

A lo largo de los años, desde Izquierda Socialista, junto a la comunidad de la diversidad sexual y de género, impulsamos con la lucha en las calles el reclamo por la inclusión laboral travesti trans. ¿Qué significa el cupo sancionado? Que al menos el 1% de los cargos del Estado nacional deben ser cubiertos por personas travestis, transexuales y transgénero.

La exclusión de los espacios de trabajo por la discriminación existente hace que se encuentren en una situación económica realmente precaria, la mayoría no logra acceder a un techo y gran parte de la comunidad travesti trans está en situación de prostitución para subsistir, lo que les expone a situaciones de violencia, infecciones de transmisión sexual, estigmatización social y persecución policial. Esto, sumado a los crímenes de odio, hace que la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina sea de 35 años.

Como parte del Frente de Izquierda Unidad, desde las bancas de Izquierda Socialista hemos presentado e impulsado distintos proyectos de cupo travesti trans en todas las legislaturas como un aporte más al reclamo callejero que impulsamos para terminar con la discriminación y exclusión en el mercado laboral. Muestra de ello fue el proyecto de ley de cupo femenino y travesti-trans para todo el transporte nacional, público y privado de carga y pasajeros, que presentó en 2019 nuestra compañera Mónica Schlotthauer en el Congreso Nacional, que tiene estado parlamentario y podría votarse ahora mismo si hubiera voluntad política de hacerlo por parte de los partidos patronales, y de esta manera hacer extensivo el cupo para otras actividades. Sin embargo, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas miran para otro lado.

¿Cómo seguimos la pelea?

Una vez reglamentado el DNU, tenemos importantes peleas por delante. Las experiencias provinciales de cupo travesti trans –el caso más emblemático es el de la provincia de Buenos Aires con la ley Diana Sacayán– o la ley nacional de identidad de género son muestra de que, aunque se haya aprobado la ley, para su correcta e inmediata implementación hay que seguir batallando. Somos conscientes de que será necesario seguir luchando por su efectiva implementación, sin impedimentos burocráticos o contratos basura que precarizan a miles de estatales.

También es urgente que este cupo sea acompañado de políticas públicas de inclusión y formación con presupuesto efectivo sobre la base del no pago de la deuda externa, como el cumplimiento de la ley de identidad de género, de educación sexual integral y que sean acompañadas por políticas para prevenir la violencia, los travesticidios, transfemicidios y demás crímenes de odio que sufre la comunidad de conjunto. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora, como parte del Frente de Izquierda Unidad, continuamos dando la pelea por todos nuestros derechos.

Escribe Malena Lenta, comisión directiva AGD-Psicología, referente de Isadora-Mujeres en Lucha

El fallecimiento de la docente Paola De Simone reveló las precarias condiciones laborales de la docencia universitaria. Mientras tanto, el gobierno y los recortes pretenden seguir avanzando sobre los derechos laborales docentes. La burocracia sindical mira para otro lado.

La impactante noticia de la docente de 46 años que falleció cuando daba una clase virtual a estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa, el pasado martes 1º de septiembre, llegó a ser tapa de los diarios. Pero mientras surgían noticias valorizando su compromiso docente, lo que no se terminó de decir es algo evidente, Paola tenía Covid-19 hacía cuatro semanas. Sin embargo, ni en la universidad privada ni en la Universidad de Buenos Aires, donde también era docente, había logrado el derecho a licencia que le correspondía por enfermedad. Y eso no es una casualidad.

Desde el inicio de las medidas sanitarias de aislamiento social preventivo, tanto las universidades privadas como las públicas iniciaron un proceso de virtualización forzada del trabajo docente. Sin garantizar equipos, ni internet, ni capacitaciones, obligaron a la docencia a convertir en tiempo récord el dictado de clases presenciales en clases virtuales. La consecuencia fue el aumento cuantitativo y cualitativo de la carga del trabajo, es decir, hubo que dedicarle muchas horas extras de trabajo a la capacitación autogestiva para el manejo de las plataformas virtuales y la preparación de gran cantidad de materiales específicos para el trabajo con el nuevo formato. Además, todo se realizó en un contexto de pandemia en donde también se incrementaron las cargas del trabajo de cuidado doméstico. Y el costo se pagó con la salud física y mental de la docencia.

Pero no contentos con esta imposición, los rectores de las universidades, con anuencia del Ministerio de Educación y de las conducciones burocráticas de los gremios universitarios y preuniversitarios como Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Conadu (h), decidieron no garantizar los mínimos derechos laborales, como el derecho a la desconexión y, sobre todo, a las dispensas por cuidado de hijos e hijas menores de edad o familiares, ni las licencias por enfermedad. Por este motivo, Paola se encontraba trabajando a pesar de estar enferma y no pudo obtener la atención de salud necesaria en el momento en que la necesitaba para salvar su vida. Por eso decimos que la virtualización forzada es muerte.

Frenar el avance de la precarización

No obstante, este lamentable suceso puede no ser un caso extremo sino convertirse en una triste escena cotidiana. Organismos internacionales como la Unesco. en acuerdo con las multinacionales de software, están pujando para que la enseñanza a través de dispositivos virtuales se extienda luego de la pandemia. Y el propio Ministerio de Educación y los rectores de las universidades miran con agrado esta perspectiva mientras la burocracia se mantiene silente.

En los sectores de la educación donde rige la formación a distancia a través de plataformas virtuales desde antes de la pandemia, ya se ha instalado la contratación de docentes con vocación de servicio, es decir, a corto plazo y sin derechos laborales mínimos como licencias, vacaciones, aguinaldo, feriados, etcétera. Tampoco se garantizan los instrumentos de trabajo ni de conectividad.

Pero la virtualización no solo ahorra costos al desconocer el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, sino que también fragmenta y aísla a los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, promoviendo prácticas pedagógicas acríticas y de peor calidad educativa que, además, suelen ser vigiladas por las autoridades institucionales. Y, al mismo tiempo, aumenta la brecha laboral de género, ya que al realizar el trabajo virtual en el espacio doméstico, incluso sin pandemia, son las mujeres las que sufren mayores interrupciones en la jornada laboral a causa de las demandas familiares y pierden todo derecho de licenciarse ante los requerimiento del cuidado familiar.

Nuestros derechos laborales son esenciales. Nadie debe morir en el trabajo. No a la precarización. Derrotemos el pacto del gobierno, los rectores y la burocracia sindical de la docencia universitaria.