Escribe Martín Fú

El pasado domingo, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado por Romina Manguel en su programa RM, que se emite por A24.

Berni, un ministro de alta exposición pública y mediática, viene enfrascado en su proyecto político en el peronismo. Pro mano dura, defensor de Chocobar, de la “propiedad privada” en medio de las tomas de tierras, ha sabido conciliar la grieta y es la cara más reaccionaria del gobernador peronista Kicillof.

Sin filtro, a cara descubierta, eligió hacer blanco en las organizaciones de derechos humanos. Lo hace quien viene siendo fuertemente cuestionado y repudiado por su rol en el encubrimiento de la Bonaerense por la desaparición forzada, seguida de muerte, del joven Facundo Astudillo Castro, por lo que diversos sectores exigimos su renuncia. Un ministro que, a pesar de sus esfuerzos, es repudiado por un amplio sector del pueblo trabajador y hasta cuestionado por quienes tienen una legítima simpatía con el gobierno del Frente de Todos, que hasta ahora prefiere sostener a Berni.

Berni arremetió contra estas organizaciones de manera despectiva y estigmatizante, acusándolas de “rentados, vagos, que reciben los más importantes salarios del Estado, que viven viajando, que nunca aportan ni contribuyen a la gestión, whisky de por medio, y que son puro blablá”, entre otros conceptos, clásicos de la derecha más retrógrada y reaccionaria, de la que el ministro no se diferencia en nada. Berni prefiere ningunear la lucha de décadas contra los crímenes de los gobiernos mientras es alcanzado de lleno por la desaparición de Facundo y recibe miles de millones de pesos para armar a su policía y reprimir cualquier desborde social o luchas que se vayan dando como consecuencia de la profundización del ajuste y la crisis económica y social que se visibiliza en el conurbano bonaerense.

Repudiamos las declaraciones de Berni, de la primera hasta la última, su ataque artero a la trayectoria de las organizaciones de derechos humanos y sus luchadores, que hace décadas vienen llevando adelante una tarea fundamental, exigir juicio y castigo para todos los genocidas recabando pruebas y testimonios para enjuiciar a todos los responsables de nuestros 30.000 desaparecidos. Así lo hacemos desde Izquierda Socialista, participando en la Comisión Ana María Martínez junto con otras organizaciones, desde donde contribuimos a lograr condenas a perpetua para dos genocidas, o como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, movilizados cada 24 de marzo, y saliendo a las calles por Santiago Maldonado. Continuaremos reclamando verdad y justicia. Ahora exigimos que se determine la responsabilidad del ministro Berni, su policía bonaerense y la del gobierno sobre la desaparición, muerte y encubrimiento del brutal crimen de Facundo.

Escribe Rubén Maldonado

Diego Roda, dueño de la verdulería “El económico”, fue asesinado en la localidad de Ituzaingó el 12 de septiembre de 2016, cuando la policía perseguía a una camioneta robada en Villa Pineral, Caseros.

Como tantos casos en la provincia de Buenos Aires, la versión policial fue que los propios delincuentes mataron a Diego Roda. Pero la pelea constante de su familia logró que avance la investigación, a cargo del juez Roberto Tavolaro (UFI 1 de Ituzaingó), y se hallen más pruebas.

En enero de 2018 una comisión especial descubrió en el auto de Diego una bala que pertenecía a un policía local de Ituzaingó, Fernando Aníbal Grane, con siete meses de servicio y antecedentes de disparos contra un joven en una riña callejera.

Se imputó a Grane junto con otros policías locales, Gerardo Gabriel San Miguel, Maximiliano Gastón Ramos, Camila Fernanda Pazos y a los tres delincuentes por el asesinato de Diego, que recibió cuatro balazos (cabeza, tórax, brazo y hombro derecho) y la herida en una mano de su compañera causada  también por un disparo.

En estos días se realizó una movilización en Ituzaingó, en la cual se hizo presente Rubén “Pollo” Sobrero junto a una delegación de ferroviarios del Sarmiento. Con su familia seguimos reclamando justicia por Diego y que vayan presos sus asesinos y cómplices.

Escribe Diego Martínez

En La Izquierda Diario y en sus intervenciones en asambleas sindicales y estudiantiles, los compañeros del PTS vienen insistiendo con el planteo de que “la derecha gana las calles” y que, por ende, hay que salir a disputar en el terreno de las movilizaciones callejeras con este sector. Sostienen además que el gobierno viene “cediendo” a sus reclamos y que la “derecha” le impone la agenda política a Alberto Fernández. Son planteos equivocados. La avanzada de la “derecha” no es tal y la política de ajuste y entrega parte de la iniciativa del propio gobierno. No se trata de una “concesión” a ningún sector. El planteo del PTS tiende a sembrar expectativas en una franja de luchadores acerca de que el gobierno peronista aplicaría una política distinta si no fuera presionado por la “derecha” y que, por lo tanto, la principal tarea es enfrentar a este sector y no al gobierno.

¿El gobierno “cede” frente a la derecha?

Lo venimos explicando en distintos artículos. Las convocatorias de sectores reaccionarios junto a  Cambiemos, como la que se dio el domingo pasado, expresan a grupos minoritarios y no hacen mella entre los trabajadores, quienes tienen fresco el recuerdo del gobierno de Macri y su política de ajuste.

Sobredimensionar el alcance de estas convocatorias solo sirve en los hechos para darle pie al gobierno para que insista con su planteo de que, ante el “avance de la derecha”, hay que apoyarlo a como dé lugar.

Más grave que esto nos parece que el PTS sostenga que “el oficialismo fue cediendo ante reivindicaciones del poder económico y los sectores conservadores. Eso les dio cada vez más moral para sus ‘banderazos’”. (Un nuevo banderazo en distintas ciudades del país, Laizquierdadiario, 13/9/2020).

Desde nuestro punto de vista, no es que el gobierno haya “cedido” a las presiones del “poder económico”, sino que Alberto Fernández gobierna para estos sectores. No fue por alguna movilización de la oposición patronal ni por la presión del empresariado que el gobierno convocó a una reunión en Olivos con la Sociedad Rural, la UIA y los grandes bancos, ni tampoco fue exclusivamente por la presión del “poder económico” que el gobierno trazó un plan de ajuste con los empresarios, con el aval de la oposición patronal y la burocracia sindical. La idea de que el problema del gobierno peronista es que “cede a presiones” puede llevar a que honestos compañeros, que tienen expectativas en el gobierno, piensen que el de Fernández es un “gobierno en disputa”, que cambia su política según las presiones que sufra. Algunos planteos del PTS se acercan peligrosamente a esta idea, por ejemplo cuando afirman que “[…] Alberto Fernández los envalentona a  seguir saliendo a la calles, ya que no utilizó la gran fortaleza que le dio la cuarentena, sobre todo en sus primeros momentos, para avanzar, sino que la oposición logró que el presidente retroceda con la expropiación de Vicentin, que el impuesto a las grandes fortunas siga siendo una promesa […]” (La derecha quiere ganar las calles: sus planes para la crisis y los motivos para enfrentarlos, LID 13/8/2020).

Para el PTS, la política de ajuste y “retroceso” siempre es una consecuencia de “ceder” ante la derecha. Este razonamiento solo trae confusión entre los luchadores. Hay que decir con todas las letras que el que impulsa la política de ajuste es el propio gobierno. Nadie lo “empuja a hacerlo”. Lo hace por motu proprio.

Las “alas” del gobierno

Lo de la confusión que se puede sembrar en torno de las supuestas disputas por la orientación política del gobierno también viene a cuento del análisis de las distintas “alas” del gobierno. Algunos medios de comunicación instalan insistentemente que en el gobierno hay distintas alas y que el peronismo kirchnerista representaría el ala más “radicalizada”. El PTS abona a esta idea diferenciando públicamente al gobierno peronista kirchnerista del actual, comandado por Alberto Fernández, pero en el que Cristina Kirchner es vicepresidenta. Los compañeros plantean: “ […] Este Frente de Todos no es lo mismo que el kirchnerismo […] Esta coalición es mucho más ‘moderada’ y de ‘reconciliación’. Se observa en muchas medidas, al margen del juicio de valor que se tenga de cada una: desde aquel descabezamiento de la Corte Suprema que venía del menemismo a esta “reforma judicial” que hace mucho ruido y tiene pocas nueces; desde ese intento frustrado de reestructurar el sistema mediático con la ley de medios a esta regulación esencial de las tarifas, o desde aquella apelación a cierto discurso ‘setentista’ a este alfonsinismo un poco gris que pregona el profesor de derecho penal” (El poder de la derecha, LID, 18/8/2020).

La alianza gobernante es una coalición peronista en la que convergen distintos sectores que se unieron con el mero fin de ganar las elecciones. Si tienen disputas entre ellos están motivadas por peleas de espacio de poder y no porque un sector quiera medidas más radicalizadas que otro. Es importante que desde el Frente de Izquierda Unidad seamos claros y contundentes en este aspecto y no confundamos tildando de “menos moderado” al kirchnerismo. Muchos compañeros, equivocadamente, tienen la expectativa de que el “ala cristinista” del gobierno impulse medidas a favor de los trabajadores. Hay que recordar que fue la propia Cristina la que le aconsejó a Alberto cerrar el acuerdo de entrega con los bonistas y que Máximo Kirchner fue anfitrión, junto al presidente, en la reunión de la Quinta de Olivos que contuvo a lo más “granado” del empresariado argentino.

Una política que desorienta en la acción

Las posturas titubeantes del PTS hacia el peronismo lo llevan a adoptar posiciones claudicantes frente al gobierno que desorientan políticamente en el terreno de las luchas. Así fue que, en la reunión del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a organismos de derechos humanos independientes y a la izquierda, estuvo en contra de levantar la consigna “el gobierno es responsable” frente a los casos de gatillo fácil que se dieron en la cuarentena. En distintos encuentros estudiantiles votaron repudiar el acuerdo con los bonistas, pero no incluyeron la consigna “no al pago de la deuda externa”.

Más grave aún es la política que impulsaron en organismos sindicales. En el plenario provincial de delegados bonaerenses convocado por los Suteba opositores plantearon que el eje de la acción de los trabajadores era tomar las calles para evitar que “las cope la derecha”. Es una política totalmente equivocada. Si hay que copar las calles es para, en primer lugar, luchar contra el ajuste que impulsa el gobierno, y la forma de enfrentarlo es con la unidad de todos aquellos que rechazamos esta política, empezando por los sindicatos combativos agrupados en el Plenario del Sindicalismo Combativo, junto a la izquierda, los movimientos sociales y demás sectores.

Seguiremos dando estos debates junto al PTS en los distintos espacios políticos que compartimos.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Nicolás Núñez, diputado porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dos informes publicados en la semana ayudan a comprender cuál es el rumbo que nos tienen preparado el capitalismo y sus gobiernos. Por un lado, uno que graficó el aumento de la desigualdad en el marco de la pandemia, y por otro, uno que dio cuenta de la dinámica de la masiva extinción de especies a escala planetaria en las últimas décadas. Veamos de qué tratan.

Oxfam es una ONG global que viene recolectando año a año cifras que muestran la realidad de la enorme desigualdad social imperante en el mundo. A partir de sus informes, hoy en día sabemos que el 1% más rico de la población mundial tiene más riquezas en sus manos que casi 7.000 millones de personas. O que la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. Un monto que, en parámetros de nuestro país, es el equivalente a afirmar que viven en el límite o por debajo de la línea de indigencia. En los primeros meses de la pandemia se lanzaron ríos de tinta y compungidos discursos evocando a que la crisis del coronavirus abriera la posibilidad de desandar ese camino de desigualdad para ir hacia un “capitalismo más humano”. Ahora, el último informe Oxfam nos pinta el panorama global de qué pasó en la realidad, y no en las palabras, al calor de la crisis del coronavirus.

Acercándonos al millón de fallecidos, hay que sumar a ese saldo 400 millones de personas que perdieron su trabajo y 500 millones que fueron empujadas a la pobreza. Mientras eso sucedía en el polo más empobrecido de la humanidad, en el otro extremo, empresas como Microsoft y Google distribuyeron entre sus accionistas dividendos por 21.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares respectivamente. Los grandes laboratorios farmacéuticos que recibieron enormes ayudas económicas de los gobiernos, como Johnson & Johnson, Merck y Pfizer, ya distribuyeron 16.000 millones de dólares entre enero y agosto. Las seis principales multinacionales del petróleo (Exxon Mobil, Total, Shell, Chevron, Petrobras, BP), mientras declaraban pérdidas por 61.700 millones de dólares para llorarle a los gobiernos (y terminar recibiendo subsidios, flexibilización laboral y luz verde para la destrucción ambiental), entre enero y julio han repartido dividendos por el valor de 31.000 millones de dólares entre sus accionistas. En este marco, se prevé que treinta y dos de las empresas más rentables del mundo se lleven, de conjunto, ganancias por 109.000 millones de dólares más que lo promediado en los cuatro años anteriores, y en ese proceso los veinticinco billonarios más ricos del mundo incrementaron su patrimonio, tan solo entre marzo y mayo, en 255.000 millones de dólares.

Oxfam estima que implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias, como el que se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial, tan solo a las treinta y dos empresas “más afortunadas” de este período, hubiera permitido generar los recursos para financiar pruebas de detección y vacunas para la totalidad de la población del planeta, y aun después de eso quedaría plata para fomentar la investigación y ayudar a los profesionales de la salud. ¿Cuántos cientos de miles de vidas se podrían haber evitado perder de esta manera? Imposible saber. De lo que sí tenemos ya certeza absoluta es que este sistema, que prioriza la ganancia de un puñado de empresas por sobre la salud de miles de millones, solo nos deparará más pobreza, más desigualdad y más muertes evitables.

¿Planeta vivo?

El otro testimonio del que queremos dar cuenta es el Informe Planeta Vivo 2020. Se trata de un relevamiento de 21.000 poblaciones animales silvestres vertebradas elaborado por la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Sociedad Zoológica de Londres. En esta ocasión, dieron cuenta de que entre 1970 y 2016 se redujo en promedio el 68% de las poblaciones silvestres registradas –mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios–. Si bien no existen al día de hoy herramientas para medir el conjunto de la vida sobre la faz de la Tierra, este relevamiento es una clara señal de la tendencia a la que arrastra al mundo entero la depredación capitalista.

Los principales motores de esta tendencia hacia la extinción masiva de especies son el avance del agronegocio, la deforestación, la sobreexplotación de los mares y el tráfico ilegal de animales, en el marco del proceso de calentamiento global. Ya en 2019 la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas señaló que un millón de especies de animales y plantas se encontraban en peligro de extinción. Ante la publicación del informe de la WWF, la propia ONU tuvo que salir a admitir que, de los veinte puntos que ciento noventa países se comprometieron a cumplir en 2010 en pos de salvaguardar la biodiversidad, seis fueron cumplidos “parcialmente”, y el resto, ni de cerca.

El 25S salimos en todo el mundo a decir “socialismo o catástrofe”

La crisis del coronavirus es otra señal de alerta de a dónde nos empuja este sistema, ordenado en torno de la ganancia capitalista. La Huelga Mundial del Clima del 25S tiene que servirnos para combatir a escala mundial no solo a los gobiernos capitalistas, sino también al escepticismo de quienes plantean que ya no hay nada por hacer. A la realidad de monstruosa desigualdad y destrucción ambiental que graficamos en estos párrafos tenemos que responderle con más organización, con más lucha y con más compromiso por construir una alternativa política que pueda colaborar en torcer el rumbo de esta historia. La disyuntiva es cada vez más clara, socialismo o catástrofe.