A continuación reproducimos una carta de Cristina Castro que fue difundida en diversos medios:

Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada a pesar del pronunciamiento de la jueza.

Me cuesta un montón, una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá... Me cuesta un montón.

Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia solo espero justicia. Que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas.

En este momento solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más sea Nunca Más en serio.

Escribe Gastón Godoy

La desaparición y el asesinato de Facundo Astudillo Castro por parte de la policía bonaerense no es un hecho aislado. Son cientos los jóvenes que esta fuerza represiva asesina por su forma de vestir, su color de piel, sus ideas o las actividades que realizan.

Facundo militaba en el espacio Jóvenes con Memoria de Pedro Luro. Estaba comprometido para que no terminen en el olvido casos como el suyo, un militante de los derechos humanos que gritó Nunca Más. Ahora sus reclamos se multiplicaron y toman más visibilidad.

Al respecto, su mamá Cristina recordó que “Facundo participó en la elaboración del primer libro sobre desaparecidos en el distrito y viajó a Chapadmalal a un encuentro provincial. Le interesaba mucho ese tema y la violencia institucional”.

 “Yo también me sentía muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser y porque también soy rapero, hago rap. Entonces me visto como una persona que hace rap, y todos me decían ‘no vayan allá porque ese chico mirá cómo va vestido, es chorro, se droga’, y eso nada que ver”, decía Facundo Castro cuando tenía 15 años en el marco de un encuentro del Semillero Cultural de Jóvenes por la Memoria.

Le gustaba practicar deportes, jugaba al voley y al fútbol, era hincha de Boca. Era un joven que estaba muy lejos de representar un “peligro” para la sociedad. Como comentan sus amigos y amigas, estaba siempre de buen humor y bien dispuesto. 

Pero para la policía todo aquel que encaja con ciertos estereotipos es muy propenso a ser parado, detenido, esposado, hasta encarcelado y, muchas veces, asesinado. Esa policía responde a los distintos gobiernos de turno. Hoy al de Alberto Fernández, que en el marco de la cuarentena empoderó al aparato represivo para “garantizar que la cuarentena se cumpla”.   

La mamá de Facundo contó anécdotas que ilustran el maltrato y la persecución policial desde siempre: “Con los chicos habían hecho una canchita a la que iban policías a hostigarlos. Paraban el patrullero y les decían ‘ustedes son chorros, son drogones’ y les pegaban sopapos y patadas en el culo”. “Para ellos era un deleite, que todas las mamás del semillero y la batucada vivimos en carne propia”. La mamá de Facundo también habló de los casos de decenas de madres y padres, que también sufrieron el asesinato de un hijo en manos de la policía, que la han llamado para solidarizarse. “Me llamaban y me decían ‘a mi hijo lo detuvieron en la comisaría, y supuestamente se suicidó’. Son miles los casos”.

Desde Izquierda Socialista seguimos exigiendo justicia para Facundo y denunciamos la responsabilidad del gobierno nacional y de la bonaerense de Sergio Berni y Axel Kicillof.

Escribe Diego Martínez

El tema de la semana giró en torno de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Desde algunos medios de comunicación se presentó la cuestión como un hecho ligado exclusivamente al accionar de barrabravas y punteros políticos. Más abajo en este artículo repudiamos el accionar de quienes lucran con la desesperación de la gente que no tiene acceso a una vivienda digna, pero queremos ser claros con un planteo, si se dan las tomas de tierras es por la terrible miseria a la que están sometidas millones de personas en el país. Es esa miseria lo que las obliga a tomar posesión de un un terreno para construir casillas ultraprecarias, con lonas, madera y tirantes. Mientras tanto, la única respuesta que ofrece el gobierno es la represión. Como manifestaron algunos de los ocupantes: “La falta de viviendas no se resuelve con balas”.

Como consecuencia del ajuste que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales estamos atravesando una gravísima crisis social. Se calcula que, entre trabajadores formales e informales, cerca de 1.300.000 perdieron su trabajo en los últimos seis meses, y la labor de los cuentapropistas se fue a pique. La demanda de changas es mucho menor. En este contexto, muchas parejas jóvenes con chicos ya no pueden pagar la pieza que alquilaban. A esto hay que sumarle el hacinamiento en los barrios populares, en terrenos donde hay familias ensambladas con dos o tres viviendas en una sola parcela, cuando no viven todos juntos en una sola casa. Esta situación se agrava por la pandemia, en la que también se multiplican los casos de violencia familiar.

Este contexto es el caldo de cultivo que empuja a muchos habitantes de barrios populares, principalmente jóvenes familias, a tomar terrenos, quedando en algunos casos a merced de barrabravas, punteros políticos y narcos que les “venden” o “alquilan” un terreno, aprovechándose su desesperación, para hacer negocios.

Las tomas de tierras reflejan el grave déficit habitacional que hay en el país, 3,5 millones de familias no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en  4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país. Según datos del Observatorio Social de la UCA, cuatro de cada diez viviendas en el país son precarias, y tres de cada diez no tienen servicios sanitarios en condiciones. Se trata de un problema que permanece a lo largo de los años y al que ningún gobierno patronal da solución.

Peleas en las alturas que no resuelven el problema de fondo

A raíz de las tomas de terrenos se abrieron distintas peleas en el interior del peronismo. Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, acusó al Movimiento Evita de incentivar las tomas, a lo que el Chino Navarro, referente del Evita y funcionario del gobierno, refutó enfáticamente, a la vez que llamó a resolver las tomas con “diálogo” .

La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, por su parte, pasó de relativizar tibiamente el carácter delictivo de las tomas a hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada en consonancia con los discursos de los intendentes del conurbano y del propio Axel Kicillof.

Más allá de las idas y venidas de los distintos sectores del gobierno peronista, la respuesta oficial fue contundente. Berni condujo la represión y el desalojo violento de los ocupantes de las tierras, respaldado explícitamente por Kicillof y avalado por Alberto Fernández. Este accionar se suma a la muerte de  Rodolfo Orellana, militante de la CTEP que fue asesinado por la policía en 2018 cuando reclamaba unos terrenos en Villa Celina, La Matanza, comandada por la entonces intendenta peronista Verónica Magario.

El peronismo no sólo reprime a quienes desesperadamente buscan una solución a su problema habitacional, sino que lejos está de resolver la cuestión de fondo de la vivienda. Hace décadas que gobierna la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, y este problema se agrava de la mano del crecimiento de la pobreza y la inacción de los distintos gobiernos. La cantidad de villas en el conurbano bonaerense trepó de 345 en 2001, a 1.134 en 2016 (Clarín, 6/9/2020). Los planes de vivienda impulsados en esos años fueron absolutamente insuficientes y la urbanización de las villas prácticamente no existió, es por eso que las ocupaciones de terrenos se multiplicaron también en los años en los que gobernó el peronismo kirchnerista. Lo mismo había sucedido con el peronismo menemista y en los ’80. Las tomas no son un fenómeno nuevo, llevan décadas. Muchos barrios del conurbano bonaerense y distintos pueblos a lo largo y ancho del país, algunos hoy urbanizados, fueron construidos a partir de las tomas. Frente a la histórica falta de respuesta de los distintos gobiernos patronales al problema de la vivienda los vecinos tomaron la solución en sus manos, ocuparon tierras, en su mayoría fiscales, y luego pelearon por la iluminación, las cloacas y, en algunos casos, por el asfaltado de calles.

Por un plan habitacional de emergencia y el acceso a una vivienda digna para todas y todos

Resulta vergonzoso que en un país como la Argentina, el séptimo en extensión de tierra de todo el mundo, con una densidad poblacional –habitantes por kilómetro cuadrado– bajísima, haya millones de personas que no tengan acceso a un terreno. Mientras 12,5 millones de hectáreas están en manos de millonarios extranjeros y una minoría terrateniente, equivalente al 1% de la población, posee el 33% de las tierras del país, y los gobiernos de todos los signos políticos favorecen los negociados inmobiliarios, el derecho a la vivienda, consagrado por la Constitución Nacional en su famoso artículo 14 bis, le es negado a millones.

Desde Izquierda Socialista, repudiamos la represión de Berni y el gobierno nacional, y exigimos una solución inmediata al problema habitacional con la implementación de un plan de emergencia basado en primer lugar  en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie en una casilla y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios y la cesión de tierras fiscales junto a la entrega de subsidios para la compra de materiales de construcción.

De fondo peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de tres millones y medio de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Claudio Funes

El presidente Alberto Fernández, junto con Kicillof, la ministra Frederic, el cómplice de la bonaerense Sergio Berni y veinticuatro intendentes del conurbano bonaerense lanzaron el denominado Programa de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. El programa contempla un giro inicial de 10.000 millones de pesos, de un total de 37.000 millones, para la compra de 2.300 patrulleros, equipamiento, armas, cámaras de seguridad, centros de monitoreo y botones antipánico.

A su vez, la Nación sumará 4.000 gendarmes a los 6.000 que ya están en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof dispondrá de unos 2.500 millones de pesos para el equipamiento adicional de la bonaerense y la incorporación de 10.000 policías más a sus filas, la que totalizará 104.000 efectivos. Un verdadero ejército. ¿Así se combate la inseguridad? Sabemos que muchos trabajadores y los sectores populares pueden creer que con más policías o gendarmes se puede frenar, aunque sea en parte, a la delincuencia, pero está demostrado que no.  

Lo dicen hasta los mismos expertos. Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología que nada tiene que ver con la izquierda, dice al respecto, preguntado sobre las medidas del gobierno: “Siempre en materia de seguridad se siguen aplicando las mismas recetas que nunca funcionaron y que descansan en la utilización protagónica del sistema penal, más policías, patrulleros, jueces, cárceles. Ya la criminología ha señalado que el delito es un problema social y comunitario y si alguien cree que eso se puede resolver solo con la policía, la Justicia y la cárcel hay algo que no funciona. […] los factores de riesgo que generan, alimentan y retroalimentan (el delito) son la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la cultura de la violencia general, intrafamiliar y de género; el consumo de alcohol y de drogas, y, por último, la falta de visión de futuro, de sentido de la vida en los más jóvenes” (Clarín, 7/9). A esto habría que agregar que entre las causas de la inseguridad y la violencia está la complicidad de la policía y la Gendarmería en las actividades ilícitas de las que lucran y fomentan.

El gobierno acrecienta el aparato represivo como último recurso ante el crecimiento del hambre, la pobreza y la marginalidad social, que es el caldo de cultivo de la violencia y la inseguridad. Si no hay trabajo, salud, educación y millones se quedan sin futuro, la inseguridad se va a agravar. El propio Berni reconoce que la mayoría de los nuevos delitos en el conurbano son llevados a cabo por personas que nunca habían delinquido. Quiere decir que el hambre y la miseria empujan a millones a la violencia callejera. Pero en vez de combatir esos males, Berni, Kicillof y Fernández apelan a poner más policías y patrulleros para una bonaerense que a lo único que se ha dedicado en plena pandemia es al gatillo fácil, a desaparecer a Facundo Castro y a seguir usufructuando y comandando las zonas liberadas con las mafias del delito y el narcotráfico. 

Una política sumamente peligrosa, justo cuando se agravan  problemas estructurales como el de la vivienda. Las ocupaciones de porciones de tierra para poder tener un techo por parte de los desalojados y los que quedaron sin trabajo es una expresión de la tremenda crisis de la que se aprovechan los punteros, los abogados truchos y los matones. 

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que “la desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede generalizar. Hay delitos que cometen los dueños de la Argentina y esos delitos llevan a la marginalidad y a la exclusión. Por eso hacen falta más patrulleros”. O sea, la intendenta intenta posar de progre hablando de los delitos de los dueños de la Argentina, como los de Techint, que dejaron a 1.450 trabajadores en la calle en complicidad con su propio gobierno, para luego decir… ¡que la salida pasa por poner más patrulleros! Y habla como si el peronismo nunca hubiera gobernado la provincia de Buenos Aires. De los 37 años desde la recuperación de la “democracia”, 27 años fueron gobernados por el peronismo. Esto demuestra una vez más que estamos ante un gobierno de doble discurso, que mientras habla de los más vulnerables avanza con el ajuste y más mano dura. 

Más policía bonaerense en las calles, junto con gendarmes que fueron adiestrados por Patricia Bullrich, significará más inseguridad, no menos. No hay negocios ligados al “gran delito”, como el narcotráfico, la trata de personas o los desarmaderos, donde no estén involucrados la Gendarmería o los comisarios. 

Rechazamos la política de mano dura de Alberto Fernández, Kicillof, Berni y los intendentes. Y decimos que para terminar con la inseguridad hay que combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social, terminar con el mayor aparato represivo de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”, elegir al comisario con el voto popular y fomentar la autoorganización y la movilización vecinal para disuadir el delito.

Escribe Adolfo Santos

En El Socialista de la semana anterior analizamos el proyecto del gobierno peronista para gravar la riqueza. La conclusión es que, además de insuficiente, deja por fuera a las grandes empresas, con lo que se pierde la posibilidad de incrementar la recaudación, y muchos empresarios, que hacen pingües negocios en la Argentina, pero que tienen sus domicilios fiscales en el exterior, tampoco van a aportar un peso a ese fondo.

Queda claro por qué los diputados oficialistas y de la oposición patronal se negaron de plano a tratar el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Es evidente que no querían ir a fondo contra los grandes intereses económicos. Por eso prepararon una propuesta mínima, “que no le va a cambiar la vida a nadie”, como dijo uno de sus autores, y que solo va a recaudar 3.000 millones de dólares, menos de un quinto de lo que propone el FIT-Unidad. Decir esto no es para establecer una mera relación competitiva, sino que responde a definir de qué forma se pueden resolver, de verdad, los graves problemas de los sectores más vulnerables.

Restringir el “aporte solidario” a las personas físicas, dejando por fuera las empresas, reduce las posibilidades del fondo. Es un desastre que en medio de una situación de emergencia empresas como Techint o Mercado Libre, que han visto aumentar exponencialmente sus ganancias en estos meses, no aporten. Ni los bancos, ni las multinacionales, ni las petroleras, ni las cadenas de farmacias y supermercados, ni las empresas del agronegocio. Es inaceptable que el gobierno peronista les exija sacrificios a los trabajadores mediante reducciones salariales y exima a las grandes empresas de aportar para “morigerar los efectos de la pandemia”, como reza el texto oficial.

Pero es peor. El proyecto del Frente de Todos deja otra puerta abierta para que se escapen los millonarios. Como dice Carlos Heller, uno de sus autores: “El aporte alcanza a las personas físicas por sus activos declarados en el país y en el extranjero al 31 de diciembre de 2019, y que superen los 200 millones de pesos” (La Nación, 8/9). Significa que es para los que declararon bienes personales ante la AFIP. Los ricos que “extranjerizaron” sus domicilios fiscales para pagar menos impuestos quedarán libres de aportar. Es el caso de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre; de Hugo Sigman, del Grupo Insud, elegido por el gobierno para fabricar la vacuna contra el Covid19, pero que no va a aportar un solo peso para ayudar a las víctimas de la pandemia, o del petrolero “argentino extranjero” Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy y Axion, entre tantos otros.

No es ese el proyecto que necesita la grave emergencia. Además de insuficiente, el proyecto de los peronistas Carlos Heller y Máximo Kirchner destina una parte importante para las pymes y las inversiones en petróleo y gas. El proyecto del FIT-Unidad, que propone recaudar cinco veces más, es claro, lo recaudado debe destinarse a resolver los graves problemas generados por la pandemia. Para que todos los que necesiten, por imposición de la cuarentena, reciban un salario de emergencia de 30.000 pesos. Que se destine para contratar los 2.500 profesionales de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires y los que sean necesarios en el resto del país. Para que se adquieran los insumos necesarios para abastecer los hospitales, se mejoren los salarios de los sacrificados trabajadores de la salud en todos sus niveles y para que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie se vea obligado a exponer su salud por falta de comida en la mesa.